10/01/03

31/12/02 – SE MANTIENE EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DECRETO Nº 305/002 RECURRIDO POR LA FIRMA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.

VISTO: estos antecedentes relacionados con el recurso de revocación presentado por la firma HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A. contra el Decreto N°305/002 de fecha 7 de agosto de 2002, relacionado con el régimen de bonificación por pago anticipado de peaje.

RESULTANDO: I) Que la empresa precitada, concesionaria en el tramo de Ruta N° 5 entre Mendoza y Montevideo (progresivas 11Km000 al 69Km000) por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 29 de setiembre de 1999, se agravia por entender que el acto impugnado introduce modificaciones en forma unilateral al contrato suscrito entre la Administración y la recurrente con fecha 29 de octubre de 1999, que fuera aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo el 1° de diciembre de 1999, lo que implica una nulidad, sin perjuicio de que lesiona los derechos e intereses de la compareciente.

II) Que, asimismo, establece que de las actuaciones referidas en la parte expositiva del acto, algunas fueron comunicadas y aceptadas por su parte, existiendo otras que desconoce, por lo que solicita se le confiera vista de la totalidad de las mismas con el fin de fundamentar el recurso presentado, al amparo de lo preceptuado por el artículo 155 del Decreto N°500/991.

III) Que la Dirección Nacional de Transporte con fecha 23 de setiembre de 2002 procedió a conferir la vista solicitada, no siendo la misma evacuada.

IV) Que, no obstante, la citada Dirección Nacional procedió a ingresar al análisis del recurso interpuesto, concluyendo que la flexibilización del régimen de bonificación por el pago anticipado que introduce el acto en cuestión, no implica una modificación sustancial del referido régimen puesto que plasma una limitación respecto a los posibles beneficiarios del mismo, que deriva del nuevo concepto legal que introdujo la Ley N°17.296 de 21 de febrero de 2001 (artículos 270 y siguientes) en materia de transporte terrestre de carga. Asimismo, a partir de la referida Ley y de los conceptos establecidos en la misma, el transporte terrestre de carga puede ser únicamente de dos tipos, transporte profesional y transporte propio, por lo que consecuentemente las empresas de transporte terrestre de cargas son empresas de transporte profesional o de transporte propio.

Por lo tanto, dado que la bonificación por pago anticipado era un beneficio al que podía ampararse cualquier empresa de transporte de carga, a partir de la promulgación de la ley antes referida y su Decreto reglamentario N°349/001, ello no resultaba acorde con dichas normas, además de contradecir la política de transporte actual el hecho de que las empresas de transporte informales pudieran gozar de este beneficio y, de cualquier otro, y a que la política en la materia es minimizar su existencia o, lo que es lo mismo, lograr que se transformen en empresas formales.

V) Que, asimismo, acorde con ese espíritu fue que se elaboró el Decreto impugnado, el cual ha tratado de recoger el espíritu del legislador respecto al transporte informal, y que en sustancia no modifica el contrato de concesión de obra invocado, puesto que si bien disminuye la cantidad mínima de boletos o pases a expedir por la concesionaria, ello no lesiona derechos de la misma, en virtud de que igualmente continuará vendiéndolos en función de la demanda de las empresas formales de transporte de carga. A su vez, dicha demanda no deberá variar sustancialmente ya que la cantidad de boletos a expedir, en todo caso, siempre dependerán de la cantidad de fletes o viajes a realizar por las empresas.

Por otra parte la recurrente realiza una mera invocación de modificaciones introducidas al contrato y de lesiones de derecho e intereses pero sin determinarlos concretamente, lo que milita a favor de lo sostenido en cuanto a que no se dan modificaciones de orden sustancial, esto es que produzcan una alteración de entidad en la ecuación económico financiera del contrato.

VI) Que en lo que respecta a las modificaciones introducidas al contrato alegadas por el impugnante, el hecho de que al momento de suscribirse el contrato de concesión de obra existieran Decretos que regulaban el régimen de bonificación de peaje, no inhibe al Poder Ejecutivo al ejercicio de la facultad legal que le otorga el Decreto - Ley N°14.711, siempre que se realice por razones fundadas y que la modificación no sea suficiente para alterar la ecuación económico financiera del contrato de concesión.

VII) Finalmente, en lo que requiere a la cantidad mínima de boletos o pases a expedir por la concesionaria, el establecimiento de una cantidad mínima en las normas reglamentarias no responde a otra razón que, evitar que puedan gozar del referido beneficio empresas de transporte de carga que sean usuarias accidentales o no habituales de la ruta.

VIII) Que, por lo expuesto, la Dirección Nacional de Transporte eleva los presentes obrados aconsejando el mantenimiento del acto impugnado.

IX) Que a través de informe N° 488/02 de fecha 28 de noviembre de 2002, el Departamento Letrada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se expide conteste con el temperamento sugerido por la citada dependencia, concluyendo que en este estado, desconociéndose los fundamentos y agravios de la recurrente, y habiendo transcurrido un lapso prudencial para que los mismos fueran incorporados en obrados, correspondería el rechazo del recurso administrativo interpuesto.

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 317 y ss. de la Constitución de la República y Decreto N° 500/991 de 27 de setiembre de 1991, (Sección III, Título III, Capítulos I y II).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

1º.- Mantiénese en todos sus términos el Decreto N° 305/2002 de fecha 7 de agosto de 2002, relacionado con el régimen de bonificación por pago anticipado de peaje, recurrido por la firma HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A..