Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, entre quienes se encuentran catorce nuevos mandatarios que han asumido su cargo después de la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en la Ciudad de Québec, Canadá, nos hemos reunido en una Cumbre Extraordinaria en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Nuestro propósito es avanzar en la instrumentación de medidas para combatir la pobreza, promover el desarrollo social, lograr un crecimiento económico con equidad y reforzar la gobernabilidad de nuestras democracias. Con una visión renovada y fortalecida de la cooperación, la solidaridad y la integración, haremos frente a los continuos y crecientes retos del Hemisferio.

Guiados por la necesidad de trabajar juntos para impulsar la prosperidad, promover la inclusión social y una distribución más equitativa del crecimiento económico, eliminar el hambre, elevar los niveles de vida, generar nuevas oportunidades de empleo y de inversión, promover el trabajo decente, así como enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad, entre otras, el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de armas, reafirmamos nuestro compromiso con la Carta Democrática Interamericana y reiteramos nuestra firme intención de continuar instrumentando los mandatos de las Cumbres de las Américas, así como los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.

Afirmamos que el bienestar de nuestros pueblos requiere el logro de tres objetivos estrechamente vinculados e interdependientes: crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática.

Por ello, declaramos:

En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido y equitativo que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población, con especial atención a los sectores y grupos sociales más vulnerables, nos comprometemos a continuar instrumentando políticas macroeconómicas sólidas, políticas monetarias y fiscales prudentes, regímenes de tasas de cambio apropiados, una administración prudente y apropiada de la deuda pública, la diversificación de la economía y el mejoramiento de la competitividad. Nos comprometemos también a la transformación cualitativa de la administración pública a través de su modernización, simplificación, descentralización y transparencia. Asimismo, redoblaremos nuestros esfuerzos para mejorar el clima de inversión en nuestros países y promover la responsabilidad social de las empresas.

Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en 2002, en el sentido de que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de políticas racionales, buen gobierno y el estado de derecho. El cumplimiento de esta responsabilidad permite el uso efectivo de recursos internos e internacionales para el desarrollo, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En este contexto, reafirmamos el imperativo de la comunidad internacional de apoyar los esfuerzos nacionales de desarrollo. De acuerdo con las recomendaciones del Consenso de Monterrey, buscaremos articular esfuerzos internacionales con miras a la movilización de recursos para el desarrollo económico sostenible y el combate a la pobreza y el hambre en todos los países del Hemisferio. En particular, continuaremos nuestros esfuerzos con miras a la identificación de fuentes de financiamiento seguras que atiendan las necesidades de los países en desarrollo y la apertura de mercados para sus productos.

Continuaremos implementando políticas públicas que estimulen mayor ahorro interno, respondan a la necesidad de crear empleos productivos y contribuyan a una mayor inclusión social.

Destacamos la importancia de la participación del sector privado en el logro de nuestros objetivos. Reconocemos que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un componente fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la pobreza en nuestros países. Apoyaremos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de políticas y programas que faciliten su consolidación y formalización, permitan su efectivo acceso a los mercados y a las licitaciones del sector público, y entre otros, promuevan la formación de recursos humanos y faciliten el acceso al crédito, a los servicios de desarrollo empresarial y a nuevas tecnologías, a fin de reducir los costos administrativos. Asimismo, promoveremos la intensificación de la cooperación internacional para fomentar la transferencia de mejores prácticas orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Tomaremos las medidas legales, normativas e institucionales necesarias y posibles, antes de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005, con el objeto de simplificar los procedimientos y reducir significativamente el tiempo y el costo del establecimiento de las empresas en cada país de la región.

Apoyamos el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de que, a través de sus mecanismos y programas para el desarrollo del sector privado, triplique para el año 2007 sus préstamos mediante el sistema bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas, tratando de beneficiar a todos los países que participan en el proceso de Cumbres de las Américas.

Reconocemos el relevante papel que desempeña el comercio en la promoción del crecimiento y el desarrollo económico sostenidos. Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la Agenda de Doha para beneficiar a todas nuestras economías, especialmente las economías en desarrollo, promoviendo, entre otras medidas, mejor acceso a los mercados, eliminando los subsidios a la exportación y reduciendo sustancialmente las ayudas internas que distorsionan el comercio.

Reconocemos que la liberalización del comercio de productos agrícolas constituye, entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de la agricultura en los países del Hemisferio. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso con las negociaciones comerciales para promover un efectivo acceso a los mercados.

Acogemos los avances logrados hasta la fecha para el establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y tomamos nota con satisfacción de los resultados equilibrados de la VIII Reunión Ministerial del ALCA realizada en Miami en noviembre de 2003. Apoyamos el acuerdo de los ministros sobre la estructura y el calendario adoptado para la conclusión de las negociaciones para el ALCA en los plazos previstos, que fomentará, con la mayor eficacia, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo y la integración, a través de la liberalización del comercio, contribuyendo al logro de los amplios objetivos de la Cumbre.*

Continuaremos trabajando en la reforma de la arquitectura financiera internacional con los objetivos de, inter alia, contribuir a la prevención y rápida solución de las crisis financieras, que perjudican particularmente a los países en desarrollo de la región, reforzar el financiamiento para el desarrollo, combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Apoyamos los esfuerzos de los países prestatarios para trabajar con el sector privado con el fin de explorar nuevos enfoques para reducir la carga del servicio de la deuda durante períodos de desaceleración económica. Reconocemos el liderazgo de países de la región al incluir cláusulas de acción colectiva en sus emisiones internacionales de bonos. Hacemos un llamado a las instituciones financieras internacionales y regionales a que fortalezcan la coordinación de sus actividades a fin de que respondan de manera más efectiva a las necesidades de desarrollo de largo plazo de los países de la región para alcanzar resultados medibles en sus esfuerzos de erradicación de la pobreza, a través del uso más efectivo de todas las fuentes de financiamiento disponibles para el desarrollo.

Manifestamos que el crecimiento económico sostenible es el factor más importante para la administración y el pago del servicio de la deuda pública.

Reconocemos que las políticas macroeconómicas racionales y una prudente administración fiscal son también centrales para alcanzar la sustentabilidad fiscal a largo plazo.

Consideramos también pertinente tomar en cuenta, cuando corresponda, las previsiones sobre alivio de la deuda externa señaladas en el párrafo 48 del Consenso de Monterrey.

Asimismo, reconocemos la responsabilidad de cada país respecto de su propio desarrollo económico, pero también que existe un vínculo de interdependencia entre las economías nacionales y el sistema económico mundial.

En el contexto de la Iniciativa Reforzada para la reducción de la deuda de los Países Pobres Muy Endeudados, hacemos un llamado a todos los acreedores a participar en el alivio de la deuda en beneficio de los países elegibles del Hemisferio, en apoyo a las reformas económicas y la reducción de la pobreza.

Reconocemos que la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es uno de los elementos fundamentales para el crecimiento económico, toda vez que la verificación del título de la propiedad ayuda a las personas a obtener préstamos e iniciar negocios.

Por lo tanto, nos comprometemos, en los casos que sea necesario y apropiado, a fortalecer los derechos de propiedad y ampliar el uso de la misma como garantía, asegurando la aplicación de normas eficaces, transparentes, integrales y equitativas que rijan los contratos de propiedad, así como a mejorar o impulsar las medidas relativas a la transferencia de la propiedad, los registros de propiedad, el establecimiento de la propiedad como forma de garantía y los derechos y obligaciones de deudores y acreedores.

En lo que se refiere a estas medidas, nos comprometemos a emprender acciones concretas antes de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en la Argentina en 2005, e informar en esa oportunidad sobre los progresos alcanzados. Nos empeñaremos en asegurar que los derechos de propiedad beneficien a todas las personas sin discriminación.

Reconocemos que el envío de remesas es una fuente importante de capital en muchos países del Hemisferio. Nos comprometemos a tomar acciones concretas para promover el establecimiento, lo antes posible, de las condiciones necesarias con miras a alcanzar la meta de una reducción de por lo menos la mitad del costo promedio regional de estas transferencias, de ser posible a más tardar en el 2008 e informar de los progresos alcanzados a la próxima Cumbre de las Américas en Argentina en 2005. Adoptaremos, según sea necesario y apropiado, medidas tales como la promoción de la competencia entre los prestadores de estos servicios, la eliminación de obstáculos normativos y otras medidas restrictivas que afectan el costo de estas transferencias, así como el uso de nuevas tecnologías, manteniendo normas de supervisión financiera efectivas.

Promoveremos la protección de los consumidores, la competencia leal y el perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados, a través de marcos regulatorios claros, efectivos y transparentes.

Reconocemos que la superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad social son grandes retos que enfrentan muchos países del Hemisferio en el siglo XXI. Estamos convencidos de que las políticas económicas y sociales coordinadas e integradas son un requisito para el éxito en el combate a la desigualdad de oportunidades y la marginación, y que tales políticas son pilares fundamentales para edificar una sociedad más justa. Enfatizamos que el trabajo, el empleo y el ingreso son esenciales para una política social incluyente.

Reiteramos que el empoderamiento de la mujer, su plena e igualitaria participación en el desarrollo de nuestras sociedades y su igualdad de oportunidades para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica y social y el desarrollo sostenible centrado en el ser humano. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo la igualdad y equidad de género y los mandatos de las Cumbres de las Américas en esta materia.

Reconocemos la urgencia de que se fortalezcan en la Organización de los Estados Americanos los mecanismos de lucha contra la pobreza, tales como el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la Comisión Interamericana de Desarrollo Social y el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación. Reconocemos, asimismo, la importancia de la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Urgimos a la Organización de los Estados Americanos a considerar cuidadosamente las recomendaciones aprobadas durante la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, celebrada en Isla de Margarita, Venezuela, para fortalecer la agenda social hemisférica.

Impulsaremos políticas que fortalezcan los sistemas de seguridad social en nuestros países. Asimismo, instrumentaremos, en la medida de nuestras capacidades y posibilidades financieras, redes de protección social u otras modalidades apropiadas para atender a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades. Alentamos a los países del Hemisferio que aún no hayan establecido estas redes a explorar la posibilidad de hacerlo en el más corto plazo que les sea posible.

Reconocemos los esfuerzos realizados por países del Hemisferio para atender los problemas sociales suscitados por situaciones de desocupación, tales como la adopción de sistemas de seguro de desempleo o programas de ingreso de subsistencia.

Reafirmamos que la diversidad de culturas que caracteriza a nuestro Hemisferio enriquece enormemente a nuestras sociedades y que el respeto y la valoración de nuestra diversidad cultural propician el desarrollo cultural y la cohesión social en nuestros países.

Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocemos el avance sustantivo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la Organización de los Estados Americanos en torno a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la participación efectiva de representantes de estos pueblos. Reiteramos nuestra voluntad política y apoyo para la conclusión exitosa de las negociaciones y pronta aprobación de la Declaración, la cual tiene como objetivo promover y proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Destacamos la importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, y la observancia de las leyes laborales aplicables a ellos, de conformidad con los compromisos asumidos en las Cumbres de Santiago y de la Ciudad de Québec. Apoyamos la adopción de programas de migración ordenada como factor de desarrollo económico y social, y cooperaremos en el combate a la trata de personas, que afecta especialmente a mujeres y niños.

Estamos comprometidos con los principios del trabajo decente establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y promoveremos la aplicación de la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, con el convencimiento de que el respeto de los derechos y la dignidad de los trabajadores es un elemento esencial para alcanzar la reducción de la pobreza y el desarrollo social y económico sostenible de nuestros pueblos. Adicionalmente, acordamos tomar medidas para combatir las peores formas de trabajo infantil. Reconocemos y apoyamos la importante labor de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo para alcanzar estos objetivos vitales.

La educación es factor decisivo para el desarrollo humano, al incidir en la vida política, social, cultural, económica y democrática de nuestras sociedades. El incremento de las tasas de analfabetismo en muchos países de nuestro Hemisferio es un asunto que requiere nuestra acción inmediata. Nos comprometemos a continuar promoviendo el acceso a la educación básica de calidad para todos, basada en los principios de participación, equidad, pertinencia y eficacia, que genere las capacidades y habilidades necesarias para impulsar el proceso de desarrollo de nuestros pueblos sin discriminación ni exclusión alguna y así responder a los retos del siglo XXI.

Nos comprometemos a incrementar el acceso y la divulgación de información sobre nuestros sistemas educativos, con el objeto de mejorar su desempeño. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de continuar la implementación del Proyecto Regional de Indicadores Educativos, refrendado en la Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educación, celebrada en la Ciudad de México. En especial, aquellos países que no lo hayan hecho elaborarán y divulgarán públicamente, antes de la próxima Cumbre, un informe con base en las metas de educación establecidas en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, a fin de fomentar su uso como una herramienta en la toma de decisiones para evaluar y mejorar los resultados.

Coincidimos en que la investigación y el desarrollo científico y tecnológico juegan un papel importante en la creación y el sostenimiento de economías productivas. Seguiremos formulando políticas y lineamientos que apoyen las asociaciones de investigación públicas y privadas y promuevan su interacción con los sectores productivos, teniendo en cuenta los requerimientos y objetivos de nuestros países. Continuaremos incrementando las inversiones en el área de ciencia y tecnología, con la participación del sector privado y el apoyo de los organismos multilaterales. En este sentido, nos empeñaremos en ampliar el acceso efectivo y equitativo a las tecnologías y su transferencia. Asimismo, intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras universidades e instituciones superiores de ciencia y tecnología a multiplicar y potenciar sus vínculos y a profundizar la investigación básica y aplicada. En relación con todas estas iniciativas, nos comprometemos a la protección de la propiedad intelectual, de conformidad tanto con las leyes nacionales como con los convenios internacionales.

Estamos conscientes de que la revolución informática aporta nuevas oportunidades para aumentar el acceso al conocimiento para el desarrollo y para ampliar la participación equitativa en el desarrollo sostenible de nuestras sociedades, particularmente en las áreas rurales, remotas y marginales. En un esfuerzo por reducir la brecha digital, tanto dentro de nuestros países como entre ellos, nos comprometemos con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la instrumentación continuada de la Agenda de Conectividad para las Américas y el Plan de Acción de Quito. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de construir una sociedad de la información enfocada en el ser humano, incluyente y orientada al desarrollo, que esté inspirada en los objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y el progreso en el marco de un desarrollo económico social equilibrado.

Nos abocaremos, en el marco de nuestras legislaciones y competencias nacionales, a incentivar el acceso a precios razonables a las tecnologías de la información y la comunicación para todos, y alentaremos la plena y activa participación de la sociedad civil, incluido el sector privado, para alcanzar esta meta.

Destacamos que uno de los pilares del desarrollo humano y el progreso de las naciones es la protección social en materia de salud, por lo que continuaremos ampliando las estrategias de prevención, atención y promoción, así como la inversión en este ámbito, a efecto de proveer servicios de calidad para todos y mejorar dentro de lo posible la protección social a todas las personas, con particular énfasis en los grupos más vulnerables.

Estamos particularmente preocupados por el impacto del VIH/SIDA en nuestras respectivas sociedades, su proliferación y la amenaza que ésta representa para la seguridad de nuestros pueblos. Reconocemos que para combatir la pandemia del VIH/SIDA es necesario realizar mayores esfuerzos de prevención, atención y tratamiento en el Hemisferio. Nuestro liderazgo político es esencial para hacer frente al estigma, la discriminación y el temor que disuaden a las personas de someterse a la prueba y acceder al tratamiento y atención. Reconocemos que, para hacer frente a los desafíos causados por la pandemia del VIH/SIDA, se requiere continuar aumentando los esfuerzos de cooperación a nivel mundial.

De acuerdo con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, las decisiones pertinentes de la Organización Mundial del Comercio y la Iniciativa "tres millones para 2005" de la Organización Mundial de la Salud, nos comprometemos a facilitar tratamiento accesible del VIH/SIDA con el objetivo de proveer tratamiento antirretroviral a todos los que lo necesiten, lo más pronto posible y al menos a 600.000 individuos para el año 2005. Asimismo, solicitamos al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo identificar criterios que permitan a los países de América Latina y el Caribe tener un mayor acceso a sus recursos.

De la misma forma, estamos preocupados por las enfermedades emergentes y reemergentes, tales como malaria, dengue, fiebre amarilla, tuberculosis, lepra, mal de Chagas y otras, considerando el actual contexto económico, social y de saneamiento ambiental, el impacto de los recurrentes desastres naturales y los problemas de salud asociados con el crecimiento no planificado en áreas densamente pobladas.

Por ello, nos comprometemos a reforzar los programas de promoción, prevención, control y tratamiento, continuar desarrollando y fortaleciendo estrategias de cooperación técnica entre países de la región y profundizar la cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos interamericanos, así como con otros actores clave, con el propósito de implementar acciones integrales de salud pública para el control y la eliminación de estas enfermedades.

Nos comprometemos a mantener un esfuerzo sostenido para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, al promover las inversiones y crear un entorno favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura, a fin de que contribuya al desarrollo social, la prosperidad rural y la seguridad alimentaria. En este contexto, apoyamos la aplicación del Plan de Acción "AGRO 2003-2015" para la Agricultura y la Vida Rural de las Américas, adoptado por la Segunda Reunión Ministerial de Agricultura y Vida Rural, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá en noviembre de 2003, y esperamos que el Foro Mundial de Biotecnología, que se llevará a cabo en Chile en marzo de 2004, contribuya a combatir el hambre en la región.

Asumimos el compromiso de incrementar la cooperación y fortalecer las instituciones responsables de coordinar e implementar las acciones orientadas a disminuir el impacto de los desastres naturales en las personas y su efecto en los planes nacionales de desarrollo, con énfasis en las áreas de prevención, mitigación, atención de emergencias y gestión del riesgo en sus diferentes niveles.

Creemos que asegurar la salud ambiental de nuestras poblaciones es una inversión para el bienestar y la prosperidad de largo plazo. Nos sentimos estimulados por la nueva alianza de los Ministros de Salud y Medio Ambiente de las Américas y les encomendamos desarrollar una agenda de cooperación para prevenir y minimizar los impactos negativos al medio ambiente y a la salud humana.

Expresamos nuestro apoyo a la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana para definir una agenda de gobernabilidad para el Hemisferio que nos permita enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales, para fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Reiteramos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que constituye un elemento de identidad regional cuya proyección internacional es un aporte de nuestro Hemisferio a la comunidad de naciones. Reafirmamos nuestra decisión de coordinar acciones inmediatas cuando la democracia corra peligro en cualquiera de nuestros países. Asimismo, continuaremos nuestros esfuerzos para fortalecer los mecanismos de defensa de la democracia y para desarrollar y promover una cultura y una educación para la democracia.

Reconocemos la participación de muchos países del Hemisferio en la Comunidad de las Democracias y hacemos un llamado para que la Tercera Conferencia Ministerial continúe apoyando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en especial de los partidos políticos.

El fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso económico, el bienestar y la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos, la promoción de diversas formas de participación ciudadana y la generación de oportunidades para todos son fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa.

La gobernabilidad democrática se fortalece a través del diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Continuaremos impulsando una cultura democrática y de desarrollo basada en el pluralismo y la aceptación de la diversidad social y cultural.

Reconocemos que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente.

Manifestamos nuestra preocupación por prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales, que podrían afectar negativamente las economías, en particular en las de los países en desarrollo, sus productores y consumidores.

La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla y establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Por ello, incrementaremos nuestra cooperación en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de este instrumento. Encomendamos a la próxima reunión de la Conferencia de los Estados Partes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención que proponga medidas concretas para fortalecer ese mecanismo. Estas recomendaciones se evaluarán en una reunión de los Estados Partes de la Convención a realizarse en Managua, Nicaragua, a mediados de 2004. Asimismo, en esa reunión se considerarán medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción. Instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que nos informen en la Cuarta Cumbre de las Américas sobre los progresos realizados.

Acordamos hacer consultas en el caso de que la adhesión a nuestros objetivos compartidos de transparencia y anticorrupción, de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción, se vea seriamente comprometida en cualquiera de nuestros países.

Nos comprometemos a impulsar la transparencia en los procesos políticos, en la administración de las finanzas públicas, en las transacciones gubernamentales y en los procedimientos de licitaciones y contratos de acuerdo con la legislación interna para, entre otras cosas, prevenir los abusos y mantener la confianza pública.

En el marco de nuestra legislación nacional y normas internacionales aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, así como en la recuperación y la restitución de los activos producto de la corrupción a sus legítimos propietarios. Asimismo, nos comprometemos a perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia jurídica mutua en materia penal y su implementación.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un valioso instrumento para enfrentar este flagelo, por lo que nos comprometemos a considerar su firma y promover su ratificación.

También nos comprometemos a incrementar la transparencia de las organizaciones internacionales de las cuales somos miembros a través del fortalecimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas.

Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos sólidos son elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de normas que aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten un alto nivel de participación electoral. Por ello, promoveremos las condiciones que permitan a los partidos políticos desarrollarse con autonomía de los gobiernos. Alentaremos la formación política y preparación de líderes, incluyendo mujeres, jóvenes, indígenas, miembros de grupos étnicos y poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos compartan mejores prácticas y se fortalezcan, así como para promover reformas de los sistemas de partidos políticos.

Coincidimos en que, a través de la participación ciudadana, la sociedad civil debe contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas impulsadas por los distintos órdenes o niveles de gobierno. Reconocemos el papel de la sociedad civil y su contribución a la buena gestión pública y reafirmamos la importancia de continuar consolidando nuevas asociaciones que permitan la vinculación constructiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad civil para que trabajen a favor del desarrollo y la democracia.

Alentaremos la participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres de las Américas, para lo cual nos proponemos institucionalizar los encuentros con la sociedad civil, el sector académico y el privado.

Impulsaremos la modernización del Estado como elemento importante para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el buen gobierno, conjugando eficacia y eficiencia con mejor acceso a los servicios, transparencia y responsabilidad en la gestión, así como la consolidación y profesionalización de la administración pública. Nos comprometemos a estimular el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos de gestión pública y adoptar estrategias que permitan el desarrollo del gobierno electrónico.

El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información.

Tomamos nota con satisfacción de que los gobiernos del Hemisferio están ejecutando el Consenso de Monterrey, al explorar formas innovadoras para movilizar financiamiento para la inversión privada y pública y reforzar el manejo de la deuda, considerando instrumentos financieros como los bonos indexados al crecimiento y otros, para promover la estabilidad macroeconómica y reducir la vulnerabilidad financiera. La aplicación de estas medidas estaría orientada a acelerar el crecimiento económico, reducir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Tomamos nota, asimismo, de los esfuerzos de los gobiernos de la región para promover la discusión en esta área.

Destacamos el papel de las actuales agencias multilaterales al proveer asistencia humanitaria. Asimismo, tomamos nota de las discusiones e iniciativas encaminadas a mejorar la efectividad en la provisión de asistencia humanitaria y erradicación de la pobreza, tales como la propuesta de crear un Fondo Humanitario Internacional, de carácter voluntario.

La justicia social y la reducción de la pobreza contribuyen a la estabilidad, la democracia y la seguridad de nuestros Estados y de la región. Reiteramos que entre las principales causas de inestabilidad en la región se encuentran la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, que debemos enfrentar en forma integral y urgente.

Los avances en el desarrollo económico y social y el logro de mayores niveles de equidad a través del buen gobierno contribuirán a que se avance en la estabilidad en el Hemisferio y se profundice la dimensión humana de la seguridad.

Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la Ciudad de México en octubre de 2003, que se basa, entre otros, en el concepto multidimensional de la seguridad, así como en el principio de que el fundamento y el propósito de la seguridad es la protección de los seres humanos.

Esta es nuestra primera reunión desde los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. Reiteramos que el terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva, constituyen graves amenazas a la seguridad internacional, a las instituciones, a los valores democráticos de los Estados y al bienestar de nuestros pueblos. Resolvemos intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra cooperación para enfrentar estas amenazas.

Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. De igual manera, nos comprometemos a luchar contra todas las formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, particularmente cuando generan fondos utilizados en apoyo a las organizaciones terroristas. También nos comprometemos a adherirnos a las normas mundiales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Hacemos un llamado a aquellos países que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, las doce convenciones y protocolos de las Naciones Unidas contra el terrorismo, así como otros instrumentos relacionados. Instamos a todos los países a considerar con urgencia la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y a participar activamente en la Red de asistencia jurídica mutua en materia penal.

Encomendamos a la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe que fortalezcan su coordinación y continúen profundizando su apoyo, a través de sus respectivas actividades y programas, comprometiendo los recursos apropiados para implementar y hacer seguimiento de los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas, así como de esta Declaración, y que presten su asistencia en los preparativos de la Cuarta Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005.

Agradecemos a la Organización de los Estados Americanos y a su Secretaría General, en particular a la Secretaría del Proceso de Cumbres de las Américas y al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, su labor en el seguimiento de las mismas y en los trabajos preparatorios de esta Cumbre Extraordinaria.

Expresamos nuestro agradecimiento al pueblo y al Gobierno de México por haber hospedado esta Cumbre Extraordinaria de las Américas y al Gobierno de la Argentina por refrendar la invitación para celebrar en ese país la Cuarta Cumbre de las Américas en 2005.