Jornada de reflexión

Políticas de prevención y atención en maltrato infantil

La Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi participó de una jornada de reflexión sobre el "Maltrato infantil: políticas de prevención y atención”, donde sostuvo que gracias a las políticas que el Gobierno lleva adelante en la temática, se ha avanzado en gran medida aunque, se trata de una problemática de índole cultural o sociocultural, en la que se tiene que trabajar aún más

En la Sala de Conferencias y Eventos del Teatro Solís se llevó a cabo la Jornada de reflexión: "Maltrato infantil: políticas de prevención y atención. Una visión regional". La apertura estuvo a cargo de la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y del representante de UNICEF, Egidio Crotti.

La actividad también contó con la presencia de la consultora de UNICEF Soledad Larraín, autora del documento producido por UNICEF y CEPAL: "Desafíos Nº 9: Maltrato infantil: una dolorosa realidad puertas adentro", publicación del mes de julio de 2009.

En el documento, Larraín señala que el maltrato infantil es un atentado a los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde  se plasma que todos los menores de edad tienen derecho a la integridad física y psicológica y a la protección contra todas las formas de violencia.

Cabe destacar que por violencia se entiende “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause, o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OPS 2003).

Otros datos que arroja el documento, es que en el mundo, 275 millones de niñas y niños son víctimas cada año de violencia dentro de sus hogares, espacio que debiera ser de protección, afecto y de resguardo de sus derechos.

En América Latina y el Caribe, 40 millones de menores de 15 años sufren violenciam, abusos y abandono en la familia, la escuela, la comunidad y las calles.

Según el SIPIAV (Sistema Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia), en el Uruguay, el Gobierno asistió -entre mayo de 2007 y diciembre de 2008- a 359 niños víctimas de violencia, donde el 85% de los agresores, eran familiares.

La Ministra de Desarrollo Social, sostuvo que estudios realizados en 2008 desde el programa Infamilla del MIDES sobre maltrato infantil, se conoció una situación preocupante donde, el 83% de los adultos encuestados en el área metropolitana de Montevideo, dijo haber ejercido alguna forma de violencia psicológica o física contra un niño de su hogar.

Cabe destacar que esto se evalúa luego de una serie de preguntas, donde la población responde afirmativamente en relación a hechos de violencia. Además, según Arismendi,  en cierta franja de la sociedad, estas situaciones están subdeclaradas, ya que en la realidad, la violencia alcanza guarismos mayores a los señalados. Esto se da porque se toman diversas actitudes como naturales, donde se pone en tela de juicio el principio de autoridad. Hoy el niño es un sujeto de derecho, por lo tanto desde el punto normativo, Uruguay trabaja de forma correcta.

Asimismo, desde el punto de vista de una serie de políticas tendientes a romper el círculo de reproducción de la pobreza, con el cuidado en los 36 primeros meses de vida (9 de embarazo más los 2 primeros años de vida), más la extensión de los centros CAIF y la educación inicial, se logra un buen resultado. La Secretaria de Estado indicó que el país está bien posicionado en la labor dirigida a esos aspectos. Recalcó que se trata de un tema cultural o sociocultural que aún requiere más debate y trabajo.

Por su parte, el representante de UNICEF, Egidio Crotti, agradeció a todos los presentes por compartir la instancia de reflexión y afirmó que sirve –en primer lugar- para reconocer que nuestra sociedad sufre de este flagelo y –en segundo lugar- resaltó que ante esta problemática no se posee un trabajo conjunto entre países, en el sentido de mensurar la magnitud de la situación. Otro avance estaría dado por profundizar y agilitar la normativa vigente, dijo.