Mensaje del Presidente Vázquez con motivo de la presentación a la Asamblea General del Poder Legislativo del Informe y Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional correspondiente al ejercicio 2008

Montevideo, febrero 17, 2009.-

Señor Presidente:

Cumpliendo lo dispuesto en los arts. 168 y 177 de la Constitución de la República, remito a la Asamblea General del Poder Legislativo el Informe y Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional correspondiente al cuarto período ordinario de la XLVI Legislatura.

El material adjunto da cuenta de la labor del Poder Ejecutivo durante el año 2008. Asimismo, dado que la gestión de gobierno es un proceso que trasciende el calendario y que en nuestra opinión no hay pasado sin futuro ni memoria sin proyectos, dicha documentación refiere sucintamente también a las líneas que pautarán la labor del Gobierno Nacional durante el quinto y último año de su mandato.

No abundan en este mensaje cifras e información estadística sobre la evolución en distintos aspectos de la vida del país. No porque no existan, o no estén actualizadas , sino porque buena parte de dicha información figura en los capítulos siguientes, otra es ya de público conocimiento, y a la totalidad de la misma se puede acceder fácil y gratuitamente a través de los canales correspondientes en cada Ministerio, Ente Autónomo, Servicio Descentralizado o Instituto Estatal.

Corresponde señalar que el conjunto de esa información denota una evolución favorable tanto en los aspectos que hacen a la economía, producción, servicios e infraestructura del país como en las condiciones y calidad de vida de sus habitantes.

Sería erróneo y mezquino sostener que los avances en este proceso evolutivo son mérito exclusivo del actual Gobierno Nacional, pero es igualmente equivocado y avaro ignorar su responsabilidad en el mismo.

En una línea de continuidad con lo expresado el 01.03.2005 al asumir la Presidencia de la República y reiterado desde entonces en diversas oportunidades, el Gobierno Nacional se hace cargo ante la Asamblea General del Poder Legislativo y ante la ciudadanía del país de las decisiones que tomó y las acciones que realizó en el marco de sus competencias.

Las mismas corresponden a las señas de identidad del Gobierno y a los compromisos programáticos asumidos ante la sociedad uruguaya.

Se trata de decisiones y acciones que sin ignorar los buenos deseos o legítimos intereses de cada uruguayo, apuntan a lo que la sociedad necesita y a lo que podemos hacer entre todos.

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Sin perjuicio de lo anterior, y en el marco de las disposiciones constitucionales referidas al Informe y Memoria Anual de Gobierno, estimo pertinente formular brevemente en este Mensaje algunas consideraciones.

A nivel mundial el año 2008 marca el inicio de una crisis financiera de características sin precedentes y cuya duración y consecuencias aún es arriesgado predecir. Entre tanta incertidumbre algunas cosas parecen claras: colapsó el paradigma neoliberal; se agotó el crédito de quienes creyéndose infalibles e inimputables actuaron con arrogancia e irresponsabilidad y terminó el tiempo en que los hogares se comportaban como empresas, las empresas como bancos y los bancos como fondos de riesgo; pero la salida a esta crisis no será inmediata ni fácil y exigirá cambios profundos y prudentes no sólo en la arquitectura y gobernabilidad financiera internacional, sino también -entre otros aspectos- en la política como gobierno del espacio público, el papel del Estado, los factores productivos, la protección social, el uso de los recursos naturales y la gestión del medioambiente.

Uruguay no es ajeno a esta compleja situación, pero no está inerme ni inerte ante la misma.

Según datos disponibles en octubre ppdo, durante el período enero –setiembre/2008 el PBI había crecido 13,2%, la inversión privada en maquinaria y equipos mantenía un fuerte dinamismo, la demanda interna mostraba un sostenido aumento, las exportaciones obtenían records históricos, la recaudación de la DGI denotaba que el comportamiento de los consumidores uruguayos no estaba afectado por los fenómenos externos y no se observaban impactos significativos en el mercado laboral.

Previendo que la crisis financiera global desatada a mediados de setiembre tendría efectos desfavorables en Uruguay durante el último trimestre del año y considerando también el impacto de la creciente sequía sobre la producción, las exportaciones y el consumo interno, en el último trimestre del año el Gobierno Nacional definió e instrumentó un conjunto de medidas destinadas a estimular el sector exportador y las inversiones privadas, facilitar el acceso al crédito, fomentar las pequeñas y medianas empresas, preservar el nivel de ingresos del Estado, reorientar su gasto sin afectar las prioridades definidas, defender el trabajo y los ingresos de la población, frenar el empuje inflacionario y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ello supuso un manejo cuidadoso de los instrumentos de la política económica así como un fuerte compromiso del Estado y de los actores económicos y sociales. La tarea no fue fácil, pero la responsabilidad y el esfuerzo colectivo permitió acotar el impacto de la crisis y cerrar el año con un crecimiento previsto del PBI de 10,6% (estimado en base a datos disponibles en noviembre /2008), una tasa nacional de desempleo de 6,6% (INE, febrero/2009) y una inflación anual estimada en 9.21%.

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Los aspectos económicos y productivos, siendo importantes, no son suficientes para medir el progreso de un país. Este también ha de evaluarse en términos de condiciones y calidad de vida de sus habitantes.

En tal sentido, a pesar de dificultades presentes y de retrasos históricos, según los últimos datos del INE el primer semestre de 2008 registró, por tercer año consecutivo, una reducción de la indigencia y la pobreza que se ubican, respectivamente, en el 1,7% y 21,7% del total de la población.

Al efecto de la actividad económica y el empleo sobre las condiciones y calidad de vida de los uruguayos ha de sumarse la incidencia de los distintos componentes del Plan de Equidad y otros programas : desde la asistencia alimentaria a 171.396 personas en situación de riesgo social y 36.822 en riesgo nutricional a los 1.369.150 afiliados que registraba el FONASA en octubre/2008; pasando por el nuevo sistema de Asignaciones Familiares mediante el cual 330.000 niños y adolescentes reciben ese beneficio; los 67.660 niños y adolescentes atendidos por el Sistema INAU (de los cuales –bueno es recordarlo- sólo 128 están privados de la libertad por la Justicia competente); las casi 8.000 pesquisas y 5.000 operaciones de cataratas en el Hospital de Ojos; los 51 Centros MEC abiertos en el interior del país en el marco de una estrategia de descentralización, democratización y accesibilidad a contenidos educativos y culturales; el Programa de Maestros Comunitarios que atendió a 18.000 escolares de 355 escuelas de contexto crítico (de los cuales el 80% promovió el año); los 66.429 alumnos (1.597 de ellos pertenecientes a escuelas rurales) que tuvieron cobertura odontológica en el Programa de Salud Bucal Escolar; o los 281.000 que participaron en actividades enmarcadas en la Ley 18.213 que establece la obligatoriedad de la enseñanza de Educación Física en todas las escuelas públicas (incluidas las rurales).

También hacen al bienestar de la gente la infraestructura, los servicios y el medioambiente. En esta materia, entre otros avances destacables durante 2008, cabe señalar la continuidad de la política de disminución de las tarifas de transporte de pasajeros (que en algunas categorías ha acumulado un descenso del 50%), la renovación de la flota de autobuses; el desarrollo logístico; las obras de infraestructura en el sistema portuario nacional y la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco; la incorporación gradual de fuentes de energía renovable no convencionales; el inicio de la construcción de la VI Línea de Bombeo de OSE (asegurando así el abastecimiento de agua al Área Metropolitana de Montevideo hasta el año 2035); la reducción, contención o readecuación de tarifas de servicios de agua, luz, telefonía y combustibles; la reglamentación de las Leyes 18.195 (Agrocombustibles) y 18.308 (Ordenamiento Territorial); la creación del Sistema Nacional de Äeas Protegidas; o los 8.171 análisis de 1.274 muestras ambientales realizadas en los laboratorios de la Dirección Nacional de Medioambiente.

Por supuesto que en esta materia aún falta mucho y siempre faltará algo, pero los avances en curso son firmes y auspiciosos.

En ese contexto ha de ubicarse también el Plan Ceibal. Más allá de su objetivo específico ( brindar a los alumnos y maestros de todas las escuelas públicas del país acceso gratuito a computadoras portátiles) y del cumplimiento de sus metas (al cerrar el año 2008 había distribuido 151.918 computadoras y al finalizar el 2009 la totalidad de los 301.143 alumnos y 12.879 maestros de escuelas públicas que registraba Enseñanza Primaria el año pasado, más los que se registren en el presente, habrán recibido la computadora que les corresponde), el Plan Ceibal significa, al tiempo que una profunda innovación educativa, una vigorosa democratización en las posibilidades del conjunto de la sociedad uruguaya para acceder a la información, el conocimiento, la comunicación y la recreación.

En una línea de continuidad con el Plan Ceibal, el Gobierno Nacional ha anunciado el Proyecto Cardales (Convergencia para el Acceso a la Recreación y al Desarrollo de Alternativas Laborales y Emprendimientos Sustentables), cuyo objetivo es universalizar el acceso a Internet, televisión por abonados y telefonía a todos los hogares del país mediante un sistema de servicios convergentes en el que participarán los sectores público y privado. Dicho proyecto está aún en fase preparatoria y comenzará a ejecutarse durante el presente año.

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Otro componente del progreso de un país son los derechos de las personas como ética de la democracia y ésta como norma de convivencia y funcionamiento de la sociedad.

El Poder Ejecutivo cumple sus cometidos y compromisos en lo que refiere a la afirmación de derechos históricos y la promoción de nuevos derechos civiles y sociales. La reciente legislación sobre jornada laboral de los trabajadores rurales, flexibilización de las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio, derecho de las personas a la información pública, derecho a la protección de datos personales y derechos sexuales y reproductivos, dan cuenta de ello ( sin perjuicio de la objeción parcial que en uso de sus potestades el Poder Ejecutivo interpuso al Proyecto de Ley de Derechos Sexuales y Salud Reproductiva originariamente sancionado por el Poder Legislativo)

La convivencia pacífica y la seguridad también son derechos de la gente. Consecuentemente, el Gobierno Nacional comenzó a instrumentar un Esquema Integral de Seguridad Ciudadana para dar respuestas múltiples a un fenómeno complejo. Las líneas rectoras de dicho Plan son:

1. El fortalecimiento de la prevención con una mayor asignación de personal para las comisarías y el patrullaje.

2. La optimización de la gestión policial para lograr mayor eficiencia y eficacia.

3. La modernización y especialización de la gestión de las unidades represivas.

4. Atención a las víctimas del delito.

El Gobierno Nacional no sólo continúa trabajando para revertir las causas de la violencia, la inseguridad y el delito, sino también contra sus manifestaciones concretas y, dentro de éstas, la violencia doméstica, el abuso infantil, la problemática de las drogas y el alcoholismo, el narcotráfico y el lavado de activos.

En referencia al narcotráfico y lavado de dinero, cabe destacar que según datos parciales de la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos al cerrar el año, durante 2008 se realizaron 817 procedimientos en los que se incautaron 818 kgs. de cocaína, 1.058 de marihuana y 95 de pasta base y se detuvo a 2.280 personas, de las cuales 688 fueron procesadas. Varias de las operaciones realizadas desarticularon organizaciones con gran capacidad operativa y permitieron el procesamiento con prisión de narcotraficantes de relevancia nacional e internacional.

En referencia a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante el último período dictatorial que padeció el Uruguay, el Gobierno Nacional trabaja sobre las bases expuestas al iniciar su gestión: memoria, verdad, justicia, reparación y sentido de nación. Lo hace con la misma convicción y perseverancia de entonces o acaso mayor ahora, para que aquel horror que tantos uruguayos conocieron y cuyas consecuencias muchos padecen aún, nunca más ocurra.

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Si la economía y el bienestar de la gente son indicadores del progreso de un país, el andamiaje institucional y el Estado son factores del mismo. Especialmente ahora, que el fetiche del mercado ha quedado desnudo frente a un panorama mundial respecto al cual no puede alegar inocencia ni desconocimiento.

Resulta por lo menos paradójico que quienes hoy reclaman con mayor patetismo la protección del Estado son los mismos que hasta ayer , con arrogancia e irresponsabilidad, lo consideraban una molesta pieza de museo. Pero el Estado tal como lo reclaman tan singulares conversos, ni siquiera podría resolver sus angustias.

La transformación democrática del Estado es una política que el Gobierno Nacional comenzó a instrumentar antes que estallara la crisis financiera global por lo que no es una reacción puntual a sus efectos en Uruguay, pero su avance será también una respuesta a los desafíos que el Estado deberá asumir o reasumir en una realidad global que también involucra a nuestro país.

En tal sentido, durante el 2008 el proceso de transformación democrática del Estado avanzó según cuatro coordenadas estratégicas:

1. La transformación de la Administración Central: fortalecimiento de las capacidades de conducción y gestión del Estado.

2. La construcción de un sistema de evaluación y planificación estratégica que oriente a las políticas públicas y a la asignación del gasto dentro de un marco de responsabilidad fiscal, transparencia y de producción de valor público mensurable y evaluable.

3. Un Estado cercano a la ciudadanía: programas de calidad en los servicios públicos y en la atención a los usuarios, eliminación o simplificación de trámites, ventanilla única para apertura de empresas, descentralización y promoción del desarrollo local

4. Una nueva gestión de recursos humanos del Estado: regularización de situaciones contractuales desnaturalizadas, sistema de gestión humana, creación de cargos de alta conducción.

La Oficina Nacional del Servicio Civil y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de la Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) han desarrollado conjuntamente actividades de capacitación y formación de funcionarios públicos que apuntan a fortalecer la inserción de tecnologías de la información y el gobierno electrónico en los diferentes organismos.

Asimismo, en agosto se aprobó la Agenda Digital Uruguay 2008-2010 oportunamente propuesta por AGESIC según objetivos de acceso, equidad e inclusión; desarrollo productivo; gobierno electrónico; creación de capacidades y conocimiento; e institucionalización y marco normativo.

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La viabilidad de un país no termina en su frontera territorial sino que, por el contrario, depende también de su proyección e inserción más allá de ella. La complejidad del mundo actual, en el que cada día es más difuso el límite entre política exterior e interior, plantea nuevos desafíos y exige nuevas respuestas también en materia de relacionamiento internacional.

No se trata de subastar valores, principios o intereses en nombre del pragmatismo y la modernidad, pero tampoco de creer que la mejor forma de defenderlos es guardarlos en un reliquiario y venerarlos esporádicamente, según convenga.

En el marco de política exterior de Estado sobre bases de regionalismo abierto planteada desde el inicio de su gestión, durante 2008 el Gobierno Nacional mantuvo una presencia activa tanto a nivel bilateral como en los ámbitos de integración regional, las relaciones entre bloques regionales y los organismos multilaterales. En ocasión de Visitas de Estado y Misiones de Negocios, las delegaciones oficiales incluyeron gobernantes departamentales, representantes de gremiales empresariales y empresarios, y dirigentes del movimiento sindical. Ello es reflejo de una realidad que tal vez es poco redituable en términos noticiosos, pero que ha sido fundamental para que Uruguay sea hoy un actor respetuoso, confiable y calificado en el concierto internacional.

En lo que refiere al diferendo existente con la República Argentina en torno al emplazamiento de una planta productora de pasta de celulosa en las cercanías de Fray Bentos, el Gobierno Nacional realizó las gestiones y atendió las instancias pertinentes ante la Corte Internacional de Justicia, donde el mismo está radicado.

Tras la presentación de la réplica argentina (enero/2008) y la dúplica uruguaya (julio/2008), la Corte fijó las próximas audiencias orales para el mes de setiembre del corriente año.

Una sociedad está enferma cuando cree que la historia está completa; cuando cree que nada más se puede hacer o que, aunque se pueda, no vale la pena hacerlo; cuando se resigna a los problemas, o cuando dramatiza las diferencias inherentes a su formación plural y funcionamiento democrático.

No es el caso de nuestra sociedad, que desea generar más riqueza y distribuirla más equitativamente de forma tal que en la senda de la dignidad y el progreso ningún uruguayo quede atrás.

Se trata de una realidad auspiciosa y de una posibilidad desafiante ante las cuales, al presentar este Informe y Memoria Anual de Gobierno, el Poder Ejecutivo asume la responsabilidad de lo realizado durante el ejercicio 2008 y compromete la continuidad y profundización de las políticas que pautan su gestión según los compromisos programáticos al inicio de la misma así como la instrumentación de respuestas a nuevas situaciones (no todas previsibles) planteadas desde entonces.

Así por ejemplo, y sin que ello suponga un listado cerrado y taxativo, continuaremos trabajando en la consistencia y confiabilidad de la política económica, en el mantenimiento de un clima favorable a las inversiones; en el estímulo a la producción; en la infraestructura y los servicios para un país productivo e innovador; en el empleo genuino y en las relaciones laborales equilibradas; en la construcción de un sistema de protección social sustentable, eficiente y que reduzca los riesgos y potencie las posibilidades de todos los uruguayos; en la educación como bien público y derecho de las personas; en la cultura como identidad nacional; en la expansión y profundización de los derechos en tanto instrumentos que promueven la dignidad humana; en la transformación democrática del Estado; en los marcos adecuados para el mejor funcionamiento del mercado; en nuestra integración como proyecto nacional pero también en la integración del Uruguay a su región y al mundo.

Los doce meses que restan a esta gestión de gobierno no serán obstáculo para abordar otras temáticas e iniciativas tales como la adecuación de nuestra matriz productiva ante fenómenos globales como el cambio climático y la crisis financiera, el uso de energía nuclear, el mencionado Proyecto Cardales, la superación de la brecha digital, etc.

Doce meses es un período breve, pero no por ello hay que desperdiciarlo.

Convencido de que los países se construyen todos los días y entre los ciudadanos, las variadas expresiones de la sociedad, el sistema político, los Poderes del Estado y las instancias de gobiernos departamentales y nacional, el Gobierno Nacional que presido cumplirá cabalmente las responsabilidades y competencias que la Constitución de la República le asigna y el mandato que la ciudadanía le confió.

Tal será nuestra tarea hasta el 01 de marzo de 2010.

Sin otro particular, saluda cordialmente a usted y a la Asamblea General del Poder Legislativo,

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