En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, el Ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado en el cual define la trata de personas en el Protocolo de Palermo como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

La Trata de personas, especialmente de niñas, niños, adolescentes y mujeres existe en Uruguay, es un problema grave que afecta a las poblaciones más vulnerables, viola sus derechos humanos y requiere una respuesta estatal.

Un abordaje integral del problema sólo es posible desde un enfoque de derechos humanos, de género, generacional y étnico racial.

Estamos frente a una de las manifestaciones más crudas del crimen organizado. La trata de personas, especialmente de niñas, adolescentes y mujeres con fines de explotación sexual comercial es el segundo negocio más lucrativo del mundo y en el contexto actual, el fenómeno de la globalización lleva a la internacionalización del delito.

La Ley de Migraciones Nº 18.250 tipifica el delito de trata de personas y es un instrumento de avanzada. Para su implementación es necesaria la articulación intersectorial de todos los organismos competentes en la temática, siendo fundamental la voluntad política de todos los actores involucrados para erradicar la trata de personas.

Estamos frente a un problema que requiere mayor visibilidad y respuesta.

El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, desde el año 2008, preside la Mesa Interinstitucional de combate a la Trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial, con la finalidad promover el diálogo interinstitucional y elaborar una estrategia de abordaje. Dicha Mesa cuenta con la participación de autoridades de organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

En ese marco se elabora la publicación “La Trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial en el Uruguay. Caminos recorridos hacia la construcción de una política pública” donde de una serie de recomendaciones que se realizan, destacamos como prioritarias las siguientes:

• Desarrollar programas de sensibilización y capacitación en la temática al funcionariado de diversos sectores estatales.

• Crear una Unidad policial especializada y centralizada para abordar el problema.

• Centrar las investigaciones en las redes de explotadores y evitar centrarla en las víctimas.

• Fortalecer los controles en el ingreso y egreso del país especialmente de niños, niñas y adolescentes.

• Elaborar Protocolos de abordaje interinstitucionales.

• Crear respuestas integrales para las víctimas de trata, especialmente fortalecer programas de capacitación y empleo.

• Establecer canales para la circulación de información interinstitucional.

• Establecer puntos focales como referentes nacionales en el tema en diversos sectores estatales.

• Crear una línea telefónica de orientación y asesoramiento en el tema de acceso nacional, gratuito y confidencial.

• Fortalecer la coordinación con las Organizaciones No Gubernamentales para la articulación de acciones e intercambio de información.

• Elaborar y determinar rutas concretas para el abordaje del problema.