Sobre una decisión de Poder Ejecutivo

En el marco de las atribuciones que le asigna la Constitución de la República, el Poder Legislativo sancionó  el Proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la  Salud Sexual y Reproductiva.  

El Proyecto de Ley sancionado  consta de 22 artículos agrupados en cinco  capítulos referidos, por su orden,  a derechos sexuales y reproductivos, interrupción voluntaria del embarazo, disposiciones generales, modificación del delito de aborto y disposiciones finales. 

También en uso de las atribuciones que le asigna la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo ha objetado parcialmente dicho Proyecto de Ley y lo ha devuelto  para su consideración a la Asamblea General del Poder Legislativo, que deberá rechazar o aceptar las objeciones formuladas. 

No hay en este trámite  nada anormal. Tampoco  hay razones para dramatizar esta situación, a no ser que se tenga una visión devaluada o tremendista  de la democracia  o se pretenda transformarla en un recurso publicitario con objetivos que podrán ser legítimos  pero que hoy resultan extemporáneos. 

Pero más allá del trámite formal están las razones por las cuales el Poder Ejecutivo ha procedido de esta manera. 

La objeción de los capítulos  del Proyecto de Ley referidos a la interrupción voluntaria del embarazo,  disposiciones generales y modificación del delito de aborto  están fundamentadas en razones de orden jurídico,  científico y técnico;  identidad filosófica y principios éticos.   

Mención especial merece el artículo  referido a la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida para la mujer o cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina. El mismo fue objetado por su vinculación formal con otros artículos  del Proyecto, pero en sí mismo es una disposición  compartible sobre la cual es necesario legislar a la brevedad 

Al devolver  este Proyecto de Ley con las objeciones que lo acompañan, reiteramos al  Poder Legislativo nuestra   disposición  para encontrar entre todos la mejor  solución a una temática de especial importancia y sensibilidad para el conjunto de la sociedad uruguaya.  

Porque si los derechos son la ética de la democracia, la vida  de todos es el bien primero por el que deben velar los gobiernos democráticos.