Montevideo, 1° de marzo de 2002

Señor

Presidente de la Asamblea General

Dn. Luis Hierro López

Presente

De mi consideración:

                                    Conforme a lo establecido por la Constitución de la República, cumplo con el deber de poner en conocimiento de la Asamblea General del Poder Legislativo la relación de acciones llevadas a cabo por el  Poder Ejecutivo durante el ejercicio correspondiente al 2°  Período de la XLV Legislatura.  Asimismo, y con idéntico sentido de la obligación, habré de dar cuenta de algunas apreciaciones relativas a las características y objetivos de las políticas que están en curso.

                                    A riesgo de incurrir en la obviedad, lo primero que entiendo necesario señalar, a los efectos de poner en contexto esta Memoria, es que el año anterior ha sido uno de los más complejos e inesperados de la historia moderna del Uruguay.  El 1° de marzo de 2001, en el Mensaje puesto a vuestra consideración, decía que los dos años precedentes habían sido de prueba para el país.  Aquello era verdad, y todos fueron contestes en reconocerlo,  puesto que en ese mencionado período debimos atravesar situaciones especialmente críticas en razón de distintos desequilibrios climáticos y de orden comercial y financiero tanto de orden regional como internacional.

                                    Pero lo que ocurrió a continuación, lo que signó y determinó el curso de este memorable primer efectivo año del siglo XXI que estamos analizando, superó todas las cotas y convirtió en terrenal y prosaico cualquier ejercicio de imaginación.  No exagero si afirmo que la conjunción de factores adversos que se dieron cita en unos pocos meses tiene pocos antecedentes en la historia de la República.

                                    El primer golpe fuerte, profundamente hiriente que recibimos fue la aparición y extensión de focos de aftosa.  Tantos años de trabajo y de sacrificios, millones de dólares de exportación prometidos y a punto de embarcar súbitamente se vieron desbaratados.  Y en consecuencia, todo el esfuerzo que todo habíamos hecho para colocar al agro nuevamente en una posición de liderazgo sólido de nuestra economía en ese momento debió desviarse para responder con eficacia, con seriedad y con rapidez a ese problema.  Felizmente lo hicimos, -luego de mucho trajín y de un alto costo económico, productivo y sin duda social-  pudimos conjurar el flagelo y hoy estamos en disposición de salir adelante y dar la lucha en los mercados internacionales.  Pero el daño dejó sus trazas;  perdimos meses preciosos;  demoramos oportunidades.

                                    A ese mal, y cuando ya lo estábamos controlando, se le añadió la indeseada conspiración de la naturaleza.  Feroces lluvias se ensañaron con los cultivos de invierno;  lluvias como hacía mucho tiempo no se registraban por esas fechas.  Fue otro golpe;  tal vez no tan duro como el anterior, pero perversamente inoportuno, que volvió a dañar los esfuerzos de los productores.

                                    Pocas semanas más tarde estalló el corazón de Nueva York;  más de cinco mil personas muertas, dos enormes edificios destruidos, tres aviones con sus pasajeros estrellados.  Al horror y la piedad que espontáneamente se apoderó de todos los habitantes del planeta, siguió el desconcierto.  El mundo nunca volvió a ser el mismo.  No es que el fenómeno del terrorismo fuera nuevo;  lo novedoso fue que los hombres y mujeres de los tiempos modernos descubriéramos recién el 11 de setiembre que la acción criminal de los fanáticos puede llegar a ser oscuramente ilimitada.  A partir de ahí vinieron desarreglos financieros y comerciales que, en el marco de un cuadro recesivo mundial como el que existía, nos afectaron directamente y cuyas consecuencias –imprevisibles muchas de ellas- todavía se harán sentir por mucho tiempo.

                                    Culminó el año con el agravamiento de la crisis financiera e institucional de la Argentina;  país con el que nos une la historia, la cultura, el afecto y también una larga y fecunda serie de lazos comerciales y económicos.  Nuestras exportaciones imperiosamente acusaron el impacto;  nuestro prestigio como plaza de inversiones con toda injusticia también se vio perjudicado.

                                    Todo esto que he señalado, señor Presidente, ha sido –y aún es- el escenario sobre el que los uruguayos debimos lidiar.  Son , desde luego, circunstancias que nadie eligiría si tuviera la oportunidad de hacerlo;  pero son, en definitiva, las que nos han tocado en suerte y a las que debimos enfrentar con vigor, con entereza y con mucha, muchísima convicción para buscar los instrumentos más idóneos que nos permitieran superarlas.

                                    La presente Memoria testimonia, en parte, algunas de dichas respuestas;  pero en su zona principal, es un repertorio de las políticas y de las acciones adoptadas para que el país –disparado hacia una crisis urdida con hilos diversos y extraños a su voluntad-  tomara consciencia de algunas de sus debilidades estructurales y comenzara a cambiar en dirección hacia una mayor eficacia en su funcionamiento y posibilidades de crecimiento.

                                    El Gobierno, desde el día que asumió, se ha comprometido a trabajar para que el Uruguay pudiera mejorar sus condiciones de competitividad en un mundo cada vez más competitivo y exigente;  para que el Estado, en lugar de ser una carga para la sociedad y la excusa para mantener privilegios irritantes, se convirtiera progresivamente en un agente de impulso y dejara de ser, en consecuencia, obstáculo y gravamen para el trabajo, para la inversión y para el despegue productivo y económico del país.

                                    El Uruguay, lo sabemos, nunca será un vendedor de grandes volúmenes;  no tiene el perfil ni la naturaleza para serlo.  Tiene que ser, por tanto, un vendedor de calidad;  ofrecer la diferencia a través de la excelencia.  Ya, en varios rubros, se ha demostrado que es así y que le da buenos resultados.  Las praderas naturales con las que se alimenta el ganado, la calidad de nuestros vinos y de nuestros lácteos son ejemplos de esa ventaja comparativa que tenemos que explotar.  Una ventaja a la que necesariamente deberemos aligerarle la desventaja de los altos costos que tiene el Estado para que realmente sea competitiva en un mundo que no está dispuesto a consentirnos, a nosotros ni a nadie, que mantengamos estructuras onerosas con el alto precio que exigimos por nuestras mercaderías.

                                    Congruente con ese propósito, que es una de sus líneas centrales, ha resuelto entre otras cosas, abrir el mercado de las comunicaciones a distancia como forma de mejorar la calidad y competitividad de los servicios, del comercio, de la producción.

                                    Ha resuelto racionalizar y abatir los gastos del Estado en todas aquellas áreas y funciones donde lo superfluo usurpara el lugar de lo directamente imprescindible.

                                    Ha encarado importantes políticas de asistencia social, racionalizando principalmente los recursos y sus destinos en los organismos que cumplen esa función.

                                    Ha impulsado reformas en el sector energético que traerán consigo un abatimiento del costo de energía eléctrica dentro de la matriz de insumo industrial.  Ha impulsado la participación del sector privado en la asociación con ANCAP, en lo relativo a refinación y distribución de combustibles;  lo que implicará una rebaja en los costos de producción.

                                    Ha resuelto una megaconcesión de servicios públicos.  Ya no más altas inversiones por parte del Estado que mal o nunca recupera bajo la forma de utilidad real y de buen funcionamiento;  sino servicios modernos, dinámicos y permanentemente actualizados que propiciarán un mejor relacionamiento entre el trabajo nacional y los mercados del mundo.

                                    Ha continuado y profundizado la defensa del trabajo nacional, combatiendo con firmeza el contrabando y la informalidad;  ya que las ganancias ilícitas de unos pocos determinan automáticamente hambre, desocupación y privaciones para muchos.  Un país justo no es nunca un país donde algunos lucran con la miseria de otros;  no es el Uruguay que los uruguayos queremos.  Un país justo es un país donde en toda ocasión y lugar la ley es más fuerte que el delito.  En eso estamos y seguiremos estando.

                                    Buscar nuevos mercados, reconquistar otros, afianzar los organismos regionales, bregar en los foros internacionales a favor de la apertura del comercio ha sido, asimismo, un constante objetivo del gobierno.  Se manifestó en gestiones directas cumplidas en el ámbito natural del MERCOSUR y también a través de contactos y caminos de acuerdo encauzados con distintos países, regiones y organismos.

                                    La otra gran línea en la que se ha empeñado la gestión del Gobierno consiste en mantener y afianzar la seriedad en materia económica y financiera;  requisito sin el cual todo lo anterior carecería de sustento y de porvenir.

                                    En este plano fue donde quizá resultó más difícil mantener el eje de verticalidad;  dado que –en virtud del enredado entorno internacional- desde varios sectores del trabajo nacional emergieron reclamos y presiones;  comprensibles muchas de ellas. 

                                    Pero por eso mismo fue en esta área donde nos plantamos con mayor claridad y constancia.  Renunciar a la competitividad, renunciar a la estabilidad de la moneda, a la moderación en los gastos, a la transparencia y confiabilidad del sector financiero hubiera implicado comprar la crisis por mucho tiempo, instalarla como algo permanente y de consecuencias largas y penosas.

                                    Por el contrario, las tormentas nos encontraron con buenos resguardos.  No vamos a negar que nos castigaron, que dejaron su huella;  no vamos a negar que nos cargaron con fardos que no esperábamos.  Sin embargo, tenemos que pensar en lo que evitamos, en cómo pudimos sino crecer como queríamos, al menos no caer, al menos avanzar un poco.

                                    Tenemos que pensar que los índices de desempleo treparon, luego se estabilizaron y en algunos sectores tímidamente comenzaron a bajar;  que las inversiones no se llamaron totalmente a silencio, que la respetabilidad de nuestra plaza financiera porfiadamente la mantenemos.  Y que a la inflación, ese azote que nos acompañó como castigo durante varias décadas, no la dejamos sentarse ni como sombra a nuestra mesa.  Sabemos que en los países que gastan más de lo que tienen, los sectores más débiles de la sociedad –en el mundo de hoy más temprano que tarde- son los que terminan pagando las cuentas.  No queremos que eso nos pase.  Lo que nos viene de afuera lamentablemente no podemos elegirlo;  pero en lo que depende de nosotros, debemos ser prolijos y estar firmes.

                                    En fin, debemos entender que siendo claros en las reglas de juego, prudentes en los gastos y propiciando la apertura para ser más competitivos tanto hacia adentro como hacia fuera; más que mitigando la crisis, más que sortear el mal rato, estaremos creando una base cierta para que el progreso comience nuevamente a fertilizar nuestro suelo.

                                    Si algo aprendimos todos de las situaciones que se nos vinieron encima, si algún ejemplo nos dejan las experiencias de otros lugares es que , ahora más que nunca, tenemos que ser serios, ser previsibles.  La fortaleza de una economía no consiste únicamente en su capacidad para producir riqueza;  es también capacidad para dar seguridad a quienes trabajan, a quienes invierten y a quienes producen.  Para, de ese modo, dar solidaridad, dar esperanza y dar justicia a los que sufren.

                                    Otro de los pilares sobre los que se ha asentado la estrategia del Gobierno ha sido, notoriamente, el de la estabilidad de orden político y también de orden social.  Hemos continuado la política de cerrar viejas heridas que arrastramos desde el pasado a través del funcionamiento de la Comisión para la Paz, un instrumento que nos permitió encontrar ámbitos de tolerancia y de diálogo para dar  por finalizada una etapa de nuestra historia que ninguno de los orientales quiere volver a repetir.  Creemos que en este punto alcanzamos altos resultados posibles, habida cuenta de la naturaleza y complejidad de los problemas tratados.  Lo que se ha hecho en este punto ciertamente fructificará bajo la forma de esa concordia y de ese respeto que siempre fueron los característicos de nuestra sociedad.

                                    En cuanto al funcionamiento institucional, estoy persuadido que también logramos lo que salimos a buscar:  que el diálogo, que el interés por conciliar en objetivos superiores y que el bien supremo de la República  estuvieran siempre por encima de los intereses particulares. Este Gobierno ha entendido, desde su inicio, que las circunstancias del país ubicadas en las tan particulares y movilizantes circunstancias de la región y del mundo, no estaban dando espacio para que anduviéramos perdiéndonos en nudos de confrontación ni en egoísmos sectoriales.  De ahí la convocatoria permanente a coparticipar, a dialogar, a manejarnos todos en un común espacio de responsabilidad, teniendo por único y excluyente propósito obtener las mejores soluciones a los muchos desafíos que saltaban a nuestro paso.

                                    Las situaciones de crisis indican que la solitaria voluntad de unos sobre otros no sólo no alcanza, sino que tampoco es bueno y tampoco es eficaz lo que se logra con ello.  Indican que es preciso acordar, entenderse.  No se puede afrontar la compleja maraña de problemas simplemente disponiendo desde un rincón lo que debe hacerse;  ninguno de los actores de la realidad –el pueblo, los gobernantes, los agentes económicos- pueden estar exentos del conocimiento de las contrariedades que nos asaltan y de las vías posibles de solución.  El cumplimiento de la misión que la ciudadanía le ha confiado al Gobierno supone, en este sentido, esa búsqueda constante de transparencia y de cotejo de ideas que hace a la dinámica de una democracia en pleno funcionamiento y que hace, más que nada, a la cohesión de la sociedad en momentos donde la emergencia tercamente golpea a sus puertas.

                                    En eso también estamos y en eso seguiremos estando;  porque es bueno en sí mismo, bueno, por así decirlo, desde el punto de vista teórico, ideológico, pues forma parte de la esencia del funcionamiento democrático y parte, también, de las normas de convivencia en las sociedades civilizadas.  Y los uruguayos, señor Presidente, no sabemos, no queremos ser de otra manera.  Pero además es una verdad absolutamente empírica, un dato positivo de la realidad:  impide que la crisis clave su bandera  en uno de los cimientos de la República, cual es, sin duda, la estabilidad.

                                    La estabilidad –quisiera subrayarlo muy enfáticamente- es un bien que debemos preservar a cualquier precio.  Y el camino para hacerlo es , ante todo, asegurar la estabilidad social;  decidir que es un valor importante que en el país nunca falten canales de expresión, canales de diálogo, oportunidades de entendimiento entre todos sus actores, entre todos sus integrantes.  Está probado, aquí en Uruguay, y en cualquier parte del mundo, que la estabilidad política es una precondición de la estabilidad social;  pero luego se convierte en un producto de ella.  Y ambas se nutren en una constante dinámica que redunda, como es lógico, a favor del bien de la República y de la salud de sus instituciones.

                                    No quiero cerrar este Mensaje, Sr. Presidente, sin mencionar la comprensión y el alto sentido de responsabilidad que ha tenido nuestro pueblo para sobrellevar con paciencia y también con esperanza estos tremendos retos que han cercado y constriñen las salidas hacia el crecimiento de nuestro país.  Es evidente que la madurez, el espíritu patriótico y el afán por seguir aportando a los mejores destinos de la República son sustancias que están firmemente arraigadas en el alma de los orientales y que nada ni nadie puede desterrar.  Frente a tanto revés muy fácil habría sido caer en las tentaciones del desaliento o en los corredores sin salida del desencuentro.  Sin embargo no fue así y no lo será.

                                    Esa conducta levantada del pueblo uruguayo es motivo de estímulo para el Gobierno.  Supone confianza, implica la certeza de que todos pertenecemos a una misma heredad y a un mismo proyecto y de que , mirándonos directamente a la cara, sabemos que más allá de diferencias o de banderías, en lo esencial, en lo decisivo, en lo que tiene que ver con el bien común y con el futuro que queremos para nuestra Patria, estamos cerca, estamos juntos;  nos sentimos honrada y emocionadamente perteneciendo a un mismo cuerpo.

                                    El Poder Ejecutivo hace llegar a esa Honorable Asamblea la ratificación de su compromiso por seguir recorriendo y ahondando los lazos de entendimiento para procesar aquellas transformaciones que le permitan al Uruguay ser cada vez más el digno hogar que asegure el porvenir y la felicidad de todos sus hijos.