El Vicepresidente Luis Hierro López entiende que es "de justicia" ampliar la base de cálculo del IRP gravando los beneficios complementarios de los sueldos, pero admitió –ante discrepancias surgidas -la suspensión por 30 días del decreto que lo establecía para buscar en ese plazo un criterio de consenso.

ENTREVISTA AL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, LUIS HIERRO LÓPEZ
17/09/2003

Al ser consultado sobre las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a suspender por 30 días el decreto que ampliaba la base de cálculo del Impuesto a las Retribuciones Personales, el Presidente en Ejercicio de la República, Luis Hierro López explicó que fue "por 30 días, a los efectos de aclarar si efectivamente hay alguna situación de ilegalidad, así como estableció la Jurídica del BPS".

Hiero López dijo luego que "cuando los decretos se firman en el Ejecutivo hay un estudio sobre la legalidad de los mismos y en este caso ese decreto había pasado el estudio necesario, pero como otra oficina del Estado dice lo contrario, nos pareció que era conveniente establecer en principio si la legalidad del decreto es la que corresponde, y luego veremos de trabajarlo con algunas bancadas parlamentarias para lograr un grado de consenso que dé certeza al asunto. Lo que está en discusión es el monto de lo que debe gravarse con el IRP. Es notorio que la Administración ha venido aceptando, yo diría que aumentos indirectos del sueldo por la vía de prestaciones en efectivo o no, convenios colectivos de trabajo que reconocen una serie de beneficios, tickets de alimentación, etc., que son indudablemente mejoras en el sueldo y en los ingresos. El decreto original entendió que esto también debe gravarse y que es justicia hacerlo. Yo creo que es justicia hacerlo, pero lo que tenemos que ver es si esto coincide exactamente con lo que estableció la ley que fijó el IRP, que es lo que vamos a hacer ahora, en este período de 30 días, para dar una respuesta definitiva".

Al preguntársele si el decreto tenía un fin recaudatorio, Hierro López afirmó que "yo diré que todos los decretos tienen, en esta materia, fines recaudatorios; lo tiene la ley del IRP. De algún lado los Estados sacan plata pagar los sueldos y las jubilaciones, y en este sentido se podrá discutir si es más justo o menos justo, pero no hay duda que también estamos pagando los sueldos y las jubilaciones en tiempo y forma. Y creo que esto es un bien principal del país. Hay que ver si el decreto se atiene estrictamente a lo que indicaron las diversas normas que hay sobre el IRP para ver la legalidad del mismo".

En cuanto a si la suspensión del decreto guardaba alguna vinculación con las negociaciones realizadas con el Partido Nacional para acordar una baja del IRP, el entrevistado expresó que "el decreto fue preparado meses antes, si bien entraba en vigencia ahora. Por lo tanto, no está vinculada una cosa con la otra. Yo diría que, más allá de que quien lo reciba va a decir que es una carga -"¡Qué horrible!"- yo diría que lo que lo anima es un espíritu de justicia. Lo que dice la ley es tanto gravamen sobre lo que usted gana. Y si usted gana el sueldo, pero además gana tanto de ticket de alimentación, o tanto otro por otro tipo de prestación, lo que hay que discutir es si eso se grava o no se grava, que en definitiva es lo que se va a analizar otra vez ahora".

Por último, al preguntársele si se podían tener en cuenta los costos electorales, el Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia de la República manifestó: "Yo no creo que las cuestiones tengan costos electorales. Si fuera por los costos electorales, los gobiernos no harían a veces las cosas que tienen que hacer. Yo creo que este Gobierno nunca ha pensado en los costos electorales, y así va a seguir durante el año que viene, que es el año realmente electoral. En este caso lo que nos anima es, bueno, ¿alguien discute la legalidad del decreto? Nos parece razonable, y totalmente necesario, que se aclare primero este punto para darle certidumbre a todos los actores".

DECLARACIONES A LA PRENSA EN EL EDIFICIO LIBERTAD
17-09-2003

Sobre el mediodía el Vicepresidente Hierro López, fue consultado en el Edificio Libertad, sobre la suspensión de la aplicación del decreto sobre el IRP. Al respecto, sostuvo que fue "básicamente para confirmar el tema de la legalidad del decreto, dado que una oficina jurídica del Estado ha sostenido que el decreto podría tener algún vicio de ilegalidad. Y nos interesa mucho que esta discusión quede resuelta a través de los mecanismos correspondientes, por lo cual hemos instruido a los Ministros del ramo que hagan un estudio afinado.

Luego le fue planteado que el documento de la sala de abogados del Banco de Previsión Social también manifiesta y da a entender que se pueden sumar muchos juicios por parte de los trabajadores y jubilados si se llega a mantener esta ilegalidad. Indicó que "No es un tema que por ahora hayamos tenido en cuenta en el sentido de que el Ejecutivo no actuó de esta forma suspendiendo el decreto ante la posible avalancha de juicios que habría; todo es condicional. Y yo creo que en realidad la oficina jurídica del BPS no es competente para opinar sobre lo que va a ocurrir. Lo que se le pidió opinión concreta sobre el hecho especifico de un decreto. Ese documento, además, tiene una cantidad de adjetivos que realmente son innecesarios cuando se trata de hablar de las cuestiones del derecho, pero es un tema aparte. Esa oficina había tenido informes anteriores en posición diferente. Por lo cual digo, es un tema complejo, muy técnico, muy difícil de abordar y hay que despolitizarlo. Por eso el Ejecutivo suspendió el decreto: para evitar una discusión que nos iba a llevar a un enfrentamiento, asegurar con certidumbre técnica los rasgos, precisamente, de legalidad del decreto, y luego tomar una posición, un acuerdo con algunas bancadas.

Consultado sobre si el decreto no sería derogado del todo, añadió que "Si después de este segundo estudio se llega a la conclusión de que el decreto es ilegal, habría que derogarlo. Pero yo creo que el principio está, el de sumar las retribuciones de los funcionarios para procurar que lo que se grave sea la totalidad del ingreso. Pero es lo que está en discusión."

Sobre si habrá un nuevo decreto o un Proyecto de Ley en el Parlamento, añadió: "Creo que es muy claro que la ley está establecida y que le corresponde a la administración regular la ley, instrumentarla, aplicarla en términos concretos. Nunca las leyes pueden definir la enorme cantidad de situaciones que hay en la Administración Central. Para eso esta la administración y los decretos. Por eso creo que el camino del decreto es un camino adecuado."

Posteriormente, se le comentó que esto fue calificado como una rebaja salarial, por el PIT-CNT, y si tiene algo que ver con eso. Respondió: "No, no, no. Porque es muy claro que no está en la intención del Gobierno hacer una rebaja del salario. La intención es, dentro la situación francamente antipática del impuesto a los sueldos, aplicarlo con la máxima equidad posible".

Preguntado si el Poder Ejecutivo está estudiando la posible inconstitucionalidad de una ley que prohíbe la instalación de cajeros en la sede del BPS, respondió que "algunos senadores que no votaron la ley, dijeron que la ley era inconstitucional. En esa medida, cuando nos llegue el texto de la ley, aquí las oficinas jurídicas van a hacer el estudio correspondiente. Yo creo que la ley, además del aspecto jurídico, es francamente un retroceso y una cosa muy inconveniente. Resulta que para darle mayor comodidad a los pasivos y garantías a través del uso de su huella digital para asegurar que no haya ningún tipo de posibilidad de fraude alguno, se establece por parte del BPS algo que en el mundo funciona en forma normal, que es el cajero automático. Es un avance para el usuario, un avance para la sociedad y un avance para la administración. Y viene una ley a impedirlo. Que es lo mismo que ocurrió antes, cuando se intentó descentralizar el pago de los pasivos. Yo creo que la ley es inconveniente. Por razones de inconveniencia naturalmente supongo yo que el Poder Ejecutivo no sería posible que la vete. El tema constitucional es otra discusión. Lo que digo que es un retroceso y que en este país no se puede procurar modernizar en nada la Administración porque entonces hay un lobby de funcionarios o de jubilados que protestan y lamentablemente el Parlamento no ha demostrado fortaleza de ánimo como para votar, creo yo, en el sentido de la modernización del servicio. Me parece que ahí está el tema principal de esta ley que votó ayer el Senado y que ahora se vera aquí por asuntos jurídicos".