Presentaron Informe sobre seguridad ciudadana para América Latina

El aumento de la inseguridad ciudadana en la región motivó la creación del Informe sobre Seguridad Ciudadana y DDHH, elaborado por organismos internacionales, con el fin de analizar la temática y formular recomendaciones. En la ocasión se debatió sobre la causalidad y la importancia de encontrarle soluciones integrales a la inseguridad, cuyas víctimas y victimarios son mayormente menores de 25 años y de bajos ingresos.

Un destacado panel de autoridades realizó el lanzamiento del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, UNICEF y OEA.

Representando al PNUD, Antonio Molpeceres explicó que el informe responde a la necesidad detectada a nivel regional de contar con políticas comunes y un marco jurídico sólido para enfrentar la inseguridad ciudadana. Se entiende que esta problemática necesita de la intervención general de toda la ciudadanía, además de la policía y los jueces. Destacó que la seguridad ciudadana y los DDHH deben ir siempre de la mano.

Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de CIDH, reflexionó sobre algunos índices de criminalidad: en América Latina ocurren 25.6% homicidios por cada 100 mil habitantes; en Europa esa misma tasa es del 8.9; en los países del Pacífico occidental 3.4 y de Asia Occidental 5.8. De estas cifras se desprende que las víctimas y victimarios se encuentran mayormente entre los menores de 25 años, 68.9%- y de bajos ingresos, 89.7%-. Esta problemática necesita de respuestas concensuadas que se integren a los derechos humanos de toda la población, dijo, desestimando el uso de las medidas utilizadas llamadas “mano dura” que no han dado buenos resultados. A su entender, en este informe se abarcan dos ejes: la sociedad debe entender que es parte de la problemática y debe trabajar activamente en la búsqueda de soluciones y segundo, evitar que el tema de la seguridad ciudadana forme parte de las campañas electorales.

Amérigo Incalcaterra, representante regional de la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, estimó que el aumento de la violencia demuestra la ineficacia en los procedimientos actuales porque entre otras cosas, genera la aparición de organizaciones criminales que desarrollan estructuras paralelas e intentan imponer la ley desafiando la autoridad estatal.

Aludió también al hecho que ante el miedo, la ciudadanía busca medidas alternativas armándose o contratando empresas privadas de seguridad que a la larga se desvinculan de la defensa de los DDHH. Comentó acerca de la inconveniencia de la militarización de la seguridad porque el militar tiene otra formación, dijo. Con respecto a la plantilla de efectivos policiales de Uruguay, dijo que es la adecuada y que el problema radica en su distribución. Mencionó que en muchos casos, la relación entre el poder judicial y la policía no es la deseable refiriéndose a efecto “puerta giratoria”, cuando el policía arresta y el juez libera. El informe recomienda seguir los caminos de la rehabilitación y la prevención del delito, para frenar y revertir la inseguridad.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey  

realizó algunas apreciaciones sobre el informe. Coincidió con el papel relevante del poder judicial y el policial ante la presencia de hechos delictivos, pero relativizó la existencia de conflictos entre ambos. En cuanto a las recomendaciones, destacó que el Poder Judicial uruguayo cuenta con un alto nivel de aceptación en la opinión pública, no obstante reconoció que existen algunos puntos que se planean mejorar y están incluidos en el proyecto de reforma de la Ley judicial que está a estudio del Parlamento.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cerró la presentación asegurando que la gran pregunta que contiene este informe es cómo no afectar los derechos humanos de los que delinquen teniendo en cuenta también los derechos de las víctimas. “Generalmente se resuelve no respetando los derechos humanos de quienes violan la ley”, subrayó.