Encuentro de operadores penitenciarios

Abordan situación y reinserción social de mujeres privadas de libertad

El sistema penitenciario nacional registró al 31 de julio del año en curso 8.790 personas, de las cuales 681 son mujeres privadas de libertad y 435 están alojadas en la zona metropolitana. Según el ministro Bonomi, el problema locativo de esta población mejorará con la ampliación del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR). Se coincide en la necesidad de contemplar a niños y adolescentes como víctimas secundarias del delito.

El Encuentro Nacional de Operadores Penitenciarios que trabajan con Mujeres Privadas de Libertad contó con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, del Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani y del Director de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, Insp. Mayor Horacio Zaugg.

Los destinatarios del evento, que se desarrolla durante la presente jornada en dependencias de la Secretaría de Estado, fueron los directores y asesores de centros penitenciarios de todo el país, jefes de reclusión de pabellones femeninos, asesores penitenciarios, representantes del Departamento Ocupacional de la referida Dirección, e integrantes de la Mesa Interinstitucional de Mujeres Privadas de Libertad.

La asesora del ministro Bonomi en Asuntos Penitenciarios, Gabriela Fulco, mencionó que al 31 de julio de 2010, el sistema penitenciario nacional registraba 681 mujeres privadas de libertad en el universo de 8.790 personas. De las 681 mujeres, 435 se encontraban alojadas en la zona metropolitana. La capacidad del sistema en la referida fecha era de 6.716 plazas.

Según el ministro Bonomi es poco lo que se debe hacer en materia locativa debido a que la ampliación prevista en el Centro Nacional de Rehabilitación abarcará a la población carcelaria femenina de San José, Canelones y Montevideo. Esto resolvería, en buena medida, los problemas de hacinamiento de mujeres privadas de libertad del área metropolitana. "Quedan 16 departamentos donde las mujeres detenidas son muy pocas. Lo que se tiene que hacer (en éstos) es muy poco desde el punto de vista edilicio", aclaró.

Intervención social y psicológica

Fulco indicó que "el sistema penitenciario ha sido construido históricamente a partir de una lógica concebida desde las problemáticas y necesidades de las personas de sexo masculino en correlación con una delincuencia donde la participación de la mujer era excepcional".

Se refirió a un relevamiento realizado en 2009 "sobre la situación de los niños, no los que se encuentran dentro de la cárcel, sino los que quedaron afuera por la reclusión de sus madres. Esta población infantil forma parte de las categorías de víctimas secundarias del delito cuya situación nunca fue contemplada. Se trata de niños, niñas y adolescentes ignorados y olvidados carentes de toda forma de protección social por parte del Estado y de la sociedad. Y de familias que se desmembraron con el ingreso de la figura materna a reclusión". Agregó que "en las primeras 24 horas de reclusión de la madre observamos que, en algunos casos, se otorgan tenencias provisorias o de hecho a familiares que, hasta esa fecha, no habían tenido ningún tipo de contacto con esos niños".

Para advertir la gravedad de la situación, Fulco puso un ejemplo. "Se entrega una niña de ocho años a su padre biológico que hace tres que no ve y que nunca se interesó por ella. El padre biológico, además, registra antecedentes de violencia familiar y alcoholismo. A partir de ese momento no se sabe más nada de la situación de esa niña que, además, fue separada de sus hermanos. El repartido de los hermanos provoca un agregado de violencia al cortarse el vínculo entre ellos".

La funcionaria se lamentó que "hasta la fecha no hubo ninguna medida de intervención social y psicológica para sostener la ruptura del duelo por el alejamiento de la madre y la acomodación a la nueva situación familiar".

"Algunos niños no verán más a la madre durante el tiempo de reclusión", sentenció. Dijo que ello se debe a razones económicas, por la imposibilidad de quienes los albergan de disponer de tiempo para la visita por razones laborales o de traslados; razones de conflicto familiar, donde se busca castigar a la recluida, privándola del contacto con sus hijos. También se producen situaciones de burocratización y descoordinación entre servicios e instituciones que hacen imposible sostener ese contacto.

Abusos antes de la prisión

Serrana Mesa es la coordinadora de la Mesa de Trabajo sobre las Mujeres Privadas de Libertad, una institución creada en 2006 a instancias del Ministerio del Interior que favorece el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, del Estado y la Academia, para defender los derechos de las mujeres privadas de libertad.

En un pasaje de su presentación, la funcionaria manifestó que la cárcel puede aumentar las desigualdades que preexisten entre hombres y mujeres. Citó una publicación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2008, llamada "Mujer y Prisión", dirigida a personal que trabaja con mujeres privadas de libertad y para quienes elaboran políticas en la materia. Según Mesa, la publicación identifica un importante porcentaje de mujeres víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y psicológico antes de la entrada a la prisión, una alta necesidad de tratamiento psiquiatra-psicológico, como así también de medicación psiquiátrica. Las conclusiones advierten además, una mayor probabilidad de que las mujeres privadas de libertad sean responsables de sus hijos y familiares y otras personas dependientes, necesidades de salud específicas, diferentes a la de los hombres, y una estigmatización, victimización y abandono de parte de sus familias.

El programa a desarrolla en el día de hoy prevé el abordaje de: La administración penitenciaria en el contexto de los Derechos Humanos, los procesos para la reinserción social de las mujeres privadas de libertad y la situación de estas mujeres, embarazadas o madres de niños menores de edad, y de los niños en los establecimientos penitenciarios.