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Sistema único de indicadores para seguimiento del Sistema de Justicia Penal Adolescente

La Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia y UNICEF firmaron un acuerdo interinstitucional, con el objetivo de crear un sistema único de indicadores. El mismo permitirá realizar el correcto seguimiento del Sistema de Justicia Penal Adolescente. El primer año de relevamiento será el 2010 y cada organismo tendrá 120 días para suministrar la información pertinente.

El Ministro del Interior, Jorge Bruni, indicó que Uruguay es el primer país que suscribe un acuerdo de estas características con UNICEF. Las estadísticas ayudarán a establecer políticas públicas sobre la temática, dato que es relevante para la realidad actual, que tiene múltiples enfoques.

Cada institución suministrará la información acordada dentro de los 120 días inmediatos siguientes a la finalización de cada ejercicio anual. El primer año para el relevamiento será el 2010. No obstante, durante el 2009 se avanzará en la obtención de datos.

La tabla de indicadores acordada comprende esferas relativas a normativa; policial; judicial; y ejecución de las medidas dispuesta por la justicia juvenil, que contienen diferentes indicadores.

Los mismos permitirán evaluar la duración de la privación de libertad antes de la sentencia; el número de adolescentes privados de libertad; la cantidad de recursos interpuestos por el Defensor contra la sentencia definitiva, entre otros ítems.

El acuerdo establece una serie de pautas que serán utilizadas por las instituciones. Las mismas fueron elaboradas en base al Manual para cuantificar los indicadores de justicia juvenil efectuado por UNICEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito.

Cada una de las instituciones involucradas será la encargada de recolectar y procesar los indicadores respectivos. Todos los años, los organismos deberán suministrar la información y velarán para que sea confiable y se produzca de manera periódica e ininterrumpida.

La tabla está compuesta por 32 indicadores que brindan información respecto a lo que ocurre con los adolescentes en conflicto con la Ley, así como en el marco legal que asegura su protección. Del total de los indicadores, 29 son de carácter cuantitativo: tres refieren a la actuación policial, 10 al sistema de justicia y 16 a la ejecución de las sanciones dispuestas por la Justicia.

El desarrollo de los indicadores permitirá dimensionar en su justa medida el fenómeno de los adolescentes que son acusados de infringir la Ley. Identificar problemas en las prácticas de las instituciones que son parte del sistema; realizar propuestas para mejorar los resultados del sistema; así como monitorear, ajustar y evaluar las prácticas institucionales y la ejecución de la Ley. También brindarán la posibilidad de comparar la situación con otros países, además de mejorar las prácticas institucionales para que estas sean respetuosas de los derechos de los y las adolescentes que pasan por el sistema penal juvenil.

El año pasado UNICEF, la Suprema Corte de Justicia, el INAU, el Ministerio del Interior y organizaciones de la sociedad civil, realizaron un seminario sobre el Sistema Penal Adolescente, con el objetivo de establecer un diagnóstico sobre la situación de la implementación del proceso penal adolescente y su adecuación a las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Durante el trabajo, se concluyó que reconstruir con datos objetivos el camino institucional recorrido por los adolescentes intervenidos por el sistema penal, desde la detención policial hasta la ejecución de las sanciones socioeducativas, - pasando por las medidas aplicadas- resulta fundamental para el monitoreo de la situación del sistema penal de adolescentes y para la protección de sus derechos.

De esta forma, se manifestó la necesidad de crear un sistema único de indicadores que permita el seguimiento y evolución del sistema de justicia penal adolescente a través de los subsistemas que lo componen. Los organismos sostienen que tras varios meses de trabajo interinstitucional lograron un consenso sobre criterios de definición y relevamiento de la información.

El resultado fue la elaboración de una tabla de indicadores que cada organismo adaptará a sus sistemas de información para cuantificar y presentar información específica sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la Ley.