18/05/04

A continuación se transcribe la Resolución adoptada por el Directorio del Banco Central del Uruguay el 14 de mayo de 2004.

VISTO: La situación actual de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario- de Banco Comercial, Banco Montevideo y Banco La Caja Obrera.

RESULTANDO: I) Que por Resolución D/719/03 del 29 de octubre de 2003 se dispuso la realización de una auditoría operativa en los citados Fondos, como consecuencia de la insuficiente información que se le suministraba sobre la gestión de administración de dichos Fondos.

II) Que tal situación, además del atraso que generaba en el proceso de liquidación, propició la consumación de hechos dolosos que determinaron – entre otros- el procesamiento con prisión de uno de los Liquidadores Delegados y dos empleados de los Fondos.

III) Que por Resoluciones D/830/03 y D/831/03 de 18 de diciembre de 2003 se resolvió remover a los Liquidadores Delegados actuantes y designó como Supervisora y Directora de los Fondos a la contadora Ana María Acosta y Lara y a los contadores Jorge San Vicente, Jorge Christy y señor Juan Carlos Álvarez como Liquidadores Delegados y Administradores de los Fondos, a efectos de encauzar la gestión de administración de los Fondos y concretar las operaciones necesarias para concluir el proceso de tercerización de la administración de activos, todo ello de acuerdo a lo previsto en la Ley No. 17.613 del 27 de diciembre de 2002 y en el marco del proceso de precalificación y licitación iniciado a esa fecha por el Banco Central del Uruguay en ejercicio de las potestades legalmente asignadas.

IV) Que los liquidadores actuantes, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Directorio, procedieron como primera medida a ordenar la realización de un inventario de activos, tarea que ha sido imposible de concretar a la fecha, en virtud de la negativa de los funcionarios a realizar la tarea respectiva.

V) Que el trabajo señalado no resulta el único al que los Liquidadores-Administradores hoy actuantes se han visto imposibilitados de efectuar por decisión de los empleados.

VI) Que en el sentido indicado en el Resultando que antecede, puede apreciarse que al día de la fecha, los funcionarios han sistemáticamente negado el acceso a los Liquidadores de la información contable obstaculizando la gestión de recuperación de los activos a administrar y la debida contabilización de todas las operaciones, determinando a la fecha un atraso en la emisión de estados contables a tal extremo que al día de la fecha no se ha cerrado aún los correspondientes al ejercicio finalizado al 2003.

VII) Que tampoco prestaron su concurso en tiempo hábil para las tareas inherentes a la conciliación de cuentas entre los Fondos y el Nuevo Banco Comercial, omisión que coadyuvó significativamente al retraso de la referida institución bancaria a cerrar el balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

VIII) Que ordenada a los empleados la preparación de 728 carpetas correspondientes a los mayores deudores de los tres Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario, material necesario para la prosecución del proceso de entrega de la administración de activos de los Fondos, a la fecha, la información completa no se encuentra procesada y la ya confeccionada no ha sido entregada a los señores Liquidadores Delegados. Tal situación no sólo genera un significativo atraso en el cronograma de tercerización, sino que además impide conocer el grado de avance en las tareas asignadas y la evaluación de la calidad del trabajo encomendado.

IX) Que ante la reiterada negativa a la entrega de la información referida en el Resultando que antecede, se procedió a requerir su entrega mediante intimación notarial, frente a la cual, los empleados intimados respondieron que la conducta reticente adoptada respondía a las instrucciones del Presidente del Consejo Banca Privada de AEBU.

X) Que bajo el fundamento de directivas impartidas por el Consejo Banca Privada de AEBU, los abogados empleados de los Fondos, se han negado a entregar la información relativa al estado de los juicios promovidos por los Fondos para la recuperación de los créditos.

XI) Que aduciendo iguales fundamentos que los consignados en los Resultandos que anteceden, los abogados actuantes no han entregado a los Liquidadores Delegados los documentos de adeudo originales que obran en su poder y que se encuentran en trámite de ejecución, observando igual comportamiento respecto de las garantías.

XII) Que también los funcionarios han impedido la labor de la empresa auditora contratada por los Liquidadores Delegados para efectuar inventario y arqueo de valores radicados en el Tesoro de los Fondos, tarea que estaba prevista ser realizada en el breve término de treinta días, todo lo cual surge del acta que al respecto se labró oportunamente.

XIII) Que asimismo, los funcionarios en variadas oportunidades no han entregado el informe de disponibilidades de los Fondos a los Liquidadores Delegados, lo cual impide la adopción de básicas decisiones de gestión.

XIV) Que las dificultades y reticencias anotadas precedentemente dieron motivo a reiteradas intimaciones y constataciones notariales.

CONSIDERANDO: I) Que no obstante los reiterados esfuerzos de diálogo que se han venido manteniendo por los señores miembros del Directorio y las autoridades de la Liquidación con la Comisión Representativa de los Fondos y con el señor Presidente del Consejo Banca Privada de AEBU, a la fecha, tras un prolongado tiempo de prudencia y espera, no se registran cambios en la actitud y en el comportamiento funcional de la mayoría de los empleados de los Fondos.

II) Que dicha postura constituye una sistemática obstaculización sobre las decisiones de administración y gestión de la autoridad, sustituyendo ilegítimamente el poder de dirección de la empresa, causando un perjuicio a los cuotapartistas acreedores de la masa, e incurriendo en un abuso funcional que no se compadece con la prestación salarial que reciben sin mengua de especie alguna ni con el legítimo ejercicio de medidas de carácter gremial.

III) Que la situación que viene de relatarse, si bien se recrudece en el correr del presente año, registra ya antecedentes del año inmediato anterior, frente a las que el Directorio de la Institución con prudencia y ponderación, contempló las dificultades y restricciones impuestas por las medidas sindicales y cursó un proceso de diálogo tendiente a superar el contexto adverso en el que se desarrollaba la liquidación de cada uno de los Bancos, con la legítima expectativa de culminar tal proceso de especial importancia para el futuro del sistema financiero nacional y para los acreedores de las tres entidades bancarias.

IV) Que en suma a la fecha se puede evidenciar un proceso de liquidación signado por dificultades, limitantes y atrasos en los planes definidos oportunamente por el Directorio, donde la reticencia o negativa de prestación de funciones de los empleados de los bancos en liquidación lidera la problemática descripta.

V) Que a lo antes relatado se adiciona en términos negativos las deficiencias puestas de manifiesto en el informe elaborado por la empresa auditora KPMG el que venido a conocimiento del Directorio impone en primer término el arbitrio de las medidas que con arreglo a derecho resulten conducentes para encauzar definitivamente y sin más dilaciones las liquidaciones de los Bancos Comercial, de Montevideo y La Caja Obrera, proceder al cierre del balance correspondiente al Ejercicio 2003, concluir el proceso de tercerización de la administración de activos y la adopción de fuertes mecanismos de control que asegure la preservación de los valores radicados en los Fondos.

VI) Que en forma adicional a lo consignado en el Considerando precedente y sin perjuicio de la adopción de otras medidas, corresponde requerir a la Auditoría Interna- Inspección General que en el plazo perentorio de cinco días hábiles proceda a determinar, en base al informe de KPMG las medidas que en forma inmediata corresponde adoptar.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y en ejercicio de las facultades conferidas al Banco Central del Uruguay en su condición de Liquidador –Administrador de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario de Banco Comercial, Banco de Montevideo y Banco La Caja Obrera por la Ley No. 17.613 de 27 de diciembre de 2002 y Decreto-Ley No. 15.322 de 17 de setiembre de 1982 con las modificaciones introducidas por la Ley No. 16.327 de 11 de noviembre de 1992

1) Instruir a la señora Supervisora de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario a que arbitre conjuntamente con los señores Liquidadores-Administradores Delegados, las medidas que con arreglo a derecho resulten conducentes para encauzar definitivamente y sin más dilaciones las liquidaciones de los Bancos Comercial, de Montevideo y La Caja Obrera; proceder al cierre del balance correspondiente al Ejercicio 2003; concluir el proceso de tercerización de la administración de activos y la adopción de fuertes mecanismos de control que asegure la preservación de los valores radicados en los Fondos.

2) Requerir a la Auditoría Interna- Inspección General a que en el plazo perentorio de cinco días hábiles proceda a determinar, en base al informe de KPMG las medidas que en forma inmediata corresponde adoptar en los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario de Banco Comercial, Banco de Montevideo y Banco La Caja Obrera S.A..