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12/04/2000 HOY, MIERCOLES 12 DE ABRIL DE 2000 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ELEVO A LA ASAMBLEA GENERAL EL MENSAJE Y PROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACION. Ministerio del Interior Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ministerio de Industria, Energía y Minería Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Salud Pública Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Montevideo, Sr. Presidente de la Asamblea General Prof. Luis Hierro López El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley de urgente consideración, numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República, referente a la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de las condiciones en que desarrollan las actividades productivas. EXPOSICION DE MOTIVOS El país se ha enfrentado a una coyuntura desfavorable en que la sumatoria de efectos regionales, internacionales, y aún climáticos, han generado una importante dificultad tanto en las finanzas del Estado como en el desarrollo de las actividades productivas. Puede percibirse que la situación que desde el 13 de enero de 1999 atraviesa el Mercosur, aunado a la caída del precio de nuestros productos de exportación, al alza de los precios de importaciones imprescindibles como el petróleo y al incremento de la tasa de interés internacional, han impactado dramáticamente en la economía nacional, disminuyendo de manera directa el nivel de actividad, y consecuentemente la recaudación. El aumento del déficit público resultante ha sido tradicionalmente enfrentado en Uruguay con un aumento de los tributos. El primer aspecto a destacar es que este Gobierno no adoptó tal camino, ya que se considera negativo para las posibilidades del trabajo nacional aumentar la presión tributaria. En consecuencia, se buscará una mayor austeridad en el gasto público, utilizando facultades que le son propias del Poder Ejecutivo, e incorporando otras al texto de ley de urgencia que se propone en este acto. Naturalmente es urgente adoptar medidas que apunten a mejorar las condiciones de trabajo y que al mismo tiempo contribuyan a mantener la estabilidad del costo de vida, que sin dudas es garantía de quienes dependen de ingresos fijos. Descartado un aumento impositivo y acotados por la defensa de los valores señalados, se propone una alternativa en beneficio de los sectores productivos. Así, se pone a consideración del Poder Legislativo un conjunto de disposiciones, que cada una en su área colaborarán en la mejora de gestión, la apertura de nuevas posibilidades y la consolidación de las ya emprendidas. En consecuencia, el proyecto presenta medidas que se entienden imprescindibles en las siguientes áreas: Fomento de la Inversión y el empleo: Siendo preocupación de ambos Poderes la mejora de las condiciones de competitividad del trabajo nacional, se adopta una línea de disminución de aquellos impuestos que gravan particularmente al mismo, acompasada con la racionalización del gasto estatal, la simplificación de tareas burocráticas, y una eficiente administración tributaria. Particularmente en lo que refiere a la contribución patronal, no sólo se consolida la disminución de tasas aprobada para el ejercicio 1999, sino que también se solicita la autorización para avanzar en tal dirección, en la medida que se obtenga una mayor racionalización en el gasto público. Agropecuaria: Sensibles ante las excepcionales dificultades que este sector básico para la economía nacional ha enfrentado, se propone para el ejercicio 2000, la exoneración del aporte patronal incluido en la contribución al Banco de Previsión Social, el abatimiento de un 25 % la contribución inmobiliaria rural, compensándose por parte del Poder Ejecutivo a las Intendencias Municipales como corresponde. Al mismo tiempo se impulsan diversas disposiciones tendientes a facilitar los acuerdos entre productores, de la incorporación tecnológica y su agrupamiento para mejorar el nivel de exportaciones y de precios. Sin perjuicio de lo expuesto, es propósito de este Poder Ejecutivo realizar una presentación, en ocasión del Presupuesto Nacional, de un ordenamiento del sistema tributario aplicable al sector agropecuario, basado fundamentalmente en el impuesto a la renta. Asimismo se propone la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para aquéllos predios menores a 1000 hectáreas índice CONEAT 100 para el año 2000, y en forma permanente para aquellos emprendimientos agropecuarios que incorporen tecnología al sector. Pequeñas y medianas empresas: Se proponen normas para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y de servicios, procurando mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, defender la lealtad de la competencia, facilitar el acceso al crédito y a los beneficios tributarios para su inversión. Se habilita la formación de sociedades de garantía recíproca y se reconoce a las cooperativas en tal función para la facilitación del crédito. Mejora de la administración y de los servicios: Se entiende importante la mejora de los servicios de transporte, facilitando la renovación de vehículos terrestres, proponiendo mejoras para el Puerto de Montevideo, tanto para su playa de contenedores como para la mercadería depositada en el mismo. Se incorporan normas que pretenden planificar el sistema ferroviario para el desafío que el aumento de la producción agropecuaria y forestal le demandarán en los próximos años. En materia de administración se plantean normas para racionalizar y acotar el gasto burocrático, completar su control e informatizar aquellos aspectos de las tramitaciones que aún no lo están. Compatible con la política de racionalización del gasto público, se incluyen normas que buscan disminuir la cantidad de integrantes de los directorios de algunos entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos públicos. Asimismo, se procura la mejora de recaudación por medio de la centralización de información entre los organismos recaudadores del Estado. Se incorporan normas, aprobadas en una rama parlamentaria en la anterior legislatura, que facilitan el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional creadas por la ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1996, con el objetivo de flexibilizar las posibilidades de inversión en la economía nacional, a la vez que se incluyen normas tendientes a salvaguardar el derecho de los ahorristas. Descentralización: Se reglamenta el funcionamiento de la Comisión Sectorial que con tal fin previó el Constituyente, y se facilita la instalación de empresas en el Interior de la República. Sociedades Comerciales: Se facilita la asociación de empresas, para adaptarse a un mercado mundial extremadamente competitivo, modificando ciertos artículos de la ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989. Seguridad pública: Considerando la calidad de vida a que tienen derecho los ciudadanos, se proponen modificaciones a la legislación penal, que si bien atienden la situación de algunos delitos que aquejan particularmente a los más débiles – el arrebato, el hurto con destreza en el transporte público, con ingreso a la casa habitación – también se procura prevenir limitando situaciones como el expendio de bebidas alcohólicas en ciertas circunstancias. También se procuran garantías, como el deber de informar y la defensa propia en el hogar, o prevenir el porte de armas en ciertas circunstancias, el carácter público del agente como agravante y aún el aparentemente inocente juego de la mosqueta que se convierte en el escenario apropiado para el hurto y el arrebato. Ministerio de Deporte y Juventud: Se incorpora la transformación de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional de la Juventud en un Ministerio –denominado en lo sucesivo Ministerio de Deporte y Juventud-, sin que ello implique incurrir en mayores gastos, cumpliéndose así con un anhelo requerido por gran parte de la población.
Otras medidas: Se incorporan normas sobre identificación civil, aprobadas en una rama parlamentaria en la anterior legislatura, que tienen relación con la prevención de la situación del menor y especialmente con una mejor planificación de su atención por parte del Banco de Previsión Social y la educación. El Poder Ejecutivo saluda al Señor Presidente con su mayor consideración.
PROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACION CAPITULO I FOMENTO DE LA INVERSION Y EL EMPLEO Artículo 1..- Fíjase en 6,5 (seis y medio) puntos porcentuales la tasa de aportes patronales jubilatorios de la industria manufacturera al Banco de Previsión Social. Derógase el artículo 25 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.- Artículo 2.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en la medida de las posibilidades del erario público y dando cuenta a la Asamblea General, a reducir la tasa de aportes patronales, por plazo determinado y en forma genérica o con referencia a uno o más sectores de la actividad económica. La disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social, será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas en las cantidades que debe verter por concepto de asistencia de Rentas Generales.-
Artículo 3.- Sustitúyese el artículo 686 de la ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 1º de la ley Nº 17.143, de 6 de agosto de 1999, por el siguiente:
La presente reducción de la tasa regirá entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000.- Artículo 4.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso final del artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, exonérase de la aportación patronal sobre dependientes - con excepción de las correspondientes a la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad, al Banco de Seguros del Estado y al Impuesto a las Retribuciones Personales - y de la aportación patronal sobre el titular y su cónyuge colaborador, a todas las empresas amparadas por dicha ley que exploten predios con extensiones inferiores a las 100 (cien) hectáreas, índice CONEAT 100 y no ocupen, además del titular de la misma y su cónyuge, más de dos dependientes. La presente exoneración regirá entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000.- Artículo 5.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte mínimo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la proporción que fuere necesaria para aplicar la reducción de aportes establecida en los artículos 2 y 3 de la presente ley.- Artículo 6.- La disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social, será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas en las cantidades que debe verter por concepto de asistencia de Rentas Generales.- Artículo 7.- Incorpórase al artículo 15 de la ley 16.906, de 7 de enero de 1998, el siguiente inciso final:
Artículo 8.- Durante el plazo de un año los sujetos pasivos del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales creado por el artículo 2° de la ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, no pagarán el mismo cuando los actos y hechos gravados por dicha norma tuvieren por objeto inmuebles rurales que: (i) se incorporen al patrimonio de sociedades anónimas con acciones al portador; y (ii) su superficie a la fecha de promulgación de la ley 17.214, de 25 de junio de 1999, no superare el equivalente a 1000 hectáreas CONEAT 100.- Artículo 9.- Incorpórase a los beneficios comprendidos en los artículos 11° y 16° de la ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, las actividades desarrolladas por agrupamientos o conjuntos de productores agropecuarios tendientes a la reducción de costos y aplicación de nuevas tecnologías que hagan posible mejorar los volúmenes de producción y la rentabilidad de sus establecimientos, sean aquéllos inversores o usuarios. Podrá considerarse como parte de la inversión las existencias y demás bienes preexistentes que se destinen o afecten al emprendimiento.- Artículo 10.- Rebájase en un 25%, por única vez, la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural cuyo pago deba efectuarse en el año 2000, establecida por el artículo 652 de ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Autorízase al Poder Ejecutivo, a fin de compensar la merma recaudatoria que ocasionará dicha rebaja, a disponer para el año 2000, por única vez, de una partida global de US$ 15.000.000 (quince millones de dólares). Dicha partida se distribuirá entre las Intendencias Municipales en partidas mensuales y a prorrata de la recaudación que éstas hayan obtenido por dicho impuesto en el año 1998.- CAPITULO III PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Artículo 11.- Las empresas que ejecutaren proyectos de inversión en actividades comerciales promovidas al amparo del Capítulo III de la ley Nº 16906, de 7 de enero de 1998, no podrán gozar de las exoneraciones del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, establecidas en los artículos 35, 37 y 38 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.- Artículo 12.- Las asociaciones de empresas que producen o comercializan bienes o prestan servicios, podrán tramitar y obtener en favor de sus afiliados y para proyectos específicos, los beneficios previstos en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, con la excepción de los beneficios establecidos en el artículo precedente de esta ley. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición. CAPITULO IV NORMAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Artículo 13.- Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general (artículos 7 y 36 de la Constitución), o que resulten del carácter de servicio público de la actividad de que se trate.- Artículo 14.- Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos, que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, tales como:
La aplicación de estas normas procede sólo cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general.- Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente capítulo y dispondrá las medidas pertinentes para la aplicación de dichas disposiciones. Toda contienda que se suscite que refiera a la materia regulada en este capítulo, podrá ser sometida por las partes a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el Título VIII del Libro II del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988), pudiendo la reglamentación a ser dictada por el Poder Ejecutivo habilitar centros especializados a tales efectos.- CAPITULO V FACILITACION DEL CREDITO Artículo 16.- Podrán constituirse sociedades anónimas de garantía recíproca, cuyo objeto exclusivo será el otorgamiento de garantías en beneficio de sus integrantes y para respaldar obligaciones correspondientes al giro habitual de sus actividades. Estas sociedades podrán, además, prestar a sus socios servicios de asesoramiento.- Artículo 17.- En todo lo no previsto por las disposiciones de éste capítulo, éstas se regirán por las disposiciones de la Ley Nº 16060, de 4 de setiembre 1989. Sus acciones serán nominativas y se les aplicará en lo pertinente las normas relativas a sociedades abiertas.- Artículo 18.- En su denominación figurará necesariamente la indicación " Sociedad Anónima de Garantía Recíproca".- Artículo 19.- También podrán adoptar la forma de sociedad cooperativa, en cuyo caso se denominarán Cooperativas de Garantía Recíproca y se regirán por las normas legales aplicables a éstas sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente.- Artículo 20.- La reglamentación establecerá el capital mínimo, responsabilidad patrimonial mínima y requisitos razonables en materia de información y procedimientos.-
Artículo 21.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza de computadoras personales e impresoras vinculadas directamente a las mismas, que se utilizaren exclusivamente en tareas educativas. Sólo podrán beneficiarse de dicha devolución los institutos de enseñanza a que se refiere el artículo 2° del Título 3 del Texto Ordenado 1996. Los referidos bienes no podrán enajenarse por un plazo de tres años a partir de la fecha de su adquisición.- Artículo 22.- Agrégase al artículo 3° del Título 3 del Texto Ordenado 1996 el siguiente inciso: "El plazo a que refiere el inciso anterior será de tres años en el caso de importaciones de computadoras personales y las impresoras vinculadas directamente a las mismas".- CAPITULO VII TRANSPORTE Sección 1º
Artículo 23.- No será aplicable el inciso 2º del artículo 382 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988) cuando se tratare de la ejecución del crédito otorgado para la compra de una unidad de transporte.- Artículo 24.- Los permisos de automotores con taxímetro podrán ser prendados, en garantía del crédito para la adquisición de la unidad. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición- Sección 2º
Artículo 25.- Autorízase a la Administración Nacional de Puertos a participar, conforme lo establecido en el inciso 3º del artículo 188 de la Constitución Nacional, en sociedad con capitales privados, en la administración, construcción, conservación y explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo. La participación se efectuará por intermedio de una sociedad anónima, constituida al efecto por la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo objeto social será el descripto en el inciso anterior. La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se instrumentará el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos, la participación inicial que ésta tendrá en su capital integrado, y las bases de sus estatutos sociales. Dichos documentos deberán contener al menos las siguientes previsiones:
Sin perjuicio que la sociedad y las contrataciones que realice se rigen por el derecho privado, el Estado tendrá dos representantes en el Directorio los que se regirán por las mismas normas que los directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado. El capital correspondiente a los inversores privados será representado por acciones al portador, estableciendo la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo las condiciones de emisión y de subasta u oferta pública en el mercado de valores. La correspondiente participación de capitales privados sólo procederá una vez instrumentado el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos. El producido de la subasta u oferta pública en el mercado de valores de las acciones de la sociedad correspondientes a la Corporación Nacional para el Desarrollo o a la Administración Nacional de Puertos, se destinará a la construcción de edificios de educación pública en la órbita del CODICEN. Dentro del plazo que establecerá la reglamentación a contar de la fecha de la subasta, la sociedad deberá presentar un operador que reúna antecedentes, solvencia y experiencia adecuadas, cuya designación deberá ser sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo. De lo actuado se informará a la Asamblea General.- Sección 3º
Artículo 26.- El Poder Ejecutivo podrá autorizar la utilización de las vías férreas por parte de empresas, que cumplan con los requisitos técnicos y abonen el peaje que establezca la reglamentación.- CAPITULO VIII MEJORA DE LA ADMINISTRACION Sección 1º Bienes del Estado Artículo 27.- Las unidades ejecutoras del Presupuesto Nacional, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, dentro de sus competencias y para el mejor logro de los objetivos y metas presupuestales, podrán dar y tomar bienes tanto por el contrato de crédito de uso de acuerdo a lo establecido en las leyes N° 16.072, de 9 de octubre de 1989, y 16.205, de 5 de setiembre de 1991, como por el contrato de arrendamiento con opción a compra (leasing operativo).- A tales efectos podrán afectar los créditos existentes para adquisición y arriendo de bienes muebles o inmuebles, así como las economías que se estime obtendrán con la operación, previo informe favorable del Registro de Inmuebles del Estado, cuando correspondiere, o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuando se trate de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.- Sección 2º Gastos de funcionamiento Artículo 28.- El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podrá comunicar a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado su criterio sobre la fijación de límites a la ejecución presupuestal de sus gastos de funcionamiento. Dichos organismos, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del Poder Ejecutivo, informarán a éste la resolución que deberá adoptar su Directorio respecto a si se comparte o no el criterio sugerido. En este último caso, el Poder Ejecutivo podrá ejercer las atribuciones que le comete el artículo 197 de la Constitución de la República.- Sección 3º
Artículo 29.- La substanciación de las actuaciones administrativas en la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como los actos administrativos de cualquier naturaleza, deberán realizarse por medios informáticos en las condiciones y plazos que establezca el Poder Ejecutivo. El expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional. Autorízase la firma electrónica y la firma digital en todas las actuaciones administrativas, las que deberán ser debidamente autenticadas por claves u otros procedimientos acordes con la naturaleza de la tramitación electrónica. La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos los efectos en cuanto a la existencia del original transmitido. Toda petición o recurso administrativo que se presente ante la Administración Pública, podrá realizarse por medio de documentos electrónicos.- Artículo 30.- Los actos administrativos y las órdenes de compra que adjudiquen la contratación de bienes o servicios, deberán estar acompañados de una constancia emitida por el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado, que certifique la existencia de crédito suficiente para atender la erogación resultante. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las formalidades requeridas para la emisión de la constancia. El acto administrativo o la orden de compra deberán hacer referencia a la existencia de la referida constancia, debiendo incluir los datos identificatorios de la misma. Los proveedores adjudicatarios, previa a la entrega de los bienes o a la prestación de los servicios, deberán exigir a la administración la vía correspondiente de la constancia de existencia de crédito suficiente. Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 1560 del Código Civil). Las disposiciones de este artículo comprenden las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por los incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional por montos superiores al límite de la contratación directa. Facúltase al Poder Ejecutivo a extender este régimen a las contrataciones efectuadas al amparo de lo dispuesto por el numeral 2) del inciso 2º del artículo 33 del TOCAF.- Sección 4º
Artículo 31.- Los Directorios de la Administración Nacional de Puertos, la Administración de Ferrocarriles del Estado y la Administración Nacional de Telecomunicaciones estarán integrados por tres miembros designados conforme a lo dispuesto por el Artículo 187 de la Constitución de la República.- Artículo 32.- El Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos será dirigido por un Consejo Directivo integrado por tres miembros, los que serán designados por el Poder Ejecutivo.- Artículo 33.- Modifícase el Artículo 3º de la Ley 15.785, de fecha 4 de diciembre de 1985, por el siguiente:
Artículo 34.- Sustitúyese el Artículo 4º de la Ley 15.785, de fecha 4 de diciembre de 1985, por el siguiente: "Artículo 4º.- El Presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo.".- Artículo 35.- En los casos que las disposiciones vigentes requieran mayorías especiales por parte de los Directorios o Consejos Directivos de los organismos mencionados en los artículos 31 a 34 de esta ley, se tendrán por cumplidas las mismas con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de sus componentes.- Artículo 36.- Suprímese ANSE (Administración Nacional de los Servicios de Estiba), encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución de sus funciones y su patrimonio. Se disminuirán los importes cobrados de acuerdo a la ley, en la proporción resultante de esta disposición. Los funcionarios de la referida institución que se suprime, con funciones permanentes e ingresados hasta el 27 de Octubre de 1998, serán redistribuidos en la forma dispuesta por el artículo 37 de la ley 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Facúltase al Poder Ejecutivo para que proceda, previo informe de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos presupuestales, dando cuenta a la Asamblea General. Las transferencias de dominio que correspondan operarán de pleno derecho con la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, determinando los bienes comprendidos. Los registros públicos procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de esa resolución.- Sección 5º
Artículo 37.- UTE podrá efectuar el servicio público de alumbrado de ciudades, villas, pueblos y centros poblados, siendo responsable de la instalación, con todos sus elementos, y el mantenimiento que posibilite una prestación adecuada del servicio.- Artículo 38.- La tarifa del servicio reflejará los costos del mismo, será propuesta por UTE y aprobada por el Poder Ejecutivo. Se facturará y cobrará periódicamente, conjuntamente con la factura de suministro eléctrico, integrando un único pago indivisible. En los inmuebles carentes de servicio de suministro eléctrico, la reglamentación establecerá la forma de cobro.- Artículo 39.- UTE y las Intendencias Municipales acordarán la designación de un tasador independiente que determinará el valor actualizado de los activos incrementales ejecutados por éstas, que se compensará con las deudas existentes, y de existir un remanente a favor de la Intendencia se compensará con consumos futuros de energía eléctrica provenientes de las dependencias municipales.- En caso de no existir acuerdo para la designación de tasador independiente en un plazo de treinta días a partir que las Intendencias Municipales expresen su conformidad a que el servicio sea prestado por UTE, o que ésta manifieste la voluntad de efectuar el servicio de alumbrado público, la parte que haya designado el suyo, podrá solicitar la designación de tasador al Poder Ejecutivo, quien dispondrá de un plazo de treinta días para hacerlo. Artículo 40.- Lo dispuesto en los artículos precedentes de la presente Sección sólo será de aplicación en aquellos casos en que las Intendencias Municipales manifiesten su conformidad, que se considerará irrevocable, o que estuvieren en situación de morosidad frente a UTE por un período superior a seis meses.- Sección 6º
Artículo 41.- Incorpórase al artículo 268 del Código General del Proceso (Ley N° 15.892, de 18 de octubre de 1988) el siguiente párrafo final:
Artículo 42.- Sustitúyese el numeral 3° del artículo 269 del Código General del Proceso (Ley N° 15.892, de 18 de octubre de 1988) por el siguiente: "Contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no superare el importe equivalente a 5000 (cinco mil) unidades reajustables. En el caso de sentencias dictadas por Tribunales de Apelaciones de Trabajo. No procederá el recurso cuando el monto del asunto no superare un importe equivalente a 3000 (tres mil) unidades reajustables." Sección 7º
Artículo 43.- Agrégase al artículo 26 de la ley Nº 12.997, de 28 de noviembre de 1961, el siguiente inciso: "La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios tendrá además, las facultades establecidas por el artículo 257 de la ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, para la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias".- Sección 8º
Artículo 44.- Derógase el artículo 12 de la ley Nº 10.707 de 9 de enero de 1946 y los artículos 23 y 24 de la ley 9.526, de 14 de diciembre de 1935. Para los actos jurídicos referidos en la Ley N° 12.378, de 31 de enero de 1957, se requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta del Directorio, integrado conforme al presente artículo.- Artículo 45.- El control interno y el destino de las utilidades serán dispuestos por las autoridades de la Cooperativa, quedando sin efecto a partir de la vigencia de la presente ley todas las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes que se opongan a lo establecido en este artículo.- Artículo 46.- A partir de la vigencia de esta ley, Conaprole deberá cumplir con las normas de información, publicidad y control aplicables a las sociedades anónimas abiertas previstas por la ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.- Sección 9º
Artículo 47.- No están comprendidas en la base imponible del Impuesto al Patrimonio establecido en el Título 14, del Texto Ordenado 1996 las mercaderías depositadas en régimen de puerto libre, a que refiere el artículo 2º de la ley 16.246, del 8 de abril de 1992, cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas del exterior.- Artículo 48.- Centralización de la Información Fiscal.- Facúltase al Poder Ejecutivo a centralizar la información relativa a los contribuyentes que se encuentre disponible en sus diversas dependencias y la que le suministrará el Banco de Previsión Social, con la misma obligación de reserva establecida en las normas legales vigentes, y a efectos de mejorar la percepción de los tributos correspondientes.- Artículo 49.- Durante el plazo de un año, los sujetos pasivos del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, creado el artículo 2º de la ley 16.107, de 31 de marzo de 1990, no pagarán el mismo, cuando los actos y hechos gravados por dicha norma se verifiquen a consecuencia de aportes de capital destinados a la disminución de pasivos con instituciones bancarias, casas financieras o cooperativas de intermediación financiera, radicadas en el país, adeudados por la empresa receptora de capital. Los inmuebles objeto de la referida exoneración deberán ser de propiedad de quien realiza el aporte de capital o de la empresa receptora del mismo. La reglamentación determinará los elementos con que los sujetos pasivos justificarán el cumplimiento de los extremos exigidos por la presente disposición.-
Escalafón Policial Artículo 50.- Modificase el artículo 132 de la ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 132.- A partir de la vigencia de la presente ley, no podrá autorizarse pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos de los integrantes del Escalafón Policial, excepto aquéllos que impliquen el cumplimiento de un servicio de seguridad a juicio del Ministerio del Interior".-
Artículo 51.- En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 298 de la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12 de la ley 16.906, de 7 de enero de 1998, otorgará mayores exoneraciones, conforme a lo establecido en el Capítulo III de la referida ley, a la instalación o ampliación de emprendimientos en el interior del país, cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos, que las que otorgue a análogos emprendimientos que se instalen o amplíen en el Departamento de Montevideo, en la forma y condiciones que se determinará en la reglamentación correspondiente. Se pondrá en conocimiento de la Asamblea General y la Comisión Sectorial asesora prevista en el literal b) del artículo 230 de la Constitución de la República.- Artículo 52.- La Comisión Sectorial a que se refiere el artículo 230 de la Constitución de la República estará integrada por delegados de los Ministerios competentes a juicio del Poder Ejecutivo, e igual número de delegados del Congreso de Intendentes. Como mínimo el Poder Ejecutivo designará delegados de los Ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Ganadería Agricultura y Pesca, Industria Energía y Minería, Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Turismo. La Presidencia de la Comisión será rotativa, correspondiéndole, alternativamente, a un delegado del Poder Ejecutivo y a uno del Congreso de Intendentes. Los designantes podrán establecer un régimen de suplencias por sus delegados. Un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de realizar la coordinación correspondiente, asistirá a las reuniones de la Comisión, aunque no la integrará a ningún efecto.- Artículo 53.- La Comisión podrá invitar a concurrir a sus sesiones a delegados de otros Ministerios e Intendencias. Artículo 54.- La Comisión tendrá los siguientes cometidos que la Constitución fija:
Artículo 55.- Cuando debiera asesorar en las materias de su competencia, sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta del total de componentes. Si, en esos casos, se registrare empate en la votación, habrá dos informes que serán elevados siguiendo el procedimiento previsto en las normas constitucionales (literal c artículo 214 y numeral 2º del artículo 298). Artículo 56.- A tales fines la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
CAPITULO X FONDOS DE AHORRO PREVISIONALES Artículo 57.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:
Artículo 58.- Sustitúyese el artículo 121 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:
Artículo 59.- Sustitúyese el inciso final del articulo 123 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente: "La suma de las inversiones mencionadas en los literales D), E) y F) no podrá exceder del 40% (cuarenta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional".- Articulo 60.- Sustitúyese el literal E) del artículo 123 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente: "E) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos que estén radicados en el país, hasta el 20% (veinte por ciento)".- Artículo 61.- Sustitúyese el literal B) del articulo 123 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente: "B) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento)".- Artículo 62.- Sustitúyese el articulo 119 de la Ley N° 16. 713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:
Artículo 63.- Sustituyese los artículos 284, 331, 362 y 419 de la ley N° 16060, de 4 de setiembre de 1989, los que quedarán redactados en la siguiente forma:
CAPITULO XII SEGURIDAD CIUDADANA Artículo 64.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 16.814, de 21 de marzo de 1997, por el siguiente: "Facúltase al Ministerio del Interior a contratar por el plazo de seis meses, prorrogable por iguales períodos, hasta doscientos retirados policiales para desempeñar funciones correspondientes al Subescalafón Ejecutivo, con destino a la creación de una Policía Ciudadana que dependerá de la Jefatura de Policía de Montevideo. Los contratos que no fueren realizados con retirados policiales, y hasta un máximo de cincuenta, se proveerán designando personas de hasta 22 años de edad con al menos el primer ciclo de secundaria aprobado. En el caso de éstos últimos, transcurridos dos años, si su desempeño así lo justifica, el Ministerio del Interior podrá designarlos Agente de Primera".- Artículo 65.- Sustitúyese el numeral primero del artículo 2º de la ley Nº 16.814 de 21 de marzo de 1997, por el siguiente: "1) Estar en situación de retiro al día 30 de abril de 1999." .- CAPITULO XIII MODIFICACIONES A LA LEGISLACION PENAL Sección 1º Rapiña: tentativa Artículo 66.- Incorpórase al artículo 344 del Código Penal el siguiente inciso final: "La pena a aplicar en caso de tentativa se regulará por las disposiciones generales, excepto que no será inferior a dos años de penitenciaría." .- Sección 2º Hurto: agravantes especiales Artículo 67.- Sustitúyese el artículo 341 del Código Penal por el siguiente:
Sección 3º Legítima defensa Artículo 68.- Modifícase el artículo 26 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Sección 4º Atentado violento al pudor Artículo 69.- Modifícase el artículo 273 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Sección 5º Carácter público del agente Artículo 70.- Sustitúyese el numeral 8°) del artículo 47 del Código Penal por el siguiente:
Sección 6º Agravantes Artículo 71.- Agrégase al artículo 47 del Código Penal el siguiente numeral:
Artículo 72.- Agrégase al artículo 151 del Código Penal el siguiente numeral:
Sección 7º Punibilidad de la conspiración seguida de actos preparatorios Artículo 73.- Agrégase al Capítulo I del Título XII del Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 74.- Agrégase al capítulo II del Título XII del Código Penal el siguiente artículo:
Sección 8° Porte de armas Artículo 75.- El que registrando antecedentes penales en el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, cuya data no exceda el término de cinco años (artículo 126 del Código Penal y artículo 332 del Código del Proceso Penal) y se encuentre procesalmente abierta, imputado de la comisión de alguna de las figuras delictivas previstas en los artículos 150, 272, 273, 288, 310, 316, 318, 319, 321 bis, 323 bis, 340, 344, 344 bis, 345, 346, 350 bis, fuere sorprendido teniendo en su poder un arma de fuego, será castigado por esa sola circunstancia, con pena de tres a veinticuatro meses de prisión. En estos casos, no se tendrá en cuenta la autorización de "porte de armas" que pudiere habérsele otorgado en vía administrativa (inciso tercero del artículo 17, del Decreto 652/970).- Sección 9º Deber de informar Artículo 76.- (Deber de informar). En todo supuesto de privación de libertad dispuesto por la autoridad, la persona deberá ser informada por el aprehensor de dicha medida con expresión clara de los cargos que se le formulan dentro de las veinticuatro horas de producida la privación libertad.- Sección 10º Divulgación Artículo 77.- En los casos de procesamiento por delitos de homicidio a título doloso, rapiña, copamiento extorsión, secuestro, violación, corrupción, estafa y los previstos en los artículos 30 a 34 de la Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, de estupefacientes, y modificativas, o en aquellos otros en que el Juez de la causa lo estime conveniente, por razones de interés público, podrá divulgarse, sin ninguna restricción, el nombre y demás datos identificatorios del procesado, en forma expresa y fundada, en el mismo auto de procesamiento. La resolución del Juez que no disponga la divulgación podrá ser recurrida por el Ministerio Público, la víctima o sus familiares hasta el segundo grado consanguinidad o afinidad, o por los tutores o curadores de incapaces, mediante los recursos de reposición y apelación, dentro de los seis días de su notificación al Ministerio Público.- Sección 11º Del delito putativo y la provocación por la autoridad Artículo 78.- Modifícase el artículo 8° del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Sección 12º Suministro de bebidas alcohólicas Artículo 79.- Prohíbese el expendio o suministro de bebidas alcohólicas o su ofrecimiento a cualquier persona entre las 0 y 6 de la mañana, en aquellos locales que no cuentan con la habilitación otorgada por la autoridad competente para que en los mismos se puedan consumir bebidas alcohólicas. Por vía reglamentaria y por razones fundadas podrá extenderse o limitarse el horario impuesto a exceptuarse de la prohibición a aquellos locales que se estimare oportuno, así como imponerse otro tipo de medidas de carácter supletorio a la establecida y que sirvan a la finalidad perseguida por la presente ley.- Artículo 80.- Agrégase al artículo 361 del Código Penal el numeral siguiente:
Sección 13º Juego de mosqueta Artículo 81.- El que en lugares públicos o expuestos al público, incitare, invitare a participar o participare en el llamado juego de la mosqueta o similares, mediante apuestas, ya sea como habilidoso, jugador simulado o simple incitador, será castigado con la pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaria. El apostador será sancionado con la pena prevista en el artículo 361 del Código Penal.- Artículo 82.- Entiéndese por juego de la mosqueta o similar a los efectos de esta ley, la actividad desplegada por una persona, llamada a los efectos de esta ley, el habilidoso, que por medio de movimientos rápidos y continuos y otros, consecuencia de su habilidad manual, desafía al resto de los jugadores o espectadores a acertar en que lugar se encuentra él o los objetos por él manipulados.- Sección 14º Causales de Justificación Artículo 83.- Se presumirá la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal "cumplimiento de la ley", respecto de los actos lesivos de la personalidad física ejecutados por personal militar asignados a las tareas de seguridad externa de establecimientos determinados por el Poder Ejecutivo y formalmente encomendados por éste y en ocasión de las mismas, conforme a las disposiciones vigentes en materia de seguridad en instalaciones militares.- CAPITULO XIV NORMAS SOBRE IDENTIFICACION CIVIL Artículo 84.- Sustituyese los incisos primero y segundo del artículo 7 del Decreto-Ley 14.762, de 13 de febrero de 1978, por los siguientes:
Articulo 85.- La Dirección Nacional de Identificación civil podrá exonerar del pago de la tasa correspondiente, siempre que medie solicitud fundada del Instituto Nacional de Menor, de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, Banco de Previsión Social, de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), de las Defensorías de Oficio en materia de Familia y de Menores y de los Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La Dirección Nacional de Identificación Civil, a los efectos de autorizar la exoneración, podrá requerir los asesoramientos informes o documentación que crea convenientes. En los casos de renovaciones, la exoneración será excepcional y deberá conferirse previa auxiliatoria de pobreza, en casos debidamente justificados mediante información sumaria, ante la Dirección Nacional de Identificación Civil.- Articulo 86.- Exonérase del pago de la tasa de información prevista por el articulo 151 de la Ley 16.736, de 5 de enero de 1996 y Resolución de Poder Ejecutivo No. 380/996, de 30 de abril de 1996, a solicitudes tramitadas por las Defensorías de Oficio, Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Suprema Corte de Justicia, suscritas por los funcionarios autorizados. A tales efectos deberá remitirse a la Dirección Nacional de Identificación Civil, nómina y firma del profesional responsable de la actuación de cada una de las Instituciones mencionadas.-
Artículo 87.- Créase el Ministerio de Deporte y Juventud, que se incorporará al Presupuesto Nacional como el Inciso 15.- Artículo 88.- El Poder Ejecutivo establecerá las políticas nacionales en materia de deporte y juventud, considerando particularmente el interior de la República, y las ejecutará a través del Ministerio que se crea por la presente ley.- Artículo 89.- Suprímese la Comisión Nacional de Educación Física creada por la Ley N° 3789, de 7 de julio de 1911.- Artículo 90.- El Instituto Nacional de la Juventud, creado por el artículo 331 de la Ley Nº 16.170 de diciembre de 1990, en el Programa 001 "Administración General" del Ministerio de Educación y Cultura, pasará a integrar el Ministerio que se crea por la presente ley.- Artículo 91.- Al Ministerio de Deporte y Juventud corresponde:
Artículo 92.- Tranfiérense de pleno derecho al Ministerio de Deporte y Juventud, todos los bienes, créditos, recursos, derechos y obligaciones de la Comisión Nacional de Educación Física y el Instituto Nacional de la Juventud, cualquiera fuere su origen o financiación. Artículo 93.- La adecuación presupuestal de los funcionarios de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional de la Juventud, que se redistribuyen al Ministerio de Deporte y Juventud se efectuará conforme a las normas que regulan la materia. Artículo 94.- Créanse en el Inciso 15, los cargos de particular confianza del Poder Ejecutivo de Director General de Secretaría del Ministerio de Deportes y Juventud, el de Director de Deportes y el de Director de Coordinación Deportiva, cuya retribución será la establecida en el literal c) del artículo 9º de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Inclúyese en lo establecido por el literal c) del artículo 9° de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, el cargo de particular confianza del Poder Ejecutivo, Director del Instituto Nacional de la Juventud. Suprímense los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocal de la Comisión Nacional de Educación Física.- Artículo 95.- La creación del Ministerio de Deporte y Juventud no podrá significar el nombramiento de nuevos funcionarios públicos. Los cargos y sus funciones se cubrirán con los actuales funcionarios de las unidades que se suprimen, o con los procedimientos de redistribución de funcionarios vigentes.- |
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