COMUNICADO DE LA CANCILLERIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado referente a las actuaciones que el Gobierno de Uruguay ha desarrollado en materia de defensa de los derechos humanos.

Atento a las diversas expresiones y comentarios de autoridades de Gobierno y funcionarios de la República Argentina, relativos a nuestro País, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de mantener debidamente informada a la opinión pública y teniendo presente la importancia que revisten para el Uruguay las relaciones con el pueblo y Gobierno argentino, formula las siguientes precisiones:

1ero. Restablecido en Uruguay el Estado de Derecho, ha sido un objetivo central de los sucesivos Gobiernos democráticos atender de modo prioritario las situaciones tristemente heredadas del período de confrontación y ruptura del orden institucional por el que atravesara la República, dando cada uno de ellos, con la comprensión y ayuda del pueblo uruguayo, su mejor contribución al proceso de pacificación nacional.

2do. Dentro de ese contexto se sitúan las leyes de clemencia soberana, de Amnistía (1985) y de Caducidad (1986), adoptadas cada una a su debido tiempo y la ratificación por el pueblo mediante Referéndum de la segunda de dichas leyes, cerrándose así una etapa fundamental en el delicado proceso de transición democrática.

3ero. El 1ro. de Marzo del 2000, en su discurso de asunción presidencial ante la Asamblea General, el Señor Presidente de la República Dr. Jorge Batlle Ibáñez enunció como un propósito fundamental de su Gobierno "Sellar la Paz entre los uruguayos", simbolizando en esta expresión su decidida voluntad de esclarecer la cuestión de los desaparecidos, tema de la mayor sensibilidad, considerado como un capítulo que la sociedad uruguaya debía resolver para darle continuidad al proceso de re-institucionalización democrática del país.

4to. Durante el mes de marzo de 2000, se realiza a nivel de la Presidencia de la República una investigación propia que permite ubicar a la nieta del poeta Juan Gelman. Sobre los últimos días de marzo se cotejan los resultados de esta investigación con otra independiente que llevaba adelante el Señor Gelman y que había llegado a las mismas conclusiones. El 30 de marzo se hace el anuncio oficial y se encargan exámenes de ADN en Uruguay, Francia y Argentina para corroborar los resultados de las investigaciones.

El Señor Presidente de la República desde marzo a agosto de 2000 atendió de modo personal situaciones altamente sensibles como por ejemplo las de Gerardo Vázquez (referencia: Simón Riquelo), reuniéndose en forma reiterada con las organizaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, etc.

5to. Con fecha 9 de agosto de 2000, tras consultas del Señor Presidente de la República con diferentes líderes políticos, por Resolución Presidencial se creó y constituyó la denominada Comisión Para La Paz, a la que se encomendó:

"recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen de facto".

La misma fue integrada por personalidades pertenecientes a la sociedad civil vinculadas con diferentes colectividades políticas y figuras reconocidas del ámbito religioso así como de la actividad sindical, todas ellas de elevado prestigio y reconocimiento ciudadano.

6to. La Comisión Para La Paz trabajó de modo ininterrumpido desde su creación hasta el 10 de abril de 2003, fecha en la que presentó su Informe Final, resultado de su ardua tarea en tan delicada materia, el que de manera absolutamente transparente ha sido difundido y ofrecido al conocimiento público en la respectiva página Web de la Presidencia de la República.

7to. Con relación a dicho Informe cabe indicar que no resultaría posible relevarlo en su totalidad a través de esta comunicación, la que, por consiguiente, referirá solo a aquellos aspectos más señalados e indicativos de la seriedad, discreción, profundidad y alcance de la información recabada.

8to. Cabe subrayar que el encargo de la Comisión fue cumplido en estrecha y recíproca cooperación con autoridades nacionales y de diversos países y recurriendo a distintos organismos internacionales, entre otros Cruz Roja, Amnistía Internacional y Organización Internacional para las Migraciones, con intervención en su caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido es de destacar que un integrante de la Comisión Para La Paz, representante del Señor Presidente de la República, compareció ante el "Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias" de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, los días 4 y 5 de noviembre de 2002, a informar sobre los trabajos de aquélla y exponer las conclusiones que resultaban de su Informe Preliminar.

9º. En particular en lo que refiere a la hermana República Argentina, esa tarea se llevó a cabo en coordinación con los sucesivos gobiernos democráticos.

La Comisión tramitó y coordinó acciones a través de los siguientes organismos:

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Subsecretaría de Derechos Humanos.

• Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.

• Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

• Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal Correccional Federal No.5.

• SIDE

• Abuelas de Plaza de Mayo.

• Equipo Argentino de Antropología Forense.

• Comisión Católica Argentina de Migraciones.

En ese país las principales actividades fueron las siguientes:

1. El 22 de agosto de 2000, después de varios contactos entre las autoridades de los dos países, se envía nota al Ministerio de Justicia de la República Argentina - Subsecretaría de Derechos Humanos-, solicitando copia de toda la documentación y/o información que esa Secretaría tuviese en su poder con relación a denuncias sobre los ciudadanos uruguayos que se individualizaban en lista anexa.

2. Con la misma fecha, se envía nota a Abuelas de Plaza de Mayo solicitando información sobre menores uruguayos denunciados como secuestrados en la República Argentina.

3. El 4 de setiembre de 2000 en la ciudad de Buenos Aires el Ministro de Justicia de la República Argentina, Dr. Ricardo Gil Lavedra, en ceremonia oficial, entrega copia a la Comisión Para La Paz de todos los legajos sobre denuncias relativas a ciudadanos uruguayos desaparecidos en ese país, con la presencia, entre otras autoridades, del Sr. Adolfo Pérez Esquivel, representantes de la Cancillería argentina y de diversos organismos de derechos humanos.

4. El 10 de octubre de 2000, se inicia relación con el Equipo Argentino de Antropología Forense y una semana después de recibir la solicitud respectiva se entregan 130 legajos con las huellas decadactilares correspondientes a los ciudadanos uruguayos que figuraban en los listados de denuncias confeccionados por la Comisión Para La Paz.

5. El 23 de octubre de 2000 la Comisión Para La Paz entrega a la Secretaría de Derechos Humanos informe de la Suprema Corte de Justicia sobre cuerpos aparecidos en el Río de la Plata entre 1976 y 1979, expediente de la Junta Departamental de Colonia sobre restos enterrados como NN en el Cementerio de la ciudad de Colonia y los mismos legajos con huellas referidos en el literal anterior.

6. En junio de 2001 la Comisión Para La Paz comparece directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, a efectos de ponerse a disposición de ese cuerpo y colaborar en las actuaciones tendientes a identificar los cuerpos aparecidos en tumbas NN. En la misma presentación, se aportan documentos y huellas decadactilares sobre los cuerpos aparecidos en el Río de la Plata en los años 1976 y 1977.

7. Por nota del 25 de junio de 2001 se informa a Abuelas de Plaza de Mayo sobre los avances obtenidos por la Comisión Para La Paz en su investigación sobre Simón Riquelo y se solicita información sobre una persona que podría estar vinculada con el caso, destacando la disposición a suscribir la documentación necesaria para iniciar los trámites requeridos a esos efectos.

8. En agosto de 2001 la Comisión Para La Paz, con el patrocinio legal de Abuelas de Plaza de Mayo y su cuerpo jurídico, comparece en la causa caratulada "Ruffo y Otra S/ Supresión de Estado Civil", tramitada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal Correccional Federal Nº 5, Secretaría Nº 10, a efectos de solicitar se realice un examen de ADN relativo a otra persona que se denunciaba para verificar si se trataba o no de Simón Riquelo.

9. En el año 2001 se empieza la tramitación de varios expedientes judiciales tendientes a individualizar restos NN aparecidos en Cementerios de la Provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de esas actuaciones, se ha logrado confirmar 13 casos como correspondientes a desaparecidos de nacionalidad uruguaya y se han efectuado, hasta la fecha, 3 repatriaciones de restos humanos.

10. En el intercambio de información con el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Cámara Nacional se aportaron datos sobre un cuerpo aparecido en el Río de la Plata, que permitió que los antropólogos argentinos, después de una eficaz y paciente investigación, pudiesen confirmar que se trataba de una ciudadana argentina desaparecida entre mayo y abril de 1976.

11. En setiembre de 2001 el Equipo Argentino de Antropología Forense viaja al Uruguay para mantener reuniones de trabajo y sus miembros son recibidos, en reunión privada, por el Señor Presidente de la República.

12. En enero de 2002 se realiza la exhumación de los cuerpos NN enterrados en el Cementerio de Colonia, con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Dirección Nacional de Policía Técnica.

13. A partir del año 2002 la Comisión Para La Paz, con la colaboración de la Dirección Nacional de Policía Técnica y el Banco Nacional de Órganos y Tejidos, empieza a crear un banco genético de los familiares de los desaparecidos uruguayos, como forma de preservar material para eventuales estudios futuros. A la fecha se continúa con esta actividad, disponiéndose ya de registros de más de 100 familias.

10o. Las conclusiones de la Comisión Para La Paz, como resultado de sus tres años de trabajo, fueron las siguientes:

a) Con relación a denuncias sobre ciudadanos uruguayos desaparecidos en el Uruguay, pudo dar como confirmadas 26 denuncias, descartar 4 y considerar que 2 casos se mantienen por ahora en situación que no habilita su confirmación o descarte.

b) Con relación a denuncias sobre ciudadanos argentinos desaparecidos en el Uruguay, pudo dar como confirmadas 5 denuncias referidas a personas detenidas en nuestro país y trasladadas a centros clandestinos de detención en la República Argentina y como confirmada parcialmente una denuncia referida a una ciudadana argentina que fue detenida en la Argentina y trasladada a nuestro país donde estuvo detenida en un centro clandestino de detención y dio a luz a una niña que le fue quitada y entregada a una familia uruguaya. Con relación a esta última denuncia, que refiere a María Claudia García Irureta de Gelman, la Comisión señaló que no se pudo confirmar plenamente las circunstancias de su muerte.

c) Con relación a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina, pudo dar como confirmadas y/o aclaradas –por distintas vías- 58 denuncias; como descartadas 51 denuncias y como confirmadas parcialmente o en situación que no permite, por ahora, su confirmación o descarte, otras 75 denuncias más. A estas 75 denuncias se le sumaron después de la presentación del Informe Final otras 3 denuncias, constituyendo ese total de 78 denuncias el núcleo básico de la actividad actual de la Secretaría de Seguimiento, sin perjuicio de que se sigue procesando toda la información que se recibe sobre las otras denuncias a efectos de ratificar o completar sus conclusiones.

Para concluir:

En ningún caso, ni el número ni la nacionalidad de las personas desaparecidas se reconocen como un factor de selección por parte del Gobierno uruguayo en sus gestiones en materia de desaparecidos.

Finalmente, cabe reiterar que la voluntad del Gobierno del Uruguay ha sido y continuará siendo proseguir las investigaciones pertinentes de todos los casos pendientes, en el marco del Derecho Internacional y de los tratados internacionales vigentes, así como del respeto al orden jurídico interno de los Estados soberanos concernidos.

De la manera expresada queda de manifiesto que la decisión de "Sellar la Paz entre los uruguayos", como núcleo rector de la conducta responsable de la Nación, ha sido fielmente acreditada por las actuaciones antes referidas.