Discurso del presidente de la junta anticorrupción, Dr. Adolfo Pérez Piera, en el marco de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

Doha, 9 a 13 de noviembre de 2009

Tercer período de sesiones

En representación del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, queremos transmitir en primer lugar un cordial saludo a todas las representaciones y delegaciones presentes, felicitar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y autoridades del Comité Organizador Nacional por el exitoso esfuerzo desplegado para la realización de este trascendente y multitudinario evento y agradecer al Gobierno de Doha por la cálida hospitalidad que nos ha brindado en esta hermosa ciudad.

Cabe destacar en segundo lugar la nutrida concurrencia de delegaciones de los Estados parte, de calificadas representaciones de organismos internacionales y no gubernamentales y de numerosos observadores, lo que no solo refleja el significativo crecimiento de las adhesiones a la Convención, sino también la expectativa que rodea a este evento en la perspectiva que se trata de una instancia de cruciales definiciones para fortalecer el funcionamiento de la misma.

Esta reunión deberá ser sin duda una instancia de diálogo fecundo, de abierto intercambio de opiniones y experiencias y sobre todo, de construcción de consensos que permitan avanzar significativamente en el combate a la corrupción. La responsabilidad con que la mayoría de los estados parte han colaborado en las instancias previas, en las reuniones de los grupos de trabajo y en la preparación de documentos, augura que se pueda desarrollar una tarea acorde a tales expectativas. También debe destacarse en este sentido, como elemento que coadyuva a afirmar ese optimismo, la rigurosa labor llevada adelante por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sin cuyo compromiso y eficiencia no sería posible alcanzar resultados exitosos.

Uruguay ha respaldado activamente, a partir de sus inicios, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, así como en el plano regional integra y apoya la Convención Interamericana.

Desde el 18 de noviembre de 2006, fecha en que el Parlamento uruguayo ratificó la UNCAC, hemos participado en todas las instancias significativas cumplidas, habiendo incluso organizado en Montevideo, en mayo de 2007 el Seminario Internacional sobre Asistencia Técnica dispuesto por la Res.1/6 de la Conferencia de Amman. Asimismo hemos participado activamente en los diferentes debates de implementación de la Convención, aportando propuestas y coordinando a través del GRULAC posiciones comunes para ir creando los acuerdos que permitan avanzar en la consecución de los objetivos propuestos.

Dicha actitud, se sustenta en dos convicciones fundamentales.

Por una parte, en que la búsqueda de una mayor justicia y bienestar social, de un estricto respeto por los derechos humanos y de formas de desarrollo sustentable, pasa no en forma exclusiva, pero si necesariamente por gobiernos transparentes en su actuación pública, que privilegien debidamente los intereses generales sobre los particulares y que acaten estrictamente el ordenamiento jurídico.

Para el logro de una gestión pública transparente, se requiere pues el fortalecimiento de las pautas culturales y las prácticas democráticas, en tanto el arraigo colectivo de los valores libertarios constituye el principal antídoto contra la corrupción de los poderes públicos. Pero también se exige la generación de políticas y herramientas institucionales, tanto de naturaleza preventiva como represiva, que sean aptas para acotar, detectar y en su caso, corregir y sancionar los actos de corrupción.

Nuestro Gobierno ha trabajado intensamente en esta perspectiva, diseñando nuevas políticas para fortalecer la transparencia y dotándose de instrumentos jurídicos idóneos. En su desarrollo, también se ha apoyado en los contenidos de las referidas convenciones.

Porque –y es la segundo convicción que nos alienta en esta actitud de respaldo a las mismas- entendemos que en materia de respeto a los derechos humanos, de una gestión pública transparente y del combate a la corrupción, debe trascenderse las fronteras nacionales y alcanzar importantes niveles de cooperación internacional, aspectos ambos contemplados centralmente en la UNCAC.

Uruguay posee además una sólida tradición en la promoción del derecho internacional. Por sus convicciones políticas más profundas, pero también por tratarse de un país pequeño, hemos sido fervientes defensores de un orden internacional concertado y equitativo, sin hegemonías de especie alguna y con respeto irrestricto al principio de no intervención en los asuntos propios de cada estado, pero proclive asimismo a una amplia colaboración internacional, que particularmente privilegie a las naciones más necesitadas.

Entendemos que la Convención de NNUU contra la Corrupción se inscribe en esa perspectiva. De ahí nuestro activo compromiso con la misma y en consecuencia, con instancias como esta 3era. Conferencia de Estados parte, en la cual deberán definirse las próximas metas a cumplir.

Con respecto a los temas que serán objeto de análisis, destacamos el del mecanismo de seguimiento de la aplicación de la UNCAC. No porque los demás sean menos importantes. Por el contrario, tanto las políticas preventivas como la penalización, la cooperación internacional y la asistencia técnica o la recuperación de activos, constituyen aspectos claves en la estructura de la Convención y sobre los cuales deberá avanzarse en su análisis y desarrollo. Pero el mecanismo de seguimiento resalta por su urgencia, ya que necesariamente deberá ser aprobado en esta instancia y puesto de inmediato en funcionamiento.

Efectivamente, el vigor y la proyección que puede alcanzar la UNCAC como herramienta de combate a la corrupción, depende en gran medida del cumplimiento efectivo que de la misma observen los estados signatarios. Y precisamente el mecanismo de seguimiento apunta, por un lado a verificar ese grado de cumplimiento, pero por otro –no menos importante- a contribuir a través de la cooperación y la asistencia técnica a facilitar a los Estados parte con dificultades, a adoptar las medidas necesarias para atender los compromisos asumidos.

Existe, a partir de las pautas generales fijadas en la primera y segunda Conferencia de Estados parte, cierto acuerdo básico sobre la naturaleza del mecanismo de seguimiento, producto de la intensa tarea cumplida a nivel del Grupo de Trabajo. Quedan por cierto algunos aspectos a resolver, los que deberán ser encarados con la mayor flexibilidad, descartándose las posiciones irreductibles y con la convicción de que es impostergable alcanzar los más sólidos consensos posibles.

No es sencillo armonizar culturas y tradiciones jurídicas, regímenes políticos y realidades sociales y económicas tan diversas como las representadas en este foro. Ese amplísimo pluralismo refleja la magnitud del desafío, pero también del impacto que tendrá sobre nuestras sociedades la vigencia plena de la Convención.