Gobierno contrasta datos

Durante esta Administración la informalidad laboral disminuyó del 41% al 33%

El Ministerio de Economía junto a la DGI, BPS, Aduanas y la Inspección General de Trabajo presentaron datos sobre la informalidad laboral, la cual pasó del 41% en 2004 a 33% en 2008. Una de las principales variables que posibilitó esta baja fue la instauración del nuevo sistema tributario y la fuerte apuesta del Gobierno a las políticas de seguridad social que buscaron formalizar actividades que se encontraban fuera del sistema.

El Subsecretario de Economía, Andrés Masoller, explicó que el informe presentado la semana pasada por el Departamento de Economía de la Universidad Católica del Uruguay a solicitud de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, no utilizó una metodología adecuada para la economía uruguaya.

Masoller recordó que el Gobierno tomó distintas acciones en los últimos años respecto a la informalidad y que las estadísticas oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística y su Encuesta Continua de Hogares Ampliada (ENHA), indica que en 2004 la informalidad alcanzaba el 41% mientras que en 2008 ésta disminuyó a 33%; lo que se configura como una primera señal de caída significativa de la informalidad.

Remarcó que la metodología utilizada en el estudio está sujeta, además, a un conjunto de debilidades importantes. Por ejemplo, el informe se basa en la evolución de la demanda de dinero como forma de medir la economía informal, cuando en Uruguay la demanda de dinero es un factor muy inestable. Por lo tanto, para nuestro país, el uso de la demanda de dinero como forma de medir la economía informal es una metodología débil.

Por otra parte, surgen problemas metodológicos respecto a las variables que se utilizan para medir la economía informal y que toman al gasto público como única variable determinante de la informalidad en Uruguay.

Desde el Gobierno se cree que la informalidad es un fenómeno muy complejo cuyas causas y variables determinantes son diversas y donde el gasto público no es la razón fundamental ni la principal causa de la informalidad. En tal sentido, Masoller dijo que existen un conjunto de factores más estructurales determinados por las características de la economía, el grado de desempleo, aspectos institucionales y regulatorios que también deben tenerse en cuenta.

Aclaró que estas críticas a la metodología del estudio no las realiza únicamente el Gobierno, sino que otros institutos técnicos especializados también plantearon cuestionamientos importantes respecto del informe.

Los resultados son "extraños", sostuvo el Subsecretario de Economía, dado que el estudio plantea que el gasto público en los últimos años se mantuvo constante con tendencia a la baja, y al mismo tiempo, se arriba a la conclusión de que la informalidad aumentó. Masoller expresó que el aumento de la demanda de dinero en Uruguay en los últimos años se explica por la desdolarización de la economía y por lo tanto, no se puede asignar al aumento de la demanda de dinero la causa del aumento de la informalidad. Desde el Gobierno se considera que hay otras variables que lo explican.

Agregó que, además, llama la atención que en otros períodos (1960 a 1967) se expresa una economía informal igual a cero cuando en esos años la informalidad tenía cifras importantes. "Hay aspectos metodológicos del informe que deberían ser reformulados", manifestó el Jerarca.

Los resultados que se observan tanto a nivel de las oficinas recaudadoras (BPS, DGI) como de la Encuesta Continua del INE muestran un avance significativo en materia de reducción de la informalidad.

Por su parte, el Director de Rentas, Nelson Hernández, realizó un análisis de los indicadores que expresa el informe de UCUDAL. En primer lugar, sostuvo que si bien la DGI no cuenta con una medida de la informalidad (porque no es el órgano competente) maneja indicadores que reflejan la actividad económica del país y los niveles de evasión.

En tal sentido, en lo que tiene que ver con la gestión de la Dirección de Rentas, el estudio reconoce la existencia de dos tipos de informalidad. El primer tipo de informalidad es aquella de baja productividad, asociada con elementos de escasa dimensión económica. Se trata de empresas de muy pequeño nivel económico y que están vinculadas con el autoconsumo o la realización de actividades independientes personales.

En segundo lugar, la informalidad ilegal y casi ilegal que incluye a todas las actividades, incluso las que provienen del narcotráfico o del lavado de dinero. Hernández enfatizó que el estudio no debía haber abarcado estas áreas.

Por otro lado, el estudio manifiesta que las acciones deben dirigirse hacia el control del segundo tipo de informalidad, propiciando la adopción de medidas coercitivas para su control; lo cual desde la DGI se considera como una visión muy parcial para atacar el problema ya que se deben plantear medidas con enfoque múltiple y que atienda a la inserción social de quienes trabajan en la informalidad.

En ese sentido, la DGI maneja como indicador la cantidad de empresas que inician actividades económicas y que se ubican en el rango de pequeñas y medianas empresas o monotributistas. Esto muestra un ingreso a la formalidad de emprendimientos de baja productividad. "En la medida que exista un incremento de este tipo de contribuyentes habrá una mayor formalización del trabajo", enfatizó Hernández, quien afirmó que con el nuevo Sistema Tributario se produjo un incremento importante en la inscripción al monotributo que facilita el ingreso al sistema y amplía el espectro para la formalización a aquellas empresas de menor dimensión económica, vinculada a esa informalidad de baja productividad.

La evolución de las PYMES y los monotributos da un crecimiento importante de contribuyentes a partir de la instalación del nuevo sistema tributario. "Esto es un indicador claro de formalización de la economía en materia de incorporación al sistema tributario formal de empresas que, hasta ese momento se encontraban en la informalidad", manifestó el Director de Rentas.

Hasta 2006 había un promedio de incorporación de 500 monotributistas al año, mientras que a partir de la instauración del nuevo sistema se están superando 3.000 monotributos nuevos por cada ejercicio económico.

En relación con la informalidad ilegal o casi ilegal, Hernández sostuvo que ésta se encuentra asociada no sólo a un incumplimiento formal sino que además se trata de contribuyentes que evaden impuestos que corresponden a su actividad.

En tal sentido, señaló que el IVA es el impuesto con mayor generalidad en la actividad empresarial y, por consiguiente, la evasión del IVA está directamente asociada con el nivel de informalidad. La evasión del IVA disminuyó significativamente de 41,7% en el año 2000 a 20,6% en 2008. Esta medida incluye a los grandes contribuyentes, PYMES y monotributos. "Estas cifras están dando datos de la realidad que contradicen las conclusiones a las que se arribó en el informe", sostuvo Hernández.

Finalmente, el Director Nacional de Aduanas, Ricardo Prato, realizó un balance de las acciones que lleva adelante el organismo en un trabajo que busca facilitar el comercio exterior con seguridad.

El informe aclara que Uruguay está sometido a los vaivenes económicos de los países vecinos, por lo que siempre existirá la tentación de muchos comerciantes de comprar productos más baratos fuera de frontera. Frente a la dificultad que significa evitar todas las acciones de contrabando, Aduanas definió trabajar en líneas concretas como lo son la vestimenta, calzado y el tráfico de cigarrillos.

Se intenta a que el comercio exterior fluya lo mejor posible para que Uruguay sea un polo logístico, debido a la seguridad del país que posibilita ingresar o distribuir mercadería.

En tal sentido, Aduanas impulsa la formalidad en algunos sectores con difícil regulación, como por ejemplo el consumo de gas en Melo, proveniente de Brasil. En ese marco, se negoció con ANCAP para que los distribuidores de gas brasileño sean distribuidores de gas ANCAP, como forma de regular el trabajo del transportista. El objetivo es formalizar aquellas importaciones que actualmente son consideradas ilegales, para que se transformen en contribuyentes a la seguridad social y a la DGI. Para ello, se envió un Proyecto de Ley al Parlamento donde se apunta a dar solución a ese problema.

Por otra parte, como el contrabando fluye hacia un mercado informal, se trabaja coordinadamente con la DGI para rastrear la mercadería de contrabando y ver dónde se encuentra; así como también con otra mercadería subfacturada que ingresa al país y no siempre es detectada por la Aduana y cuyo mecanismo de seguimiento se realiza en forma inversa, es decir, observar a cuánto se vendió y a cuánto se declaró a su ingreso.

En otro orden, Prato informó que la Aduana coordina con todas las agencias de inteligencia del Estado para detectar por dónde pasa el contrabando y la droga. Esa tarea posibilitó que los sistemas informáticos de la Aduana estén disponibles para las agencias, lo cual redundó en una mejor lucha al narcotráfico, al contrabando y al lavado de dinero.

Ricardo Prato resaltó que estas actividades se deben combatir porque son delitos y que no tienen nada que ver con la evolución de la economía uruguaya, por lo que no deben incluirse en un estudio sobre informalidad laboral.