Imprimir 

26 de junio, 2009
OEA: Relatoría para la Libertad de Expresión celebra la reforma a la Ley de Prensa aprobada en Uruguay
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, manifiesta su satisfacción por las recientes decisiones en materia de libertad de expresión adoptadas por las asambleas legislativas de Uruguay. La Relatoría Especial felicita la adopción de estas decisiones ejemplares y se compromete a divulgarlas ampliamente, en el marco de su mandato de promoción de la libertad de expresión en las Américas.

La Relatoría Especial celebra las importantes reformas del Código Penal y de la Ley de Prensa adoptadas por la Asamblea General del Poder Legislativo de Uruguay el 10 de junio de 2009. A través de estas reformas se eliminan las sanciones por la divulgación de opiniones o informaciones sobre funcionarios públicos o sobre asuntos de interés publico, salvo cuando la persona presuntamente afectada logre demostrar la existencia de real malicia. Pese a que la reforma no deroga todas las formas de desacato, reduce sustancialmente las hipótesis de aplicación de esta falta y señala de manera expresa que nadie será castigado por discrepar o por cuestionar a la autoridad. Asimismo, elimina las sanciones por la ofensa o el vilipendio de símbolos patrios o por atentar contra el honor de autoridades extranjeras. La nueva legislación indica que constituyen principios rectores para la interpretación, aplicación e integración de las normas civiles, procesales y penales sobre libertad de expresión, los tratados internacionales en la materia y reconoce expresamente la relevancia de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la hora de interpretar y aplicar dichas disposiciones. De esta forma, la Asamblea General del Poder Legislativo incorporó las normas internacionales al ordenamiento interno y dejó en claro que la interpretación y la aplicación de las disposiciones vigentes deben guiarse por los estándares más elevados en materia de libertad de expresión.

Esta reforma se suma a otras importantes decisiones adoptadas en Estados como México y Panamá, dirigidas a derogar los llamados delitos de prensa, con la finalidad fundamental de aumentar la protección para quienes podrían encontrarse en mayor riesgo por investigar y difundir informaciones u opiniones críticas sobre funcionarios públicos o sobre asuntos de interés público.

Para más información sobre los avances mencionados o sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/relatoria.