Desarrollo territorial

Dirección de Ordenamiento Territorial elabora el marco para directrices nacionales en la materia

Un documento de trabajo redactado por la Dirección de Ordenamiento Territorial del MVOTMA, recoge los primeros trazos que interesan a la institucionalidad pública en el marco de la nueva Ley Nº 18.308. El texto aborda los antecedentes históricos y jurídicos del ordenamiento territorial uruguayo y, fundamentalmente, brinda las primeras líneas sobre el debate en torno a las nuevas directrices en ordenamiento territorial.

Luego de aprobada la Ley Nº 18.308, de Ordenamiento Territorial, la Dirección Nacional de esa rama del Ministerio de Vivienda preparó un documento de 28 páginas con un primer compendio organizado sobre el ordenamiento territorial uruguayo. En ese documento se observa una sección dedicada a la necesidad por la planificación territorial, el surgimiento del problema en nuestro país y su desarrollo jurídico y finalmente, las primeras líneas para el debate de las directrices nacionales.

Las directrices nacionales son los pilares que elabora el Poder Ejecutivo, en materia de ordenamiento territorial. Según el artículo 10 de la nueva Ley, son el instrumento más importante en materia de políticas a largo aliento. El documento de trabajo denominado "directrices nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible", de abril de 2010, señala una serie de orientaciones, para continuar la discusión, para las áreas rurales, urbanas, infraestructuras y nueva institucionalidad.

Orientaciones para las políticas de ordenamiento territorial, dirigido al ámbito rural. Promoción al uso sustentable e integral de los suelos, pues son un patrimonio social. Los factores definitorios de las políticas públicas atenderían la capacidad y las características de los suelos, para garantizar el uso responsable y la productividad territorial a las próximas generaciones.

Los usufructuarios estarían obligados a mantener el máximo potencial del territorio y se daría una atención especial a los problemas de erosión de los suelos, contaminación de recursos hídricos y pérdida de la bio-diversidad. Pero también se observará el deterioro de las condiciones de vida en la población y de los productores relacionados al suelo, según expresa el documento. La producción familiar cuenta con un párrafo aparte, pues se la comprende como un instrumento para fomentar la soberanía alimenticia.

En materia urbana, la intención es evitar la expansión irracional de las ciudades, que generan un encarecimiento innecesario en determinadas zonas y, a su vez, periferias carenciadas. Se promovería una definición clara sobre los destinos de cada espacio urbano (áreas de servicios, logística, industria u otros), además de políticas para la mejora de los espacios públicos y su uso racional.

Para las infraestructuras, el impulso iría hacia las estrategias que mitiguen el macrocefalismo capitalino. Por ejemplo, en materia de transporte se fomentará una integración democrática que neutralice los desequilibrios existentes en el traslado de personas, bienes y mercancías. Es que un hábitat digno implica una vivienda con servicios básicos (como el agua o la energía), integrada a una red de equipamientos sociales accesibles (educación, salud, cultura, comercio y por supuesto, transporte).

Para una nueva institucionalidad, las transformaciones en el Estado también debe conjugar en su visión la perspectiva territorial. Y el documento considera que torna esencial reconsiderar la división político-administrativa, sus profundas asimetrías y sus formas de gestión.