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9 de octubre, 2009

JND-MI-SCJ

Medidas alternativas al encarcelamiento resultan eficientes y humanitarias
En procura de una reforma integral del sistema penitenciario, la Junta Nacional de Drogas organizó una jornada para analizar medidas alternativas a la prisión, haciendo hincapié en el consumo problemático de drogas. El objetivo es compartir experiencias y debatir, dado que estas medidas son necesarias desde lo humanitario, pero también son un buen negocio amparado en el derecho a la seguridad pública y la convivencia.

Se realiza en Montevideo la “Jornada Nacional sobre Medidas Alternativas con especial énfasis en el abordaje del consumo problemático de drogas”.

Participaron del acto de apertura: el Ministro del Interior, Jorge Bruni; el Secretario General de la JND, Milton Romani; el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino; el Subsecretario del Interior, Ricardo Bernal; el Subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, la Fiscal Letrada Nacional en lo Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno de la Fiscalía de Corte, Mónica Ferrero; el representante del Centro de Estudios Judiciales, Ángel Cal, y la Directora del Patronato de Encarcelados y Liberados, Cristina Gil.

Milton Romani explicó que se inició un proceso desde la JND, trabajando en base a un convenio con la Suprema Corte de Justicia en varios planos, con resultados fructíferos. Lo mismo con el Ministerio del Interior y el Patronato.

Las prácticas a nivel internacional comprueban que estas medidas son mucho más eficientes en materia de reinserción social y rehabilitación que las prisiones, aunque sean prisiones no hacinadas como las que tenemos.

Ahora se está abogando por un proceso de reforma integral del sistema penitenciario, porque se entendió como un compromiso derivado del problema drogas.

Romani apeló al debate sobre las medidas alternativas a la prisión. Las medidas alternativas son una necesidad no solamente humanitaria sino de buen negocio. Son un buen negocio en materia de inversión del Estado y de inversión en capital humano.

Parecen ser mucho más redituables y eficientes que los sistemas carcelarios de América Latina.

El objetivo es que nuestra política criminal y nuestro sistema penitenciario aporten en el sentido de un desarrollo humano justo, equilibrado y equitativo,  que nos permita vivir en base a un derecho humano fundamental, que es el derecho a la seguridad pública y a la convivencia.

Las penas alternativas están en manos de los Jueces, pero se debe contar con un Patronato o similar que sea poderoso, con presupuesto, y con centros educativos y comunitarios donde se cumplan las penas.

Primero es necesario convencer a la ciudadanía y al sistema político. Muchos Jueces están empeñados en que pueda instrumentarse.

En cuanto al rol de la JND en este tema, Romani recordó que trabaja en la recuperación de adictos en cárceles y además asume el problema drogas desde una perspectiva integral, por ello se planteó un plan de reforma del sistema penitenciario.  

Por otra parte, en estos cuatro años desde la Junta se incautaron siete toneladas de drogas, se detuvieron 8000 personas y se procesaron casi 3000 personas. Por ello, se asumió el compromiso de aportar a un sistema de prisión más humanitario y eficiente.

Entre un 7 y 8% de los reclusos son procesados por la Ley de Drogas. Es presumible que el consumo en cárceles sea muy importante. Además se debe cuantificar cuántos delincuentes están vinculados a delitos relativos a la droga. Romani informó que se está culminando una encuesta en seis centros carcelarios (labor de la JND con la colaboración de la Dirección de Cárceles y la Facultad de Psicología) y en breve se tendrán resultados seguros.

Si bien reconoció que la delincuencia está vinculada a la pasta base, aseguró que lo grave sería si se pensara que solamente es por consumo de drogas.

La delincuencia es un fenómeno social, complejo con muchas variables, entre ellas la droga, pero también generaciones excluidas de la Ley (de poder trabajar y comer por ejemplo).

Romani reiteró su posición de que hay que “arrancarle la cabeza” a quien trafica pasta base, pero no debemos refugiarnos en que el problema del delito es solamente un tema de drogas, no es del todo acertado.

Asimismo, aclaró que quienes trafican droga no son necesariamente consumidores, en general no tienen un perfil igual a los que consumen.

Los que trafican no son todos excluidos y marginados, algunos están en altos círculos de poder y hacen las cosas por hacer mal, en un horizonte desmedido de ambición, indicó.

“Cuando hablamos de drogas y del delito no hay que mirar solamente para los barrios marginales, también hay que mirar para algunos círculos de poder importante”, añadió.

En cuanto a estos círculos de poder, Romani dijo que no sólo refiere al entorno del  fútbol, y en este sentido recordó las sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI) creadas en la década del 90, que fueron la pesadilla del lavado de dinero.

El Jerarca aclaró que no es una discusión sobre el tema sociedades anónimas, sino puntualmente sobre las SAFI que este Gobierno prohibió (las que están formadas caducan en 2010). “No hay que entreverar la baraja”, dijo.

Romani sostuvo que se comprobó que las SAFI pueden operar en el narcotráfico, por ello se eliminaron.

Citó la metáfora de los cuchillos y dijo: “Si yo fabrico cuchillos, puede ser que yo no sea responsable de lo que haga luego el cuchillero, pero si yo pongo un cartel que diga ‘fabrico cuchillos para lo que sea’, tengo derecho a pensar que es un mensaje para los cuchilleros”.  

Finalmente, solicitó el compromiso de todo el sistema político en este tema.

Jorge Ruibal Pino recordó que desde hace mucho tiempo el Poder Judicial se dio cuenta que la labor en lo que tiene que ver con el sistema carcelario y la incidencia que las drogas tienen en el mismo, debe hacerse con todas las instituciones que operan en el mismo sentido. De esa forma se trabaja con la JND, con el Ministerio del Interior, con la Dirección de Establecimientos Carcelarios, con el Patronato de Encarcelados y Liberados, con resultados sorprendentes. Es necesario continuar trabajando para ampliarlos.

Estos encuentros aportan un nuevo “empujón” a las autoridades que están detrás de estos programas de mejoramiento del sistema carcelario. Es conveniente, además, incluir en ese mejoramiento el tratamiento de la adicción dentro de las cárceles.

Ruibal entiende que este tipo de trabajos debe ser prudente y cauteloso.

Jorge Bruni sostuvo que si bien considera que existe mucha distancia entre el derecho y la realidad, en la oportunidad felicitó a la JND por la iniciativa, porque el derecho y la realidad son los convocantes y demuestran la necesidad de una jornada como ésta.

Muchas guías jurídicas e iniciativas teóricas convocan a trabajar, aseguró. Algunos aspectos negativos también instan a trabajar como el hacinamiento en las cárceles.

Existen muy buenos datos de la realidad que también convocan a seguir procesando este tipo de contenidos, por ejemplo las enormes diferencias existentes entre la reincidencia entre los que adoptan penas alternativas y los que se niegan (menor reincidencia cuando se adoptan medidas alternativas).

   
 
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