Canciller Fernández
Uruguay trabaja en la presentación del informe final
sobre monitoreo de recomendaciones
El Gobierno presentó las
recomendaciones formuladas a Uruguay en el marco del
Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Canciller Fernández
aclaró que las sugerencias fueron formuladas por los países
miembros de Naciones Unidas sobre los derechos de mujeres,
niños y adolescentes, la situación carcelaria y la
instalación del Institución Nacional de Derechos Humanos.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Gonzalo Fernández, quien presidió la delegación oficial en
la presentación de la situación de los derechos humanos en
nuestro país, que tuvo lugar el pasado 11 de mayo en
Ginebra, explicó que este examen periódico sobre derechos
humanos se instituyó a partir del año 2006 y es una
instancia de revisión por la que atraviesan todos los
estados miembros de las Naciones Unidas. Esta fue la
primera vez que Uruguay debió someterse a este examen y
deberá hacerlo nuevamente dentro de cuatro años.
Fernández negó las informaciones que
referían a que Uruguay había sido objeto de fuertes
críticas, ya que ni la ONU ni el Consejo de Derechos
Humanos se expidieron. En esta instancia de revisión,
fueron los distintos países quienes formularon sugerencias
para mejorar la situación de los derechos humanos en
Uruguay. Estas recomendaciones se realizan a todos los
países que deben someterse a la instancia de revisión.
Agregó que para el Estado que las recibe y la comunidad
internacional estas sugerencias son un elogio.
El Canciller dijo que se trabaja para
que en el mes de setiembre se presente un informe con la
respuesta definitiva sobre el monitoreo y seguimiento de
las recomendaciones que se formularon.
Enfatizó que al día siguiente del examen
periódico Uruguay fue reelecto para ser miembro del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reelección para la
que se necesitaban 90 votos y Uruguay obtuvo 173 votos
sobre un total de 187, lo cual demuestra que nuestro país
recibió recomendaciones y no un "aluvión de críticas" como
se dijo en algún momento.
Los principales temas de las
recomendaciones recibidas refieren a la puesta en marcha de
la Institución Nacional de Derechos Humanos, la cual ya fue
creada y que se pondrá en funcionamiento en el año 2010.
Fernández explicó que específicamente se solicitó que esta
Institución se instale definitivamente y comience a
funcionar. Además, realizaron recomendaciones para proteger
los derechos de la mujer, la discriminación y la violencia
de género. Asimismo, exigen la protección de niños y
adolescentes en conflicto con la Ley. Otras recomendaciones
se relacionan con las personas privadas de libertad y la
superpoblación en el sistema carcelario. Finalmente, el
Canciller informó que surgieron recomendaciones genéricas
que instan a continuar la lucha contra la pobreza.
La Senadora Margarita Percovich,
integrante de la delegación en Ginebra, dijo que para
solucionar parte de los puntos planteados sobre la mujer,
la niñez y la adolescencia, es necesario realizar una
reforma del Código Civil, para lo cual es difícil modificar
un solo capítulo, por lo que la tarea de reforma de todo el
Código deberá ser emprendida en la próxima legislatura.
En relación a la edad permitida para el
matrimonio, informó que la semana próxima se presentará un
Proyecto de Ley que establece condiciones dirimentes para
el matrimonio. Se emparejará la edad de hombres y mujeres
en 16 años y cuando se modifique el Código se pretende
subir a 18 años.
Además, Percovich dijo que se realizó
una recomendación respecto al tránsito de niños.
La Directora de Derechos Humanos del
Ministerio de Educación y Cultura, María Elena Martínez,
dijo que a nivel internacional exigen a Uruguay trabajo
sobre la infancia y adolescencia porque nuestro país se
caracteriza históricamente por ser una de las naciones con
mayor preocupación en estos temas.
Agregó que Uruguay recibió sugerencias
para mejorar el trabajo sobre discriminación por
discapacidad en niños y adultos mayores y por cuestiones
raciales.
Martínez señaló que se debe tomar estas
recomendaciones como el punto de inicio hacia un plan
nacional de derechos humanos que deberá ser elaborado entre
la sociedad civil, Gobierno y organismos dedicados al
trabajo en esta área.
La Asesora en Materia Penitenciaria del
Ministerio del Interior, María Noel Rodríguez, dijo que la
presentación de Uruguay respecto al sistema carcelario
estuvo enfocada en dos grandes puntos. En primer lugar se
hizo referencia a la tortura, ya que algunos estados tenían
interés en conocer el avance en la implementación de la
Convención contra la Tortura en Uruguay. En tal sentido, se
plantearon las medidas adoptadas en los últimos años, como
ser la existencia y puesta en funcionamiento de tres
mecanismos nacionales de prevención de la tortura, ellos
son el Comisionado Parlamentario para el Sistema
Penitenciario, el Comité de Observadores en el caso de
niños y adolescentes privados de la libertad y el Inspector
del Psicópata para los enfermos psiquiátricos.
Además, se explicó del avance que marcó
la tipificación del delito de tortura y el ajuste en los
reglamentos y procedimientos penitenciarios y la puesta en
funcionamiento de la Dirección de Asuntos Internos en la
órbita del Ministerio del Interior.
Rodríguez señaló que existen dos
recomendaciones en materia de investigación ante conductas
indebidas de parte del personal policial, por lo tanto
solicitaron mejorar el acceso a mecanismos accesibles de
queja para los detenidos en el caso de maltrato. La otra
recomendación fue sobre la adopción de medidas para evitar
la impunidad en las prisiones.
La Asesora destacó las medidas adoptadas
por este Gobierno en relación al sistema penitenciario con
el objetivo de instrumentar un proceso de humanización y
dignificación de las condiciones de reclusión. Se compartió
con el resto de los estados la inversión realizada para la
construcción de nuevas plazas penitenciarias, el ingreso de
funcionarios al sistema penitenciario, el incremento del
número de reclusos que trabajan y estudian, permitiendo la
rebaja de la pena.
Las recomendaciones realizadas en
materia penitenciaria refieren básicamente a la mejora en
las condiciones de reclusión, con énfasis en las
condiciones de mujeres, niños y adolescentes privados de la
libertad, instalar mecanismos que permitan enfrentar el
hacinamiento en las cárceles y la clasificación de la
población reclusa, separando a los procesados de los
condenados.
Rodríguez dijo que el Gobierno ya se
encuentra trabajando en estas recomendaciones, a partir de
una fuerte inversión que permitirá otorgar 1.600 nuevas
plazas carcelarias.
Finalmente, señaló que actualmente está
ingresando al Parlamento un proyecto sustitutivo a la
actual Ley de Penas Alternativas, lo que permitirá una
mayor aplicación de medidas alternativas en aquellos
delitos de escasa entidad.
La Directora de Derechos Humanos y de
Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Laura Dupuy, dijo que a nivel de niños y
adolescentes se solicitó la mejora de las condiciones de
privación de libertad y fundamentalmente utilizar esta
opción como último recurso.
Además, se hizo referencia a la
preocupación por la situación de explotación sexual de
niños, niñas y adolescente. En tal sentido, se trabaja en
planes que atiendan la explotación sexual comercial y no
comercial.
Dupuy dijo que Uruguay también recibió
elogios respecto a las políticas sociales que adoptó este
Gobierno, como ser el programa de Aulas Comunitarias, el
Plan Ceibal y el acceso al agua potable. |