Se aspira a llegar al 55%

El 45% de los reclusos del país estudia o trabaja y todas las cárceles tienen docentes

La Ministra del Interior, Daisy Tourné, en su alocución con motivo de presentarse la publicación "Mapa Regional Latinoamericano sobre Educación en Prisiones", informó que el 45% de la población reclusa del Uruguay estudia o trabaja. Si bien no es suficiente, la meta es llegar al 55%. Asimismo, recordó que –apostando a la resocialización- se triplicaron las plazas educativas y todos los centros de reclusión cuentan con docentes.

La nueva publicación consiste en un estudio que presenta un panorama de las prácticas, las políticas y los problemas de la educación en ese ámbito.

La iniciativa fue financiada por la Unión Europea a través de la Euro Social de Educación, actividad preparatoria de lo que será la Conferencia Mundial de Educación en Cárceles, que se desarrollará en el mes de setiembre próximo en Bruselas, coordinada por el mexicano Hugo Rangel.

Participaron del acto, que se realizó en la antesala de la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo: la Ministra del Interior, Daisy Tourné; su par de Educación y Cultura, María Simon; el vicepresidente de la Cámara de Representantes, diputado Alberto Casas; el representante de la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles (CAEC), Felipe Machín; la consejera del CODICEN, Lilián D'Elía, y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé.

Este libro analiza, a partir de una perspectiva integral, los sistemas de justicia y su contexto sociopolítico. Este material aborda la educación en las prisiones desde la perspectiva de la cohesión social de la región, afectada por considerables niveles de violencia y fallas en las instituciones de administración de la justicia.

La Ministra Daisy Tourné considera que aún resta mucho por hacer en materia educativa en las cárceles. De todas formas se avanzó: el 45% de los reclusos trabaja o estudia, y se aspira a que esa cifra se incremente al 55%. Comparado con cifras de los demás países latinoamericanos, las de Uruguay son superiores, pero no suficientes, "se debería llegar al 100%", dijo.

Se apuesta a un trabajo y estudio coordinado como factor de inclusión y resocialización, no como algunos quieren reivindicando la esclavitud o el trabajo forzado, añadió.

Se duplicaron las plazas laborales existentes y se triplicaron las plazas educativas. Asimismo, todos los centros de reclusión tienen maestros, pese a que aún no se cuenta con una cifra óptima.

El personal penitenciario es especializado en el Uruguay (este tema es una de las críticas que se le hace en el libro a los gobiernos latinoamericanos, por considerarse carente). Nuestro país tiene su escuela, donde se forma a los funcionarios del Ministerio que se dedican al trabajo penitenciario, y se realiza "con cabeza, vocación y profesionalidad".

El presente informe revela que se debe incrementar la Educación Media y Superior, y continuar trabajando sin prisa pero sin pausa, para que el período de permanencia en una cárcel de una persona que cometió un delito no se convierta en una escuela para "salir mejor delincuente", sino todo lo contrario.

Desde el año 1990 hasta 2004, Uruguay invirtió 198 millones de pesos en temas carcelarios (construcciones, atención sanitaria), mientras que en lo que va de este Gobierno se dispusieron 300 millones de pesos. Y se continuará apostando a esto, dado que en la pasada jornada el Ministro de Economía firmó un decreto por aproximadamente 10 millones de dólares que permitirán construir y adecuar lugares de medio camino.

La reclusión no es la última alternativa, hay otras formas de colaborar en la sociedad y para ello, Tourné apeló a las recomendaciones del Comisionado Parlamentario.

La Ministra hizo una fuerte apuesta a la resocialización, que es –a su entender- lo más importante, porque tiene que ver con la seguridad de la gente.

Hizo hincapié en el rol de los directores y los mandos medios de los centros penitenciarios, que tienen una tarea muy dura y poco reconocida. Ellos se pusieron al hombro los cambios sugeridos que son necesarios en el sistema, apostando a una política inclusiva.

La presentación de este informe es fundamental dado que brinda un panorama sobre cómo está Latinoamérica en materia de educación en las prisiones. Eso tiene que ver con la idea de "¿para qué sirve la reclusión?".

El informe reconoce que existe una gran voluntad de los distintos gobiernos de llevar adelante programas educativos, para cumplir con el objetivo de resocializar. En Uruguay en este período se hizo un gran esfuerzo en este sentido.

Tourné agradeció a Garcé por colaborar en la búsqueda de soluciones; a los parlamentarios que hicieron mucho por lograr plazas laborales, procurando proyectos y que se cumplan las Leyes ya aprobadas. Agradeció además al Patronato del Encarcelado y Liberado, que en un trabajo "incansable, anónimo y honorario" lucha por lograr la inclusión; a la CAEC y en particular a su presidente.

La Jerarca tuvo un recuerdo especial para el maestro especializado en penitenciaría: Juan Carlos Díaz Sierra, quien siempre trabajó en cárceles, "con una enorme sonrisa y unas ganas tremendas". En él reconoció el trabajo de todos los docentes que se desempeñan en estos centros.

La Ministra María Simon afirmó enfáticamente que el tema carcelario le importa a todos los uruguayos, cada uno desde su lugar y el rol que cumple en la sociedad.

Vivir en una sociedad fragmentada no es el bienestar de nadie, y no es "lo que deseamos para el Uruguay", dijo.

Los ciudadanos privados de libertad se merecen el mayor respeto y preocupación, dado que la privación de libertad debe ser transitoria y una instancia de rehabilitación. Aún no lo es lo suficiente, pero se deben mantener los derechos humanos de estas personas, principalmente el derecho a la educación y al trabajo.

La Ley General de Educación se distingue de otras normas por su perspectiva desde los DDHH. Así se tienen reales garantías de una sociedad no violenta y respetuosa de los demás (esto incluye desde terrorismo de Estado hasta violencia doméstica), indicó Simon. Esta Ley reconoce la educación de los privados de libertad y de los policías tanto los que actúan en el sistema carcelario como el resto.

En otro orden, informó que se desarrollaron planes por parte de ANEP para que tanto los presos como los policías completen los ciclos que les falten, o se sigan educando en distintas áreas.

La publicación que se presentó en la jornada otorga un panorama objetivo, dado que es necesario partir de un análisis de la realidad para modificarla, manifestó.

Se debe tener siempre educación y trabajo en vista, y se deben vincular ambas, tanto en lo que refiere a los presos como al resto de la ciudadanía. Se trata de tender redes en procura de una sociedad sana e integrada.

Algunas empresas del Estado –como El Correo-, así como el Puerto y el Palacio Legislativo, integran personas del Centro Nacional de Rehabilitación a su plantilla de funcionarios, lo que consideró una experiencia interesante. Esa integración está comenzando y se debe extender a empresas privadas.

También se está trabajando con los Clubes de Ciencias. Sobre finales del año pasado se entregaron premios alusivos, y uno de los galardonados fue un club de reclusas de la Cárcel de Cabildo, por su huerta hidropónica.

Se realizan, además, actividades artísticas que se desarrollan a través del programa Uruguay Integra en los establecimientos de reclusión, considerado un derecho humano, el derecho a la expresión.

Se cuenta con un proyecto aún no concretado, que es el de instalar una de las usinas culturales dentro de un centro de reclusión.

Todos estos esfuerzos convergen hacia una sociedad de aprendizajes, una sociedad integrada, y una reclusión positiva.

El diputado Casas dijo que el derecho a la educación es prioritario en el proceso de socialización, como tránsito hacia la humanización.

El derecho a la educación está consagrado en la Declaración Universal de Naciones Unidas, considerada uno de los derechos fundamentales del ser humano.

El capital cultural de la población reclusa es muy bajo, contándose con un alto índice de internos con Primaria incompleta. En los últimos años se crearon cargos docentes en las diferentes cárceles, con el objetivo que los reclusos puedan culminar el ciclo Primario.

Será necesario avanzar hacia el cumplimiento del Ciclo Básico de los reclusos, lo que requerirá la contratación de personal docente.

Las cárceles deben ofrecer espacios educativos que contribuyan a la rehabilitación de los internos. Una buena educación en las cárceles es una clara contribución a la seguridad de la sociedad, ya que busca crear las mejores condiciones para que exista una menor reincidencia delictiva y un descenso en la criminalidad, explicó.

La Consejera D’Elía dijo que a la luz de las líneas estratégicas que se trazó ANEP, se redimensionó la Dirección de Jóvenes y Adultos, desde la cual –y en coordinación con los distintos Consejos de la ANEP- se extendió a todo el país la educación a jóvenes y adultos, y la educación en cárceles, tanto para los reclusos como para los funcionarios. Esto reafirma aquello de "Educación para todos, a lo largo de toda la vida", que se concreta por la vía del compromiso y los acuerdos interinstitucionales. "Hemos avanzado mucho como país, pero resta mucho por hacer", aseguró. "Estamos lejos de poder garantizar el derecho a la educación a todos quienes están privados de libertad, pero se está por el buen camino", y las acciones que están en curso se irán ratificando y complementando cada vez más.

D’Elía recordó la Ley que habilita la redención de la pena por la vía del estudio o el trabajo. Asimismo, explicó que se generan condiciones para que quienes recuperen la libertad accedan a oportunidades, y se promueve el desarrollo de un oficio para una rápida y eficiente reinserción social.

Felipe Machín, en tanto, explicó que la CAEP –que él encabeza- procura mejorar la oferta educativa en los establecimientos carcelarios, porque la educación es un derecho de toda la sociedad y está en todos lados.

El Jerarca agradeció a las distintas instituciones y personas que colaboran para que este servicio se concrete.

Es una obligación de ANEP no estigmatizar ni diferenciar a quienes están privados de libertad, y por ende se les debe dar una oportunidad educativa.

La educación no se discute, se da, no se debe analizar ni fundamentar nada, porque en un centro carcelario, el conocimiento disminuye la vulnerabilidad de las personas, más en un país donde no hay pena de muerte ni cadena perpetua.

La educación no es sólo para ocupar tiempo ocioso, sino para reflexionar y generar herramientas y competencias que permitan superarse como personas.

Machín relató una serie de experiencias en el interior del país que se vienen cumpliendo en forma exitosa en los distintos niveles de la Enseñanza.

Álvaro Garcé fue el encargado de presentar el Mapa Regional y dar cierre al acto. El Comisionado dio cifras, presentó propuestas y recomendaciones aplicables a nuestro país, y realizó una serie de sugerencias para –como dijo- "construir una alternativa a partir de la educación, y como factor de esperanza". Se trata de vencer el miedo, apostando a un futuro mejor desde la educación, añadió. Para ello es necesario vencer las antinomias, rompiendo las lógicas del encierro, apostando a otra cosa.

"Trabajar en prisión implica encontrarse con lo peor del ser humano, sin creer que esa es la esencia del ser humano. La educación es un acto de fe, de confianza y optimismo. Es necesario que se reubique el aprendizaje en la educación, y la educación en el corazón de la sociedad", finalizó diciendo Garcé.