Educación: bien público social

Ministra Simon reivindicó papel fundamental del Estado en políticas educativas

La Ministra Simon participó de la reunión de UNESCO, cuya declaración final establece el reconocimiento de la educación superior como un bien público. La jerarca resaltó la buena coordinación de los países latinoamericanos para alcanzar una declaración que respeta las finalidades de UNESCO. Destacó preocupante la tendencia por parte de los Estados de abandonar funciones sustantivas, dejándolas libradas a una lógica de mercado

La Ministra Simon informó acerca de la reunión de UNESCO realizada la pasada semana a la que asistió con una delegación integrada por el rector de la Universidad de la República, un estudiante en representación del órgano estudiantil y el representante de las universidades privadas.

Simon recordó que anteriormente participó en una reunión en Cartagena de Indias, la cual tuvo como resultado la posición del grupo de Latinoamérica y el Caribe, respecto a que la Educación Superior es un bien público de carácter social.

La jerarca dijo que en el encuentro de UNESCO surgió un Proyecto de Resolución totalmente distinto, ya que proponía la comercialización de la educación superior siguiendo las directrices de la Organización Mundial del Comercio y el GATT. Simon destacó que se trata de grupos de comercio, de otro orden que UNESCO y en los cuales los países pequeños no están representados.

Esta directiva existe en el mundo por parte de algunos sectores que quieren convertir a la enseñanza superior en un bien negociable, junto con una calidad descontextualizada. La secretaria de Estado dijo que esta directiva también se asocia con los rankings que se realizan con las universidades, donde se comparan institutos de investigación con otros de cooperación con la comunidad, creando una desconexión entre la educación superior y los países, y convirtiéndola en una mercancía. En tal sentido, Simon cree que las nuevas tecnologías pueden ser un peligro, ya que muchas veces ofrecen títulos académicos que prácticamente son vendidos a través de Internet.

La jerarca aclaró que esto no significa que en el grupo de América Latina y el Caribe no se reconozca a la educación privada, ya que la buena educación privada no tiene fines de lucro. Este grupo considera que el Estado, así como en políticas sociales, en políticas educativas tiene un papel fundamental que desempeñar, debe ser referencia de calidad y de acceso de todos.

Finalmente, gracias a la coordinación de los países latinoamericanos, se obtuvo una buena declaración, la cual reconoce a la educación como un bien público, importante no sólo para los estudiantes sino para toda la sociedad. La educación debe ser de calidad, pertinente y relevante, esto es lo que la contextualiza y la incluye en una política de país.

Simon señaló que estos aspectos son concordantes con la Ley de Educación uruguaya.

En otro orden, la ministra de Educación y Cultura, María Simon, anunció que remitirá a la prensa la próxima semana un tríptico sobre Uruguay Estudia, programa que permite completar ciclos educativos a trabajadores desocupados y pequeños y medianos empresarios. Además, este tríptico se encontrará disponible en la página Web del Ministerio.

Simon señaló que este programa es de gran utilidad, ya que posibilita mejorar la empleabilidad de las personas, en un contexto en el que se requiere cada vez más capacitación y que muchas veces no existe adaptación entre la oferta y la demanda de trabajo.

Declaraciones a la prensa de la Ministra de Educación y Cultura, María Simon, al finalizar los Acuerdos Ministeriales del 13 de julio de 2009, en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes

MINISTRA SIMON: Buenos días. Vamos a remitir un tríptico sobre el Programa “Uruguay Estudia”, que da oportunidad de completar ciclos educativos a trabajadores desocupados, y pequeños y medianos empresarios. Van a disponer de ese tríptico y además está en la pagina Web, porque sé que han recibido muchas consultas, lo que nos alegra muchísimo, porque quiere decir que la gente se interesa en un Plan que realmente pensamos que es muy bueno para mejorar la empleabilidad de las personas en un contexto en que se requiere cada vez más capacitación, y a veces hay desadaptación entre la oferta y la demanda que existe ciertas capacidades.

Hoy quiero centrarme en la reunión de UNESCO que tuvo lugar la semana pasada, a la que asistí con una delegación integrada por el Rector de la Universidad de la República, un estudiante, en representación del orden estudiantil y el representante de las universidades privadas. Una comitiva pequeña, otros países van con comitivas mucho mayores. Tuvo lugar una discusión que yo creo que es muy de fondo y muy importante. Porque habíamos tenido antes una reunión en Cartagena de Indias de las que había salido la posición del Grupo de Latinoamérica y El Caribe, que se llama GRULAC. El mismo insiste en que la educación superior, que es el tema de la reunión, es un bien público de carácter social.

Nos encontramos con un Proyecto de Resolución de la Asamblea de UNESCO totalmente distinto, en que proponía la comercialización de la educación superior siguiendo las directrices de la OCD u OCDE –Organización Mundial de Comercio- y del GATT, que son evidentemente grupos de otro orden que la UNESCO, completamente distintos, son grupos de comercio que se dedican a lo suyo y en los cuales los países pequeños no están representados, son grupos de los países más poderosos.

Es una directiva que evidentemente existe en el mundo por parte de algún sector  que quiere hacer de la enseñanza superior un bien negociable. No ya un bien público y social sino algo de características negociables, mercantilizarlo en una palabra. Eso junto a una calidad descontextualizada, es decir que no tiene que ver con el medio en que esa adecuación superior se dicta y sus egresados ejercen. Y con los famosos rankings que se hacen en universidades con criterios totalmente disímiles y que comparan universidades de investigación con universidades fundamentalmente de cooperación con la comunidad, universidades fundamentalmente de enseñanza, crea una desconexión entre la educación superior y los países, las regiones, los Estados, que la convierte efectivamente en una mercancía. Y en eso las nuevas tecnologías, que son tan buenas y útiles, pueden entrañar un peligro, como toda herramienta que se puede usar bien o mal. Las nuevas tecnologías están proponiendo a veces títulos prácticamente vendidos a través de Internet, para decirlo corto y claro. 

Esto no quiere decir que en el Grupo de América Latina y el Caribe no reconozcamos a la adecuación privada, hay educación privada que no es con fines de lucro. La mayoría de la buena, no lo es. Es educación privada que tiene derecho a existir y que queremos que sea lo  mejor posible, naturalmente. Pero sí creemos, que el Estado, así como en políticas sociales en políticas educativas, tiene un papel fundamentalísimo que desempeñar, tiene que ser referencia de calidad y de acceso. De acceso de todos, por encima de restricciones de género, cosa que en algunos países ocurre en forma muy fuerte, de procedencia de nivel económico, de origen, de raza y otras restricciones.

Finalmente, gracias a una muy buena coordinación entre los países latinoamericanos, una discusión larga y  creo que fructífera, la Declaración es buena. La Declaración reconoce a la educación como un bien público, lo cual es importante, incluso se habló de la palabra “bien” o “servicio”.

Puede parecer que son equivalentes, pero no son. Un servicio es por ejemplo el transporte urbano, es un servicio público. En cambio la educación es un bien público porque es un bien de la sociedad y como dije antes, no sólo es importante para quienes la usan, sus estudiantes, que no son meros clientes, sino para la sociedad, incluso para los trabajadores y el mundo de la producción. No sólo debe que ser de calidad sino ser pertinente y relevante. Esas son palabras clave que debemos unir a la calidad, porque es lo que la contextualiza y la incluye en una política de país.

Esto es para nosotros totalmente concordante con la Ley de Educación aprobada, que define la educación como un bien público y social, con esas mismas palabras. Creo que merece resaltar por un lado la buena coordinación de los países latinoamericanos, haber llegado a una Declaración de UNESCO que respeta la finalidad de UENSCO, creada con el fin de apoyar la formación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Y también reconocer que existe la tendencia de que los Estados abandonen funciones que les son realmente sustantivas y lo dejen librado a una lógica de mercado.

Me remito a lo que decía la Ministra de Desarrollo Social, esas son funciones sustantivas de los Estados, y si los Estados las abandonan les es muy difícil recuperarlas o ejercerlas nuevamente. Creemos que la defensa de la educación como un bien público y social hace a las raíces mismas, sobretodo del Estado uruguayo, donde la educación pública es base de la democracia.  Hay que estar alerta con respecto a ese tipo de tendencias que nos desposeen de lo más preciado.