En el año 2004 la cifra de pobreza se situaba en 31,9 %,  cifra que cayó al 20,3% en el año 2008. Para el mismo período los datos sobre indigencia indican que disminuyó del 3,9 % al 1,5 %, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Para la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, el logro efectivo de estos objetivos se sustentó en romper el círculo de reproducción de la pobreza y la indigencia, atacando con visión de mediano y largo plazo las causas de las mismas. 

Para esto, el Gobierno instrumentó varias medidas en distintos frentes. Una de las primeras acciones al asumir el mando fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo era la implementación del Plan Nacional de Emergencia. Según su titular, que refirió a los comienzos de su gestión en la presentación del informe interinstitucional del Gabinete Social, esta nueva cartera comenzó su labor en 2005 prácticamente como un ministerio virtual. 

Aún bajo estas condiciones, el MIDES elaboró una respuesta a un problema emergente: 50.000 uruguayos eran indigentes y la mitad de los niños nacían en familias con ingresos que la situaban bajo la línea de la pobreza. La seguridad social no protegía a todos los uruguayos económicamente activos. La atención sanitaria era insuficiente para las necesidades familiares y la alfabetización absoluta, un orgullo nacional, se transformaba en una medalla del pasado. 

Con este panorama, el Gobierno trabajó con un sentido transversal. Organizó las labores en el Gabinete Social, con la participación del MIDES, el Ministerio de Vivienda, de Salud Pública, de Economía, de Trabajo y Seguridad Social, además del Banco de Previsión Social y la Administración Nacional de Educación Pública.  

El Plan Nacional de Emergencia fue la primera acción de gran envergadura. Gracias a ella, 42 mil personas salieron de la indigencia. Pero este mecanismo no fue el único que colaboró en tal sentido. Según la CEPAL, nuestro país tiene al 19,2% de la población bajo la línea de pobreza, reduciendo la cifra por más del 10%.

El Banco de Previsión Social alcanzó el máximo número de cotizantes de la historia. Son 1.300.000 uruguayos amparados. El 96% de los mayores de 65 años cuenta con un ingreso y el 78% de las personas activas están protegidas por la seguridad social. A esto se suma que todos los trabajadores uruguayos están comprendidos en las mesas de negociación colectiva, reactivadas por este Gobierno, donde participan las empleadas domésticas y los trabajadores rurales por primera vez desde su creación. 

En materia de accesibilidad y equidad, también en este quinquenio, se llevó a cabo la reforma de la salud, donde se transformó el anterior modelo, un sistema curativo, a un Sistema Integral de Salud, apostando a la equidad social y a la transparencia económica. El presupuesto asignado para la salud aumentó de US$ 200 millones a US$ 550 millones en los últimos cuatro años; el salario médico se incrementó en 400% y el no médico en 35%. Además, se disminuyó en más del 40% el valor de los tiques de medicamentos. 

Finalmente, destacar algunas cifras que también “hicieron” al cambio iniciado con la gestión de Tabaré Vázquez. El salario real, en promedio, creció un 25% entre diciembre de 2004 y junio de 2009. La tasa de desempleo alcanzó mínimos históricos del 6,4%.

Los empresarios contaron con la tasa de aporte patronal más baja de la región: mientras en Brasil la presión es del 20%, en Uruguay llega al 7,5%. Más de 120 mil empresas se beneficiaron con los descuentos otorgados a los contribuyentes en fecha desde el 2006. 

Estos logros contribuyeron con la esperanza depositada por miles de uruguayos, convencidos que las alternativas existen porque se puede vivir mejor.