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27/12/02 PROMULGACIÓN
DE LA LEY N° 17.613 SOBRE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SECCION
I NORMAS
SOBRE INTERMEDIACION FINANCIERA Capítulo
I Normas
de fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero
Con
la finalidad de consolidar la supervisión atendiendo al grupo económico
del cual forme parte la entidad controlada, el Banco Central del Uruguay a
través de sus dependencias especializadas podrá ejercer las potestades
previstas en el literal b) del artículo 14 y en el inciso cuarto del
artículo 15 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la
redacción dada por el artículo 3° de la Ley N° 16.327, de 11 de
noviembre de 1992, y en su caso en el literal G) del artículo 7° de la
Ley N° 16.426, de 14 de octubre de 1993, y en el literal G) del artículo
39 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, respecto a todas las
empresas integrantes del grupo, cualquiera sea su giro.
Las
empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas
actividades, a las mismas normas que las rigen cuando son cumplidas por
las entidades controladas por el Banco Central del Uruguay, exceptuando
las de carácter sancionatorio.
La
existencia de la denuncia y la identidad del denunciante están
comprendidas en el deber de secreto (artículos 22 y 23 de la Ley N°
16.696, de 30 de marzo de 1995).
"El
Directorio podrá avocar en cualquier momento el ejercicio de las
potestades previstas en los literales A) y F)". La
remisión a ese inciso contenida en el artículo 41 de la misma ley se
entenderá referida a la redacción que se le atribuye por este artículo.
"ARTICULO
16.- Con respecto a las empresas e instituciones comprendidas en los
artículos 1° y 2° de esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá: a.
establecer un encaje mínimo obligatorio sobre los depósitos. El
encaje sólo podrá estar constituido por la tenencia efectiva de billetes
y monedas en circulación, por depósitos en el Banco Central del Uruguay,
por la tenencia de metales preciosos y por otros activos líquidos que
autorice el Banco Central del Uruguay; b.
reglamentar las modalidades de captación de recursos; c.
dictar normas generales e instrucciones particulares tendientes a
mantener la liquidez y la solvencia de las empresas y limitar los riesgos
que pudieran asumir fijándoles los topes que estime necesarios; a
exigirles planes de adecuación, de saneamiento o de recomposición
patrimonial, o adecuación de su monto; a requerirles reestructuras de su
organización, y desplazamientos o sustituciones de su personal superior. El
Banco Central del Uruguay podrá requerir de las empresas comprendidas en
el artículo 1° de esta ley modificaciones en la estructura y
composición del capital accionario, si los propietarios de las acciones
correspondientes hubieran sido sancionados de conformidad con el artículo
23 del decreto-ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus
modificativas. La
resolución del Banco Central del Uruguay que imponga la adopción de las
modificaciones referidas se adoptará otorgando previamente a los
accionistas afectados adecuada oportunidad de presentar sus descargos y
articular su defensa, y deberá fijar un plazo prudencial para la
realización de los procedimientos societarios que puedan corresponder
para su cumplimiento. El
quorum de presencia y la mayoría de votos necesarios para que los
órganos sociales adopten las decisiones requeridas conforme a lo previsto
en el inciso precedente se computarán prescindiendo de los accionistas y
de sus acciones alcanzados por las resoluciones del Banco Central del
Uruguay a que ese inciso se refiere. Las decisiones sociales consiguientes
necesarias para cumplir la resolución del Banco Central del Uruguay, no
generarán derechos de preferencia o de acrecer (Ley N° 16.060, de 4 de
setiembre de 1989, arts. 326 a 330) ni tampoco derecho de receso (Ley N°
16.060, citada, arts. 108, 109, 129, 130, 139, 166, 284, 319, 330 y 362 a
364 y concordantes), en beneficio del o de los accionistas alcanzados por
las antedichas resoluciones del Banco Central del Uruguay. Si
no se diera cumplimiento a las modificaciones en la estructura y
composición del capital accionario requeridas en el plazo prudencial que
hubiera fijado, el Banco Central del Uruguay podrá anular los derechos de
los accionistas alcanzados por el requerimiento (Ley N° 16.060, de 4 de
setiembre de 1989, artículo 319)".
"El
Banco Central del Uruguay pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo las
infracciones a las leyes y decretos que rijan la intermediación
financiera o a las normas generales e instrucciones particulares que
hubiera dictado, cometidas por instituciones estatales, así como las
resoluciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso
siguiente, a fin de que considere la adopción de rectificaciones sobre la
gestión o los actos de la institución infractora, o de correctivos sobre
los miembros de su Directorio, de conformidad con el artículo 197 de la
Constitución de la República. Las
instituciones infractoras serán pasibles de las medidas previstas en los
numerales 1), 2) y 3) del inciso primero de este artículo". Las
remisiones de la legislación vigente al artículo 20 del decreto-ley N°
15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo
2° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, se entenderán
referidas a la redacción que se le atribuye por este artículo.
"ARTICULO
23.- Los representantes, directores, gerentes, administradores,
mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación
financiera comprendidas en la presente ley, que actúen con negligencia en
el desempeño de sus cargos, o aprueben o realicen actos o incurran en
omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de las sanciones
previstas en los numerales 3°) a 7°) del artículo 20 de la presente
ley, podrán ser pasibles de multas entre UR 100 (cien Unidades
Reajustables) y UR 10.000 (diez mil Unidades Reajustables) o inhabilitados
para ejercer dichos cargos hasta por diez años, por el Banco Central del
Uruguay".
"ARTICULO
43.- Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de
intermediación financiera deberán consagrar preceptivamente en sus
estatutos que sus acciones serán necesariamente nominativas y sólo
transmisibles previa autorización del Banco Central del Uruguay". "ARTICULO
45.- El Banco Central del Uruguay llevará un registro público de los
accionistas de las sociedades anónimas a que se refiere el artículo 43. Las
sociedades anónimas de intermediación financiera deberán declarar ante
el Banco Central del Uruguay quiénes son sus accionistas, para su
inscripción en el registro respectivo. Si los accionistas son a su vez
sociedades por acciones, deberá establecerse en la declaración la
identidad de los accionistas de esta sociedad; si la situación se
reiterara, se ampliará la declaración hasta llegar al sujeto de derecho
que, a juicio del Banco Central del Uruguay, ejerce el efectivo control de
la sociedad que cumple sus actividades en el país. Los
representantes de las entidades financieras constituidas en el exterior,
sean o no sociedades anónimas, deberán registrarse ante el Banco Central
del Uruguay, en las condiciones que establezca la reglamentación". "ARTICULO
46.- Toda emisión o transferencia de acciones de una sociedad anónima
que desarrolle actividad de intermediación financiera deberá ser
previamente autorizada por el Banco Central del Uruguay, que tendrá en
cuenta al resolver razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia.
La solicitud de autorización deberá precisar la identidad del o los
adquirentes. La
emisión o trasferencia realizada en violación de lo dispuesto en este
artículo será nula".
La
justa y previa compensación prevista en el artículo 32 de la
Constitución de la República surgirá de la determinación del valor
patrimonial de la empresa que realice el Banco Central del Uruguay. La
resolución de designación establecerá el monto resultante de dicha
determinación, o en su caso, hará constar el valor patrimonial negativo
de la empresa. El
importe respectivo, cuando corresponda, será consignado de inmediato por
el Poder Ejecutivo en una cuenta especial en el Banco de la República
Oriental del Uruguay, a la orden del expropiado o a la orden del Juzgado
competente si se propusiera impugnar el monto de la compensación conforme
a lo previsto en el artículo siguiente. La
consignación de la compensación, o en su caso la determinación del
valor patrimonial negativo de la empresa, producirán de pleno derecho la
transferencia en favor del Estado de las acciones alcanzadas por la
designación decretada por el Poder Ejecutivo, que se inscribirá en el
Registro respectivo. El recurso administrativo y la acción de nulidad que
pudieran interponerse contra el decreto de designación del Poder
Ejecutivo, o la acción de determinación del monto de la compensación
prevista en el artículo siguiente, no suspenderán esa transferencia.
Si
el proceso fuera promovido por el Poder Ejecutivo, el Juzgado librará
orden de pago en favor del expropiado hasta concurrencia del importe
contenido en la demanda contra los fondos consignados, y podrá hacerlo
hasta el total consignado si el expropiado garantizara satisfactoriamente
la devolución del exceso que pudiera resultar. La
acción prevista en este artículo deberá promoverse dentro de los
sesenta días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de
designación. Vencido ese plazo, se entenderá aceptado ese monto como
justa compensación.
Las
acciones con interés a que refiere el inciso anterior serán nominativas,
no originarán a sus tenedores derechos sociales (voz y voto en asambleas
generales, derecho a elegir y ser elegido como dirigente), no podrán
emitirse por un importe mayor al 50% (cincuenta por ciento) del capital
social resultante al cierre del ejercicio anterior al de la emisión y
podrán ser rescatadas en cualquier momento por la cooperativa emisora. La
Asamblea General determinará las condiciones de cada emisión, el plazo
de su inscripción y el tipo de interés de las acciones correspondientes
a la misma. Las
acciones deberán contener: a.
la expresión "acción con interés"; b.
denominación y domicilio de la cooperativa y los datos de su
inscripción en el Registro Público de Comercio; c.
capital social; d.
valor nominal de la acción; e.
fecha de creación; f.
el nombre del tenedor de la acción; g.
el lugar y fecha de pago de los intereses, si no fuera el mismo que
el domicilio; h.
el monto y la moneda de cada acción; i.
el interés y la forma de reajuste o actualización del capital, si
correspondiere; j.
la firma del representante legal de la cooperativa.
Potestades
del Banco Central del Uruguay como liquidador de sociedades de
intermediación financiera
"ARTICULO
41.- El Banco Central del Uruguay será liquidador, en sede
administrativa, de las empresas integrantes del sistema de intermediación
financiera y de sus respectivas colaterales. A tales efectos, determinará
las empresas que se consideran colaterales. El
Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades como liquidador de
entidades de intermediación financiera con la finalidad primordial de
proteger el ahorro por razones de interés general".
Compete
al Banco Central del Uruguay, como liquidador, la verificación de
créditos, la definición de masa solvente e insolvente, la conversión de
obligaciones en moneda nacional o extranjera o en unidades reajustables u
otros procedimientos de actualización monetaria, la determinación del
orden de preferencia en los pagos, el prorrateo de los fondos y demás
competencias que sean necesarias para el logro de sus fines. Los
actos del Banco Central del Uruguay previstos en el inciso precedente y
sus antecedentes se pondrán de manifiesto por el término de diez días
hábiles, lo que se hará saber por edictos publicados en el Diario
Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Vencido el término de
diez días, se considerarán notificados a todos los interesados, a los
efectos del inciso primero del artículo 317 de la Constitución de la
República. Dentro del término de diez días previsto en la disposición
constitucional recién citada, deberá deducirse cualquier reclamación
contra esos actos, incluso las que deriven de la invocación de nulidad o
anulabilidad de actos anteriores de la sociedad en liquidación.
En
su carácter de liquidador, el Banco Central del Uruguay tendrá las
facultades necesarias para la mejor gestión y recuperación de los
créditos contra terceros, incluyendo la de efectuar quitas y esperas,
renovar créditos y celebrar acuerdos de pago referidos a los créditos, y
mantener operativas las carteras de tarjetas de crédito y similares
según la reglamentación que establecerá el propio Banco Central del
Uruguay; debiendo adoptar la solución que en cada caso posibilite la
mejor recuperación en beneficio de la masa en atención a las
circunstancias. Las
resoluciones consentidas o definitivas del Banco Central del Uruguay
dictadas en su calidad de liquidador por las cuales se liquiden créditos
de las empresas en liquidación contra terceros, constituirán título
ejecutivo.
Los
fondos de recuperación de patrimonios bancarios estarán constituidos por
el aporte de créditos contra la sociedad en liquidación, invertidos en
los créditos de la misma sociedad contra terceros; no regirán a estos
efectos los requisitos de homogeneidad o analogía ni de garantía
contenidos en el inciso primero del artículo 30 de la Ley N° 16.774, de
27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 1°
de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999. Los créditos
contra la sociedad se transformarán en aportes al fondo por su importe
calculado con valor a la fecha de constitución del fondo de acuerdo a lo
pactado originariamente con la sociedad de intermediación, o en su caso
de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la presente ley, y
sus titulares serán cuotapartistas del patrimonio de afectación a
prorrata de ese monto. Podrán emitirse cuotapartes de condominio, de
crédito o mixtas, según se establezca en el reglamento respectivo. Los
deudores de la sociedad de intermediación financiera pasarán a serlo del
patrimonio de afectación en las condiciones pactadas con la entidad en
liquidación. Los
reglamentos de los fondos de recuperación de patrimonios bancarios
podrán establecer los tipos de medios de pago o valores que los
cuotapartistas recibirán en virtud de sus cuotas. El
Banco Central del Uruguay publicará la constitución del fondo de
recuperación en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación
nacional. Con esa publicación, se entenderán transferidos al fondo de
pleno derecho, en la fecha de la última publicación, todos los derechos
y obligaciones, sus títulos y garantías, que ya sea como aportes al
fondo de recuperación o como el objeto de su inversión, resultaren de su
constitución, transferencia que se hará constar expresamente en todas
las publicaciones; y desde ese momento, todas las referencias documentales
y registrales relativas a los derechos y obligaciones transferidos al
fondo de recuperación se entenderán hechas a éste. La
denominación del fondo de recuperación permitirá identificar su origen
en las operaciones de la institución intermediaria de la cual procede. Los
patrimonios de los fondos de recuperación de patrimonios bancarios no
responderán por las deudas de los cuotapartistas, de las sociedades
administradoras o depositarias, ni por las demás deudas de la sociedad de
intermediación financiera en liquidación.
Al
encomendarle la administración, el Banco Central del Uruguay determinará
las facultades de que el administrador del fondo estará investido para la
mejor gestión y recuperación de los créditos contra terceros, pudiendo
incluir la de efectuar quitas y esperas, renovar créditos y celebrar
acuerdos de pago referidos a los créditos, y vender como universalidades
o formando parte de ellas activos o pasivos comprendidos en el fondo que a
tal efecto determine; debiendo adoptar la solución que en cada caso
posibilite la mejor recuperación en beneficio del fondo en atención a
las circunstancias del caso. La
responsabilidad de los administradores de fondos de recuperación de
patrimonios bancarios se regirá, según corresponda, por los artículos
24 y 25 de la Constitución de la República, o por lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996.
Si
activos o pasivos comprendidos en la o las cuotas vendidas se hubieran
incluido en un fondo de recuperación de patrimonios bancarios de los
previstos en el artículo 16 de la presente ley, el Banco Central
del Uruguay, como liquidador, o en su caso el administrador del fondo
conforme al inciso segundo del artículo anterior, podrá proceder a
desglosarlos del mismo y transferirlos al comprador en la forma que
corresponda conforme a derecho, siempre que se mantenga razonablemente la
proporción entre aportes y activos del fondo existente al momento de su
constitución, ya sea volcando el precio percibido en el fondo de
recuperación que esos activos y pasivos integraban, o mediante otra
compensación, todo ello apreciado conforme a las reglas de
contabilización y valoración de activos y pasivos de las entidades de
intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y, en su defecto,
las demás generalmente admitidas. A
los efectos del inciso anterior, no regirá para la sociedad
administradora del fondo de recuperación de patrimonios bancarios o de
activos incluidos en él, la prohibición del inciso primero del artículo
12 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996.
Las
propuestas sólo podrán ser presentadas a los acreedores afectados cuando
cuenten con la opinión favorable de la Superintendencia de Instituciones
de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, fundada en la
viabilidad actual y futura de la entidad destinataria. El
Banco Central del Uruguay, en su calidad de liquidador, convocará a
adherir al acuerdo colectivo a los acreedores a los que se refiere la
propuesta, mediante publicaciones en el Diario Oficial y en dos diarios de
circulación nacional por lo menos, determinando la forma y el plazo en
que los acreedores podrán formular su consentimiento. Los
acuerdos colectivos serán obligatorios para todos los acreedores a los
que se refieren, adherentes o no, cuando hubieran adherido a ellos
acreedores alcanzados que representen el 66% (sesenta y seis por ciento)
del total de los pasivos afectados por el acuerdo. En el caso de las
obligaciones negociables se requerirá el consentimiento de tenedores que
representen la mayoría del capital circulante. Se excluirá de la
obligatoriedad general de los acuerdos colectivos, en cuanto contengan
capitalización de sus créditos, a los acreedores a los que esté legal o
reglamentariamente prohibido invertir en acciones de instituciones de
intermediación financiera.
No
se entenderá por sí misma lesiva de la igualdad la determinación de
categorías de acreedores para incluirlas o no en fondos de recuperación
de patrimonio bancarios, en el alcance de acuerdos colectivos conforme al
artículo 19 de la presente ley, o en universalidades transferidas a
terceros, en tanto exista razonable equivalencia entre activos y pasivos
transferidos o la diferencia se compense con el precio incorporado a la
masa o mediante otra compensación, todo ello apreciado conforme a las
reglas de contabilización y valoración de activos y pasivos de las
entidades de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y,
en su defecto, las demás generalmente admitidas.
Normas
sobre liquidación de instituciones de intermediación financiera cuyas
actividades están suspendidas a la fecha de promulgación
de la presente ley
En
cumplimiento de lo expresado en el inciso anterior, se pretende rescatar
el mayor valor de los activos pertenecientes a las instituciones de
intermediación financiera suspendidas, mediante los mecanismos que
surgirán de la aplicación de la presente normativa a efectos de defender
los derechos de los acreedores. El
Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades como liquidador de las
entidades de intermediación financiera comprendidas en el presente
Capítulo, con la finalidad de proteger los derechos de los depositantes
de esas entidades, custodiando el ahorro por razones de interés general. El
Estado no realizará aporte de recursos adicionales en ninguna de estas
situaciones.
La
resolución del Banco Central del Uruguay disponiendo la disolución y
liquidación de una entidad bancaria de las aludidas en el inciso primero,
importará por sí, de pleno derecho, la constitución de un fondo de
recuperación del respectivo patrimonio bancario regido por lo dispuesto
en los artículos 16 y 17 de la presente ley. Por consiguiente, también
de pleno derecho, la resolución disponiendo la disolución y liquidación
operará la transferencia al fondo, en esa fecha, de todos los derechos y
obligaciones, sus títulos y garantías, incluso activos líquidos, que ya
sea como aportes al fondo de recuperación o como el objeto de su
inversión, resultaren de su constitución, todo según el estado de
situación de la sociedad a la fecha de la suspensión de sus actividades,
con los ajustes posteriores que correspondan según los determinará el
Banco Central del Uruguay como liquidador. En la misma resolución del
Banco Central del Uruguay disponiendo la disolución y liquidación de la
sociedad se aprobará el reglamento del fondo de recuperación del
patrimonio bancario, que preverá la existencia de una cuotaparte
adicional del pasivo incorporado destinada a contingencias futuras, que
quedará a disposición del liquidador.
La
enajenación se realizará en cada caso como universalidad, por el
procedimiento competitivo que determine el Banco Central del Uruguay por
razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de
los interesados y publicidad. Se adjudicará al oferente que proponga la
mejor contraprestación, sobre la base de las dos terceras partes de su
valor conforme a las reglas de contabilización y valoración de activos
de las entidades de intermediación financiera del Banco Central del
Uruguay y, en su defecto, las demás generalmente admitidas, según el
estado de situación de la sociedad a la fecha de la suspensión de sus
actividades, con los ajustes posteriores que correspondan según los
determinará el Banco Central del Uruguay como liquidador. Será
aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 18, 38 y 39 de
esta ley.
La
Corporación Nacional para el Desarrollo cancelará los préstamos que le
otorgó el Poder Ejecutivo y que aquélla destinó al Banco Comercial, al
Banco de Montevideo y al Banco La Caja Obrera (Resoluciones del Poder
Ejecutivo de fechas 14 de mayo, 24 de junio y 4 de julio de 2002),
mediante la cesión al Estado de sus derechos contra esos Bancos y las
garantías correspondientes.
Se
priorizará a los depositantes del sector no financiero titulares de
cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo, para
complementar con los recursos referidos en el inciso anterior, por los
primeros U$S 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América)
o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, considerando, a tales
efectos, el conjunto de sus créditos de los que es titular en las tres
sociedades que se liquidan. El
Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador, queda facultado
para aplicar los beneficios que puedan resultar de la aplicación de este
artículo en favor de un depositante, en primer término a amortizar o
cancelar las deudas en mora de ese depositante con cualquiera de las
sociedades a que se aplica el presente Capítulo. Quedarán
excluidos de los beneficios de este artículo los depósitos de personas o
de empresas vinculadas a los accionistas o directivos de cualquiera de las
tres sociedades que se liquidan.
La
declaración unilateral de conversión de los adelantos a los ahorristas
en pagos con subrogación, importarán la subrogación de pleno derecho a
favor del Banco Central del Uruguay en los derechos del acreedor. Los
recursos que se recuperen en virtud de esa subrogación retornarán al
Banco Central del Uruguay, con destino a la subcuenta especial a que se
refiere el inciso segundo in fine del artículo 9º de la Ley Nº 17.523
citada.
La
Comisión auditora estará facultada para solicitar al Banco Central del
Uruguay y a los administradores actuantes todas las informaciones que
entienda necesarias para cumplir su cometido, y a dirigir al Banco Central
del Uruguay todas las observaciones que las gestiones y operaciones
auditadas puedan merecerle. La
Comisión auditora como tal y todos sus integrantes quedarán comprendidos
en el deber de secreto establecido por el artículo 23 de la Ley N°
16.696, de 30 de marzo de 1995. Queda excluida de ese deber la
comunicación que la Comisión resuelva realizar al Poder Ejecutivo, de
las observaciones que haya formulado al Banco Central del Uruguay de
conformidad con el inciso precedente, a los efectos del artículo 197 de
la Constitución de la República.
A
dichos efectos y por acto fundado, el Banco Central del Uruguay
conformará una Comisión que se expedirá en un plazo máximo prorrogable
de 60 (sesenta) días.
Reestructuración
del sistema de intermediación financiera
Cométese
al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con
facultad de encomendar a la Superintendencia de Protección del Ahorro
Público, la tenencia, custodia y gestión de las acciones de la referida
sociedad. La
resolución que disponga constituir la sociedad del inciso primero deberá
tener el contenido y producirá los efectos previstos en los artículos
250 y 251 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989. Se deberá
cumplir con las formalidades de inscripción y publicaciones que ordena
dicha ley, pudiendo funcionar a partir de la primera publicación.
La
reglamentación del Banco Central del Uruguay podrá prever que una o
ambas categorías de acciones nominativas sin derecho a voto, cuando sean
endosables, se emitan y se trasmitan sin autorización previa; en este
caso, para el ejercicio de sus derechos, salvo el cobro de dividendos, el
endosatario solicitará su inscripción en el registro previsto en el
artículo 45 del decreto-ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982,
incorporado por el articulo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre
de 1992, y en la redacción dada por el artículo 8° de la
presente ley, inscripción que el Banco Central del Uruguay sólo podrá
denegar cuando el solicitante no cumpla los requisitos mínimos de
rectitud y aptitud que establecerá la reglamentación. La reglamentación
también podrá prever que una o ambas categorías de acciones sin derecho
a voto se emitan al portador y que se ofrezcan públicamente.
El
Banco Central del Uruguay adelantará al Estado los fondos necesarios para
el cumplimiento de lo previsto en el inciso primero, con cargo a los
recursos en efectivo o en valores que correspondan al Estado, en su
calidad de acreedor de las entidades a que refiere el artículo 24 de la
presente ley, como resultado de los procedimientos previstos en el
Capítulo III de la Sección I.
Dichos
acuerdos, cuando se celebren con la adhesión de más de la mitad de los
titulares de depósitos y por un monto también superior a la mitad de la
totalidad del importe contabilizado en cada una de las instituciones en el
rubro indicado, serán obligatorios para la totalidad de los titulares de
los depósitos referidos. El
Banco Central del Uruguay podrá prestar su aprobación a propuestas de
acuerdos colectivos y adhesiones a los mismos anteriores a la vigencia de
la presente ley, si contaran con la opinión favorable de la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.
Facúltase
al Estado y al Banco Central del Uruguay a aceptar en pago de sus
créditos contra el Banco de Crédito por cualquier concepto, Bonos del
Tesoro u otros valores públicos por su valor nominal, o la cesión de
créditos del Banco de Crédito contra terceros.
Disposiciones
Generales
Por
consiguiente, los bienes incluidos en la universalidad no responderán por
obligaciones no comprendidas en su delimitación. No se adoptarán medidas
cautelares, provisionales, anticipadas ni de ejecución en protección o
para la satisfacción de derechos ajenos a la universalidad trasmitida.
Las
transferencias de dominio de bienes o de otros derechos como consecuencia
de la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley
estarán exentas de toda clase de tributos, aun los establecidos por leyes
especiales.
a.
que los artículos 252 y 409 de la Ley N° 16.060, de 4 de
setiembre de 1989, sólo son aplicables a las sociedades cuya actividad
está regulada por el decreto-ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982,
y modificativas, en lo atinente al control de legalidad de las cláusulas
estatutarias propuestas en los actos jurídicos referidos en dichas
normas; b.
que no son aplicables a los negocios celebrados al amparo de la
presente ley que impliquen transferencia de bienes, derechos u
obligaciones a titulo universal, las disposiciones de la Sección XII
"De la fusión y de la escisión" del Capítulo I de la Ley N°
16.060, de 4 de setiembre de 1989. ARTICULO
41.-
Interprétanse los artículos 12 a 23, 25 y 28 a 30 de la Ley N° 17.292,
de 25 de enero de 2001, declarándose: a.
que salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, sus disposiciones
no son aplicables a las liquidaciones de empresas integrantes del sistema
de intermediación financiera y sus colaterales, que se rigen por las
disposiciones del Capítulo II y en su caso del Capítulo III de la
Sección I de la presente ley, y se declararán y tramitarán
exclusivamente en sede administrativa, bajo el contralor jurisdiccional
previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes
(artículos 309 y siguientes de la Constitución de la República, y leyes
reglamentarias); b.
que los Juzgados Letrados de Concursos son competentes para
entender en todos los procesos pendientes o que se inicien en que la
sociedad de intermediación financiera en liquidación sea demandada, y en
las acciones sociales de responsabilidad y reivindicatorias a que se
refiere el artículo 13 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, en
lo pertinente. SECCION
II PROTECCION
DEL AHORRO BANCARIO Capítulo
I Superintendencia
de Protección del Ahorro Bancario
1.
Requerir a los intermediarios financieros, directamente o a través
de la Superintendencia de las Instituciones de Intermediación Financiera
del Banco Central del Uruguay, toda la información que juzgue necesaria
para cumplir sus cometidos, con la periodicidad y bajo la forma que juzgue
necesaria. 2.
Administrar el Fondo de Garantía de Depósitos constituido de
conformidad con el Capítulo II de la presente Sección. 3.
Reglamentar los términos y condiciones en que se hará efectiva la
garantía de reintegro de los depósitos en situaciones de crisis de
instituciones de intermediación financiera depositarias. 4.
Reintegrar los depósitos garantizados. 5.
Ejercer la facultad de disposición sobre las acciones de las
sociedades de intermediación financiera que hubieran incumplido los
planes de saneamiento o de recomposición patrimonial exigidos por o
presentados al Banco Central del Uruguay. La enajenación se realizará
mediante el procedimiento competitivo que determine la Superintendencia
por razones de buena administración, respetando los principios de
igualdad de los interesados y publicidad. 6.
Proponer al Banco Central del Uruguay el dictado de los
reglamentos, resoluciones, instrucciones particulares, normas de
prudencia, sanciones o cualquier otra medida de su competencia que estime
conveniente para el logro de las finalidades que son comunes a ambas
instituciones públicas. Capítulo
II Fondo
de Garantía de Depósitos Bancarios
El
patrimonio del Fondo no responde por las deudas del Banco Central del
Uruguay ni de los aportantes y es inembargable. Los
acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra los
aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones.
1)
El aporte que realizarán los Bancos y cooperativas de intermediación
financiera de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, cuyo
pago en una sola partida o en varias periódicas determinará el
Directorio. 2)
Los frutos y reintegros de las colocaciones que realice la
Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario en el cumplimiento de
sus cometidos legales. 3)
El producido de los préstamos o empréstitos que para el cumplimiento de
sus cometidos celebre la Superintendencia con recursos del Fondo o para
obtenerlos, con entidades financieras nacionales, extranjeras o
internacionales. 4)
Las utilidades líquidas de la Superintendencia de Protección del Ahorro
Bancario en cada ejercicio anual.
El
Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Superintendencia de Protección
del Ahorro Bancario, fijará el máximo de reserva en cada moneda con que
estará formado el Fondo de Garantía. Los aportes en las respectivas
monedas se suspenderán cuando el Fondo de Garantía alcance el máximo
establecido para cada una, y se reanudarán cuando caigan por debajo del
máximo. Si
se requirieran erogaciones del Fondo que por su importancia lo
justifiquen, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario podrá
exigir a las instituciones aportantes el adelanto de la integración de
sus aportes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Los
montos máximos sólo se modificarán cuando ocurran cambios de
importancia en las variables económicas que se consideren relevantes a
tales efectos, para nuevas situaciones de crisis que ocurran en el futuro
y a propuesta fundada de la Superintendencia de Protección del Ahorro
Bancario.
La
recepción por los acreedores de las sumas desembolsadas con los recursos
del Fondo de Garantía de Depósitos, importa la subrogación de pleno
derecho a favor de ese Fondo en los derechos del acreedor. Los recursos
que se recuperen en virtud de esa subrogación retornarán al Fondo.
SUBSIDIO
POR DESEMPLEO
En
ningún caso la prestación podrá superar el equivalente a veinte
salarios mínimos nacionales mensuales.
Sin
perjuicio de la exigencia precedente, se requerirá para los remunerados
por día o por hora haber computado ciento cincuenta jornales de
aportación efectiva; para los trabajadores con remuneración variable, se
exigirá haber percibido un mínimo de seis salarios mínimos nacionales
mensuales en el período comprendido, y por los cuales se haya efectuado
la aportación correspondiente.
a.
La cuota parte de lo recaudado mensualmente por la Caja de
Jubilaciones y Pensiones Bancarias por concepto del tributo referido en el
artículo 57 de la presente ley, hasta la suma necesaria para financiar
exclusivamente el monto del subsidio por desempleo correspondiente a cada
empleado subsidiado, por un período de hasta los seis primeros meses del
subsidio y la o las eventuales prórrogas por un período total de doce
meses más, con un máximo en cada caso equivalente a ocho salarios
mínimos nacionales. Los trabajadores amparados por lo dispuesto en el
presente literal a) serán los referidos en el literal b) siguiente. b.
Un aporte personal máximo mensual de los afiliados activos a la
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias del 2,5%(dos con cinco por
ciento) de las asignaciones computables, y de sus afiliados pasivos del
2,5% (dos con cinco por ciento) del monto de las pasividades, destinado a
financiar exclusivamente las prestaciones correspondientes a los
trabajadores en situación de desocupación forzosa de instituciones de
intermediación financiera autorizadas para operar en el país que hayan
sido suspendidas por el Banco Central del Uruguay durante el año 2002, en
el monto de las mismas no cubierto por la financiación referida en el
literal a) precedente. La Caja reducirá las tasas de aportación
referidas en el presente literal, cuando las proyecciones financieras que
deberá realizar, determinen la posibilidad cierta de dicha reducción. c.
Un aporte mensual equivalente al 100% (cien por ciento) del monto
de la prestación mensual del subsidio por desempleo correspondiente a
cada empleado despedido o en situación de suspensión de actividad de las
empresas empleadoras no comprendidas en el literal b) precedente. El
contribuyente será la respectiva empresa empleadora, y estará destinado
a financiar la prestación y por el término de la misma, incluyendo la o
las prórrogas concedidas. La parte del Fondo financiada con el aporte
referido en este literal se administrará en forma separada del resto y se
recaudará y servirá en forma nominada. La
suma a pagar por la empresa se determinará en base a un término máximo
de la prestación de dieciocho meses y un importe no superior al referido
en el inciso segundo del artículo 51 de la presente ley, estando sujeta a
devolución la suma eventualmente abonada en exceso. En
caso de cese total de actividades de una empresa afiliada a la Caja no
comprendida en el literal b) precedente, y cualquiera sea su causa, razón
o motivo, deberá pagar en una sola vez la suma equivalente a la totalidad
de las prestaciones a abonar por la Caja.
Los
testimonios de las Resoluciones firmes del Consejo Honorario de la Caja,
asentadas en actas y relativas a deudas por los aportes establecidos en el
artículo anterior, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan
con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario. En
ningún caso podrán transferirse recursos para financiar prestaciones en
forma distinta a la establecida en el artículo 53 de la presente ley.
Las
prórrogas, en todos los casos, serán resueltas por el Consejo Honorario
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias requiriéndose mayoría
de votos conformes.
El
aporte de las empresas previsto en el literal c) del artículo 53 de la
presente ley estará exento de aportes patronales a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones Bancarias y no constituye materia gravada para el
Impuesto a las Retribuciones Personales.
Disposiciones
Transitorias
En
el mismo decreto se establecerá la fecha de constitución de los
depósitos a partir de la cual quedarán amparados por la garantía, y los
montos máximos a que refiere el artículo 47 de la presente ley. SECCION
V VIGENCIA
Sala
de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 27 de
diciembre de 2002. |
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