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30 de agosto, 2010

Día internacional del detenido desaparecido

Ministerio de Educación instalará la Institución Nacional de Derechos Humanos en 2011
El Director de Derechos Humanos, Javier Miranda, informó que se instalará el órgano encargado del seguimiento de denuncias contra los derechos humanos el primer semestre del 2011, tal como lo ordena la Ley Nº 18.446. En otros temas, afirmó que la Ley de caducidad es injusta e inmoral y que un capítulo importante para el futuro de los casos de desaparición forzada es el próximo pronunciamiento de la Corte Interamericana.

Javier Miranda destacó la creación de una nueva institucionalidad en materia de derechos humanos. En ese marco, informó que se instalará la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) durante el primer semestre del próximo año. Funcionará como una institución encargada del seguimiento de denuncias contra los derechos humanos y como una usina de elaboración de propuestas, recomendaciones, informes y estudios en la materia. "Esto es –sintetizó Miranda-, una defensoría del pueblo o lo que se conoce en la jerga tradicional, un ombudsman".

"La Institución Nacional de Derechos Humanos, que existe en el terreno legislativo, no ha sido efectivamente instalada. Estamos desarrollando actividades importantes desde la Dirección de DDHH, junto con el grupo promotor de la Institución, estamos llevando una serie de conversaciones, con los principales sectores políticos del país, para la efectiva instalación de la INDDHH", señaló.

"Es nuestro deseo y en eso estamos trabajando, que en el primer semestre del año que viene, quede efectivamente instalada la INDDHH, que se convierte en un verdadero órgano de denuncias a los derechos humanos pero, fundamentalmente, de promoción y protección a los derechos humanos que, creo, es una deuda que tiene el Estado, crear un ámbito específico de DDHH, con las características que tiene este tipo de institucionalidad", complementó el Director Miranda.

Sobre la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, Nº 15.448, Javier Miranda entiende que es una normativa contraria a las obligaciones del propio Estado a nivel internacional y es una Ley injusta e inmoral, "como diría Luisa Cuesta", sentenció. "Hoy, la Ley sigue vigente, el camino es proseguir con la aplicación del artículo Nº3 de la Ley. Yo, entiendo personalmente que en el caso de las desapariciones forzadas no hay ninguna duda: escapan a la Ley de caducidad en la medida de que la desaparición forzada es un delito permanente, es decir, es un delito que hoy se sigue consumando."

Miranda explicó los detalles jurídicos del concepto "detenido-desaparecido" y dijo que "tiene dos verbos, como se dice en terminología penal: la privación de libertad, seguida del ocultamiento de paradero. Y el delito se consuma a partir del ocultamiento de paradero y es eso lo que sigue sucediendo sobre la enorme mayoría de los uruguayos detenidos desaparecidos, tanto en el territorio nacional como en territorio argentino."

En estos casos en particular, los desaparecidos en argentina, el Director de DDHH fue enfático y afirmó que la Ley de caducidad no ampara a esos crímenes. "Como Ley nacional, sólo puede ser aplicada en el ámbito de los delitos cometidos en territorio uruguayo".

Acerca de las observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Javier Miranda expresó que "se debe esperar el pronunciamiento de la Corte. Sin dudas, es un capítulo importante en el futuro de la Ley –de caducidad- y en el futuro de las causas de desaparición forzada. De todas maneras, hay que recordar que en octubre de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien promovió la demanda ante la Corte en el caso Gelman, señaló que la Ley era contraria a la declaración universal del hombre y del ciudadano, la convención latinoamericana de derechos humanos y el pacto de Costa Rica."

"En tal sentido – prosiguió el jurista y director Miranda-, el informe 2992 del 2 de octubre de 1992, recomendó en aquella época que tomara medidas para dejar sin efecto la Ley de caducidad, que se repararan a las víctimas de desaparición forzada y además, que se instruyeran los caminos necesarios para vehiculizar a la justicia."

   
 
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