La Solidaridad Cuesta
Cuando este gobierno asumió funciones, alrededor del
30% de los uruguayos vivían en condiciones de pobreza.
Ese doloroso porcentaje, que daba cuenta de una
realidad mucho más dolorosa aún, lejos de ser casual o repentino, era
consecuencia de decisiones políticas y acciones de gobierno sobre las
cuales la ciudadanía se pronunció soberanamente el 31 de octubre de
2004.
En dicho pronunciamiento hubo también un mandato
contundente: atender la situación de desamparo que padecían un millón
de compatriotas aproximadamente (de los cuales casi dos tercios eran
menores de 18 años), e implementar los cambios necesarios para una
sociedad más incluyente y solidaria.
Los cambios son necesarios. Pero también es necesario
saber que los cambios, cuando son auténticos, expresan valores y
principios.
Es muy saludable que ahora nadie tenga dudas respecto
a que los gobiernos deben promover el bienestar de la gente y la
solidaridad intergeneracional y que se le exija al actual actuar en
consecuencia. Pero también es igualmente sano saber que ese bienestar no
es un acto de magia y que la solidaridad, cuando trasciende lo
declarativo, necesita recursos financieros. La solidaridad cuesta.
La reforma tributaria tiene, aparte del estímulo a la
inversión productiva, al empleo y a la mayor simplicidad y eficiencia
del sistema tributario, el objetivo de la equidad. “Que pague más
quien tiene más y menos quien tiene menos”, no es una frase hueca.
Que pague más quien tiene más es solidaridad concreta en un país donde
todos somos iguales ante la ley pero aún no somos iguales ante la vida.
La pobreza viene disminuyendo pero aún está lejos de desaparecer y los
niños y adolescentes siguen siendo la mayoría de los pobres.
El sistema tributario que comenzó a regir el
01.07.2007 está sujeto a ajustes que el Poder Ejecutivo instrumentará
oportunamente mediante los procedimientos que correspondan. En tal
sentido, no ignora reclamos de sectores sociales ni el trámite
judicial de algunos de ellos, y está abierto a observaciones y
propuestas que permitan perfeccionar el sistema vigente.
Pero reducir la reforma estructural que supone dicho
sistema tributario a la derogación total o parcial del Impuesto a
Renta a las Personas Físicas o plantear la vigencia del mismo como un
desconocimiento a otro Poder del Estado, es un error involuntario en
muchos casos, consciente en otros, pero en cualquier caso las
consecuencias trascienden las circunstancias del mismo.
Se trata de un error que refleja una concepción
cómoda y egoísta de la sociedad, una visión resignada del futuro como
repetición inercial del pasado y un talante enardecido respecto a
la institucionalidad democrática y su normal funcionamiento.
En lo que al IRPF a los jubilados y pensionistas
refiere, aún a riesgo de resultar reiterativo, conviene recordar que
durante décadas y durante varios gobiernos esos sectores de la
población aportaron el Impuesto a la Retribuciones Personales que en
algunos casos llegó a representar el 20% del monto recibido por tal
concepto.
Conviene tener presente además que con el nuevo
sistema se eliminó el Impuesto a las Retribuciones Personales, que el
el 60% de los jubilados no tributa por concepto de IRPF y que el 28%
tributa ahora por IRPF menos que antes por IRP.
Es cierto que hay un 12% de jubilados que ahora
tributa más que antes. Es cierto también que no todos los jubilados
están entre quienes “tienen menos” y que no todos los que
“tienen más” han interpuesto recursos jurídicos contra el IRPF. Por
alguna razón será.
Y seguramente dicha razón esté vinculada a valores y
principios solidarios que en otros casos es más fácil invocar o exigir
a los demás que practicar a costo personal.
En esta materia de valores y principios el gobierno
no puede obligar a nadie y ha de respetar a todos. Pero ello no
significa renunciar a su identidad, a sus proyectos y a sus
compromisos.
Así como a veces la verdad duele, la solidaridad
cuesta. Pero ambas son necesarias para que el Uruguay sea el gran
país que todos los uruguayos deseamos y merecemos. |
