Nuevo proyecto de ley

MVOTMA diseña políticas integrales de acceso a la vivienda 

La Ministra de Vivienda, Graciela Muslera, se refirió a un proyecto de ley que se presentará ante el Parlamento dentro de un mes, con el cual se pretende impulsar el aumento del stock de viviendas, fomentar el acceso al crédito y disminuir las barreras del ahorro previo. Asimismo, impactar en la mejora del stock actual mediante exoneraciones tributarias es otro objetivo en el cual se trabaja junto al Ministerio de Economía. 

Finalizado el Consejo de Ministros en la Residencia Presidencial de Suárez, la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, recordó las tres líneas estratégicas de trabajo que lleva adelante el Ministerio en este quinquenio: atención a los que necesitan acciones integrales que garanticen acceso a la vivienda: alquileres y créditos hipotecarios.

En este marco, informó que en el Acuerdo Ministerial se trató un proyecto de ley que se presentará aproximadamente en un mes ante el Parlamento que apunta a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda a través del crédito y el arrendamiento. Básicamente, consiste en cuatro capítulos: impulso a la producción de viviendas de interés social ya sea para la venta o arrendamiento, para lo cual se dispone un ámbito institucional, conformado por el MEF y el MVOTMA, que evaluará de forma transparente los proyectos para la asignación de exoneraciones tributarias. Se pretende facilitarle a los sectores medios y bajos, el acceso a estas viviendas implantadas en áreas con infraestructuras y servicios adecuados. Las exoneraciones se analizaron desde tres puntos de vista: los beneficios que recibirían los que construyen para la venta, los que construyen para alquilar y los que compren estas unidades exoneradas, para alquilarlas posteriormente.

Con estas iniciativas se aspira a generar una “gran movida” en el mercado de alquileres.

En segundo orden, la Ministra explicó que con el fin de mejorar el acceso al crédito, se presentó un proyecto en el que se forma el Fondo de Garantías de Créditos Hipotecarios, que operaría en la Agenda de Vivienda para disminuir los requisitos de ahorro previo que imponen los bancos a la hora de otorgar un crédito hipotecario. Al respecto, señaló que se estudiaron experiencias en México y Canadá  y se tomó en cuenta que en Uruguay entre la banca privada y pública se exige de un 20% a un 40% de ahorro previo.

En tercer lugar, la propuesta de ley crea un nuevo régimen de propiedad horizontal asociado a la generación del crédito hipotecario, que impulsa la compra de unidades sin generar riesgos con las dos leyes actualmente vigentes en propiedad horizontal. Como requisito excluyente, se incorpora una certificación de las condiciones de habitabilidad y accesibilidad del edificio a cargo del arquitecto director de la obra y del ingeniero agrimensor que presentó el plano. Con esto, la horizontalidad estará asociada a la concreción del crédito hipotecario. También se incorpora el carácter definitivo de esta horizontalidad independientemente que la construcción sufra modificaciones.

Para Muslera, los efectos de esta nueva norma en el stock de viviendas al que se aspira construir, facilita los beneficios y disminuye los tiempos entre la terminación del edificio y la constitución de la propiedad horizontal. Además, repercutirá en el stock de inmuebles construido por el Estado que actualmente está inhabilitado a generar el derecho de propiedad horizontal.

Finalmente, la Ministra informó sobre la creación de otros dos artículos que habilitan al BHU a otorgar créditos sin que se constituya una garantía hipotecaria, basados en la necesidad de que gran parte de la población no accede a créditos hipotecarios para mejorar su vivienda, porque no cuenta con sus títulos o planos en regla.   

El último punto destacable de esta ley alude a que a la categoría de vivienda económica de interés social (especificada en la Ley de Vivienda), al momento de enajenaciones, cesiones o constitución de hipotecas, no se le exijan los certificados que expide el BPS.

Consultada por los medios de prensa, Muslera brindó algunos ejemplos sobre el impacto de las exoneraciones que se pretenden implementar. En el caso de una vivienda a la venta valorada en U$S 50 mil, la exoneración  otorgada rondará los U$S 9.750; en el caso de viviendas destinadas a la renta, la exoneración se le hará a la construcción y además al alquiler.

Por último, sostuvo que el inversor que compre una unidad para posteriormente arrendarla, obtendrá un descuento del 20.5%.

Con respecto a reclamos de COVIPRO, FUCVAM y FECOVI indicó que en el quinquenio pasado se acordó un convenio de reestructuración de deudas que fue asumido por la mayoría de sus afiliados.

Aclaró que el hecho de construir viviendas en zonas donde hay demanda, hace que el riesgo lo asuma el inversor, que es quien consigue la financiación y no es el Estado. Además, añadió que el Ministerio no pretende en ningún caso regular el metro cuadrado en el mercado.