Con el objetivo de profundizar las relaciones jurídicas entre ambos Estados y para favorecer la reinserción social de las personas que hubieran sido objeto de condena en cualquiera de los dos países, ambos Gobiernos firmaron un acuerdo.

En ese sentido, las penas o medidas de seguridad impuestas en España a uruguayos, podrán ser cumplidas en nuestro país en establecimientos penales o bajo la supervisión de autoridades uruguayas.  

De esta forma, las penas impuestas en Uruguay a ciudadanos españoles podrán ser cumplidas en ese país.

Entre las condiciones para llevar a cabo este convenio figuran que el condenado deberá ser nacional del Estado; la sentencia debe ser firme; la pena deberá ser de al menos seis meses; y el condenado deberá consentir el traslado.

Asimismo, los Estados podrán convenir el traslado también de personas menores de edad, de conformidad con la legislación respectiva. Las gestiones deberán ser informadas y se realizarán de acuerdo a lo expresado por la persona condenada con las penas o medidas de seguridad.

Este convenio se dará cumplimiento en Uruguay a través de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura y en el Reino de España, mediante el Ministerio de Justicia.

El afectado seguirá dando cumplimiento a la pena o medida de seguridad de acuerdo al ordenamiento jurídico del Estado que ordenó la sanción.

En ese sentido, el Estado de condena conservará plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales de Justicia.