JND ante Comisión de ONU

Uruguay instaló estrategia integral, transversal e intersectorial con sentido sociocultural

El Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, expresó ante la Comisión de Estupefacientes de ONU que el Presidente José Mujica ha ratificado continuidad de políticas en drogas. Dijo que se trata de una reafirmación del compromiso de nuestro país con este problema mundial. Señaló, entre otros aspectos, que Uruguay es el primer país Libre de Humo de Tabaco y que hoy sufre el ataque de tabacaleras que presentan demandas.

Intervención de la Delegación de Uruguay durante el 53° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, en la ciudad de Viena.

Señor Presidente

Delegados y Delegadas:

En primer lugar un saludo y felicitaciones al Sr. Presidente, Sr. Embajador de Irán, Ali Asghar Soltanieh y a toda la Mesa, por su designación y desempeño calificado, práctico y amable que esta desplegando.

Permítame un saludo fraterno y solidario a las delegaciones de Haití, Chile y Turquía cuyos pueblos están sufriendo las consecuencias de las inclemencias sísmicas.

Uruguay se hace presente en esta 53ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes en un momento muy particular de su historia.

El sistema democrático se ha visto fortalecido con las elecciones de noviembre pasado y la asunción el 1° de marzo del sexto gobierno luego del fin del periodo dictatorial.

El nuevo Presidente, José Mujica ha ratificado la continuidad de las políticas en drogas, su orientación, estrategia y planes, confirmando o promoviendo a las principales autoridades en el tema. Es una reafirmación del compromiso de nuestro país con el problema mundial de las drogas.

En el gobierno de Tabaré Vázquez, la Junta Nacional de Drogas instaló de forma transversal e intersectorial una estrategia integral, equilibrada y con profundo sentido social y cultural en el problema drogas. El combate al crimen organizado y el lavado de dinero han sido implacables. De la mano de las líneas de promoción de salud, prevención, tratamiento y reducción de daños.

Uruguay implementó un Plan Nacional Integrado de Lucha contra el Narcotráfico y el lavado de dinero que coordina todas las agencias y que remitió a la cárcel a 2.978 personas (en un país de 3,5 millones de personas) por ley de estupefacientes, incautando alrededor de 10 toneladas de drogas en tránsito y para consumo interno.

Uruguay sancionó normas legales nuevas, Juzgados y Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado y la Secretaria Nacional Antilavado de Activos en la órbita de la Presidencia de la República. Se creó el Fondo de Bienes Decomisados.

Uruguay ha creado la Primera Red de Asistencia en Drogas que abarca desde Primer Nivel de Asistencia, con varios Centros de Tratamiento. Se capacitó a profesionales de todas las disciplinas. En un enfoque de derechos se está impulsando la obligación de las prestaciones del sector privado en drogas.

Ha incorporado el control y prevención del consumo problemático de alcohol con enfoque de reducción de daños. Es la droga de mayor prevalencia con nuevos patrones de abuso que generan graves daños humanos, sociales y económicos.

Uruguay es el primer país Libre de Humo de Tabaco en todo su territorio, reduciendo con sus políticas antitabáquica el consumo de tabaco de 50% a 31% en población general. Hoy sufre el ataque de las tabacaleras que pretenden demandar a nuestro país.

Insistimos en este foro que integralidad significa también el control y prevención de drogas de circulación licita. Como bien señalan la OMS y OPS de graves repercusiones en la salud y la seguridad publica (en el caso del alcohol) y puerta de entrada para el abuso de otras.

Uruguay ha construido programas de prevención en las cuatro ramas de la enseñanza. Se culminó con todo éxito el Plan Ceibal “Un niño: una computadora” Todo niño en edad escolar tiene una X02 para uso en la escuela, en su casa y en la plaza publica, a trabes de una gran red de servidores. Dentro de este Plan Ceibal varios programas de prevención en drogas se están incorporando.

Estamos instalando en la Negociaciones Colectivas de empresarios y trabajadores programas de prevención de alcohol y otras drogas. En varias Empresas Publicas se aplica el Programa de prevención del Ámbito Laboral y Familia en coordinación con la ONUDD Brasil y con SESI.

Con dicha Oficina y con el apoyo de ONUDD Viena, Uruguay ha preparado un Plan de Reforma Integral del Sistema Penitenciario con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Con el apoyo de ONUDD Perú y el Observatorio Interamericano de Drogas de la CICAD-OEA Uruguay participa del Proyecto “Sistema Subregional de Información, e Investigación Sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay y posteriormente la incorporación de Colombia. Ejemplo de cooperación que nos permite sistematizar metodologías en estudios de población general, de jóvenes de enseñanza media, infractores, cárceles. Un modelo a seguir para conocer y definir políticas al respecto. Invitamos a todos a la presentación de los mismos que se realizara en el marco de esta reunión.

Sr. Presidente

El seguimiento de la Declaración Política y el Plan de Acción del Segmento de Alto Nivel del 52 ° período implica, necesita debatir, interaccionar.

Uruguay insiste en la necesidad de desplegar un debate fermental y amplio sobre las políticas de fiscalización y paradigmas de abordaje del problema mundial de las drogas. Si es cierto- como se afirma en el Prefacio del Reporte Anual- que la política de fiscalización ha ocasionado “daños colaterales” (a la manera de las guerras) no basta con intentar evitarlos. Lo que hay que revisar es el paradigma de la guerra.

Si fuera “guerra” seria deseable adherir al enfoque de Sun-Tzu: “el arte supremo de la guerra es doblegar al enemigo sin librar una sola batalla”. Pero no es definitivamente un conflicto bélico ni siquiera como recurso literario. Es un fenómeno social y cultural complejo, con implicancias en varias dimensiones de la vida política de las naciones. Requiere otro paradigma.

Debate internacional, sin simplificaciones ni fundamentalismos. Hay que escuchar todas las voces. El sistema de NNUU en especial la ONUDD debe promover, impulsar, organizar y respetar las argumentaciones, opiniones y fundamentaciones que haga de este debate un dialogo tolerante, respetuoso, con evidencias y datos científicos.

En nuestro Hemisferio algunas personalidades y ex presidentes han emitido puntos de vista que merecen respeto y atención. Aún en el disenso. Tanto en el Prefacio como en el informe de JIFE se toma nota de estas voces, lo que es un buen paso. Lo que no parece adecuado es que se elijan arbitrariamente los argumentos a responder y el lector no tenga oportunidad de confrontar argumentos. Sería más útil un panel donde se discutan argumentos de una y otra parte.

Como bien dice el Director Ejecutivo Antonio María Costa, al que saludamos en su despedida: “las drogas no son dañinas porque se fiscalicen”. Parece al menos insuficiente la afirmación posterior: “se fiscalizan porque son dañinas”. Es un paralogismo de falsa oposición.

El dilema válido es ¿cómo fiscalizamos? No hay un MODELO UNICO DE FISCALIZAR. Hay diversos modelos de fiscalización. Que pueden y deben ser discutidos, analizados, evaluados.

Por ejemplo: las certificaciones unilaterales que se arrogan algunos países, no son de recibo. Los formularios anuales y bianuales de JIFE tampoco nos parecen un instrumento idóneo y que ayude a la cooperación mutua. Apoyamos la iniciativa de revisar este mecanismo de NNUU.

Uruguay adhiere al Mecanismo de Evaluación Multilateral de la OEA y estamos convencidos que respetar el principio del multilateralismo en este plano es muy bueno.

Otra: el fundamento de la fiscalización, (paradojalmente tanto los ultra liberalizadores como quienes se oponen a tal extremo coinciden en el error) no es el daño en salud y la seguridad publica. El fundamento radica en que modelo de política criminal y de controles se elijan. Es una opción política.

Varios autores y buenas prácticas indican que los mejores controles son los que se construyen socialmente. Que se incorporan como patrimonio cultural de las comunidades. Por ello solo pueden hacerse con participación ciudadana. Supone el control del Estado pero lo trasciende. Significa dialogo democrático, apertura a todos los puntos de vista. Con todos los aportes con pretensión científica. Que abarque la diversidad cultural, el enfoque de genero e incluso la voz de los usuarios y tienen algo para aportar. Sin prejuicios ni discriminaciones.

En el 51° período de sesiones de la CND del año 2008 Uruguay con motivo de los 60º aniversario de la Declaración Universal de los DDHH presentó un texto de Declaración sobre una adecuada integración de dicho instrumento con la política de fiscalización de drogas. Duramente resistida, finalmente aprobada con muchas críticas. El debate dio sus frutos: ese año el 26 de junio, el Secretario General de la ONU Ban Ki Moon en su mensaje afirmó:

Al conmemorarse el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, quisiera recordar a todos los Estados Miembros que tienen la obligación de respetar plenamente los derechos de los presos fármaco dependientes y de las personas arrestadas por delitos relacionados con las drogas, especialmente su derecho a la vida y su derecho a un juicio justo. Además, insto a los Estados Miembros a que se aseguren de que las personas con problemas de drogadicción tengan acceso a los servicios sociales y de salud en condiciones de igualdad. Nadie puede ser estigmatizado o discriminado por su dependencia de las drogas.

(Ban Ki-moon. Mensaje del 26/6/2008)

Perseguir consumidores es ineficaz y lesiona derechos. Arroja a los usuarios a la marginación cuando no al crimen. Aceptar el principio de proporcionalidad en la política criminal significa hacer un uso racional, efectivo y eficiente del poder coactivo del Estado y de la comunidad internacional.

La crisis penitenciaria en nuestro hemisferio muestra el desprecio de los estados y sociedades sobre este punto y forma parte del problema de las drogas.

La corrupción política, judicial, administrativa, policial y militar, de los diferentes organismos de control muestra las amenazas del crimen organizado. No es solo consecuencia de su acción. Es causa. Todo Estado y Sociedad que se empieza a aceptar y banalizar la corrupción es el caldo de cultivo previo donde crece el narcotráfico.

El problema mundial de las drogas atraviesa todas las capas sociales. El crimen organizado no es solo un tema de pobres y marginados. Los daños mas graves se realizan al amparo de círculos altos del poder. El consumo abusivo tampoco es patrimonio de pobres.

Pero la vulnerabilidad social y marginación de amplios sectores de nuestras poblaciones son uno de los grandes factores de riesgos para el mini trafico y el consumo abusivo. No es solo pobreza económica. Es pobreza vincular y falta de proyectos compartidos por marginación social y cultural.

El debate sobre Reducción de Daños ha estado atravesado de malentendidos.

La reducción de daños es un recurso técnico totalmente valido unido a otros pilares.

Pero en nuestra América Latina y el Caribe, Reducción de Daños y Gestión de Riesgos es fundamentalmente una vía para la creación de espacios de inclusión social. Sociedades fragmentadas y poco integradas necesitan políticas en drogas inclusivas. No sirve copiar modelos.

Dispositivos de baja exigencia que desplieguen el amparo social para los adictos. Centros de Escucha autogenerados por la comunidad que contengan y combinen todos los recursos comunitarios a nivel de territorio. Dispositivos de proximidad que trabajen en terreno con un modelo de reducción de daños, ampliando la llegada de la salud a estas poblaciones.

Reducir los daños significa en muchos lugares dar un plato de comida, educar desde habilidades para la vida, conseguir trabajo, prevenir el VIH-SIDA o la hepatitis, o la tuberculosis. Para ello lo importante es salvar vidas. Organizar a la comunidad para autoayudarse y lograr ampliar la cobertura de asistencia en salud y de los tratamientos.

Por ultimo Sr. Presidente:

La responsabilidad común y compartida implica partir de las cargas desiguales que tenemos los Estados Miembros y de la adjudicación de roles no siempre equitativos.

En ese sentido Uruguay quiere insistir que este principio debe ser acompañado por un concepto de EQUIDAD. Responsabilidad común, compartida y equitativa.