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28 de enero, 2010

Objetivo “salvar vidas”

Programa Mujer y Género: cambio de paradigma en salud sexual y reproductiva
La Directora del Programa Mujer y Género (MSP) recordó que, en el 2002, las mujeres que concurrían al Hospital Pereira Rossell no eran “pacientes”, sino “indagadas”. Describió que “eran esposadas contra la camilla y su atención estaba demorada por los interrogatorios”. La normativa actual, dijo, otorga un marco legal para el profesional médico y obliga a prestar los máximos cuidados sanitarios ante un caso de aborto provocado.

La Directora del Programa Mujer y Género (MSP), la doctora Cristina Grela se refirió a  la discusión parlamentaria que se produjo en Uruguay,  como “de singular importancia”.  Sostuvo que los Ministerios están para ejecutar lo que el Parlamento resuelve y subrayó que “ en eso, estamos dispuestos a seguir adelante”.

En su consideración, ninguna legislación puede promover la muerte de las personas. Con este concepto primordial , puso como ejemplo ciertos casos que conoció durante el año 2002.  Recordó que en  aquellos años,  algunas de las mujeres que se atendieron en el Hospital Pereira Rossell eran esposadas a la camilla, antes de ser intervenidas por un médico, por complicaciones generadas luego de un aborto provocado.

Afirmó que ese año  2002 constituyó un período importante para tomar el pulso de la conciencia nacional sobre el tema aborto. Recordó también que entonces había mujeres que gestaban un niño, y lamentablemente,  de un día para el otro, se quedaban sin  su trabajo.

La jerarca médica relató cómo muchas de esas mujeres reaccionaron  entonces de manera desesperada.  Así fue que  “se colocaron cualquier cosa” y llegaron al Hospital Pereira Rossell en una situación muy delicada. Solo así  se explican las 14 muertes maternas que se produjeron en ese año.

La gravedad de los casos constatados, según relató Grela,  motivó a un grupo de personas a trabajar para llevar el problema a la Corte Internacional de La Haya, el máximo órgano jurídico del mundo

Afirmó que la intención era  acusar a Uruguay de tortura, en relación con  los catorce decesos  de mujeres registrados.

 La Directora del Programa Mujer y Género reconoció que la normativa actual permite que la confidencialidad del secreto profesional médico sea un instrumento muy valioso para evitar las muertes y eso, en opinión de  Grela, “había que utilizarlo”.  Asimismo,  expresó su consideración en cuanto a la  singular importancia que tuvo el hecho de que  el Parlamento dedicara su tiempo a trabajar  en una normativa que es valiosa para el país en su conjunto.

En ese aspecto, subrayó que  por suerte estamos en un país republicano, tenemos un Parlamento y agregó  que los Ministerios están para ejecutar lo resuelto por el Poder Legislativo. En esto, subrayó, “estamos dispuestos a seguir adelante”.

En conclusión, Grela señaló que hoy el país cuenta con esta nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, con la Ley del año 1938 y la normativa 369/04 del Ministerio de Salud Pública.  Concluyó que con  estos elementos  se debe trabajar, respetando la normativa que tenemos a disposición y subrayó que “sin dudas, hemos mejorado”.

   
 
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