La UNASUR también decidió aprobar el Estatuto del Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI).

Asimismo, decidieron aprobar los lineamientos de la estrategia energética regional y la estructura del Tratado Energético Suramericano.

Se aprobó la nueva denominación y el Estatuto del Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas. En ese sentido, el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico” pasará a denominarse “Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas”. Efectuaron  también una declaración especial sobre la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma,  sobre la Corte Penal Internacional.

A su vez, realizaron una declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas, reiterando su firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Frente a la denominada “Ley Arizona”,  que tipifica como delito tanto la condición migratoria irregular, como el transportar y dar empleo a migrantes indocumentados, los Jefes de Estado de UNASUR rechazan la criminalización de las personas migrantes contenida en la referida Ley. La Norma permite la posibilidad de detener a las personas, de manera discrecional por consideraciones raciales, étnicas, fenotipo, lenguaje y estatus migratorio. 

De esta forma, también crearon la “Agenda de la UNASUR para la certificación de la calidad de la educación superior”, con la finalidad de adoptar criterios comunes en los países que integran la organización y en sus instituciones. Para ello coincidieron en que es necesario promover la cooperación, integración, articulación y complementariedad con organismos intergubernamentales que han desarrollado iniciativas de mejoramiento de la calidad de la educación superior a nivel regional.

Los Jefes de Estado manifestaron su solidaridad con el Gobierno del Paraguay, en su lucha contra la violencia criminal que afecta a cinco departamentos de ese país. Los hechos registrados atentan contra los ciudadanos e instituciones del Estado. En ese sentido, se apoyan las medidas de respeto a los derechos humanos y valores democráticos consagrados en la Constitución. Las disposiciones fueron adoptadas en defensa de las libertades y en la búsqueda de un mayor bienestar con justicia, libertad y seguridad para el pueblo paraguayo.