Enrique Pintado señaló que en materia dijo que las “concesiones a privados -esta es la gran novedad- va a haber una ley de asociación público–privado en la que tenemos esperanzas. Es un instrumento más, no estamos enamorados de ningún instrumento en particular y sí de usar aquellos que nos sean más convenientes y adecuados para los objetivos que queremos cumplir”.  

En tanto, recordó que “la concesión a privados es el sistema tradicional de construcción de rutas: se llaman licitaciones, ese proceso largo, pesado, tortuoso; y, bueno, gana uno y después vienen todas las formas de hacer rutas que tenemos”. En este sentido, explicó que para lograr el objetivo de tener una adecuada conectividad entre los puntos de producción y el mercado, en términos de ideales se necesitarían unos 1.200 millones de dólares en el quinquenio. 

“Vamos a disponer de 600 millones de dólares, de los cuales 100 no nos pertenecen porque se los tenemos que entregar a las intendencias a través del Programa de Caminería Departamental y Fondo Forestal, por lo tanto nos quedan 500 millones de dólares”, dijo.

Tras ratificar los objetivos del gobierno de hacer fuertes incrementos en materia de seguridad, vivienda y educación, explicó que “la pregunta que nos hicimos es, ¿nos resignamos, nos quedamos con los brazos cruzados, lloramos sobre lo que nos falta o inventamos nuevos instrumentos para que podamos hacer y cumplir los objetivos? Optamos por este segundo camino y, por lo tanto, vamos a un nuevo sistema donde nosotros vamos a profundizar el sistema de concesiones de rutas a través de modalidades de pago por uso, que todavía no están determinadas, que impliquen por un lado un pago por los tránsitos, por la cantidad de vehículos que circulan en las rutas, y por otro un pago por nivel de servicios. Es decir, de modo tal que los empresarios que participan en la construcción de rutas también asuman riesgos que hasta ahora no asumen”. 

Y se preguntó luego: “¿Cuáles son los riesgos que tienen que asumir? Que si esa ruta no está en un estado óptimo no recibirán la totalidad del pago o una parte del pago. Por lo tanto, la idea es que por 15 años quien construye la ruta tenga la obligación de mantenerla pero a un nivel óptimo de modo tal que si quiere cobrar la totalidad de la cuota tendrá que mantener las rutas en ese nivel”.  

Pintado agregó que esta es una modalidad nueva que implica riesgo para los empresarios, que implica conseguir financiación, que implica no solo participar en las competencias habituales, sino también estar sometidos a la exigencia de niveles de calidad que el Estado les va a exigir para el mantenimiento de esa ruta.

“Obviamente, esto implicará un estudio de cuáles son las mallas tanto parciales o totales, únicas o de varias rutas, que habrá que concesionar para alcanzar los objetivos que nosotros tenemos. Con esto liberaremos recursos para que el resto de la vialidad que nos interesa dejar en un estado óptimo se vea reforzada y tener más recursos para hacer más rápido lo que tenemos que hacer”, dijo.

Pintado recordó que la participación de los privados ya existe en una manera importante. “Lo que cambia de nuestra parte es la modalidad de la inversión: hoy los privados actúan en casi el 80% de la red, porque concesionamos a privados”, agregando que tiene previsto junto con el Subsecretario Genta y con Ferrer tener una reunión con todos los actores empresariales a los efectos de una vez aprobada la ley establecer con ellos cuáles serán las nuevas reglas de juego.

Y añadió a continuación: “¿Cuál es el cambio acá? Hay rutas –la interbalnearia, la ruta 1- que están concesionadas a plazos muy largos pero tiene una modalidad distinta el retorno de esa inversión. Los retornos dependerán del nivel de eficiencia que tengan las empresas, de cómo obtengan recursos para mantener siempre en estado de óptimo de modo de recibir siempre el total de la cuota. Y de los créditos financieros a bajo interés que puedan conseguir para respaldar esas inversiones, y de las alianzas que puedan hacer entre empresas porque algunos son fuertes en la construcción y débiles en el mantenimiento, y otros fuertes en el mantenimiento y débiles en la construcción”.

Pintado señaló que al tratarse de una nueva modalidad “como todo cambio va a tener resistencias porque salir de un esquema en el que casi todo es previsible salvo el resultado pero una vez que gano está todo dado y tengo todo certeza, a un esquema donde de dueño de empresa se pasa a ser empresario y asumo riesgos, no es fácil”.

“Pero, bueno, son parte de los cambios que tenemos que asumir. Porque eso nos asegurará no solo un buen nivel de mantenimiento, sino evitar un problema que el Uruguay tiene que es el Presupuesto en cada gobierno empieza actuar al año de que ingresa, o el 1º de enero del año siguiente al que ingresa. La maquinaria empieza lentamente a generar todas las previsiones burocráticas y administrativas para poder ir cumpliendo el plan y la obra termina concentrándose en el último año, para ejecutar todos los recursos. Y después cae abruptamente”.

Para el Ministro “si nosotros lo hacemos a 15 años, mantenemos estabilidad y evitamos una consecuencia perniciosa de lo que conté recién de esos altibajos: es que cuando no hay obras las empresas cotizan a la baja, incluso a pérdidas, lo que termina después en el incumplimiento, en demandas de conseguir recursos para mejorar la ecuación económica. O cuando hay demasiada oferta de obras el precio sube, porque cuando hay demasiada demanda y poca oferta o la oferta es la misma el precio sube y el Estado termina pagando más caro.

Es preferible salir de esa lógica y terminar en una cuestión previsible”.

Pintado manifestó su convencimiento de que tanto en lo nacional, como en lo internacional, va a haber empresas interesadas en hacer estas cosas, y van a estar entusiasmadas porque “esto no es un invento nuestro, esto se está haciendo acá al lado en la frontera, en Brasil, y se está haciendo en otros países que trabajan con este sistema que nosotros queremos implantar en el Uruguay”.