ONUDD - JND

Uruguay contará con plan de acción para mejorar sistema carcelario

El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Giovanni Quaglia y el representante residente del PNUD, Pablo Mandeville, presentaron al Presidente Vázquez, un Plan de Acción para la Reforma del Sistema Penitenciario y la Política Criminal. Se trata de un trabajo consensuado que expone acciones a corto, mediano y largo plazo con el fin de mejorar los alcances del sistema penitenciario.

El representante de ONU, Giovanni Quaglia señaló que su Oficina, se encuentra apoyando al gobierno uruguayo en la reforma del sistema penal, sobre todo, en relación a las condiciones de los reclusos. Explicó que el documento resume dos años de trabajo en la materia y que la tarea comenzó en mayo de 2007 con una misión de expertos de ONUDD, otra del BID y un cierre en 2008, con un seminario – taller que integró análisis y diagnóstico de situación. A esto se suma una consultoría –financiada por ONUDD- que fue la encargada de elaborar el denominado Plan de Acción.

A nivel de Uruguay, la Junta Nacional de Drogas (JND), fue la encargada de liderar las acciones y viabilizar la creación del Plan.

Quaglia celebró que luego de dos años de trabajo, se arribara a un documento consensuado que prioriza acciones para mejorar el sistema carcelario. El trabajo, enumera acciones en las áreas legislativa, ejecutiva y judicial.

Resaltó que una problemática de la envergadura de la del sistema carcelario –que se arrastra desde los últimos 10 años- trasciende a una administración de gobierno.

Indicó que el Presidente Vázquez dio pleno apoyo a la implementación de este Plan y adelantó que llevará adelante gestiones políticas para que el tema se trate como una prioridad nacional.

Según los relevamientos citados por el Representante Internacional, la población carcelaria de Uruguay, pasó de 4.000 a 7.700 en la actualidad.

Quaglia enumeró algunos de las adversidades a las que se debe hacer frente dentro del sistema carcelario. Explicó que el principal problema se encuentra en que existe hacinamiento en al menos un 50% de los establecimientos. La capacidad de las prisiones, está en el entorno de las 4.500 plazas, sin embargo, en ellas se albergan unas 7.700 personas privadas de libertad. Ligado a esto, Quaglia expresó que si el Poder Judicial, se mantiene en la línea de enviar a prisión a todos los delincuentes, este problema va en ascenso. Explicó que el documento plantea que una posible solución, puede ser la de lograr una legislación que brinde opciones alternativas al encarcelamiento. En este caso, citó como ejemplo que cuando se trate de jóvenes, sin delitos previos, de entre 18 y 25 años, la instalación de establecimientos similares al Centro Nacional de Rehabilitación, puede ser una solución en la dirección de no propiciar su integración con delincuentes más peligrosos. Añadió que también resulta altamente provechoso –durante su período de reclusión- dotar de algún tipo de educación o formación para facilitar su reinserción una vez cumplida la pena.

Otra de las sugerencias del Plan -con el fin de reducir el hacinamiento- es valorar la buena conducta dentro de los establecimientos

También el uso de las penas alternativas, se maneja en el proyecto, como uno de los medios para contrarrestar la superpoblación carcelaria, pero aclaró que el beneficio de la pena alternativa, se maneja sólo para condenas que no superen los 24 meses de prisión.

Quaglia remarcó que el documento expone estas líneas de acción como forma de demostrar que la prisión y la penitenciaría, no deben ser las únicas vías de purgar las penas por parte de los infractores.

Para el representante de ONUDD, otro de los problemas serios del sistema, es el alto nivel de reincidencia una vez cumplida la pena. En este sentido, explicó que el trabajo con el recluso -al menos seis meses antes de salir en libertad- es una tarea que arroja buenos resultados en su retorno a la comunidad.

Quaglia citó cifras concretas que hacen a la realidad del sistema carcelario a nivel nacional y mundial. En este sentido, expresó que –en Uruguay- existen unos 237 presos / 100.000 habitantes, uno de los guarismos más elevados de América. En tanto que en Europa, esa relación es de 150 presos /100.000 habitantes. Año a año y a nivel mundial, los privados de libertad alcanzan los 30.000.000 de personas, por lo que Quaglia indicó que se trata de un ciclo en el cual, año a año, los infractores, ingresan y retornan del sistema. Debido a esto, dijo que cada ciudadano, se debe preguntar qué tipo de persona es la que está abandonando un centro de reclusión y si –durante su tiempo de reclusión- se logró el objetivo de rehabilitarlo.

Por su parte, el Secretario General de la JND, Milton Romani expresó que –en base a diagnósticos de situación- ya se avanzó hacia un plan integral de acción que implica reformas en la administración del sistema penitenciario, reformas legales y en lo referente a salud dentro del sistema, entre otras medidas.

Romani destacó la importancia de contar con un plan integral, en lugar de la toma de medidas aisladas.