28/05/04

Tras una investigación conjunta de la DGI y Aduanas, se descubrió a un grupo de despachantes de aduanas que posibilitaban defraudación tributaria, causando una estafa millonaria contra el Estado.

Los cuatro socios de una firma de despachantes de Aduana  -entre ellos la Directora principal y un contador- y dos funcionarias fueron procesados con prisión por operaciones fraudulentas que significaron una defraudación millonaria contra el Estado, en el marco de un procedimiento conjunto de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

La detención y posterior procesamiento se logró luego de cuatro años de investigación, mediante la herramienta de análisis de riesgo.

A través de este grupo, 38 empresas importantes del país evadían impuestos, falsificaban documentos públicos, realizaban contrabandos y crearon una asociación para delinquir, según informó el Director Nacional de Aduanas, Nilo Pérez, en conferencia de prensa esta tarde.

"Hay un caso de tres millones y medio, el otro caso dos millones y medio, y hay otros que estamos analizando que obviamente llegan a cifras mucho mayores", dijo Pérez, respecto a las empresas involucradas, que son consideradas medianas, grandes y muy grandes.

Explicó que en la mayoría de los casos se trataba de productos para introducir al mercado nacional y por eso que le importa no sólo a Aduanas sino también a la DGI, en tanto se evadieron tributos internos; pero también hubo casos de productos de exportación.

"Era una organización delictiva sin ningún lugar a dudas, muy afirmada, muy afianzada y que actuaba con muchísima impunidad", dijo.

"Estamos hablando de un caso de cuello blanco; no han sido pequeños empresarios, sino grandes defraudadores, grandes empresarios para estafar al Estado, y de esa forma estafar a los ciudadanos", dijo Pérez.

"Cabe consignar que la Justicia ciertamente actuó de forma muy eficaz y también eficiente, al igual que la Fiscalía. Habían tipificado el delito de penitenciaria, estos son delitos que no son excarcelables, y que además tienen un mínimo de dos años de pena, dos años de penitenciaria. Se tipificó asociación para delinquir, contrabando, falsificación de documento público, falsificación ideológica de documento privado y de certificados", explicó.

El procedimiento se realizó mediante "el análisis de información que se intercambió la DNA y la DGI, y también información de otras fuentes, otras instituciones estatales, del sector privado, instituciones de países vecinos, etcétera. Mediante todos estos elementos determinamos niveles de riesgo, y eso nos lleva a constituir un análisis que nos han permitido determinar estas maniobras", dijo.

Consideró además importante destacar que "ésto entre otras cosas se debe a la actuación de funcionarios honestos con los que contamos en la Aduana y en la DGI".

"Evadir lleva muy poco tiempo, es muy fácil; reconstruir esa película desde afuera, para los funcionarios nos lleva muchísimo tiempo, porque no solo alcanza con entender o llegar a conocer que se está evadiendo sino que hay que recopilar la información necesaria para poder probar esa evasión, ese delito en el ámbito judicial, si no lo que hacemos es simplemente conocer", argumentó.