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23 de junio, 2010

Ministro Eduardo Brenta

Gobierno estrecha vínculos con autoridades del trabajo y la seguridad social de España
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta mantuvo reuniones con diferentes autoridades nacionales y regionales del ámbito del trabajo y la previsión social de España. Los encuentros fueron propicios para estrechar lazos en materia de técnica y normativas en temáticas laborales y de seguridad social. Junto a su par ibérico se comprometió a desarrollar convenios bilaterales de intercambio de experiencias.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta se reunió en España con el Director General de Economía Social del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social Empresarial, Juan José Barrera. En el encuentro, estuvieron sobre la mesa temas tales como la realidad de la economía social y el cooperativismo; la realidad del trabajo autónomo en España y la posibilidad del traslado de la experiencia española a Uruguay.

Brenta explicó que en el tema de trabajo autónomo, se profundizó en la realidad del teletrabajo y explicó que nuestro país no cuenta –en la actualidad- con un marco legal que avale los derechos laborales de este Sector. Añadió que los beneficios sociales se llevan a cabo sólo a partir de la creación de una empresa unipersonal o a través del monotributo.

Explicó que el Senado español estudia un proyecto de ley enviado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración con el fin de brindar protección social a los trabajadores autónomos. Añadió que la normativa otorga un nivel de amparo similar al que goza el resto de los trabajadores dependientes. Esto implica el acceso al Seguro de Paro, seguro de enfermedad y vacaciones pagas, entre otros beneficios.

Brenta afirmó que la legislación propuesta por España puede resultar un insumo de gran utilidad para la realidad nacional en la búsqueda de caminos de protección a la clase trabajadora.

Con el Director General de  Economía Social del Trabajo Autónomo y de la RSE, el Ministro Brenta también dedicó un capítulo al tema de la responsabilidad social de las empresas. En el país ibérico se creó un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas que cuenta con la participación de empresas de primera línea españolas.

De hecho, Brenta explicó que en los encuentros con Barrera y con Corbacho, se evaluó la posibilidad de llevar a cabo en Uruguay, un seminario con el fin de trasladar a nuestra realidad, las experiencias de ese país. En este sentido, añadió que se trata de experiencias de trabajo que han logrado un marcado avance en materia de definiciones y puesta en marcha de programas vinculados a la responsabilidad de las empresas, vinculado tanto a aspectos laborales, medioambientales y de equidad social.

Brenta explicitó que en Uruguay, la red de empresas públicas ha jugado un papel protagónico en lo referente a responsabilidad social empresarial y ha suscrito el pacto impulsado por Naciones Unidas en la materia. Añadió que estas empresas públicas integran el recientemente creado Consejo Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. El jerarca explicó que España se esforzó en lograr los compromisos éticos empresariales también fuera de las fronteras, mediante convenios suscritos por las diferentes empresas, en los que se comprometen a llevar adelante las mismas prácticas, en los países en los que poseen sedes o sucursales.

Destacó que en un encuentro con la Confederación de Empresas de la Economía Social, que nuclea al grueso de las empresas cooperativas y de economía social de España, se valorizó el compromiso en materia de impacto medioambiental y con el desarrollo local. Remarcó que la economía social y cooperativismo en ese país, representa el 10% del PBI y genera más de 2,5 millones de puestos de trabajo. Brenta subrayó que esta entidad puso a disposición del Instituto Nacional de Cooperativismo de Uruguay (INACOOP), su conocimiento y experiencia  con el fin de potenciar y optimizar su desarrollo.

En el encuentro con el Ministro de Trabajo e Inmigración de España, Celestino Corbacho Chaves, el Secretario de Estado trató temas tales como la realidad laboral en ambas naciones. Explicó que se trata de situaciones muy disímiles ya que España enfrenta hoy una desocupación que trepa al 20%, lo que se traduce en unos 4,6 millones de trabajadores desempleados, a diferencia de Uruguay que la cifra de desocupación se ubica en el 6,9%.

El guarismo de uruguayos que trabajan en España, sobre bases de legalidad (Nacionalidad, Residencia, Permiso de Trabajo) ronda los 3.500 y se encuentran amparados por un acuerdo bilateral sobre seguridad social, lo que les posibilita gozar del derecho de jubilación mediante la suma de los años trabajados en ambos países.

Brenta señaló que la realidad de la colectividad uruguaya en España –en relación con otras colectividades- es superior en condiciones y calidad del trabajo.

El Ministro afirmó que su par español se mostró altamente confiado en que su país superará la crisis y se sobrepondrá de los fuertes impactos que ha causado en todos los sectores laborales. El sector más golpeado por la crisis económica, fue el de la construcción que ha perdido un alto porcentaje de sus más de 2 millones de puestos de trabajo.

Centros Públicos de Empleo

El Ministro Brenta destacó la importante labor de intermediación en el mercado laboral que cumplen los Centros Públicos de Empleo en España. Agregó que estas entidades ofician de vínculo entre los trabajadores que buscan empleo y los empresarios que requieren de recursos humanos. Más allá de la realidad actual de desempleo por la que atraviesa la comunidad ibérica, que desborda las posibilidades operativas de estos Centros, Brenta reseñó que se trata de una experiencia enriquecedora y exitosa que se pretende trasladar a nuestro país.

En su encuentro con la Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, indicó que una de las similitudes halladas con España en cuanto a la realidad de las personas desempleadas en ambas naciones, es el alto porcentaje de jóvenes con baja formación y calificación laboral, que abultan las cifras de desocupación.

En la experiencia uruguaya con los más de 15 Centros Públicos de Empleo, Brenta se mostró complacido con la participación activa de las intendencias municipales en la tarea de intermediación entre trabajadores y patronales. Asimismo remarcó que se requiere de un mayor compromiso –a nivel de gobiernos departamentales- a la hora de proveer de funcionarios capacitados para llevar adelante las tareas de entrevistas y elaboración de banco de datos. Añadió que se requiere de funcionarios competentes para detectar la demanda del mercado de trabajo y las capacidades individuales, además de ser capaces de realizar los cruzamientos adecuados. También se debería contar con empleados competentes para que, en caso de constatar baja calificación, requieran la oferta en capacitación que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional se encuentra en condiciones de brindar. Especificó que este instituto dispone de un conjunto de políticas vinculadas –básicamente- a jóvenes, mujeres, discapacitados y trabajadores rurales. Dijo que esta repartición también está en condiciones de diseñar procesos de capacitación “a medida” acordes a necesidades específicas que surjan a nivel nacional.

Inspecciones laborales

El Ministro Brenta dijo que en la reunión de trabajo con su par Corbacho Chaves se analizó la posibilidad de crear un convenio de asistencia técnica entre ambos ministerios. Uruguay se beneficiaría con la adquisición de la vasta experiencia con la que cuenta España en materia de inspección laboral. En este sentido, destacó la experiencia ibérica de inspección en el movimiento portuario y en ámbitos de la industria con alto grado de desarrollo y tecnificación, entre otros. El acuerdo también posibilitaría la elaboración de propuestas de capacitación por parte de inspectores laborales españoles.

En cuanto al cuerpo inspectivo uruguayo, Brenta afirmó que se deberá apostar al fortalecimiento en materia institucional y de los recursos imprescindibles para llevar adelante una adecuada labor inspectiva. Dijo que la utilización de equipamiento informático para inspecciones es una de las demandas de los  fiscalizadores nacionales, lo que posibilitaría las inspecciones en tiempo real.

Si bien la inspección está centralizada en Montevideo, los 200 trabajadores que integran la plantilla de esta repartición ministerial realizan su trabajo en todo el territorio nacional.

   
 
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