Diálogo social, relaciones laborales y consejos de salarios

En cumplimiento de la Ley 10.449 referida a los Consejos de Salarios y en una línea de continuidad con la política de relaciones laborales que impulsa este  gobierno, el próximo 5 de junio se instalará el Consejo Superior Tripartito. El mismo tiene, entre otros cometidos,  la clasificación o reclasificación de los grupos de actividades para la negociación tripartita y la consideración de  diversas cuestiones relacionadas las negociaciones a realizarse en los Consejos.

No se trata de un hecho inédito. Los Consejos de Salarios, más allá del cumplimiento  de las competencias asignadas por la mencionada ley,  tienen una rica historia como mecanismo para redistribuir riqueza y recomponer equilibrios sociales.

Claro que esa historia no ha sido fácil  y tuvo prolongadas interrupciones tanto en tiempos de autoritarismo como de democracia. Al respecto conviene recordar que en 1992 el Poder Ejecutivo decidió no convocarlos y  entonces entraron en un letargo de 13 años que culminó cuando, apenas instalado el actual gobierno, se procedió a su convocatoria. La segunda ronda de Consejos de Salarios se realizó en el año 2006.

Los resultados de ambas rondas fueron positivos  en términos de participación (más de 1.500 representantes de trabajadores y empleadores en 20 grupos y más de 200 subgrupos, entre ellos todas las ramas de los trabajadores rurales),  convenios  salariales concretados (aproximadamente 400), y la solidez de los mismos (90% fueron por acuerdo entre trabajadores y empleadores).

También fueron positivos en términos de  recuperación de derechos de los trabajadores con menor conflictividad, sin debilitar la competitividad de las empresas y posibilitando la creación de aproximadamente 170.000 nuevos puestos de trabajo en el trienio 2005 – 2007

No es casual, entonces, que la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de Estados Americanos hayan distinguido a Uruguay por su política de diálogo y tripartismo en material de relaciones laborales.

En todo caso, lo lamentable es que haya quienes se niegan a aceptar  estos hechos porque consideran  que reconocerlos sería beneficiar al gobierno. En su mezquindad  olvidan que los avances en relaciones laborales y  la  negociación salarial  tripartita   no son  mérito exclusivo del gobierno sino que en ellos también tienen responsabilidad los trabajadores y los empleadores.

La ronda de Consejos de Salarios que se inicia ahora es la última del actual período de gobierno. El Poder Ejecutivo la ha convocado y participará en la misma con la misma convicción y actitud que en las dos anteriores. Pero además, con una  especial satisfacción , un  compromiso específico y una aspiración concreta.

La satisfacción especial obedece a que, por primera vez habrá Consejo de Salarios  el servicio doméstico. No es un dato menor si se  tiene en cuenta que según estudios  del INE, en Uruguay, aproximadamente 89.500 mujeres trabajan como empleadas domésticas,  pero apenas la mitad están afiliadas al BPS. Y un tercio de ellas son jefas de hogar.

El compromiso específico radica en  que los trabajadores, y especialmente aquellos cuyos salarios  están más sumergidos,  a final del año 2009 hayan recuperado la totalidad del salario real perdido durante el período 2000-2005.

La aspiración concreta es que  los convenios salariales que se alcancen en esta ronda tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Con ello se evitará  al próximo gobierno la perentoriedad  con que éste tuvo que responder en mayo de 2005   a demandas pendientes desde hacía trece años.

Los gobiernos, cualquiera sea su signo, tienen valores, principios, compromisos programáticos y sustentos sociales  que los identifican.  No son neutrales, pero no pueden ser arbitrarios. El nuestro no oculta sus rasgos pero no es arbitrario, gobierna para el conjunto de la sociedad uruguaya y  tiene confianza en ella así como en la madurez y responsabilidad de los distintos sectores de la misma.

La ronda de negociaciones salariales que se inicia es una buena oportunidad para demostrarlo.

Y para continuar construyendo un Uruguay sobre bases de crecimiento económico y justicia social.