El domingo 9 de mayo los uruguayos elegirán gobernantes departamentales y municipales. La elección de 89 municipios responde a la aprobación de las leyes 18.567, 18.644 y 18.653. 

Los Municipios serán órganos integrados por cinco miembros y sus cargos serán de carácter electivo. El primer titular de la lista más votada, del lema más votado, será el Alcalde, presidirá el Municipio, ejercerá su representación y será el responsable operativo de la administración local. 

Abel Oroño es Director de Descentralización de la Comuna Canaria e integrante de la Secretaría de Gobiernos Locales, ámbito que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Consultado por la SCI, afirmó que en el caso uruguayo la legislación adopta una lógica de complementación entre lo colegiado (Concejales) y lo unipersonal (Alcalde). 

Las competencias de los Municipios no están determinadas a priori 

Oroño  aseveró que las competencias de los Municipios variarán en cada Departamento, atendiendo al diseño del presupuesto quinquenal departamental y a las normas que rijan su ejecución. 

Añadió que el presupuesto anterior  “será formateado” y  los Intendentes, que mantienen iniciativa privativa en la materia, recibirán los aportes de los gobierno locales. Aprobado el presupuesto, se establecerán partidas para los Municipios que habilitarán  topes de gastos en distintos rubros. Desde lo local deberá ordenarse el gasto atendiendo las prioridades de los vecinos y se realizará un seguimiento de los proyectos aprobados, señaló. 

Los recursos de los Municipios serán asignados centralmente y no dependen de la recaudación de cada territorio. Oroño señaló que ello facilita una mejor distribución de los recursos departamentales: “si esto no fuera así los territorios más ricos, serán más ricos, y los más pobres, más pobres”. 

En referencia a los recursos financieros, materiales y humanos asignados a cada Municipio, Oroño dijo que el criterio a adoptar no debiera contemplar “a quien grite más fuerte”. Por el contrario, dijo que se debería evaluar los proyectos de gestión, sus consecuencias en la calidad de vida de los vecinos y los argumentos que los fundamentan.  

Cambios en la lógica de funcionamiento de los gobiernos departamentales 

Para Oroño también hay que reformatear la estructura y la lógica de funcionamiento de los gobiernos departamentales: “ahora una Dirección General no podrá desembarcar en el territorio sin articular previamente con los actores locales que tienen legitimidad electoral”. 

La innovación institucional implica un nuevo nivel de decisión, que sirve, además, para constatar si se está haciendo una obra proyectada, y si la misma es prioritaria para los vecinos. “El proceso de decisión es más transparente y más eficiente en la utilización de los recursos públicos”, reflexionó. 

Por consiguiente, señaló que deberá existir una articulación de  los intendentes con los municipios y de los municipios e intendentes  con el Gobierno Nacional. En tal sentido, explicó que los Municipios podrán participar de convenios junto a la Intendencia para contribuir o ejecutar políticas públicas promovidas por algún Ministerio, evitando superposición, y en algunos casos contradicción de las políticas públicas.