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21 de julio, 2010

Diversidad y pluralismo de medios

Uruguay se compromete en la elaboración de una nueva Ley de Radiodifusión
Edgardo Ortuño (MIEM) sostuvo que se necesita una regulación que responda a cambios tecnológicos y a desafíos de la convergencia digital. Un sistema de reglas claras que brinden certeza jurídica a los operadores privados; impulso a la capacidad de creación de técnicos, actores y productores a través del desarrollo de la industria audiovisual y alianza estratégica entre creadores de contenidos y medios masivos de radio y televisión.

Se lanzó el debate sobre los contenidos que tendrá la nueva Ley de Radiodifusión en Uruguay, que será discutida a lo largo del año con los diversos actores del sector. Su objetivo primordial es elaborar una ley moderna que garantice la diversidad y el pluralismo en los medios, que considere la realidad actual con un marco normativo que establezca reglas claras y transparentes a la hora de asignar las frecuencias radioeléctricas.

En el acto de lanzamiento que se realizó a modo de Teleconferencia en el Auditorio de ANTEL, hicieron uso de la palabra el subsecretario del Ministerio de Industria, Edgardo Ortuño, el Director Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), Gustavo Gómez, y desde Washington, Catalina Botero, representante de la OEA.

Ortuño expresó que esta iniciativa es el comienzo de un camino de avances legales y reformas hacia la nueva regulación audiovisual que el país necesita. Se ha decidido transitar colectivamente con todos los involucrados en el tema hacia una nueva Ley, porque la “vieja y pobre ley vigente” tiene su origen en la dictadura, aunque fue revisada a comienzos del período democrático. “El Uruguay necesita una ley moderna de radio y televisión para la convergencia digital que esté al servicio de la democracia, de la cultura, del desarrollo del país y de la gente, que en última instancia es la destinataria de los esfuerzos de comunicación”, dijo el Subsecretario.

La elaboración de una nueva ley tiene por lo menos, cinco fundamentos, sostuvo Ortuño: El Uruguay de hoy y de cara al futuro necesita una nueva regulación que responda a los cambios tecnológicos y a los desafíos de la convergencia digital; es necesario un nuevo marco normativo porque el actual es “pobre, anticuado y disperso”; se debe establecer un sistema de reglas claras y transparentes que brinden certeza jurídica a los operadores privados; es necesario impulsar la enorme capacidad de creación de contenidos audiovisuales de los técnicos, actores y productores uruguayos a través del desarrollo de la industria audiovisual y la alianza estratégica entre los creadores de contenidos y los medios masivos de radio y televisión; el país debe incorporar recomendaciones y mejores prácticas que se han ido conquistando a nivel internacional en esta materia.

El Viceministro añadió que se aspira también a cumplir con los siguientes objetivos. Una ley que regule todos los servicios de comunicación audiovisual en las distintas plataformas tecnológicas; que atiende la pluralidad y la diversidad –opuesto al control monopólico y la concentración-; acceso transparente y equitativo al uso del espectro radioeléctrico, patrimonio común y limitado de la sociedad; que no discrimine y garantice el acceso igualitario de todos los ciudadanos a los medios y también, que garantice la transparencia y la publicidad de los procesos –designación de permisos y licencias y aspectos vinculados a la propiedad-.

Finalmente, Ortuño explicó claramente lo que no se pretende con esta ley. “No queremos una ley de censura ni de regulación de contenidos informativos que interfieren las líneas editoriales de los medios ni una ley que establezca cuestionamientos de ningún tipo”, subrayó.

A continuación, Catalina Botero realizó una intervención en la que dijo coincidir  totalmente con lo expresado por el subsecretario Ortuño y felicitó al país por su esfuerzo, preocupación y deseo de mejorar su reglamentación audiovisual. Destacó positivamente que en el debate intervengan todos los sectores involucrados, porque eso le dará validez democrática al resultado que se obtenga.

Por su parte, Gustavo Gómez, profundizó en algunos aspectos relacionados con los contenidos de la ley que se pretende elaborar, en base a un documento   de su autoría, presentado bajo el nombre “Cómo garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios: aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión en Uruguay”. La publicación contiene una introducción sobre la  necesidad de contar con una o varias leyes sobre el tema y los marcos regulatorios de la radiodifusión en América Latina. Dentro de capítulo central: Aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión, Gómez destacó que la nueva ley debería contemplar los avances que ya se han realizado al respecto, especialmente la Ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria aprobada en 2007; también mencionó la necesidad de reconocer los sectores: comercial, comunitario y público que ya fueron tomados en cuenta durante el período de gobierno pasado, en el Decreto 374 /2008, que también se pretende elevar en este proyecto de ley.

Asimismo, se propone atender la necesidad de elaborar normas para los medios públicos, para lo cual ya se está trabajando desde el Ministerio de Educación y Cultura. 

Otro punto tiene que ver con el acceso equitativo a las infraestructuras en general, para lo cual se plantea mantener la disposición que aparece en la Ley 18232, respecto a la reserva de al menos un tercio de las frecuencias para medios comunitarios, incluso de las nuevas frecuencias digitales.

Limitar la conformación de monopolios y la excesiva centralización de contenidos desde Montevideo hacia el resto del país, entre otras cosas similares, es otra aspiración.

En materia de apertura a la competencia, especialmente en la televisión abierta y de abonados, se propone habilitar el ingreso de nuevos actores comerciales públicos y comunitarios que mejoren y completen la oferta a la población y abrir canales de distribución a la excelente y pujante producción audiovisual nacional.

El derecho a las personas, también figura en el documento de análisis y propuestas presentado por Gómez. Establecer regulaciones que aparecen en otras partes del mundo como legítimas –a título de ejemplo- como la promoción nacional e independiente en los medios audiovisuales. Al respecto, destacó la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios y frente a ellos, en lo que respecta a franjas horarias, regulación de publicidad, defensa de consumidores y disposiciones que garanticen la inclusión de las personas con capacidades diferentes en los medios.

Un nuevo aspecto aludido es la inclusión de disposiciones que eviten la discriminación y la discrecionalidad. La ley deberá garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a los medios de comunicación electrónicos y establecer los criterios basados en el servicio a brindar y no en los aspectos mercantiles o técnicos. Aprobar procedimientos no discrecionales y públicos manteniendo los avances alcanzados en el gobierno anterior, es otro objetivo. Además, se aspira a fortalecer la participación ciudadana para controlar la acción estatal y opinar sobre las propuestas o solicitudes de prestar servicios de comunicación audiovisual.

Otro aspecto clave se relaciona con la necesidad de que la nueva legislación defina claramente y a priori los criterios que deberán tener en cuenta los operadores interesados en solicitar y gestionar licencias. En este sentido, se añade la importancia de imponer mecanismos de transparencia para que se conozca la titularidad real de los medios impidiendo los testaferros y las transferencias ilegales, situaciones que actualmente no son claramente identificables.

Una vez finalizada esta síntesis, Gómez anunció la instalación de un Comité Técnico Consultivo (CTC) que oficiará de ámbito de trabajo y que estará compuesto por 15 especialistas vinculados al tema: representantes de las universidades públicas y privadas, del sindicato de periodistas; de la sociedad civil y las empresas agremiados a ANDEBU y RAMI.

Informó que antes de fin de mes el CTC comenzará a reunirse para elaborar un primer informe que se hará público en octubre y en base a él, hacia fin de año DINATEL elaborará el anteproyecto de esta ley, que se presentará ante el Parlamento en 2011.

Esta videoconferencia fue transmitida en vivo a los departamentos de Artigas, Florida, Cerro Largo, Lavalleja, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, San José y Tacuarembó

   
 
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