Diversidad y pluralismo de medios
Uruguay se compromete en la elaboración de una nueva
Ley de Radiodifusión
Edgardo Ortuño (MIEM) sostuvo que se
necesita una regulación que responda a cambios tecnológicos
y a desafíos de la convergencia digital. Un sistema de
reglas claras que brinden certeza jurídica a los operadores
privados; impulso a la capacidad de creación de técnicos,
actores y productores a través del desarrollo de la
industria audiovisual y alianza estratégica entre creadores
de contenidos y medios masivos de radio y televisión.
Se lanzó el debate sobre los contenidos
que tendrá la nueva Ley de Radiodifusión en Uruguay, que
será discutida a lo largo del año con los diversos actores
del sector. Su objetivo primordial es elaborar una ley
moderna que garantice la diversidad y el pluralismo en los
medios, que considere la realidad actual con un marco
normativo que establezca reglas claras y transparentes a la
hora de asignar las frecuencias radioeléctricas.
En el acto de lanzamiento que se realizó
a modo de Teleconferencia en el Auditorio de ANTEL,
hicieron uso de la palabra el subsecretario del Ministerio
de Industria, Edgardo Ortuño, el Director Nacional de
Telecomunicaciones (DINATEL), Gustavo Gómez, y desde
Washington, Catalina Botero, representante de la OEA.
Ortuño expresó que esta iniciativa es el
comienzo de un camino de avances legales y reformas hacia
la nueva regulación audiovisual que el país necesita. Se ha
decidido transitar colectivamente con todos los
involucrados en el tema hacia una nueva Ley, porque la
“vieja y pobre ley vigente” tiene su origen en la
dictadura, aunque fue revisada a comienzos del período
democrático. “El Uruguay necesita una ley moderna de radio
y televisión para la convergencia digital que esté al
servicio de la democracia, de la cultura, del desarrollo
del país y de la gente, que en última instancia es la
destinataria de los esfuerzos de comunicación”, dijo el
Subsecretario.
La elaboración de una nueva ley tiene
por lo menos, cinco fundamentos, sostuvo Ortuño: El Uruguay
de hoy y de cara al futuro necesita una nueva regulación
que responda a los cambios tecnológicos y a los desafíos de
la convergencia digital; es necesario un nuevo marco
normativo porque el actual es “pobre, anticuado y
disperso”; se debe establecer un sistema de reglas claras y
transparentes que brinden certeza jurídica a los operadores
privados; es necesario impulsar la enorme capacidad de
creación de contenidos audiovisuales de los técnicos,
actores y productores uruguayos a través del desarrollo de
la industria audiovisual y la alianza estratégica entre los
creadores de contenidos y los medios masivos de radio y
televisión; el país debe incorporar recomendaciones y
mejores prácticas que se han ido conquistando a nivel
internacional en esta materia.
El Viceministro añadió que se aspira
también a cumplir con los siguientes objetivos. Una ley que
regule todos los servicios de comunicación audiovisual en
las distintas plataformas tecnológicas; que atiende la
pluralidad y la diversidad –opuesto al control monopólico y
la concentración-; acceso transparente y equitativo al uso
del espectro radioeléctrico, patrimonio común y limitado de
la sociedad; que no discrimine y garantice el acceso
igualitario de todos los ciudadanos a los medios y también,
que garantice la transparencia y la publicidad de los
procesos –designación de permisos y licencias y aspectos
vinculados a la propiedad-.
Finalmente, Ortuño explicó claramente lo
que no se pretende con esta ley. “No queremos una ley de
censura ni de regulación de contenidos informativos que
interfieren las líneas editoriales de los medios ni una ley
que establezca cuestionamientos de ningún tipo”, subrayó.
A continuación, Catalina Botero realizó
una intervención en la que dijo coincidir totalmente con
lo expresado por el subsecretario Ortuño y felicitó al país
por su esfuerzo, preocupación y deseo de mejorar su
reglamentación audiovisual. Destacó positivamente que en el
debate intervengan todos los sectores involucrados, porque
eso le dará validez democrática al resultado que se
obtenga.
Por su parte, Gustavo Gómez, profundizó
en algunos aspectos relacionados con los contenidos de la
ley que se pretende elaborar, en base a un documento de
su autoría, presentado bajo el nombre “Cómo garantizar la
diversidad y el pluralismo en los medios: aportes para la
revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión en Uruguay”.
La publicación contiene una introducción sobre la
necesidad de contar con una o varias leyes sobre el tema y
los marcos regulatorios de la radiodifusión en América
Latina. Dentro de capítulo central: Aportes para la
revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión, Gómez
destacó que la nueva ley debería contemplar los avances que
ya se han realizado al respecto, especialmente la Ley
18.232 de Radiodifusión Comunitaria aprobada en 2007;
también mencionó la necesidad de reconocer los sectores:
comercial, comunitario y público que ya fueron tomados en
cuenta durante el período de gobierno pasado, en el Decreto
374 /2008, que también se pretende elevar en este proyecto
de ley.
Asimismo, se propone atender la
necesidad de elaborar normas para los medios públicos, para
lo cual ya se está trabajando desde el Ministerio de
Educación y Cultura.
Otro punto tiene que ver con el acceso
equitativo a las infraestructuras en general, para lo cual
se plantea mantener la disposición que aparece en la Ley
18232, respecto a la reserva de al menos un tercio de las
frecuencias para medios comunitarios, incluso de las nuevas
frecuencias digitales.
Limitar la conformación de monopolios y
la excesiva centralización de contenidos desde Montevideo
hacia el resto del país, entre otras cosas similares, es
otra aspiración.
En materia de apertura a la competencia,
especialmente en la televisión abierta y de abonados, se
propone habilitar el ingreso de nuevos actores comerciales
públicos y comunitarios que mejoren y completen la oferta a
la población y abrir canales de distribución a la excelente
y pujante producción audiovisual nacional.
El derecho a las personas, también
figura en el documento de análisis y propuestas presentado
por Gómez. Establecer regulaciones que aparecen en otras
partes del mundo como legítimas –a título de ejemplo- como
la promoción nacional e independiente en los medios
audiovisuales. Al respecto, destacó la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios y
frente a ellos, en lo que respecta a franjas horarias,
regulación de publicidad, defensa de consumidores y
disposiciones que garanticen la inclusión de las personas
con capacidades diferentes en los medios.
Un nuevo aspecto aludido es la inclusión
de disposiciones que eviten la discriminación y la
discrecionalidad. La ley deberá garantizar la igualdad de
oportunidades para el acceso a los medios de comunicación
electrónicos y establecer los criterios basados en el
servicio a brindar y no en los aspectos mercantiles o
técnicos. Aprobar procedimientos no discrecionales y
públicos manteniendo los avances alcanzados en el gobierno
anterior, es otro objetivo. Además, se aspira a fortalecer
la participación ciudadana para controlar la acción estatal
y opinar sobre las propuestas o solicitudes de prestar
servicios de comunicación audiovisual.
Otro aspecto clave se relaciona con la
necesidad de que la nueva legislación defina claramente y a
priori los criterios que deberán tener en cuenta los
operadores interesados en solicitar y gestionar licencias.
En este sentido, se añade la importancia de imponer
mecanismos de transparencia para que se conozca la
titularidad real de los medios impidiendo los testaferros y
las transferencias ilegales, situaciones que actualmente no
son claramente identificables.
Una vez finalizada esta síntesis, Gómez
anunció la instalación de un Comité Técnico Consultivo
(CTC) que oficiará de ámbito de trabajo y que estará
compuesto por 15 especialistas vinculados al tema:
representantes de las universidades públicas y privadas,
del sindicato de periodistas; de la sociedad civil y las
empresas agremiados a ANDEBU y RAMI.
Informó que antes de fin de mes el CTC
comenzará a reunirse para elaborar un primer informe que se
hará público en octubre y en base a él, hacia fin de año
DINATEL elaborará el anteproyecto de esta ley, que se
presentará ante el Parlamento en 2011.
Esta videoconferencia fue transmitida en
vivo a los departamentos de Artigas, Florida, Cerro Largo,
Lavalleja, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, San José y
Tacuarembó |
