Investigación sobre dictadura

Nueva publicación sobre la represión hacia la sociedad civil entre los años 1973 y 1985

La Universidad de la República presentó la publicación "Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay 1973-1985" que recopila información de veinte documentos nacionales e internacionales. Muestra una dimensión poco estudiada sobre este período que es, precisamente, la vigilancia y represión hacia la sociedad civil y cuenta con listados y fichas sobre 116 víctimas y 6.000 presos políticos.

Esta investigación que se presenta en tres tomos con un total de 1.500 páginas, se realizó desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar, donde se radicaron las investigaciones históricas y arqueológicas sobre detenidos desaparecidos, dictadura y terrorismo de Estado.

El coordinador del equipo de investigación, Álvaro Rico, dijo que esta investigación contó con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Se trabajó durante más de un año y medio, completando la documentación y la información acerca de las múltiples dimensiones que asumió el terrorismo de Estado y la dictadura en nuestro país.

Los tres tomos pasan revista de manera documentada al tema de los asesinatos políticos, donde se registran fichas personales de 116 víctimas en el período 1973-1985. También se analiza el fenómeno de la desaparición forzada de personas, cuyo antecedente es una investigación realizada por otro equipo universitario para la Presidencia de la República, el cual se publicó en cinco tomos y se basó en documentos sobre detenidos desaparecidos. Dicha investigación también estuvo a cargo de Álvaro Rico.

Para esta publicación se continuó la labor de ese primer grupo, llegando a un total de tres años y medio de estudio con 22 investigadores; 16 en la investigación anterior y 6 en esta nueva publicación.

Esta nueva investigación aborda la prisión política, donde se registran listados de cerca de 6.000 presos políticos, más de 700 mujeres procesadas y alojadas en el Penal de Punta de Rieles. Se hace hincapié en la represión específica contra las mujeres, los menores de edad y la vigilancia contra la sociedad civil, que es una dimensión poco estudiada, dado que este tipo de documentación no era accesible. A su vez, aborda la persecución al movimiento obrero, a la Universidad, al movimiento estudiantil y a los partidos políticos, con una sección destinada a la vigilancia y represión a los partidos tradicionales.

Rico sostuvo que las conclusiones que se puedan derivar de esta investigación, dependen de cómo los lectores procesen esta información. Desde el punto de vista académico, lo que se buscó fue hacer un registro global sobre la dictadura y sus distintos aspectos, así como también hacer un registro sistemático de los datos que se fueron recabando en investigaciones previas. Estos documentos confirman la característica de dictadura cívico-militar que vivió el país, a diferencia de las dictaduras vividas en otros países.

Rico agregó que, en el plano teórico, confirma el carácter institucional que tuvo la dictadura, la cual no se debió a un problema de grupos, ni de personas, sino que la institucionalidad estatal fue el soporte del régimen dictatorial y al mismo tiempo, aporta elementos acerca de la coordinación represiva regional, los lugares de detención y la faz clandestina del Estado, es decir, los servicios de seguridad que se organizaron de manera secreta en una coordinación regional con centros clandestinos de detención con traslados ilegales de prisioneros.

Rico señaló que las fuentes de esta investigación derivan de 20 archivos, muchos de ellos estatales, otros privados o internacionales, como el Archivo del Terror del Paraguay o la documentación desclasificada del Departamento de Estado norteamericano. En relación con la información que se refiere a los operativos del sistema represivo, se rescató documentación en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en el Departamento 3, que no sólo contiene información policial, sino también muchas copias de documentos militares; además de información recogida en dos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores donde hay importantes documentos sobre el papel de los civiles en la estructura represiva del Estado.

Sostuvo que para el caso de detenidos desaparecidos, fue fundamental el archivo recopilado por la Comisión para la Paz, que hoy está en custodia de la Secretaría de Seguimiento de dicha Comisión.

Enfatizó que de esta investigación surgen responsabilidades institucionales, así como también organismos represivos y dependencias oficiales, cuarteles, jefaturas que intervinieron, así como también se denuncia la coordinación represiva regional y los organismos involucrados.

Aclaró que, en menor medida, existe documentación acerca de responsabilidades personales que, generalmente vinculan a los militares y policías procesados por la Justicia uruguaya, en la violación de los derechos humanos bajo el régimen de dictadura y en los mecanismos de la coordinación represiva regional.

Como investigador, Rico expresó que la dictadura fue un período traumático y que las resoluciones políticas o administrativas no saldan los aspectos afectivos, emocionales y subjetivos. Si bien terminó hace más de 20 años, sostuvo, aún persiste una secuela de acontecimientos, de víctimas y familiares de las víctimas que reproducen muchas de las características del período dictatorial. Sostuvo que para este tipo de perdón o sanación a nivel de la sociedad, se requiere de un tiempo histórico mayor y un verdadero compromiso de las instituciones y las personas involucradas, en la confianza, la seguridad y los gestos de buena voluntad para el logro de esta reconciliación.

Por su parte, el Rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, destacó el trabajo y sostuvo que una universidad pública es ante todo una comunidad espiritual comprometida con las grandes causas del país y ese compromiso, empieza por poner el conocimiento al servicio de la comprensión de los problemas de interés general.

Destacó que este es un largo y difícil trabajo de investigadores, que pusieron su capacidad al servicio de la mejor comprensión sobre un problema de interés general, como lo es saber con profundidad qué pasó en nuestro país en períodos dictatoriales.

Asimismo, agregó que una universidad pública también tiene la obligación de pronunciarse sobre los problemas de interés general. En ese marco, Arocena dio a conocer la resolución adoptada unánimemente por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República sobre la Ley de Caducidad,. El Rector instó a la ciudadanía a reflexionar acerca de la necesidad de verdad y justicia, no sólo en relación con las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, sino, además para las actuales y futuras generaciones. En tal sentido, señaló que la Universidad de la República, a través de la recolección de firmas, propone habilitar un pronunciamiento a través de un plebiscito para someter dicha Ley a la decisión libre y democrática del pueblo uruguayo.

Finalmente, el historiador José Pedro Barrán expresó que esta investigación es la base para toda historia científica, y que junto a la realizada por la Presidencia de la República sobre detenidos desaparecidos, suman más de 5.600 páginas que se configuran como la base documental para realizar una investigación seria sobre el período dictatorial.

Agregó que esta publicación tiene la novedad de tomar la visión de la sociedad civil en el período de represión y vigilancia. El protagonista de este libro es la parte de la sociedad que no estuvo directamente involucrada en los enfrentamientos entre militares y el MNL, sino los hombres, mujeres y niños que fueron víctimas durante el período dictatorial. En tanto, dijo, otras publicaciones similares se focalizan en el período previo a la dictadura, desde la óptica del enfrentamiento.

Expresó que el control de la sociedad civil y su purificación eran el objetivo clave de la dictadura para mantener el orden establecido a cambio de la represión, la vigilancia y la negación de la libertad de las personas, libertad de expresión y de todo tipo de pensamiento diferente.

Estos libros son la base para una historia científica del período de dictadura uruguaya y la historia debe basarse en documentos, porque de esa manera, adquiere objetividad y mucho más fuerza, concluyó Barrán.