Apruébase el Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de
    Complementación Económica N° 36 celebrado entre los Gobiernos de los
    Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia (ACE
    N° 36) y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias")
    suscrito en la ciudad de Montevideo, el 19 de junio de 2001.
    
    ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 36
    CELEBRADO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS PARTES
    DEL MERCOSUR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA
    Decimoprimer Protocolo Adicional
    
    Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la
    República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la
    República Oriental del Uruguay, en su condición de Estados Partes del
    Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por una parte, y de la República de
    Bolivia por la otra, acreditados por sus respectivos Gobiernos según
    poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados
    oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de
    Integración (ALADI),
    
    VISTO La Resolución MCS-BO N° 03/00 de la Comisión
    Administradora del ACE 36,
    
    CONVIENEN:
    Artículo 1. Aprobar el Régimen de Solución de
    Controversias que figura como Anexo al presente Protocolo y forma parte del
    mismo.
    
    Artículo 2. El presente Protocolo entrará en vigor
    en la fecha en que la Secretaría General comunique a las Partes la
    recepción de la última notificación relativa al cumplimiento de las
    disposiciones legales internas para su puesta en vigor.
    La Secretaría General de la ALADI será depositaria del
    presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los
    Gobiernos signatarios.
    
    EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios
    suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los diecinueve
    días del mes de junio de dos mil uno, en un original en los idiomas
    español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.
    
    ANEXO
    REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
    CAPITULO I
    PARTES Y AMBITO DE APLICACIÓN
    Artículo 1. La República Argentina, la República
    Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental
    del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la
    República de Bolivia, serán denominados Partes Signatarias. Las Partes
    Contratantes del presente Protocolo son el MERCOSUR y la República de
    Bolivia.
    
    Artículo 2. Las controversias que surjan con
    relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las
    disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de
    Complementación Económica Nº 36 celebrado entre el MERCOSUR y la
    República de Bolivia -ACE Nº 36-, en adelante denominado
    "Acuerdo", y de los protocolos e instrumentos suscritos o que se
    suscriban en el marco del mismo, serán sometidas al procedimiento de
    solución de controversias establecido en el presente Protocolo.
    No obstante, las controversias que surjan con relación a
    la interpretación, aplicación o incumplimiento del artículo 14, Título V
    del Acuerdo, podrán ser sometidas, si las Partes así lo acuerdan durante
    la etapa de negociación directa, al procedimiento establecido en este
    Protocolo Adicional o al previsto en el Entendimiento relativo a las Normas
    y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias que forma
    parte del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC).
    De no existir acuerdo entre las Partes, la decisión
    será adoptada por la reclamante, en el entendido que una vez iniciada la
    acción, el foro seleccionado será excluyente y definitivo.
    
    Artículo 3. A los efectos del presente Protocolo,
    podrán ser partes en la controversia, en adelante denominadas
    "Partes", ambas Partes Contratantes, es decir, el MERCOSUR y la
    República de Bolivia, así como uno o más Estados Partes del MERCOSUR y la
    República de Bolivia.
    
    CAPITULO II
    NEGOCIACIONES DIRECTAS
    Artículo 4. Las Partes procurarán resolver las
    controversias a que hace referencia el artículo 2 mediante la realización
    de negociaciones directas, que permitan llegar a una solución mutuamente
    satisfactoria.
    Las negociaciones directas serán conducidas, en el caso
    del MERCOSUR, a través de la Presidencia Pro-Témpore o los Coordinadores
    Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, y en el de la
    República de Bolivia, a través del Viceministerio de Relaciones
    Económicas Internacionales e Integración.
    Las negociaciones directas podrán estar precedidas por
    consultas recíprocas entre las Partes.
    
    Artículo 5. Para iniciar el procedimiento cualquiera
    de las Partes solicitará, por escrito, a la otra Parte, la realización de
    negociaciones directas, especificando los motivos y lo comunicará a las
    Partes Signatarias, a la Presidencia Pro-Témpore y al Viceministerio de
    Relaciones Económicas Internacionales e Integración.
    
    Artículo 6. La Parte que reciba la solicitud de
    celebración de negociaciones directas deberá responder a la misma dentro
    de los diez (10) días posteriores a la fecha de su recepción.
    Las Partes intercambiarán las informaciones necesarias
    para facilitar las negociaciones directas y darán a esas informaciones
    tratamiento reservado.
    Estas negociaciones no podrán prolongarse por más de
    treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recepción de la
    solicitud formal de iniciarlas, salvo que las Partes acuerden extender ese
    plazo hasta por un máximo de quince (15) días adicionales.
    
    CAPITULO III
    INTERVENCION DE LA COMISION ADMINISTRADORA
    Artículo 7. Si en el plazo indicado en el artículo
    6 no se llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la
    controversia se resolviera sólo parcialmente, cualquiera de las Partes
    podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión Administradora, en
    adelante "Comisión", para tratar el asunto.
    Esta solicitud deberá contener las circunstancias de
    hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia,
    indicando las disposiciones del Acuerdo, Protocolos Adicionales e
    instrumentos suscritos en el marco del mismo.
    
    Artículo 8. La Comisión deberá reunirse dentro de
    los treinta (30) días, contados a partir de la recepción por todas las
    Partes Signatarias de la solicitud a que se refiere el artículo anterior.
    A los efectos del cómputo del plazo señalado en el
    párrafo anterior, las Partes Signatarias acusarán recibo, de inmediato, de
    la referida solicitud.
    
    Artículo 9. La Comisión podrá acumular, por
    consenso, dos o más procedimientos relativos a los casos que conozca sólo
    cuando, por su naturaleza o eventual vinculación temática, considere
    conveniente examinarlos conjuntamente.
    
    Artículo 10. La Comisión evaluará la controversia
    y dará oportunidad a las Partes para que expongan sus posiciones y, si
    fuere necesario aporten información adicional, con miras a llegar a una
    solución mutuamente satisfactoria.
    La Comisión podrá solicitar, en caso de considerarlo
    oportuno, opiniones técnicas a especialistas así como también a
    organismos especializados independientes.
    La Comisión formulará las recomendaciones que estime
    pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de un plazo de treinta (30) días,
    contados a partir de la fecha de su primera reunión.
    Cuando la Comisión estime necesario el asesoramiento de
    expertos para formular sus recomendaciones, o así lo solicite cualquiera de
    las Partes, ordenará, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior,
    la conformación de un Grupo de Expertos, en adelante "Grupo", de
    acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, aplicándose en tal caso el
    procedimiento previsto en el artículo 16.
    
    Artículo 11. Para los efectos previstos en el
    párrafo final del artículo 10, cada una de las Partes Signatarias
    comunicará a la Comisión una lista de diez expertos, cuatro de los cuales
    no serán nacionales de ninguna de las Partes Signatarias, en el plazo de
    treinta (30) días a partir de la entrada en vigor de este Protocolo.
    La lista estará integrada por personas de reconocida
    competencia en las materias relacionadas con el Acuerdo.
    
    Artículo 12. La Comisión constituirá la lista de
    expertos en base a las designaciones de las Partes Signatarias mediante
    comunicaciones mutuas. La lista y sus modificaciones serán notificadas a la
    Secretaría General de la ALADI, a los efectos de su depósito.
    
    Artículo 13. El Grupo se conformará de la siguiente
    manera:
    a) Dentro de los diez (10) días posteriores a la
    solicitud de conformación del Grupo, cada Parte designará un experto de la
    lista a que se refiere el artículo anterior.
    b) Dentro del mismo plazo las Partes designarán de
    común acuerdo un tercer experto de los que integran la aludida lista, el
    cual no será nacional de ninguna de las Partes Signatarias y coordinará
    las actuaciones del Grupo.
    c) Si las designaciones a que se refieren los literales
    anteriores no se realizaren dentro del plazo previsto, estas serán
    efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a pedido de
    cualquiera de las Partes, de entre los expertos que integran la lista
    mencionada en el artículo anterior.
    d) Las designaciones previstas en los literales a), b) y
    c) del presente artículo, serán comunicadas a las Partes Contratantes.
    
    Artículo 14. No podrán actuar como expertos
    personas que hubieran intervenido bajo cualquier forma en las etapas
    anteriores del procedimiento o que no tuvieran la necesaria independencia en
    relación con las posiciones de las Partes.
    En el ejercicio de sus funciones los expertos deberán
    actuar con independencia técnica e imparcialidad.
    
    Artículo 15. Los gastos derivados de la actuación
    del Grupo serán sufragados por las Partes por montos iguales.
    Dichos gastos comprenden la compensación pecuniaria por
    su actuación y los gastos de pasaje, costos de traslado, viáticos y otras
    erogaciones que demande su labor.
    La compensación pecuniaria a que se refiere el párrafo
    anterior será acordada por las Partes y convenida con los expertos en un
    plazo que no podrá superar los cinco (5) días siguientes a su
    designación.
    
    Artículo 16. En un plazo de treinta (30) días
    contados a partir de la comunicación de la designación del tercer experto,
    el Grupo deberá remitir a la Comisión su informe conjunto o las
    conclusiones de sus integrantes, cuando no alcance la unanimidad para emitir
    su informe.
    El informe del Grupo o las conclusiones de los expertos
    se comunicarán a la Comisión en la forma prevista en el artículo 37, la
    que dispondrá de un plazo de quince (15) días, contados a partir del día
    siguiente al de su recepción, para emitir sus recomendaciones.
    
    Artículo 17. La Comisión fijará un plazo no
    superior a quince (15) días a fin de que las Partes evalúen el resultado
    del informe o las conclusiones del Grupo y las recomendaciones de la
    Comisión a que se refieren los artículos 10 o 16, en su caso, con el
    objeto de lograr un arreglo.
    Si las Partes no llegaran a una solución mutuamente
    satisfactoria dentro del plazo antes mencionado, se dará de inmediato por
    terminada la etapa del procedimiento prevista en el presente Capítulo.
    
    CAPITULO IV
    PROCEDIMIENTO ARBITRAL
    Artículo 18. Cuando la controversia no hubiera
    podido solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos previstos
    en los Capítulos II y III, no se hubiesen ejercido los derechos previstos a
    favor de las Partes, o hubiesen vencido los plazos previstos en dichos
    capítulos sin cumplirse los trámites correspondientes, cualquiera de las
    Partes podrá decidir someterla al procedimiento arbitral contemplado en el
    presente Capítulo, a cuyos efectos comunicará dicha decisión a la otra
    Parte, a la Comisión y a la Secretaría General de la ALADI.
    
    Artículo 19. Las Partes Signatarias declaran
    reconocer como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial,
    la jurisdicción del Tribunal Arbitral que en cada caso se constituya para
    conocer y resolver las controversias a que se refiere el presente Protocolo.
    Artículo 20. En el plazo de treinta (30) días a partir de la
    entrada en vigor de este Protocolo cada una de las Partes Signatarias
    designará doce árbitros, cuatro de los cuales no serán nacionales de
    ninguna de las Partes Signatarias , para integrar la lista de árbitros. La
    lista de árbitros y sus eventuales modificaciones deberán ser comunicadas
    a las demás Partes Signatarias y a la Secretaria General de la ALADI, a
    efectos de su depósito.
    Los árbitros que integren la lista a que se refiere al
    párrafo anterior, deberán ser juristas de reconocida competencia en las
    materias que puedan ser objeto de controversia.
    A partir del momento en que una Parte hubiera comunicado
    a la otra Parte su intención de recurrir al Tribunal Arbitral según lo
    dispuesto en el artículo 18 del presente Protocolo, no podrá modificar
    para ese caso la lista a que se refiere el párrafo primero de este
    artículo.
    
    Artículo 21. El Tribunal Arbitral ante el cual se
    sustanciará el procedimiento, estará compuesto por tres árbitros de los
    que integran la lista a que se hace referencia en el artículo 20.
    El Tribunal Arbitral se conformará de la siguiente
    manera:
    a) Dentro de los veinte (20) días posteriores a la
    comunicación a la otra Parte a que se refiere el artículo 18, cada Parte
    designará un árbitro y su suplente de la lista mencionada en el artículo
    20.
    b) Dentro del mismo plazo las Partes designarán de
    común acuerdo un tercer árbitro y su suplente de la referida lista del
    artículo 20 quien presidirá el Tribunal Arbitral. Esta designación
    deberá recaer en personas que no sean nacionales de las Partes Signatarias.
    c) Si las designaciones a que se refieren los literales
    anteriores no se realizaren dentro del plazo previsto éstas serán
    efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI a pedido de
    cualquiera de las Partes de entre los árbitros que integran la mencionada
    lista.
    d) Las designaciones previstas en los literales a), b) y
    c) del presente artículo deberán ser comunicadas a las Partes
    Contratantes.
    e) Los miembros suplentes sustituirán al titular en caso
    de incapacidad o excusa de éste para formar el Tribunal Arbitral, sea en el
    momento de su integración o durante el curso del procedimiento.
    
    Artículo 22. No podrán actuar como árbitros
    personas que hubieran intervenido bajo cualquier forma en las fases
    anteriores del procedimiento o que no tuvieren la necesaria independencia
    con relación a los Gobiernos de las Partes.
    
    Artículo 23. Para el caso en que se decida la
    acumulación, en los términos previstos en el articulo 10, si pasan a
    intervenir en la controversia otras Partes Signatarias, éstas deberán
    unificar su representación ante el Tribunal Arbitral y, por ende,
    designarán un solo árbitro, de común acuerdo en el plazo establecido en
    el artículo 21, párrafo 2, literal a).
    
    Artículo 24. El Tribunal Arbitral fijará su sede,
    en cada caso, en el territorio de alguna de las Partes Signatarias.
    El Tribunal deberá adoptar sus propias reglas de
    procedimiento sobre la base de los lineamientos generales que apruebe la
    Comisión en la primera reunión siguiente a la entrada en vigor del
    presente Protocolo.
    Tales reglas y lineamientos generales garantizarán que
    cada una de las Partes tenga plena oportunidad de ser escuchada y de
    presentar sus pruebas y argumentos y también asegurarán que los procesos
    se realicen en forma expedita.
    
    Artículo 25. Las Partes designarán sus
    representantes ante el Tribunal Arbitral y podrán nombrar asesores para la
    defensa de sus derechos.
    Todas las notificaciones que el Tribunal Arbitral
    efectúe a las Partes serán dirigidas a los representantes designados.
    Hasta que las Partes designen sus representantes ante el Tribunal, las
    notificaciones se realizarán en la forma prevista por el articulo 37.
    Las Partes informarán al Tribunal Arbitral sobre las
    instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y
    presentarán los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas
    posiciones.
    
    Artículo 27. A solicitud de una de las Partes y en
    la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la
    situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de las Partes, el
    Tribunal Arbitral podrá dictar las medidas provisionales que considere
    apropiadas, según las circunstancias y en las condiciones que el propio
    Tribunal establezca, para prevenir tales daños.
    Las Partes cumplirán inmediatamente, o en el plazo que
    el Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional la que se
    extenderá hasta tanto se dicte el laudo a que se refiere el artículo 30.
    
    Artículo 28. El Tribunal Arbitral decidirá la
    controversia sobre la base de las disposiciones del Acuerdo, Protocolos
    Adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo y los
    principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la
    materia.
    Lo establecido en el presente artículo no restringe la
    facultad del Tribunal Arbitral de decidir la controversia ex aequo et bono,
    si las Partes así lo convinieran.
    
    Artículo 29. El Tribunal Arbitral tomará en
    consideración los argumentos presentados por las Partes, las pruebas
    producidas y los informes recibidos, sin perjuicio de otros elementos que
    considere conveniente.
    
    Artículo 30. El Tribunal Arbitral emitirá su laudo
    por escrito en un plazo de sesenta (60) días, a contar de su constitución,
    la que se formalizará a los quince (15) días de haber aceptado el
    presidente su designación.
    El plazo antes indicado podrá ser prorrogado por un
    máximo de treinta (30) días lo que se notificará a las Partes.
    El laudo arbitral se adoptará por mayoría, será
    fundamentado y suscrito por los miembros del Tribunal. Estos no podrán
    fundamentar votos en disidencia y deberán mantener la confidencialidad de
    la votación.
    
    Artículo 31. El laudo arbitral deberá contener
    necesariamente los siguientes elementos, sin perjuicio de otros que el
    Tribunal Arbitral considere conveniente:
    I. indicación de las Partes en la controversia;
    II. el nombre, la nacionalidad de cada uno de los
    miembros del Tribunal Arbitral y la fecha de su conformación;
    III. los nombres de los representantes de las Partes;
    IV. el objeto de la controversia;
    V. un informe del desarrollo del procedimiento arbitral,
    incluyendo un resumen de los actos practicados y de las alegaciones de cada
    una de las Partes;
    VI. la decisión alcanzada con relación a la
    controversia, consignando los fundamentos de hecho y de derecho;
    VII. a proporción de los costos del procedimiento
    arbitral que corresponderá cubrir a cada Parte;
    VIII. la fecha y el lugar en que fue emitido; y
    IX. la firma de todos los miembros del Tribunal Arbitral.
    
    Artículo 32. Los laudos arbitrales son inapelables,
    obligatorios para las Partes a partir de la recepción de la respectiva
    notificación y tendrán respecto de ellas fuerza de cosa juzgada.
    Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de treinta
    (30) días, a menos que el Tribunal Arbitral establezca uno diferente.
    
    Artículo 33. Cualquiera de las Partes podrá
    solicitar, dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación
    del laudo, una aclaración del mismo o una interpretación sobre la forma en
    que deberá cumplirse.
    El Tribunal Arbitral se pronunciará dentro de los quince
    (15) días subsiguientes a la presentación de la solicitud de aclaración o
    interpretación por alguna de las Partes.
    Si el Tribunal Arbitral considerara que las
    circunstancias lo exigen, podrá suspender el cumplimiento del laudo hasta
    que decida sobre la solicitud presentada.
    
    Artículo 34. Si dentro del plazo establecido en el
    artículo 32 no se hubiera dado cumplimiento al laudo arbitral o se hubiera
    cumplido parcialmente, la Parte reclamante podrá comunicar a las demás
    Partes Signatarias, por escrito, su decisión de suspender temporalmente a
    la Parte reclamada, concesiones u otras obligaciones equivalentes,
    tendientes a obtener el cumplimiento del laudo.
    La Parte reclamante intentará, en primer lugar,
    suspender las concesiones u otras obligaciones relativas al mismo sector o
    sectores afectados. Si la Parte reclamante considera impracticable o
    ineficaz la aplicación de dicha medida, podrá suspender otras concesiones
    u obligaciones, debiendo indicar las razones en que se funda en la
    comunicación en que anuncie su decisión de efectuar la suspensión.
    En caso de que la Parte reclamada considere excesiva la
    suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas por la Parte reclamante,
    podrá solicitar al Tribunal Arbitral que emitió el laudo que se pronuncie
    respecto a si la medida adoptada es equivalente al grado de perjuicio
    sufrido, disponiendo para ello de un plazo de treinta (30) días contados a
    partir de su constitución.
    La Parte reclamada comunicará sus objeciones a la otra
    Parte y a la Comisión.
    
    Artículo 35. En caso de producirse las situaciones a
    que se refieren los artículos 33 y 34, éstas deberán ser resueltas por el
    mismo Tribunal Arbitral que dictó el laudo.
    Cuando el Tribunal Arbitral no pueda constituirse con los
    miembros originales, titulares y suplentes, para completar su integración
    se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 21.
    
    Artículo 36. Los gastos del Tribunal Arbitral
    comprenden la compensación pecuniaria del Presidente y de los demás
    árbitros así como los gastos de pasajes, costos de traslado, viáticos,
    notificaciones y demás erogaciones que demande el arbitraje.
    La compensación pecuniaria del Presidente del Tribunal
    Arbitral, así como la que corresponde a cada uno de los demás árbitros,
    será acordada por las Partes y convenida con los árbitros en un plazo que
    no podrá superar los cinco (5) días siguientes a la designación del
    Presidente del Tribunal.
    Cada Parte sufragará los gastos ocasionados por la
    actuación del arbitro designado por ella. La compensación pecuniaria que
    corresponde al Presidente del Tribunal y los demás gastos que demande el
    arbitraje, serán sufragados en montos iguales por las Partes, a menos que
    el Tribunal decidiere distribuirlos en distinta proporción.
    
    CAPITULO V
    DISPOSICIONES GENERALES
    Artículo 37. Las comunicaciones que se realicen
    entre el MERCOSUR o sus Estados Partes y la República de Bolivia, deberán
    ser cursadas, en el caso del MERCOSUR, a la Presidencia Pro-Témpore o a los
    Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, y en
    el de la República de Bolivia, al Viceministerio de Relaciones Económicas
    Internacionales e Integración.
    
    Artículo 38. Las referencias realizadas en el
    presente Protocolo a las comunicaciones dirigidas a la Comisión implican
    comunicaciones a todas las Partes Signatarias.
    Artículo 39. Los plazos a que se hace referencia en este Protocolo,
    se entienden expresados en días corridos y se contarán a partir del día
    siguiente al acto o hecho al que se refiere. Cuando el plazo se inicie o
    venza en día sábado o domingo, comenzará a correr o vencerá el día
    lunes siguiente.
    
    Artículo 40. Los integrantes del Grupo y del
    Tribunal Arbitral, al aceptar su designación, asumirán por escrito el
    compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones de este Protocolo
    y, en especial, de los artículos 14 y 22 del mismo, respectivamente. Dicho
    compromiso escrito se dirigirá a la Secretaría General de la ALADI.
    La Comisión en la primera reunión siguiente a la
    entrada en vigor del presente Protocolo elaborará los textos de las
    declaraciones de compromiso a que se refiere el párrafo anterior.
    
    Artículo 41. Toda la documentación y las
    actuaciones vinculadas al procedimiento establecido en este Protocolo, así
    como las sesiones del Tribunal Arbitral, tendrán carácter reservado,
    excepto los laudos del Tribunal Arbitral.
    
    Artículo 42. En cualquier etapa del procedimiento,
    la Parte que presentó el reclamo podrá desistir del mismo, o las Partes
    podrán llegar a una transacción, dándose por concluida la controversia en
    ambos casos. Los desistimientos o las transacciones deberán ser comunicados
    a la Comisión o al Tribunal Arbitral, según el caso, a efectos de que se
    adopten las medidas necesarias que correspondan.