02/06/2000

CARTA DE INTENCION

El pasado 14 de abril el gobierno uruguayo presentó al Fondo Monetario Internacional la Carta Intención para la obtención del stand by precautorio por 197 millones de dólares aprobado el miércoles.

El texto describe el programa hasta fines del 2001, con las políticas macroeconómicas y el paquete de reformas estructurales que el gobierno tiene el propósito de implementar:

A continuación ofrecemos el texto dirigido al Sr. Stanley Fischer, Director Gerente Interino del Fondo Monetario Internacional.

En el memorando de política económica y anexos que se adjuntan se presenta una descripción de la política y los objetivos económicos del Gobierno de Uruguay para el período 2000-01, para cuyo respaldo el gobierno solicita al FMI se celebre un acuerdo de derecho de giro de 22 meses que será tratado con carácter precautorio por el equivalente de DEG 150 millones. El gobierno considera que las medidas descritas fomentarán el crecimiento sostenible del producto y del empleo en condiciones de baja inflación y viabilidad externa, mejorarán la eficiencia de la economía en general y del sector público en particular y atenderán las necesidades sociales prioritarias.

Durante el período del acuerdo, las autoridades uruguayas se mantendrán en relación directa con el FMI y consultarán la adopción de toda medida que pueda ser necesaria, observando para ello los procedimientos del FMI al respecto. Se realizarán exámenes semestrales del programa con el FMI en diciembre de 2000, en junio de 2001 y en diciembre de 2001.

ANEXO I –

I. ANTECEDENTES

1. La economía uruguaya registró un progreso sustancial durante los años

noventa. Superado el estancamiento del primer quinquenio de los años ochenta, el crecimiento del producto per cápita se incrementó a un nivel promedio de casi 3% anual y la inflación se redujo de 133% en 1990 a menos del 5% para finales de 1999. Todos los uruguayos se beneficiaron de este progreso, dado que el país mantuvo una de las distribuciones más equitativas del ingreso y los mejores indicadores sociales globales de América Latina. Durante este período, la política económica hizo hincapié en una gestión fiscal prudente combinada con una política de ingreso moderada; liberalización del comercio y de los pagos internacionales; desregulación del mercado interno; reformas fundamentales en las esferas de previsión social y educación, y una reducción paulatina de la tasa de depreciación de la banda cambiaria para ayudar a aminorar las expectativas inflacionarias.

2. No obstante, persisten importantes desafíos macroeconómicos. La competitividad sufrió los efectos de la devaluación brasileña de principios de 1999, el desempleo es elevado, y es necesario resolver las ineficiencias estructurales, incluida la materia fiscal, para respaldar el ahorro y la inversión privada en la economía. Es imprescindible tomar medidas para racionalizar las actividades del sector público, el cual sigue siendo un factor dominante en la economía porque las empresas financieras y no financieras más grandes son estatales. La sociedad está en búsqueda de un equilibrio adecuado de medidas de política que den más flexibilidad y dinamismo a la economía en tanto generan oportunidades equitativas para todos los uruguayos.

3. El año 1999 fue difícil para Uruguay. La economía se vio afectada por el impacto combinado de la súbita devaluación del real brasileño a principios del año, la caída del crecimiento en los otros países del Mercosur, un abrupto deterioro de la relación de intercambio, e incertidumbres vinculadas con las elecciones presidenciales hacia finales del año.

Como resultado de todo esto, se estima que el PBI real se redujo en un 3,4% (frente a un crecimiento de casi 5% en 1998). La actividad económica tocó fondo en el tercer trimestre de 1999 pero la recuperación se vio obstaculizada por una sequía que redujo el producto agrícola, una temporada turística veraniega poco dinámica y el efecto del aumento de los precios del petróleo en los costos de la energía. La tasa de desempleo se elevó de 10% a mediados de 1998 a 11,4% en diciembre de 1999, pero la inflación se redujo a la mitad (al 4,2%).

4. Las finanzas públicas se debilitaron significativamente, registrando un déficit global que se elevó de 0,9% del PBI en 1998 a 3,8% (casi US$ 800 millones) en 1999. Una parte significativa del desajuste fiscal obedeció a la desaceleración económica, pero el gobierno también concedió asistencia especial a los sectores más afectados por la recesión y la ANEXO I - sequía, e incurrió en gastos extraordinarios por las elecciones y en algunos desembolsos imprevistos por concepto de capital e intereses. En el sector de las empresas públicas, la empresa petrolera nacional debió afrontar precios más altos de los previstos para la importación de petróleo y la empresa nacional de electricidad tuvo que utilizar costosos generadores que funcionan con derivados del petróleo porque la sequía redujo la presión del agua en los embalses. Los gobiernos locales registraron un déficit imprevisto del 0,3% del PBI en 1999, lo que reflejó el impacto de la recesión, las elecciones generales a finales de 1999 y sus propias elecciones en mayo de 2000.

5. El gobierno no tuvo dificultades para financiar el déficit en 1999. Si bien el acceso a los mercados internacionales de capital se mantuvo abierto (los bonos del Estado fueron clasificados como de primera calidad por las calificadoras internacionales de riesgo), el gobierno optó por colocar solamente una emisión de Eurobonos a diez años de US$ 250 millones (en abril de 1999, con un diferencial de tasas de interés de 225 puntos básicos por encima del instrumento comparable del Tesoro de Estados Unidos). Dado que la demanda de crédito del sector privado fue débil durante 1999 y continuaron entrando depósitos, el gobierno financió el resto de sus necesidades de empréstitos con fuentes nacionales. Los bancos privados parecen haber capeado razonablemente bien la recesión de 1999, con una rentabilidad adecuada y sin un deterioro considerable en su cartera de préstamos. No obstante, los bancos del sector público ayudaron a algunos sectores de la economía más afectados por la recesión y por la evolución desfavorable de la relación de intercambio refinanciando préstamos y alargando los períodos de pagos, pero se incrementó la proporción de préstamos en mora en relación con los bancos privados. Con todo, los bancos del sector público están considerablemente más capitalizados que los bancos privados y pueden constituir fondos adicionales para cubrir cualesquier monto que resulte ser irrecuperable. Los bancos están siguiendo de cerca los préstamos refinanciados.

6. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se incrementó de 2,1% del PBI en 1998 a 2,9% (US$ 600 millones) en 1999. Las exportaciones de mercancías se contrajeron más de 18% en dólares de EE.UU. (más de 7% en volumen), en tanto que las importaciones bajaron casi 12% (también aproximadamente 7% en volumen). Las exportaciones a Brasil se vieron particularmente afectadas por la poca demanda y la apreciación del tipo de cambio real bilateral. En consecuencia, los precios de exportación de determinados productos básicos sufrieron una acusada baja y los términos de intercambio de las mercancías descendieron casi 8% en el año. La inversión extranjera directa recibió el impulso de algunas operaciones de gran cuantía en los sectores de hotelería y venta al por menor y cubrieron casi un tercio del déficit en cuenta corriente, siendo complementadas por continuas entradas de depósitos privados. Las reservas internacionales netas no registraron modificaciones tras los sustanciales incrementos de los últimos años.

7. La evolución de la política de tasas de interés y el mecanismo de la banda cambiaria fue, en general, acorde a lo previsto en el programa para 1999. La confianza en la política económica global y en el régimen cambiario se mantuvo firme, y en julio el Banco Central (BCU) redujo su tasa de interés de referencia a corto plazo de 12½% a 9½%, nivel en el que permanece en la actualidad. Mientras tanto, la tasa de depreciación de la banda cambiaria se mantuvo en un 7½% anual. Pese a que el entorno externo fue desfavorable y Uruguay padeció ataques a su competitividad con la devaluación del real brasileño, las presiones sobre la banda cambiaria se limitaron a las que se observan normalmente en un año electoral. El tipo de cambio se desplazó gradualmente desde el límite inferior (el más apreciado) de la banda a mediados de año hasta el límite superior (más depreciado) inmediatamente antes de los comicios de octubre/noviembre. No obstante, el peso volvió rápidamente al límite más apreciado de la banda al concluir las elecciones.

II. PROGRAMA ECONÓMICO PARA 2000-01

8. El nuevo gobierno, que asumió el poder el 1 de marzo de 2000, está decidido a

aprovechar el progreso económico logrado en los años noventa y comprometido a atender las dificultades y los desafíos que siguen presentes en la economía. En una sociedad como la uruguaya, fundada en el consenso, el gobierno está procurando obtener un amplio respaldo social y político para este esfuerzo. Además, el gobierno intenta obtener el apoyo de la comunidad financiera internacional, en particular el Fondo Monetario Internacional, por lo que solicita a la institución un acuerdo de derecho de giro de 22 meses.

9. La primera prioridad del gobierno es crear las condiciones que favorezcan una recuperación sostenible del crecimiento del producto en tanto se preserva la estabilidad de los precios. Es necesario reanudar el crecimiento del producto para reducir la desocupación. Las medidas de política se centrarán en el fortalecimiento de las finanzas del sector público y en las reformas estructurales. Existe la necesidad de incrementar el ahorro en la economía, lo que, a su vez, estimulará la inversión y limitará el endeudamiento general del país. Simultáneamente, las reformas estructurales son cruciales para mejorar la competitividad de la producción nacional, dentro del marco del régimen cambiario de banda ajustable y en los esfuerzos de integración económica regional. Esto exigirá la contención de los costos, la desregulación y una mayor competencia, mayor divulgación de información y otras reformas estructurales para los sectores público y privado.

III. MARCO MACROECONÓMICO

10. Uruguay está saliendo gradualmente de la recesión y se espera que el repunte del crecimiento del producto cobre fuerza hacia mediados de este año. El gobierno confía en que con la recuperación de la actividad económica en Argentina y Brasil, el entorno económico internacional se ha vuelto más favorable que durante 1999. De todas formas, la región sigue confrontando riesgos porque están aumentando las tasas de interés internacionales y Uruguay deberá manejarse, por ahora, en un contexto de precios de productos básicos que siguen deprimidos y costos más altos de la energía. Conforme a ello, el gobierno prevé que el crecimiento del PIB real se ubicará entre 2% y 2½% en el 2000, debido al giro de la balanza de pagos y a una gradual recuperación de la inversión y el consumo en el sector privado. La tasa de inflación se ubicará probablemente en el rango de 4% a 6%, aproximadamente el mismo que en 1999, antes de reanudar su tendencia descendente en 2001.

Se prevé que el empleo inicie una recuperación, pero inicialmente se estima que la tasa de desempleo bajará solo moderadamente porque, en general, con la recuperación también tienden a repuntar las tasas de participación. Con la mejora de las condiciones externas y costos internos generales más bajos medidos en dólares de EE.UU., se proyecta una reducción del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos a un nivel comprendido entre el 2% y el 2½% del PIB en el 2000.

IV. MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

11. El gobierno cree que lo mejor es considerar su programa económico para 2000– 01 como parte de un esfuerzo a mediano plazo para restablecer la competitividad y retomar el crecimiento del producto a altas tasas. En este contexto procura seguir una estrategia fiscal en dos frentes, en la que combinará la consolidación de las finanzas públicas para fortalecer la confianza y reducir el coeficiente de deuda nacional, con recortes impositivos graduales para ayudar a reducir costos en la economía y fomentar la competitividad. Ambos objetivos requieren una restricción del gasto y reformas estructurales. El gobierno está preparando un proyecto de ley de presupuesto quinquenal para el nuevo período presidencial. El presupuesto tendrá como meta reducir el déficit fiscal a menos del 1% del PIB a mediano plazo y será presentado al Parlamento antes de finales de agosto de 2000. No será posible lograr a la vez todos los objetivos fiscales estructurales, pero el gobierno reducirá significativamente el déficit en 2000–01 y se ha comprometido a lograr, a mediano plazo, una modificación sustancial de la razón entre la deuda bruta del sector público y el PIB, que sufrió recientemente un fuerte incremento porque incluye los costos de la reforma previsional (más del 1% del PIB anual) desde 1996.

12. En el año 2000, el gobierno se fija como meta la reducción del déficit fiscal a la mitad, para ubicarlo en 1,8% del PIB. Alrededor del 40% del ajuste implícito se deberá a que no se recurrirá a los gastos extraordinarios que afectaron el déficit en 1999. El resto refleja un mayor ingreso tributario como respuesta a la recuperación de la actividad económica y los recortes planificados del gasto discrecional no correspondiente a intereses.

13. Del lado del ingreso, el gobierno procurará no elevar los impuestos durante el período del mandato. Es más, en el año 2000 tendrá lugar una reducción de los impuestos a la tierra y un recorte de los aportes patronales al sistema de previsión social en el sector agropecuario para ayudar a reducir costos y absorber los efectos de la sequía. A pesar de estos recortes de impuestos, se prevé una recuperación en el 2000 de la razón entre la recaudación total y el PIB tras la caída registrada en 1999. Son tres las razones de ello: en primer lugar, al reanudarse el crecimiento del producto, se prevé que las compras de bienes de consumo duraderos se recuperen de la fuerte reducción que tuvo lugar durante la recesión, dado que esos productos figuran entre las mayores fuentes de ingresos por concepto de impuestos al valor agregado e impuestos selectivos al consumo. En segundo lugar, se proyecta también una recuperación de las importaciones, lo que elevará los ingresos por concepto de impuestos aduaneros. Y tercero, se están ajustando los precios administrados de los productos petroleros y sus derivados para reflejar el aumento de los costos de importación de energéticos.

14. Se programa una reducción en términos reales de los gastos no correspondientes a intereses, con lo que se reduce su proporción en el PIB en 1¾ puntos porcentuales, ayudando a reducir los costos sobre la economía. Los salarios que perciben los funcionarios del gobierno central (que representan alrededor del 5% del PIB) se ajustaron en 1½% en enero de 2000 y no volverán a ajustarse en el resto del año (véase más adelante). Se prevé que las erogaciones previsionales (casi 17% del PIB en 1999), las que están indexadas al índice medio de salarios de la economía (salarios privados y públicos), también reduzcan su ratio en relación al PIB. Por último, dado que se contuvo el gasto discrecional y no se recurrirá a desembolsos extraordinarios como se indicó previamente, se reducirán, como proporción del PIB, las compras de bienes y servicios, otras erogaciones discrecionales y el gasto de capital. La mayor parte de las reducciones programadas del gasto (y el déficit) para el año 2000 tendrán lugar en el gobierno central y en las empresas del sector público, en tanto que los gobiernos locales, que prácticamente carecen de acceso al financiamiento, tendrán que eliminar el déficit registrado en 1999.

15. La moderación del crecimiento salarial es crucial para ayudar a fortalecer la competitividad y mejorar las perspectivas del crecimiento del empleo. La ley de indexación en el sector público adoptada por el Parlamento a finales de 1998 estipula que si la inflación en 12 meses se mantiene por debajo del 10% desde el último ajuste general de salarios del sector público, el gobierno tiene la opción de reducir la frecuencia de la indexación de dos veces por año a una vez por año. Con la caída de la inflación en 1999 se ha satisfecho esta condición y, por lo tanto, el incremento de los salarios del gobierno central se limitará al de enero, previamente señalado. El personal policial y militar recibirá más adelante en el año, con vigencia a partir de marzo de 2000, un ajuste adicional previamente comprometido. Esta evolución, unida a la moderación prevista de los ajustes salariales en las empresas públicas y en los gobiernos locales, hace prever que el salario promedio del sector público baje ligeramente en términos reales en este año, tras un incremento real superior al 3% en 1999. Las presiones salariales en el sector privado fueron débiles en 1999 y se espera que sigan siéndolo este año.

Hubo ciertas negociaciones salariales que favorecieron el empleo más que el incremento del salario y se registraron presiones a la baja debido a la alta tasa de desocupación.

16. La política monetaria está condicionada por el régimen cambiario. Durante este año se proyecta un aumento del circulante similar al del PIB nominal, en tanto que se ha programado que las reservas internacionales netas del BCU permanezcan sin cambios con respecto a su nivel de fines de 1999. El programa prevé que el dinero en sentido amplio registre un incremento comprendido entre 8% y 10%, reflejo de un aumento de los depósitos, y que una proporción significativa de las necesidades de endeudamiento del gobierno será satisfecha con recursos procedentes del extranjero (véase más adelante). Esto permitirá una expansión del crédito del sistema bancario al sector privado de 4% a 6% en términos reales.

17. La intermediación financiera eficiente es crucial para mantener una economía vibrante y sana, y el gobierno prestará especial atención al fomento de un sistema bancario competitivo. El sistema bancario uruguayo goza de buena reputación en la región y existe gran confianza en los bancos. Al mismo tiempo, el gobierno es consciente de que el advenimiento de las nuevas tecnologías bancarias y las reformas de los sistemas financieros de nuestros países vecinos están erosionando lentamente nuestras ventajas comparativas, como nuestra ubicación central y nuestra estabilidad macroeconómica. Como resultado, es menester mejorar la eficiencia del sector bancario uruguayo a la vez que cobra cada vez más importancia la necesidad de adoptar normas y regulaciones prudenciales, una supervisión más cercana y asignaciones de crédito basadas en el mercado. A finales de febrero de 2000, el gobierno obtuvo la aprobación del Directorio del Banco Mundial de un préstamo de ajuste para el sector financiero por un monto de US$ 81 millones, en respaldo de las medidas encaminadas a eliminar paulatinamente el trato privilegiado del que gozan los bancos del sector público; mejorar el cumplimiento de las normas de prudencia y de presentación de estadísticas; igualar los requisitos de encaje legal en todos los bancos privados y públicos; abrir a la competencia de bancos privados algunas actividades que actualmente están reservadas para los bancos del sector público, y fortalecer la supervisión que ejerce el Banco Central (por ejemplo, mediante inspecciones regulares in situ). El objetivo de estas reformas es que los bancos del sector público operen en igualdad de condiciones con los bancos privados en todos los aspectos de la intermediación financiera. El gobierno trabajará directamente con funcionarios del Banco Mundial en la administración de este programa, y mantendrá al personal técnico del FMI informado acerca del avance logrado

18. En los últimos años, y de conformidad con las políticas financieras y salariales descritas, el gobierno desaceleró gradualmente el ritmo del ajuste de la banda cambiaria en función de la reducción de la meta explícita de inflación. El gobierno mantendrá este instrumento de política en el mediano plazo, hasta que se logre una nueva reducción de la inflación y pueda considerarse un ancla más firme. No obstante, este año es necesario respaldar una contracción gradual del tipo de cambio efectivo real del peso, reforzada con reducciones de los costos internos. Para ello, el gobierno procederá con cautela y mantendrá el ritmo de la depreciación de la banda en el nivel actual de 7½% anual. El mercado cambiario permaneció en calma tras la devaluación del real y pese a la creciente incertidumbre vinculada con el ciclo electoral, el gobierno respondió a las presiones temporales permitiendo cierta flexibilidad del tipo de cambio dentro de la banda. Ante la ausencia de presiones salariales en la economía, una continua moderación de la inflación y la falta de limitaciones de la oferta, esta política seguirá aplicándose en el 2000.

19. El gobierno sigue tomando medidas destinadas a fortalecer la confianza en la posición financiera global de Uruguay. El plan de financiamiento del 2000 prevé préstamos netos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por un monto aproximado de US$ 125 millones, y la colocación neta de unos US$ 300 millones en bonos a largo plazo denominados en dólares de EE.UU. La mayoría de estos bonos serán colocados en el extranjero, aunque también podrá colocarse una parte en las administradoras privadas de fondos de ahorro previsional (AFAP), que reciben unos US$ 220 millones en aportes todos los años. A efectos de preservar la estructura de vencimientos promedio de por lo menos siete años, el gobierno no emitirá, en términos netos, títulos de deuda a corto plazo y, con este calendario de financiamiento, Uruguay carecerá prácticamente de deuda pública a corto plazo.

20. El gobierno se ha comprometido a realizar una reforma estructural como instrumento esencial para ayudar a mejorar la productividad y la competitividad. Las medidas de reforma estructural exigen amplia discusión y participación de los representantes políticos y del público, y el gobierno cree que los mejores incentivos para elevar la productividad, reducir los costos y fortalecer la competencia son el mejoramiento del flujo de información al público y una mayor divulgación de las actividades de los sectores público y privado. En el anexo que se adjunta se describen varias medidas clave de la reforma estructural que pueden agruparse en tres amplias categorías: 1) las que mejoran la transparencia y la divulgación de información, como la preparación de informes trimestrales y anuales (auditados) sobre las actividades de las empresas; un calendario de divulgación de información sobre la posición fiscal mensual del sector público; auditorías externas independientes de las empresas públicas financieras y no financieras, y un estudio para documentar y cuantificar todas las actividades cuasifiscales que se realizan actualmente a través de los bancos y entidades públicas; 2) las que reducen costos específicos de las empresas públicas, a fin de prepararlas para la desregulación y un mercado competitivo, como la eliminación del impuesto a las operaciones cambiarias y la eliminación paulatina de la sobretasa para previsión social que también se aplica exclusivamente a las empresas públicas, y 3) las que son específicas para establecer un sistema bancario vigoroso y competitivo, como el análisis externo independiente de las carteras de préstamos de los bancos del sector público y el requisito de que todos los bancos coloquen obligaciones en el mercado de capitales por el equivalente de, como mínimo, el 2% de su base de depósitos.

21. El gobierno ha previsto mantener el régimen cambiario uruguayo libre de restricciones a los pagos y transferencias por transacciones internacionales. Uruguay ha aplicado todas las reducciones de aranceles aduaneros según el calendario acordado en el Mercosur, y el gobierno continuará insistiendo en la eliminación a finales del 2000 de la sobretasa del 3% del arancel externo común porque se cree que le resta competitividad a la economía.

22. El gobierno sigue esforzándose por mejorar la precisión, la puntualidad y la cobertura de la información estadística sobre la economía. Está en marcha un proyecto bianual, que finalizará a mediados de 2001, para revisar y ampliar las estadísticas de las cuentas nacionales. Además, el BCU está implementando un nuevo sistema para la compilación y la estructura de las estadísticas monetarias, para lo cual recibió asistencia técnica del FMI. En este contexto, el gobierno se compromete que para setiembre de 2000, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) reduzcan el retraso en la declaración de información monetaria al BCU y la presenten al mismo tiempo que los bancos privados, como se señala en las medidas de reforma estructural en el anexo I. Las iniciativas y medidas en materia estadística que se describen constituyen los preparativos para la suscripción de Uruguay a las NEDD del FMI.

23. El programa económico para 2000–01 contiene metas cuantitativas indicativas para 2001. Con una constante reducción de los costos de producción nacionales y suponiendo que se disipen los efectos de los embates recientes, Uruguay podrá beneficiarse plenamente de la recuperación que tenga lugar en la región y el crecimiento del PIB real deberá repuntar por lo menos al 4%. En esas circunstancias, el gobierno ha previsto reducir el déficit fiscal consolidado al 1,2% del PIB, y se espera que las condiciones más favorables para exportar permitan una nueva acumulación de las reservas internacionales netas. Por otra parte, la razón entre la deuda bruta total del sector público y el PIB se acercará a su punto de inflexión, tras lo cual puede comenzar a bajar en el mediano plazo. El gobierno consultará con el FMI las perspectivas económicas y las opciones de política para 2001 y determinará la distribución trimestral de las metas indicativas anuales cuando tengan lugar las conversaciones para el primer examen del programa, hacia finales del 2000 .

Antes de fin de septiembre de 2000

1. Conclusión del análisis externo independiente de la cartera de préstamos del BROU y del BHU.

2. Remitir al Parlamento un proyecto de ley para revocar el impuesto a la compra de moneda extranjera (ICOME) antes del 1 de enero de 2001.

3. Remitir al Parlamento un proyecto de ley para eliminar la sobretasa en las contribuciones a la seguridad social que se aplican a las empresas públicas (12 puntos porcentuales) en 12 pasos trimestrales de 1 punto porcentual cada uno. La primera reducción entrará en vigor en enero de 2001.

4. Iniciar un estudio de las operaciones cuasifiscales de todas las instituciones financieras y otras entidades del sector público. Este estudio se concluirá antes del 30 de junio de 2001.

5. Comenzar el calendario de divulgación de datos mensuales sobre las finanzas del sector público, el gobierno publicará los resultados de: a) recaudación de impuestos (cuadro de la DGI), b) operaciones del gobierno central, c) operaciones de previsión social (BPS), d) resultados de las empresas públicas y e) saldo cuasifiscal (BCU), para julio de 2000. Los datos mensuales subsiguientes se publicarán con un desfase que no excederá de 60 días calendario.

6. Reducir los retrasos en la presentación de la información monetaria del BROU y del BHU al Banco Central del Uruguay, a fin de que se presente con el mismo desfase que los bancos privados.

Antes de fin de diciembre de 2000

7. Publicar informes trimestrales para el período de tres meses que concluye el 30 de setiembre del 2000 sobre las empresas financieras y no financieras del sector público (BROU, BHU, BSE, ANCAP, UTE, ANTEL, OSE, AFE, ANP). Los informes deberán incluir cuadros resumidos del estado de resultados, el estado de origen y aplicación de fondos y el balance general. Los informes trimestrales subsiguientes se publicarán con un desfase que no excederá de 10 semanas contadas a partir del cierre del trimestre calendario pertinente.

Antes de fin de marzo de 2001

8. Remitir al Parlamento un proyecto de ley de reforma de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones especiales, como la del sector bancario, profesionales universitarios, escribanos públicos, policía y fuerzas armadas.

9. Concluir la auditoría externa independiente del BROU, BHU y BSE.

10. Concluir la auditoría externa independiente de ANCAP, UTE, ANTEL, OSE, AFE y ANP.

Antes de fin de junio de 2001

11. Publicar informes anuales del BROU, BHU, BSE, ANCAP, UTE, ANTEL, OSE, AFE y ANP aprobados por auditores externos independientes. Los informes deberán incluir cuadros resumidos de los resultados de las operaciones, flujo de caja y balance general.

Los informes anuales auditados subsiguientes deberán publicarse con un desfase que no excederá de cuatro meses.