> La Declaración Política y el Plan de Acción adoptados por la Asamblea General en junio de 1998, que subraya la importancia de fortalecer la cooperación internacional, regional y subregional para el combate del lavado de activos, y recomienda a los Estados que establezcan programas nacionales en la materia que incluyan la penalización del lavado de activos provenientes de delitos graves, la identificación, la congelación, la incautación y el decomiso del producto del dinero, un método adecuado de prevención en el sistema financiero, el reporte de operaciones sospechosas, el intercambio efectivo de información nacional e internacional, etcétera.

> El Programa Mundial contra el Lavado de Dinero

El Programa Mundial contra el Lavado de Dinero funciona en el ámbito de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito. A través de este Programa, las Naciones Unidas ayudan a sus Estados Miembros a incorporar legislación contra el lavado de activos y a desarrollar y mantener mecanismos adecuados para combatir este delito.

Asimismo, la ONU ha aprobado diversos instrumentos con la finalidad de combatir las actividades terroristas, entre los que se destacan el "Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo" y el "Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas".

2) El GAFI-FATF

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de activos (Financial Action Task Force) es un organismo internacional creado en 1989 por el grupo de los siete países más industrializados (G7), en su 15ª. Cumbre anual en París, a efectos de elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.

Actualmente está integrado por más de treinta países y dos organismos internacionales: la Comisión Europea y el Consejo de la Cooperación del Golfo.

El GAFI ha desarrollado cuarenta recomendaciones que constituyen el estándar mundial, modelo internacionalmente aceptado como el conjunto de reglas adecuadas para la prevención y el control del lavado de activos.

El organismo realiza exámenes periódicos de sus miembros con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones.

Tales exámenes se realizan en la forma de ejercicios anuales de autoevaluación y de evaluaciones mutuas periódicas de sus miembros.

También se evalúa a países y territorios que no integran la organización a los efectos de identificar a aquellos que, de acuerdo con los veinticinco criterios definidos por el organismo a tales efectos, se consideran "no cooperativos" en la lucha internacional contra el lavado de activos, los cuales pasan a formar parte de las comúnmente denominadas "listas negras " de paraísos financieros.

Los países miembros del GAFI pueden adoptar medidas en el plano económico y financiero que impliquen graves consecuencias para los países que son incluidos en la mencionada lista.

En el año 2001 el GAFI aprobó ocho recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo.

3) El Comité de Basilea

El Comité de Basilea sobre Reglas y Prácticas de Control de las Operaciones Bancarias, integrado por representantes de los bancos centrales del Grupo de los diez países más industrializados, ha emitido una serie de documentos en los cuales ha establecido un conjunto de principios dirigidos a las instituciones financieras tendientes a impedir su utilización para la legitimación de activos de origen delictivo.

4) La Comunidad Europea

A nivel de la Unión Europea existe la Convención sobre el Blanqueo, Identificación, Embargo y Decomiso de Beneficios Económicos Derivados del Delito, aprobado por el Consejo de Ministros en setiembre de 1990 y abierto a la firma el 18 de noviembre de 1990, de contenido, terminología y sistemática similares a la Convención de Viena, aunque con un alcance más amplio en tanto se contemplan otros delitos precedentes además del narcotráfico.

Asimismo, el Consejo de las Comunidades Europeas emitió una directiva con fecha 10 de junio de 1991 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Esta norma obliga a los Estados miembros de la CE a armonizar sus legislaciones internas, impulsando la puesta en práctica de los principios consagrados en la Convención antes mencionada.

5) El Grupo de Acción Financiera de Sud América (GAFISUD)

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) se constituyó en diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, como organismo intergubernamental regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la finalidad de llevar adelante la estrategia contra el lavado de activos en América del Sur.

Desarrolla sus objetivos mediante ejercicios de evaluación mutua entre los países miembros y actividades de capacitación y apoyo a los esfuerzos de fortalecimiento institucional de los mismos.

Uruguay desempeñó un papel fundamental en la creación de este Grupo y sigue desempeñándolo en su desarrollo.

6) CICAD/OEA

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) dependiente de la Organización de Estados Americanos posee una Unidad de Control del Lavado de Activos de carácter permanente y un Grupo de Expertos integrado por delegados de los países miembros de la Organización, que se reúne en forma anual.

La CICAD aprobó, en 1992, un "Reglamento Modelo Americano sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves", en sintonía con la Convención de Viena de 1988 y desarrollando sus principios.

Asimismo, implementó un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) que analiza en forma anual los avances de los países del hemisferio en la lucha contra el uso indebido de drogas y en el combate al lavado de activos.

También en el ámbito de la OEA se ha aprobado una "Convención Interamericana contra el Terrorismo", que prevé medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo.

7) La Cumbre de las Américas

La Conferencia Ministerial de la Cumbre de las Américas emitió un comunicado relativo al lavado de dinero e instrumentos del crimen en diciembre de 1995.

8) El Grupo EGMONT

El Grupo Egmont es una institución de carácter informal que reúne a las Unidades de Análisis Financiero de los distintos, países, promueve la implementación de tales unidades en aquellos países que no la tienen, y el intercambio de información por vía administrativa entre las mismas.

9) Los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BANCO MUNDIAL, BID). En la estrategia global contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, a partir de 2002 el FMI y el BM han asumido un papel protagónico que implica la participación de ambos organismos en los procesos de evaluación y en la generación de estándares en la materia. Se ha elaborado una metodología conjunta de evaluación que comenzó a ser aplicada a partir del año 2003 y que implica la realización de evaluaciones en coordinación con GAFI y organismos regionales a su estilo.

Esto determina un drástico cambio de eje en relación a los máximos referentes políticos a nivel internacional vinculados a la lucha contra el lavado de activos que representa, a su vez, una obvia centralización y clarificación del sistema de "premios y castigos".

Asimismo, es notoria la creciente presencia del BID en este tema, mediante el financiamiento de actividades de capacitación y de fortalecimiento institucional en el hemisferio, en conjunción con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA).

El Uruguay ha venido transitando un proceso tendiente a alcanzar los estándares internacionales en materia de prevención y control del lavado de activos. Dicho proceso ha estado jalonado, entre otros elementos, por la aprobación de un conjunto de normas legales y reglamentarias, mediante las cuales se ha tipificado el delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico y otros delitos graves, se han establecido mecanismos de cooperación jurídica internacional en la materia y se han estatuido obligaciones a cargo de las instituciones financieras, que se refieren al conocimiento del cliente, el registro de las transacciones, la designación de oficiales de cumplimiento normativo y el deber de reportar operaciones sospechosas.

1) Normas legales

La ley No. 17.016 de 22 de octubre de 1998, que tipificó el delito de lavado de activos provenientes de actividades vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes -posteriormente modificada para incluir el lavado de activos provenientes de otros delitos-, establece que las instituciones de intermediación financiera, las casas de cambio y en general todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay deberán ajustarse a los reglamentos que en la materia dicten el Poder Ejecutivo y el Banco Central. Establece que el incumplimiento de tales reglamentos dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo con el régimen vigente.

La ley No. 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (Corrupción Administrativa), en su artículo 30, tipifica como "blanqueo de dinero" la obstaculización de "la identificación del origen, la investigación, la incautación o la confiscación del dinero u otros valores patrimoniales a sabiendas que provienen de alguno de los delitos" previstos en dicha ley.

La Ley No. 17.343 de 25 de mayo de 2001 amplió el elenco de delitos predecesores del lavado ilícito de activos. agregando -al narcotráfico y delitos conexos y la corrupción administrativa- el terrorismo, el contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), el tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción, el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, el tráfico ilícito de personas, la extorsión, el secuestro, el proxenetismo, el tráfico ilícito de sustancias nucleares y el tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.

2) Decretos del Poder Ejecutivo

Decreto 82/001 de 8/3/001.- Creó el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos. en la órbita de la Junta Nacional de Drogas, con el cometido de coordinar y ejecutar, en forma permanente, programas de capacitación en materia de prevención y control del lavado de activos para el personal de las entidades bancarias públicas y privadas y las demás instituciones o empresas sujetas al control del BCU; los operadores del derecho en materia de prevención y represión de las actividades previstas en la mencionada ley: Jueces, Actuarios y funcionarios del Poder Judicial. Fiscales y Asesores del Ministerio Público y Fiscal, funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones Exteriores. etc.

Decreto 139/001 de 26 de abril de 2001.- Estableció que cuando se solicite cooperación jurídica internacional vinculada al narcotráfico o al lavado de activos que requiera el levantamiento de secreto bancario o medidas de confiscación o inmovilización de depósitos bancarios, el Ministerio Público y Fiscal debe requerir del Banco Central del Uruguay informe fundado sobre la pertinencia de la medida, así como de la urgencia de la misma.

3) Normas bancocentralistas

El Banco Central del Uruguay, haciendo uso de su facultad regulatoria, dictó una serie de normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. A continuación se exponen, en forma resumida, las principales medidas adoptadas en relación a la prevención y detección del lavado de activos, las que tienen su origen en el año 1991 y han sido reforzadas fundamentalmente a partir de octubre de 2000:

-Políticas y procedimientos de prevención: todas las personas físicas y jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay deben

a) establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas;

b) establecer políticas y procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal de la institución y permitan su permanente capacitación en la materia;

c) establecer Base de Datos centralizada: desde el año 1991, las instituciones financieras sujetas al control del Banco Central del Uruguay están obligadas a mantener una Base de Datos en la que se registran determinados tipos de transacciones en efectivo por importes mayores a U$S 10.000, identificando, además. a las personas físicas o jurídicas que las efectúan;

d) reportar transacciones sospechosas: la Circular 1.722 de 22 de diciembre de 2000 consagra la obligación de reportar operaciones sospechosas o inusuales para todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Adicionalmente, las reglamentaciones de los distintos sectores financieros supervisados por el Banco Central del Uruguay han establecido los requisitos que deben cumplir los diversos tipos de entidades controladas, tomando en cuenta la operativa que están autorizadas a desarrollar y los riesgos de cada caso: Circulares 1.713, 1.731, 1.738 de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, Circular 1.737 del Área de Mercado de Valores, Circulares 55 y 60 de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Circular 1.756 de la División Control de AFAP.

Lo enumerado en los apartados anteriores se completa con el funcionamiento de:

e) la Unidad de Información y Análisis Financiero: para el desarrollo de las actividades vinculadas con la prevención del lavado de activos, el Banco Central del Uruguay cuenta con una Unidad de Información y Análisis Financiero. Entre sus competencias se destaca la recepción, solicitud, análisis y remisión a la Justicia competente, cuando corresponda, de información referida a transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. En materia de supervisión, las actividades de la Unidad incluyen también el desarrollo de inspecciones de cumplimiento, cuyo objetivo consiste en evaluar el sistema de prevención implementado por las instituciones;

j) La Guía de Transacciones sospechosas: El Banco Central del Uruguay, con el objetivo de colaborar en la detección de patrones sospechosos o inusuales en el comportamiento de los clientes habituales u ocasionales de los sujetos obligados a informar, ha dictado una Guía de Transacciones sospechosas distribuida por Comunicación No.2002/198 de 4/11/002;

g) El régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera: la Circular No.1.778 introduce modificaciones al citado régimen. Contiene, entre otras, normas que apuntan a identificar fehacientemente a los propietarios de las sociedades titulares de las empresas reguladas: nómina de accionistas y del personal superior que conformar la sociedad, acreditación de la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo; exigencia de que toda vez que se integre capital en las empresas de intermediación financiera, se deberá presentar ante la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera una declaración jurada en la que se justifique el origen legitimo de los fondos aportados. La Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera podrá solicitar información adicional a tal justificación

4) Otras resoluciones.

Finalmente, por resolución del Ministerio del Interior, se creó la "Unidad de Investigación Patrimonial", en el ámbito de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de incrementar la capacidad del personal policial en el área de investigación de los delitos de tipo económico, en especial del lavado de activos.

Si bien se han realizado notorios avances en la implementación del sistema anti-lavado a nivel interno, aún subsisten carencias que limitan el .funcionamiento efectivo del mismo, a la vez que comprometen el mantenimiento de la línea de gestión que el Uruguay mantiene en orden a la debida cooperación internacional en la materia.

Por otra parte, las circunstancias externas vinculadas al tema han cambiado en los últimos años. Se ha intensificado la conciencian internacional respecto a la necesidad de desarrollar sistemas nacionales efectivos para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el marco de una estrategia global .fuertemente impulsada desde diversos ámbitos, entre los cuales se destaca la creciente participación en la indicada estrategia, de los principales organismos multilaterales de crédito: el FMI, el BM y el BID.

Como es notorio, a raíz del atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001, la comunidad internacional ha desarrollado un conjunto de acciones tendientes a prevenir este tipo de actividades.

En tal sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU ha dictado la Resolución 1373 que, entre otras medidas, obliga a los Estados miembros a tipificar como delito el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de dicho crimen.

Por su parte, el GAFI-FATF ha elaborado nuevas recomendaciones en el mismo sentido, las cuales .fueron recogidas por el GAFISUD.

En dicho contexto, se hace imprescindible realizar modificaciones legislativas que recojan la conciencia colectiva respecto a la intrínseca amoralidad de las actividades antisociales del lavado de activos ilícitos y los riesgos que de ellas se derivan; y que, al hacerlo, alineen al Uruguay en el debido cumplimiento de las recomendaciones internacionales en dichas áreas.

Para ello, es preciso aprobar una nueva ley de "Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo " que contenga:

a) Ampliación de los sujetos obligados por las normas de prevención y control del lavado de activos.

b) Exoneración de responsabilidad de los sujetos que, de buena fe, reportan operaciones sospechosas, establecimiento el deber de confidencialidad del reporte y sujeción a las instrucciones que brinde la Unidad de Información y Análisis Financiero luego de efectuada la denuncia.

c) Fortalecimiento de las potestades de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

d) Ampliación del número de delitos precedentes al lavado de activos, incorporando la estafa, los delitos de corrupción en el régimen general de la Ley 17.060, quiebra fraudulenta o insolvencia fraudulenta; los delitos previstos en los artículos 5° (Insolvencia societaria fraudulenta) y 7° (Usura) de la Ley 14.095, los delitos previstos en el Artículo 76 de la Ley No. 2.230,o de 1893, los delitos previstos en la Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y los delitos previstos en la Ley 17.616 de 10 de enero de 2003 cometidos contra la propiedad intelectual".

e) Incluir los delitos de corrupción administrativa en el tipo penal del lavado de activos tal cual se encuentra contemplado en la Ley No. 17.016, unificando la definición del mismo con la aplicable a los restantes delitos precedentes.

f) Tipificación de los delitos de terrorismo y su financiación.

g) Mejora de los mecanismos de cooperación internacional para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Asimismo, se amplía el alcance de la obligación de reporte, agregándose el deber de informar a efectos de impedir el financiamiento del terrorismo. La razón para ello es obvia, ante la magnitud del flagelo terrorista en el mundo. Esta inclusión contemplará, además, las disposiciones contenidas en la Recomendación Especial de GAFI-FATF sobre la financiación del terrorismo No. IV. Cabe recordar, que en la normativa vigente, la obligación de comunicar sobre transacciones relativas a las actividades delictivas se refiere solamente al lavado de activos.

Por último, se aclara el desenvolvimiento de la obligación de informar para evitar que los sujetos obligados se restrinjan a aquellas transacciones que presentan clara conexión con ilícitos y se ponga acento en el carácter inusual de las mismas. De esta manera, se acompaña el recto criterio establecido en la cuarta recomendación contenida en el informe de evaluación de GAFISUD aprobado en el mes de mayo de 2002.

El artículo segundo amplía los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas o inusuales, incorporando a los casinos, a las empresas que prestan servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, de obras de arte y de metales preciosos, y a los abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen transacciones financieras o participen en la administración de sociedades comerciales a nombre y por cuenta de terceros. Al ser una norma instrumental que necesariamente debe cubrir el más amplio de los espectros posibles. Ese es el criterio hoy predominante. Incluso ha sido recogido en las Recomendaciones Nos. 12 y 16 de GAFI-FATF.

Cabe agregar que se recogen en este artículo las recomendaciones realizadas a nuestro país en el informe correspondiente a la primera evaluación mutua de GAFISUD y en el informe de la Segunda Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD/OEA.

Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto apuntan a superar las principales debilidades que reviste el actual sistema de reporte de operaciones sospechosas que, en gran medida, ha obstaculizado su funcionamiento. Los artículos de referencia cumplen cabalmente con la Recomendación No.14 de GAFI-FATF.

En este sentido, el artículo tercero establece que los sujetos obligados no podrán divulgar a las personas involucradas los informes o actuaciones que sobre ellas realicen en cumplimiento de la obligación de informar transacciones sospechosas.

Por su parte, el inciso segundo del citado artículo busca subsanar una insuficiencia de índole operativa del actual mecanismo de reporte, en la medida que se ha observado .que los sujetos obligados presentan dudas respecto a qué curso de acción asumir cuando advierten una transacción sospechosa o inusual. Corresponde señalar, además, que la mencionada deficiencia mereció una observación por parte del equipo de evaluadores de GAFISUD.

El artículo cuarto consagra la exoneración de responsabilidad para las personas que cumplan de buena fe con la obligación de informar prevista en los artículos 1° y 2° cumpliendo. Con ello se sigue la tendencia de todas las naciones que como Estados de Derecho combaten contra el lavado de activos. Esa tendencia ha inspirado la segunda recomendación formulada a nuestro país en el primer informe de evaluación mutua de GAFISUD, al amparo de lo establecido en la Recomendación No.14 de GAFI-FATF.

Asimismo, debe tenerse presente que la inclusión de una norma legal que brinde protección, a los sujetos obligados resulta vital para lograr que el mecanismo de reporte y por ende, el sistema de prevención funcionen de manera satisfactoria.

El artículo quinto tiene como objetivo garantizar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, que funciona en la órbita del Banco Central del Uruguay, el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos. A tales efectos, se faculta a dicha unidad a solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el desarrollo de sus funciones.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo, no sólo dan cumplimiento a lo establecido en la Recomendación No.26 de GAFI-FATF y a las recomendaciones formuladas por el equipo de evaluadores de GAFISUD, sino que contemplan uno de los aspectos básicos de la actividad de una Unidad de Inteligencia Financiera, garantizando el acceso a información proveniente de distintos registros u organismos.

El artículo sexto prevé la posibilidad de que la Unidad de Información y Análisis Financiero instruya a las instituciones sujetas a la supervisión del Banco Central del Uruguay para que se abstengan de realizar determinadas operaciones cuando las mismas involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan sospechas fundadas de estar vinculadas a la comisión de alguno de los delitos regulados en el proyecto.

El propósito de esta disposición es establecer un mecanismo que permita inmovilizar en forma ágil los fondos pertenecientes a las organizaciones delictivas. Ello desarrolla y fortifica la aplicación efectiva de las medidas previstas en los artículos 62 a 67 del Decreto-Ley No. 14.294. incorporados por el art. 5°. de la Ley No. 17.016. Asimismo, permite cumplir la Recomendación No.3 de GAFI-FATF. Dicho mecanismo consta de un procedimiento de tipo administrativo con efectos provisorios, seguido de una etapa jurisdiccional preceptiva, en concordancia con lo previsto en las normas legales antes mencionadas.

El artículo séptimo brinda las herramientas necesarias para que el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, pueda cooperar eficazmente en investigaciones de lavado de activos con autoridades de otros Estados que ejerzan competencias análogas, intercambiando información por la vía administrativa.

Es dable destacar que la cooperación internacional entre autoridades administrativas prevista en el presente artículo, que en términos generales se ajusta a los principios contenidos en la Recomendación No.40 de GAFI-FATF, se ajusta a nuestro orden jurídico, aplicando la tradicional conducta uruguaya de colaboración al estado actual de la tecnología y al cuadro fáctico que debe resolver el Derecho. En este sentido, el intercambio de información protegida por normas de reserva sólo podrá realizarse si se cumplen ciertos requisitos, destacándose que el organismo requirente podrá utilizarla únicamente en investigaciones vinculadas al delito de lavado de activos respecto de los delitos precedentes previstos en nuestra legislación. Asimismo, se establece que si el país requirente desea utilizar dicha información en un proceso penal y/o administrativo deberá efectuar la solicitud de acuerdo a las normas de Cooperación Jurídica Internacional.

Finalmente, con el presente artículo se procura crear las condiciones necesarias para que la Unidad de Información y Análisis Financiero ingrese formalmente al Grupo Egmont.

Es importante destacar que los primeros siete artículos apuntan a fortalecer dos pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema de prevención. Se busca consolidar el mecanismo de reporte de operaciones sospechosas o inusuales, para que funcione de manera efectiva, ampliando el elenco de sujetos obligados y asegurando protección legal a los denunciantes que actúen de buena fe, y se busca, a la vez, fortalecer el papel de la Unidad de Información y Análisis Financiero como organismo central nacional en la materia, permitiéndole el acceso a toda la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, aprovechando la información con la que cuenta dicho organismo para colaborar eficazmente en impedir la movilización ilegal de activos y habilitándola a cooperar eficazmente en investigaciones de lavado de activos con autoridades similares de otros Estados.

El artículo octavo amplía el elenco de los delitos precedentes al lavado de activos. Se incluye a la estafa en dicha nómina y se clarifica la eficacia de los delitos de corrupción administrativa como precedentes al lavado de activos perseguible penalmente, incorporándolos en la norma general del artículo 81 del Decreto.Ley 14.294 y derogándose el art. 30 de la Ley No. 17.060, a los efectos de unificar formal y conceptualmente en una sola disposición a todos los delitos subyacentes. Esta inclusión y estos ajustes, cuya justificación ético-jurídica no necesita desarrollos en el contexto de nuestra tradición jurídica, permitirán cumplir la Recomendación N° 1 de GAFI y las recomendaciones del informe de evaluación de GAFISUD.

En la misma línea de combate contra el fraude, se incorpora una serie de delitos de tipo económico que pueden generar importantes ganancias ilícitas susceptibles de ser blanqueadas, como la quiebra y la insolvencia fraudulentas, la insolvencia societaria fraudulenta, la usura, los delitos contra la propiedad intelectual y los previstos en la Ley No. 2.230.

Atento a la importancia de los bienes jurídicos objeto de protección por un lado, y en consideración al poder de que disponen los delincuentes en estas áreas por otro, así como la necesidad de contar desde el aparato preventivo y represivo, con elementos jurídicos capaces de dar una respuesta eficaz, dentro de la más estricta legalidad, en los artículos noveno a décimo octavo se regulan: la introducción de la técnica de la entrega vigilada en materia de tráfico de drogas y sustancias ilícitas y el desarrollo del estatuto del arrepentido, respecto de ciertos delitos graves, de forma de facilitar el desmantelamiento de las redes operativas del crimen organizado.

Para ello se han tenido como modelos distintas normativas internacionales y la legislación de otros países, como la legislación española, los Derechos positivos francés, alemán y luxemburgués, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (Palermo dic/2000) y otros instrumentos como las 40 Recomendaciones del GAFI etcétera.

La recepción de la técnica de la entrega vigilada cumple con lo dispuesto por la Convención de Viena, y puede permitir una más fluida lucha internacional contra este tipo de delitos, coadyuvando a una mayor y más eficaz cooperación internacional.

Se trata de despojar de formalismos a este trabajo, habilitando la comunicación directa entre los magistrados del sistema de justicia penal, sin perjuicio del conocimiento y controles de las máximas autoridades ejecutivas y jurisdiccionales, bajo el signo del secreto, imprescindible en esta etapa, para asegurar el resultado y aún la incolumidad de los interesados.

La delincuencia organizada, en especial cuando se trata de actos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción o lavado de dinero procedente de delitos graves, requiere para ser combatido eficazmente, de una legislación adecuada a la real gravedad del riesgo que dichas actividades criminales implican, teniendo en cuenta, además la frecuente índole transnacional de la misma, lo que requiere intensificar las normas que hagan posible la cooperación internacional.

La normativa uruguaya ha avanzado por dicho derrotero, como puede advertirse, entre otras disposiciones, con un esbozo del estatuto del arrepentido, incorporado por L. 16-707 (art.2), como circunstancia genérica de atenuación, la de la "colaboración eficaz" (art. 46 No.12 C.P.); con una forma de "agentes encubiertos" para combatir la delincuencia organizada, autorizando la provocación del delito por parte de la autoridad (art. 74 de la L. 17.243 de 29.6.2000, que modificó en tal sentido el inc. 2 del tradicional art. 8 del C.P.).

Por otra parte la República ha comprometido su responsabilidad internacional en el sentido de legislar sobre estas materias, al ratificar la Convención de Viena de 1988 (L. 16.579 de 21.9.94), siendo parte activa en los trabajos de la CICAD y en la consecuente redacción de sus Reglamentos Modelo, atinentes al tema que nos ocupa.

A los arrepentidos cuya colaboración resulte decisiva para el esclarecimiento de los hechos o la detención de los autores, se les premia con una importante atenuación de la responsabilidad, aplicando para ello institutos tradicionales en nuestro Derecho (arts. 41, 42, 43, 44 y 46 C.P.); en el proyecto no se innova a su respecto.

El artículo diecisiete contiene una disposición tendiente a favorecer la cooperación jurídica internacional en lo que respecta al procedimiento de extradición, estableciéndose la entrega inmediata del extraditado en los casos vinculados a los delitos previstos en el anteproyecto, salvo que la ley reprima el delito con un mínimo de penitenciaria o se estime "prima facie " que la pena a recaer en definitiva tendrá ese monto.

El artículo dieciocho eleva las penas mínimas y máximas de los delitos de lavado de activos "stricto sensu" previstos en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley No. 14.294, haciéndolos inexcarcelables. Se sigue así, una tendencia internacional en la materia que avanza en ese sentido, en tanto en el derecho comparado se considera a estas actividades ilícitas como "delitos graves" o "crímenes ".

Los artículos diecinueve a veintiuno penalizan las actividades terroristas y su financiamiento, recogiendo los principios contenidos en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y la Convención Interamericana contra el terrorismo.

Los artículos veintidós y veintitrés establecen un procedimiento para congelar los activos pertenecientes a organizaciones terroristas y personas a ellas vinculadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el artículo 5 de la Convención Interamericana contra el terrorismo. Se cumple asimismo, con el mandato contenido en la Resolución No. 1373 de la Organización de las Naciones Unidas. Se propone, a esos efectos, un procedimiento ágil para el reporte de las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, quien podrá disponer la inmovilización provisoria de las cuentas bancarias, guardando las debidas garantías por cuanto la competencia definitiva sobre el tema se le asigna al la Justicia competente, siendo de aplicación en el caso las normas generales sobre medidas cautelares en materia penal.

La norma contenida en el artículo veintitrés establece un mecanismo coherente con el previsto en el art. 6°. del proyecto.

El artículo veinticuatro regula el transporte transfronterizo de divisas a los efectos de la prevención y el control de los delitos regulados en el proyecto, en consonancia con la Recomendación No.22 de GAFI-FATF, el Artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el Artículo 4.1.b. de la Convención Interamericana contra el terrorismo.

El artículo veinticinco consagra la obligación de registrarse ante el Banco Central del Uruguay para todas las personas físicas y jurídicas que presten servicios de tipo contable y administrativo a entidades que desarrollen actividad financiera en el exterior.

Se ha observado que personas físicas y jurídicas dedicadas a la realización de actividades financieras en el exterior y que registran sus operaciones a través de agentes radicados en nuestro país, pueden efectuar maniobras dolosas, comprometiendo el prestigio de nuestra plaza financiera. En este sentido, con la creación del registro de referencia se busca conocer la dimensión del fenómeno, para determinar necesidades futuras de regulación y al mismo tiempo, generar una base de datos que permita dar respuesta a los reiterados pedidos de información que desde el exterior recibe el Banco Central del Uruguay.

El artículo veintiséis tiende a cubrir un vacío que deja el art. 63 de la ley 17.016. En el seminario sobre "combate del lavado de dinero" realizado en la Presidencia de la República en agosto pasado se planteó por parte de un Magistrado la situación de una persona procesada por estos delitos y a la cual se le incautó cautelarmente una muy importante suma de dinero proveniente de la venta de estupefacientes. El imputado obtuvo la libertad provisional y al momento de la notificación de la sentencia donde se disponía la confiscación del dinero y su puesta a la orden del Poder Ejecutivo aparece que se fugó del país, no siendo habido, por lo que se libró la orden de captura, pero la sentencia no se puede ejecutar. Por lo qué, la confiscación no puede operar y una vez transcurrido el plazo de prescripción, el prófugo podría reclamar y obtener para sí este dinero La violación entonces de las obligaciones impuestas a quien está sometido a este tipo de proceso tiene que tener una importante consecuencia, que es la que se propone.

Se dispone un plazo prudencial de seis meses contados a partir del libramiento de la orden de prisión para la ubicación del imputado moroso de sus obligaciones procesales. Transcurrido ese lapso de tiempo caduca toda pretensión que el mismo pudiere tener sobre los objetos incautados operando la confiscación de pleno derecho.

El articulo veintisiete, apunta a alcanzar los estándares internacionales, en los que se propende a la especialización de los Jueces y Fiscales para el combate de estos delitos que trascienden las fronteras. Tal cual están organizadas las Oficinas en este momento donde se abarca el universo de todos los delitos se hace muy difícil trabajar y dedicarle el mayor tiempo que esta causas requieren teniendo muchas ribetes internacionales.

También sobre este tópico hubo acuerdo de los partícipes en el seminario de referencia.

El Poder Ejecutivo encarece a los señores legisladores el pronto trámite de esta iniciativa, que se inscribe en la necesidad de actualizar nuestras normas penales sustanciales y de procedimiento.

El Poder Ejecutivo saluda a ese cuerpo con su mayor consideración,