Apuesta a convivencia pacífica

Gobierno y oposición alcanzaron acuerdo sobre Seguridad Pública

Tras seis meses de negociación, una Comisión Interpartidaria sobre seguridad pública firmó un acuerdo que contempla diversas políticas. Algunas requieren intervención del Poder Legislativo (Código Penal, Código del Proceso Penal, Ley Orgánica Policial, Archivo Genético de ADN). Otras refieren a medidas presupuestales, rediseño y despliegue territorial de la Policía, capacitación y eliminación gradual del Servicio 222.

El diputado del Frente Amplio, Jorge Orrico, informó que una comisión interpartidaria trabaja en el tema de seguridad pública desde febrero, y finalmente llegó a un documento de consenso.

La propuesta tiene dos ejes clave: primero, aquellas políticas que requieren una Ley: modernizar y actualizar el Código Penal, reformar el Código del Proceso Penal y la Ley Orgánica Policial, crear el Archivo Genético de ADN y trabajar en medidas alternativas y un sistema de salidas transitorias que permitan incorporar al individuo a la vida en sociedad, pero con una custodia que impida la reincidencia.

Segundo, las medidas que no requieren intervención del Poder Legislativo. Medidas presupuestales y rediseño de la Policía Nacional. Concebir una Policía Comunitaria como una modalidad del servicio que debe implantarse en todas las comisarías del país, no importa la actividad que desempeñe.

Se apuesta al despliegue territorial de la Policía, lo que implica una reforma de gestión y profundizar la profesionalización. Para ello, la Comisión acordó un sistema para ir eliminando gradualmente el Servicio 222. Esto obedece a que quien trabaja 16 horas diarias le resulta imposible dedicar tiempo a la capacitación.

La negociación

Orrico informó que cada uno de los integrantes de la Comisión partió de lugares diferentes y de concepciones ideológicas distintas. En la discusión se fueron logrando consensos y cristalizando en un documento.

Esta Comisión tuvo la gran ventaja que siempre se contó con la presencia del Ministro del Interior, del Subsecretario o del Director General de Secretaría. De esta forma los temas se negociaban rápidamente.

Siempre el tema del adolescente en conflicto con la Ley genera confrontación. Finalmente se llegó a una buena solución, en la medida de los criterios que independientemente cada Partido tiene y que fueron explicitados en los Programas presentados a la ciudadanía en la última Elección, hay acuerdo en que la niñez y la adolescencia son un interés superior de la nación. Esto se traduce en el incremento de escuelas de tiempo completo y la creación de institutos secundarios con similares características.

Se requieren condiciones para que el delito no se produzca, dijo, porque si bien está mal decir que los pobres son los que delinquen (lo consideró un disparate), hay condiciones de extrema pobreza que son un factor de riesgo.

La minoridad (sobre todo adolescentes) que no estudian ni trabajan, que en Uruguay son muchos, es otro factor de riesgo.

La salida es trabajar sobre ellos, creando condiciones para que esos niños de hoy, mañana estén integrados, porque sino no se puede hablar de rehabilitación, sino de habilitación, aclaró. La idea es que todos respeten las reglas de juego para la vida en sociedad.

El concepto en sí mismo

La seguridad pública es un derecho humano, una necesidad social indispensable para la convivencia humana, un derecho de la gente, un cometido esencial y una responsabilidad indelegable del Estado. Es una condición sin ecuanum para el desarrollo sostenible.

La seguridad pública es bastante más que un Ministerio o una repartición estatal, es una cuestión de la comunidad entera. Está involucrado todo el aparato del Estado, no sólo un Ministerio (pese a la relevancia lógica que tiene el Ministerio del Interior).

El Estado como tal debe inmiscuirse, procurando crear las condiciones para que en definitiva la gente viva sin temor.

Rediseño territorial policial

El Legislador anunció que se crearán más Seccionales, Comisarías y Destacamentos Policiales, distribuyendo los recursos humanos. Esto requiere el ingreso de más personal, más teniendo en cuenta que se procura eliminar el Servicio 222.

En la Ley de Emergencia Carcelaria se le autorizó al Ministerio a contratar hasta 1500 funcionarios, recordó Orrico.

En cuanto al concepto de “Policía Comunitaria”, explicó que es una doctrina que tiene que imperar en todo el organismo, que se traduce en el viejo concepto de policía civil aggiornado, identificado con la comunidad a la que pertenece y en contacto permanente con ella.

Eso no es un atributo exclusivo de un cuerpo determinado que se llame “Policía Comunitaria”, sino una forma de proceder de toda la Policía. Exige capacitación específica en un área que normalmente la Policía no tiene. (Por ejemplo, cómo atender a las personas en una Seccional).

La imagen de cualquier institución pública o privada desde su “hall de entrada” debe estar bien presentada, porque es fundamental. De la misma forma, el individuo que ingresa a una comisaría requiere ser recibido por alguien capacitado, que sepa manejar las situaciones emocionales.

Inteligencia Policial y Seguridad Privada

En lo que respecta a los Servicios de Inteligencia Policial, Orrico explicó que el rol lo define cada Administración, la Comisión no opera sobre las estructuras diciendo lo que tiene que hacer.

Entre las recomendaciones, destacó la necesidad de tecnificar todo, porque actualmente se cuenta con técnicas muy sutiles que pueden ser utilizadas por los aparatos de inteligencia, sobre todo cuando se habla de delitos organizados.

En seguridad privada, el legislador dijo que se debe revisar la normativa existente (Leyes, Decretos), adecuándose a los conceptos que tiendan a la profesionalización de esta gente.

A través del Ministerio del Interior es necesario darle al Estado un papel orientador y fortalecer el Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada (o como se denomine), que tendrá a su cargo la inspección permanente de este tipo de empresas. El objetivo es que cuenten con el personal capacitado, y no con una persona a la que se le entrega un arma y se lo manda a vigilar.

Medidas que requieren Ley

En esta Legislatura la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados está tratando el tema del Archivo Genético Criminal de ADN incluido en el análisis de la Comisión Interpartidaria. Es una Ley que implica que se pueden realizar análisis de ADN pero a través de mecanismos que aporten información sobre la identidad (que no haya una asociación directa entre los genes no codificantes). Este tipo de archivos mal manejado, puede ser utilizado por organizaciones que trafiquen órganos, por ejemplo.

La Ley de Emergencia Carcelaria creó una comisión especial sobre reforma del Código Penal y del Código del Proceso Penal que les entregarán en estos días, por lo que aguardan que en esta Legislatura se apruebe. Asimismo, se está trabajando en la Ley Orgánica Policial.

En cuanto a las Leyes sobre Salidas Transitorias, existe un proyecto sobre medidas alternativas que está en la Comisión de Constitución y Códigos que se terminará este año.

Establecimientos Carcelarios: disminución de hacinamiento

Los establecimientos carcelarios merecen un capítulo aparte en este acuerdo. En el mismo se plantea que se debe reestructurar todo el sistema, creando un Instituto Nacional de Rehabilitación que opere como un servicio descentralizado.

El acuerdo de la Comisión implica que las cárceles salgan de la órbita de la Policía Nacional. Esto no significa que salgan de la órbita del Ministerio del Interior. Se trata de crear un escalafón especializado en la custodia y en la habilitación o rehabilitación de los detenidos.

Es necesario crear un Instituto especializado con esa misión exclusiva, porque no es correcto desde el punto de vista doctrinario que la misma persona que detiene al individuo, sea la misma que lo cuida y rehabilita.

La Comisión abogó por un fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología, que debe tener celeridad y funcionar con eficacia, teniendo en cuenta que se trata de personas detenidas, cuya situación se debe resolver rápidamente.

Orrico explicó que es necesaria una descentralización de los centros de privación de libertad, sea con la construcción de nuevos establecimientos o con la adaptación de inmuebles ya existentes, pero procurando que estas mega cárceles sean disminuidas en su capacidad. El objetivo es contar con cárceles más chicas en las cuales es mejor trabajar.

El Diputado se refirió a la necesidad de contar con una cárcel de alta seguridad sobre todo para las personas vinculadas al delito organizado (trata de blancas, de órganos) y el fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciaria, buscando medidas que mejoren el relacionamiento del personal penitenciario con los recursos. Para ello se apuesta a determinar qué condiciones de seguridad requiere cada recluso.

Seguridad, disciplina y programas de integración social deben estar equilibrados, dijo. Todo esto requiere que haya una disminución del hacinamiento de manera que se pueda clasificar y a partir de allí trabajar.

Orrico confía en que el tema del hacinamiento se resuelva en este período. De ser así, se logrará clasificar la conducta de los reclusos para que el gran narcotraficante que forma parte del crimen organizado, no se junte con un “raterito” que robó 300 pesos, porque sino este último va a la cárcel a “hacer un postgrado”, reflexionó.

Por otra parte, informó que recientemente se aprobó una modificación a la Ley de Salidas Transitorias que le permitirá al recluso salir a trabajar cuando aporte al Juzgado los recaudos correspondientes que acreditan que efectivamente desempeñó esa tarea.

El Legislador se mostró optimista en que gran parte de las medidas que se acordaron se podrán plasmar en cuestiones efectivas en este período. En tanto, el efecto es diferido, no se verán resultados inmediatos, concluyó.