Trata de personas

MIDES encabeza el proyecto de protocolización para el tratamiento de trata de personas

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de Inmujeres, presentó la publicación sobre el tratamiento del trata de mujeres, adolescentes y niños con destino al comercio sexual, además de un protocolo para su abordaje. La Ministra Ana Vignoli entiende que estas situaciones son intolerables, pero Uruguay cuenta con las normativas para introducirse en el tema, desde un enfoque que privilegie a la víctima y los DDHH.

El Instituto de las Mujeres (Inmujeres), que pertenece a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, expuso el nuevo plan para el abordaje de la trata de personas, conocido como "Aplicación de medidas para la elaboración de una política sobre la trata y el trata de mujeres, adolescentes y niños", elaborado con la participación de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El proyecto contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación y la Agencia de Cooperación de la Unión Europea.

La Ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoli, sostuvo que la investigación presentada es fundamental para avanzar sobre el tema, en un contexto donde la ilegalidad del mismo no permite el acercamiento adecuado a todas las aristas del problema. Señaló, como dice la publicación, que ya existe la normativa adecuada para emprender una colaboración efectiva con la población vulnerable al trata de personas. También afirmó que estas situaciones "no son tolerables".

La Directora de Inmujeres, Beatriz Ramírez, señaló que este proyecto es la construcción de largo aliento sobre una realidad que está presente en el Uruguay. Estos problemas tocan el interés de poderosos grupos que no están dispuestos a perder, agregó. No quisimos ver esta realidad, prosiguió, pero nos interpela constantemente. Ramírez alentó el debate y el abordaje con políticas públicas transversales, además de aprovechar la experiencia acumulada por la sociedad civil, con perspectiva de género.

Hasta el momento, el resultado del trabajo se plasmó en un proyecto que nos permite contar con herramientas para un combate permanente del problema y así, transformar la realidad de una población numerosa y también modificar a toda la sociedad en su conjunto, porque "Uruguay no puede cerrar los ojos ante este tema", añadió.

Dianela Pi representó al Ministerio de Relaciones Exteriores y compartió una declaración firmada por el Ministro Luis Almagro. En la misma, el Ministro aseveró la posición uruguaya sobre el tema, tanto a nivel nacional como internacional, pues expresó que nuestro país encara el fenómeno con un tratamiento que incluye la perspectiva de la víctima, apoyada en el respeto por los derechos humanos. Uruguay impulsa una política de prevención y represión de este delito, acompañando las acciones con políticas de fortalecimiento institucional, según el documento.

Almagro expuso, además, que Uruguay es un país vulnerable al fenómeno por sus características regionales y un trabajo en la frontera que aún no es suficiente. Ante esto, el país trabaja en todos los ámbitos internacionales, con una adecuación de su normativa legal a los estándares internacionales. Recordó que el papel del servicio exterior es de fundamental importancia, pues en muchas ocasiones el primer frente para defender a las víctimas son los consulados en el exterior. Por eso, Uruguay se sirve de normativas como el "Protocolo de Palermo" para la atención de los damnificados, por ejemplo, con apoyo jurídico.

El representante de la Unión Europea para Paraguay y Uruguay, Geoffrey Barrett, apoya el firme compromiso con las acciones que aborden el problema de la migración, de especial importancia para el continente europeo. La migración ilegal está relacionada con la esclavitud o los delitos sexuales, según comentó.

El interés de la Unión Europea en los problemas ocasionados por la trata de personas, fundamenta el aporte de la misma con 150 mil euros para el proyecto. Es necesario un abordaje con políticas de género, señaló, junto con políticas de apoyo legal y el fortalecimiento de la cooperación. Subrayó que este proyecto uruguayo cuenta con la implementación de un proyecto piloto, con énfasis en la cobertura a las víctimas.

Como Embajadora de España en Uruguay, Aurora Díaz Rato felicitó a las autoridades por el enorme interés que despertó el tema, reflejado en la numerosa concurrencia. Esto es una muestra de que tanto el Gobierno como la sociedad civil organizada ejercerán tanto el desarrollo de las políticas como su control, respectivamente. También subrayó que el gobierno uruguayo y el que representa coinciden en otorgar el liderazgo a los ministerios que tienen como objetivo el efectivo ejercicio de los derechos económicos y sociales de todos sus ciudadanos.

Susana Leonardi representa a la Organización Internacional de Migraciones. Sostiene que los desplazamientos de personas alrededor del mundo son fuerzas positivas para el desarrollo de un país. Pero aquellos movimientos que son ilegales, que violan los derechos humanos, ponen en riesgo especialmente a las poblaciones vulnerables. Ante esto, propone la sensibilización sobre el tema, una adecuada capacitación en el mismo y medios para su investigación.