El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, realizó algunas apreciaciones sobre la Ley de Emergencia Carcelaria aprobada recientemente.

Esta Ley, autoriza al Ministerio del Interior (MI) a disponer hasta el 31 de diciembre de 2010 de $292.192.931 –fuera del Presupuesto quinquenal-. Según los procedimientos previstos por el TOCAF, este dinero deberá utilizarse exclusivamente con los siguientes fines: modificaciones edilicias de cualquier tipo en las instalaciones penitenciarias que así lo requieran; contratos de compraventa, arrendamiento o comodato de locales destinados a prisiones o penitenciarías; adquisición del equipamiento necesario; gastos derivados del realojamiento de los reclusos, así como de alimentación, higiene y salud.

En otro orden, la Ley autoriza de modo extraordinario y hasta el 31 de diciembre del 2012, a alojar reclusos en instalaciones militares, bajo la custodia interna del Ministerio del Interior y externa de la Cartera de Defensa Nacional.

Con referencia a la asignación de personal penitenciario, el Poder Ejecutivo podrá transformar vacantes ya existentes en el Ministerio del Interior y además se crearán 1.500 nuevos cargos.

Asimismo, con el fin de alcanzar los objetivos previstos, el Poder Ejecutivo a solicitud del MI y del Ministerio de Economía, podrá disponer de ampliaciones y reasignaciones presupuestales necesarias, incluidas trasposiciones.

Bonomi explicó que esta Ley fue presentada en el mes de mayo pero recordó que se trata de un tema de vieja data, “por lo menos desde 1985 en adelante existen los mismos problemas que se señalan ahora”. Agregó que el pasado 2 de junio concurrió al Parlamento a exponer las políticas elaboradas a mediano y largo plazo y de emergencia, para contrarrestar los problemas detectados en el tema cárceles. En la ocasión se solicitaron recursos extraordinarios porque no era posible esperar hasta la aprobación del Presupuesto, debido a la urgencia del tema.

Reconoció que hasta ese momento el Ministerio contaba con un diagrama de prioridades que no estaba encabezado por Rocha, aunque sí se había mencionado su precaria situación, al igual que la del penal de Lavalleja.

En este sentido, el Ministro señaló que el trabajo comenzará por el descongestionamiento con traslado de  reclusos a  los cuarteles y reparación de los módulos que no están funcionando correctamente, en tanto que Rocha será uno de los primeros lugares que se priorizarán.

Según Bonomi, lo que sí está definido para todas las cárceles por igual, es seguir las recomendaciones del Comisionado Parlamentario y entre ellas destacó la necesidad de dejar de lado las “ranchadas” –utilizando otros materiales-, corregir las instalaciones eléctricas y proporcionar otros tipos de calefacción.

Como parte de esta Ley, el Ministerio estudia la creación de dos penales de alta seguridad en predios del Comcar (Santiago Vázquez) y de Punta de Rieles.

La Cartera entiende que las cárceles de máxima seguridad deben alojar a unas 200 personas y que las de media y baja seguridad alberguen a 300 internos. Para Bonomi sería necesario separar narcotraficantes y delincuentes vinculados al crimen organizado del grueso de la población reclusa.

Actualmente el sistema penitenciario alberga a casi 9.000 reclusos, cifra que se cuatriplicó en 20 años.

En mayo de este año había 8.863 reclusos en todo el país, casi cuatro veces más que los 2.244 presos de 1989 y el doble que en 2000, cuando ascendían a 4.369.  Sin embargo, las prisiones tienen capacidad para poco más de 6.000 personas.