1º de marzo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Luis Hierro López

Señor Presidente:

                        De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, venimos a cumplir con el deber de dar cuenta a la Asamblea General del Poder Legislativo del estado de la República, así como de aquellas mejoras y reformas que se consideren dignas de la atención de la Honorable Asamblea.

                        El año que ha concluido fue para el Uruguay, así como el anterior, un año de prueba. El país vivió o mejor dicho, sufrió, el embate de condiciones adversas que enfrentó con éxito, con la colaboración y participación decidida del pueblo de la República.

                       Fueron adversas las condiciones climáticas, la suba de la tasa de interés, las que comenzaron a hacerse presentes en nuestro país con los cambios financieros ocurridos en la región a principios del año 1999, también lo fueron los precios de los productos principales que el  país exporta, así como llegaron a extremos no pensados los valores internacionales del petróleo. De igual forma, fueron adversos los resultados fiscales, debidos, no solamente a los factores enumerados, sino a la necesidad que tuvo el estado de restringir los gastos, de disminuir las inversiones, de hacer una política de control de la administración para estar a tono con la situación que la República estaba atravesando. Estas circunstancias se vieron agravadas por el tremendo impacto negativo sobre nuestra producción cuando, en el mes de octubre, el país vio con zozobra cómo se ponía en peligro su condición de libre de aftosa sin vacunación.

                      El Gobierno siente que debe reiterar una reflexión consignada anteriormente: todo esto pudo ser sobrellevado, gracias a la comprensión de las circunstancias que el país vivía, exhibida por el pueblo del Uruguay. Su sentido de responsabilidad, su información sobre los hechos que ocurrían, su capacidad de comprensión, fue central para que el gobierno pudiera desarrollar las tareas que nos han permitido, al finalizar esta dura jornada, encontrarnos viviendo con la estabilidad social,  que caracteriza y distingue desde siempre a nuestro país. Ello ha hecho posible mantener las variables macroeconómicas esenciales, desde las que, en el correr de este año 2001 la nación puede comenzar a mejorar el perfil de su economía y por ende recibir la sociedad, el beneficio que ello supone. Hemos mantenido un nivel de inflación que nos asegura el ser un país confiable, en condiciones de retomar el ritmo de crecimiento que en un promedio de 3.4 por ciento esta nación mantuvo entre 1984 y 1998, cosa que le permitió duplicar sus ingresos cada veinte años.

                     Más allá de estas apreciaciones generales y por conducto de las distintas Secretarías de Estado, la Asamblea General del Poder Legislativo recibirá la información pormenorizada de lo llevado a cabo en el año. El Poder Ejecutivo entiende que le es permitido, hacerle llegar al Poder Legislativo algunas reflexiones que considera importantes en lo que hace a lo acontecido  en este lapso.

                    En primer lugar, tal como se señaló el 1ro. de marzo, es asunto prioritario para los uruguayos buscar, con la colaboración y participación de todos, los caminos que sellen para siempre la paz y consagren la armonía entre nosotros. En ese contexto, el Poder Ejecutivo tuvo la fortuna de poder contribuir a resolver algunas situaciones, que desde tiempo atrás venían siendo objeto de la preocupación de los ciudadanos, tal el caso de la joven nieta del poeta argentino Juan Gelman, así como lo relacionado con la identidad de quien se suponía era el joven Simón Riquelo. Estas y otras circunstancias determinaron la constitución de la Comisión para la Paz, integrada por ciudadanos que actuando con responsabilidad y prudencia trabajan en pos de ese propósito. La ciudadanía y el Gobierno confían en su gestión. Esa Comisión, así como todo el país, ha sufrido la triste pérdida del sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre, quién representó en esta tarea uno de los más sólidos pilares morales, contribuyendo con capacidad y sensibilidad a alcanzar estos objetivos de paz.

                   Otro de los puntos centrales que el Gobierno desea destacar es el que tiene que ver con la conducta del pueblo del Uruguay y de sus técnicos y autoridades en el episodio de la fiebre aftosa, declarada el mes de octubre en la frontera con la República Federativa del Brasil, en el Departamento de Artigas. La rapidez y eficacia con que los medios técnicos actuaron, el apoyo inmediato de la Fuerzas Armadas de la República, la comunicación que se le hizo a todos los países con los cuales tenemos relaciones comerciales en el asunto carne, para que ellos supieran de nosotros el estado en el cuál habíamos caído; el hecho de tener el Uruguay lo que hoy se conoce como trazabilidad en los ganados,  sistema incorporado por ley a nuestro país desde hace 30 años, nos permitió, no sólo conjugar este problema con rapidez y eficacia, recuperando nuestra condición y nuestros mercados, sino además ratificar ante el mundo la seriedad y responsabilidad con que actúa el Uruguay.

                  El Poder Ejecutivo cree que decir la verdad, tanto en ésto, como en todos los casos,  es algo que hace a la identidad nacional, que ratifica y consolida el prestigio de la República, y que ello debe aplicarse, con el alcance con que nuestras fuerzas lo puedan llevar a cabo, a todas las áreas de la vida nacional.

                  Ello nos ha permitido recuperar mercados, consolidar nuestra condición sanitaria y al mismo tiempo, con la ayuda de una primavera y de un verano muy propicios, tener la certeza de que el año al cual el país se asoma, será nuevamente uno de producción creciente, condiciones mejores del mercado y por lo tanto adecuado para aplicar con eficiencia  los conocimientos y tecnologías que, conjuntamente con el Plan Ganadero, nos permitan un crecimiento sustantivo en la producción primaria uruguaya y su consiguiente industrialización.

                  En ese orden de buscar claridad y verdad el Gobierno inició y continuará con los esfuerzos adecuados para eliminar el daño, que a nuestro comercio legal y a nuestra economía, le produjeron las diferencias cambiarias ocurridas en el Brasil a partir de 1999. Esa tarea, que reclama una revisión profunda de las normas existentes en la Dirección de Aduanas, como en la Dirección General Impositiva y el cruzamiento de informaciones con el Banco de Previsión Social, nos permitirá mejorar la recaudación del Estado,  para no tener necesidad de nuevos impuestos, ya altos en el Uruguay, de manera que todos cumplamos con las obligaciones tributarias en pie de igualdad.

                 El 1ro. de Marzo,  en oportunidad de dirigirnos a esta Asamblea, manifestamos la necesidad de que nuestro país asuma un compromiso con la realidad en la que vive, y que ello nos llevaría de la mano a procesar cambios muy profundos en la sociedad uruguaya, en las funciones que cumple el Estado, así como en la naturaleza de las distintas acciones financieras, comerciales e industriales que el Estado practica a través de sus Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. En las dos Leyes de Urgencia, así como en los Decretos de desregulación, y en la Ley de Presupuesto, se han incluido normas que procuran atender esta realidad. El Poder Ejecutivo entiende que éstos son algunos de los pasos que el Uruguay debe dar, para poder, no solamente competir con éxito en un mundo difícil, sino además para mantener, profundizar y consolidar el nivel de justicia y equidad social que ha distinguido siempre a esta nación.

                El tiempo de los países parapetados detrás de altas barreras arancelarias, alentando desarrollos agropecuarios e industriales, públicos o privados, ha pasado.

                Hoy se necesitan economías de escala, asociaciones empresariales, tecnología de punta, para competir, ya sea en la región o en el mundo.

                Buena parte de nuestra industria privada ha debido ajustarse a esta realidad. Los servicios del Estado aún no han realizado adecuadamente ese proceso. Con ese propósito, será imprescindible que nuestro país analice las disposiciones constitucionales que tienen que ver con los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Con organizaciones, grandes para el mercado nacional, pero pequeñas comparadas con las de la región, y aún menores a nivel continental o global; dirigidas por ciudadanos en muchos casos sin experiencia en negocios tan complejos; desarmadas por las rigideces que las leyes le imponen a su administración; con gerentes y mandos medios acostumbrados por años a no tener necesidad de tomar en cuenta al mercado; enfrentan una situación que difícilmente podrán superar con éxito si no removemos estos obstáculos.

                Encarar estas reformas es tarea, además de urgente, común a todos los uruguayos. A  quienes más les debe interesar es a los funcionarios de estas organizaciones, particularmente a sus mandos técnicos, concientes del debilitamiento de las instituciones a las que pertenecen y quieren. No cambiar es retroceder. Darle la espalda a esta realidad es casi tanto como condenarlas a su fracaso.

                El Poder Ejecutivo procurará encarar y resolver estos problemas, dando cuenta y participando de sus propósitos a  todos los partidos políticos de la República,  como es su obligación. Sintiendo que esta circunstancia está colocada por encima de las ideologías, de los partidos e inclusive por encima de los funcionarios que conviviendo por años en su trabajo con estos organismos,  los quieren y forman parte de su vida. Es para defender ese amor y esa vida que debemos adaptarlos a competir en el mundo de hoy.

               Como lo dijimos el 1ro. de Marzo, este es un desafío que el tiempo nos impone, que va mucho más allá y no está atado a la decisión de personas o partidos, sino que es un desafío que golpea, reitero, nuestras puertas y nos dice con claridad “o nos adaptamos al mundo o el mundo nos dejará atrás”.

               El Gobierno de la República mantiene una intensa y creciente relación de trabajo con  los distintos centros de formación de la Nación, tanto aquellos que corresponden a  la Universidad de la República o los que maneja la ANEP, cómo los que desarrollan su actividad en la educación privada. Existe un nivel de relacionamiento creciente y provechoso, que se ejemplifica no solamente en los niveles asignados en el Presupuesto a la educación,  en momentos difíciles para la vida económica y financiera de la República, sino que además muestra ejemplos muy claros con temas concretos de creciente trabajo en común entre el Estado y la Universidad, en asesoramientos, consultorías, en actos por los que se le ha cedido a la Universidad áreas para la investigación y el compromiso que hemos asumido de profundizar esta tarea en el futuro. El Gobierno entiende que el conocimiento está en la base del crecimiento y de la libertad. Haremos todos los esfuerzos para mejorar los niveles educativos del país, teniendo siempre presente, que un porcentaje muy alto de nuestros niños nacen en los hogares más débiles.

                    El Poder Ejecutivo ha procurado, por la vía de  medidas administrativas reclamadas por los exportadores del software, así como con la creación de la Comisión para la Nueva Economía, y su participación en simposios que estimulen estas actividades, de apoyar los esfuerzos que le han permitido al Uruguay ser conocido y respetado en el Mercosur, al tiempo que sus productos son aceptados por los más exigentes mercados internacionales.

                   El Uruguay puede transformarse en la región en un centro de actividades de tecnología avanzada, así como exportador de servicios. Tiene capital humano dentro y fuera del país, que incorporado a las distintas áreas, a la vida y producción nacional, le permitirán crecer, así como abrir nuevas y exitosas oportunidades de trabajo.

                  En el Uruguay la desocupación puede y debe ser reducida con una economía abierta, con un estado moderno, con educación, ciencia y cultura. Uruguay tiene que producir, vender y ser en todas sus actividades natural y excelente. Serlo, importa además,  asumir que en la vida, tanto las personas como las sociedades, al tiempo que tienen derechos, tienen deberes. Si atendemos, tanto a unos como a otros,  tendremos un país mejor.

                      Dificultades de carácter instrumental y legal han demorado mucho más de la cuenta las tareas  a la que nos hemos comprometido, referidas a resolver los asentamientos ubicados en los suburbios de diferentes ciudades del país. Los departamentos de Salto y Rivera han recibido los primeros contratos. Esperamos que este año, resueltos los obstáculos legales y administrativos, podamos invertir una cifra del orden de los 18 millones de dólares en la corrección de los asentamientos y con ello mejorar la vida familiar, que sigue siendo el cerno de la estructura de la sociedad. Proteger la familia y proteger la vida desde el embarazo de la madre es condición para una sociedad estable, en donde la felicidad no sea solamente la consecuencia de obtener los medios materiales necesarios para vivir sino que, además, se asiente, de manera esencial, en valores que permitan asegurarnos una convivencia de paz y armonía.

                     El Poder Ejecutivo ha tenido el honor de participar en el orden regional e internacional, en las reuniones del MERCOSUR y del Grupo de Río. En cuanto al MERCOSUR el Poder Ejecutivo ha insistido en forma reiterada en la necesidad de constituir y conformar instrumentos institucionales que consoliden su funcionamiento. Una Secretaría Técnica y Tribunales Arbitrales permanentes, que nos permitan resolver con objetividad las diferencias comerciales, que en los últimos meses en forma creciente han generado obstáculos en la aplicación de los principios que dieron origen al Tratado de Asunción. Los esfuerzos del Uruguay siguen orientados, a alcanzar estos objetivos. Asimismo en todos los casos en que le ha tocado a Uruguay participar en estos eventos, la representación de nuestro país ha respetado, no solamente lo que son nuestras tradiciones en materia internacional, sino lo que tiene cada día mayor consistencia y que es el concepto de que las relaciones internacionales forman parte de una política de Estado.

                   El Uruguay ha seguido esa política en todas las ocasiones que le ha tocado actuar, tanto a sus parlamentarios, como a los representantes del gobierno, al integrar y formar parte de las distintas organizaciones internacionales.

                   El Poder Ejecutivo expresa en el orden internacional su firme decisión de buscar mercados para lo que el Uruguay produce. Con ese propósito hemos manifestado nuestra decisión de participar en las negociaciones iniciadas hace años para consagrar una asociación de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego. Siendo que toda negociación supone dificultades relativas a superar políticas locales o nacionales que traban esos acuerdos, el Gobierno entiende que el obtener acceso a los mercados, cuando ellos además son de la dimensión del que constituyen Canadá, Estados Unidos y México, significa acceder a posibilidades que hoy, lamentablemente, no se dan, como en el siglo pasado, en el mercado europeo. Uruguay, con una población y una cultura que mantiene  sus profundos vínculos con las naciones europeas, abierto a la inversión en nuestro país que aportan los capitales y la tecnología de esas naciones, que en forma creciente se vienen instalando entre nosotros con resultados positivos para ambas partes, desea, así como los integrantes del MERCOSUR, alcanzar con Europa acuerdos que nos permitan  generar mayores corrientes de comercio bajo normas más generosas y más abiertas. Estamos dispuestos a participar de las próximas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio y junto con el Grupo de Cairns tratar con firmeza de que ellas incorporen los temas agrícolas como temas prioritarios. Asimismo, el Oriente supone un mercado nuevo para nuestros productos. Esas corrientes iniciadas exitosamente, e interrumpidas por el proceso de la aftosa, mostraron y volverán a hacerlo, posibilidades de dimensiones en permanente expansión para nuestros productos.

                  Todos estos temas, amén de aquellos de los que informan los Señores Ministros, tienen un denominador común: mantener el déficit fiscal en los niveles comprometidos. Ello nos asegura una baja tasa de inflación y una participación beneficiosa en los mercados financieros internacionales. Controlar el gasto, reducirlo todo lo posible, mantener una política de austeridad, reclamar de todos los entes públicos una actitud similar, es una obligación que el Poder Ejecutivo la entiende como prioritaria en la gestión del Gobierno.

                Finalmente, Señores Legisladores, el Poder Ejecutivo reitera su voluntad política, correlato de su obligación constitucional, de mantener y profundizar los entendimientos que permitan al Uruguay adentrarse en el camino de la justicia y la modernidad.