Procuran preservar a la población de problemas sanitarios y medioambientales 

De acuerdo con la Constitución existe la obligación jurídica del Estado de asumir los servicios de saneamiento. Se busca otorgar una importante herramienta para que OSE y las Intendencias Municipales puedan dar cumplimiento en forma eficiente a la disposición constitucional y preservar a la población de los problemas que sufren otros países por la insuficiencia de un sistema correcto de disposición de las aguas servidas.

El Poder Ejecutivo se dirigió al Parlamento para someter a consideración el proyecto de ley referente a la promoción de la conexión a las obras de saneamiento.

La Constitución de la República señala que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. En ese marco existe la obligación jurídicamente vinculante que le impone al Estado la asunción de todos los servicios futuros y el desarrollo de los mismos.

El objetivo de una red de saneamiento es la eliminación de formas de saneamiento individuales, que por uso incorrecto o falta de control constituyen focos potenciales de contaminación y riesgo sanitario, particularmente en áreas de alta densidad de población. Por tal motivo se hace necesario regular eficazmente la obligatoriedad de la conexión al saneamiento en las zonas donde exista red para las aguas servidas.

Actualmente, OSE propone un plan de obras para extender redes en lugares potencialmente críticos, tales como Ciudad de la Costa, Las Piedras, Maldonado y Punta del Este.

Hay lugares del interior del país donde existen redes de saneamiento con un bajísimo nivel de conexión –menos del 15% en algunos casos-, que implicaron en su momento un gran desembolso para el Estado, y que no cumplen ninguno de los objetivos propios de la obra.

En función de lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de revisar la legislación y darle un marco reglamentario que permita conjugar la necesidad de extender dichas redes con la obligatoriedad de la utilización de las mismas.

Éste proyecto ha intentado abarcar distintas hipótesis, permitiendo un margen amplio para que la reglamentación correspondiente dictada por el Poder Ejecutivo o Gobiernos Departamentales puede contemplar las diversas situaciones económicas y sociales, atendiendo las posibilidades reales de la población.

También se prevé como delito la conexión irregular al saneamiento,  como forma de castigar la conducta no solidaria y abusiva de quienes se aprovechan en forma clandestina de la infraestructura existente.

El proyecto cumple con el objetivo de solucionar las deficiencias comprobadas en la redacción de la Ley Nº 17.555 , otorgando una importante herramienta para que OSE y las Intendencias Municipales puedan dar cumplimiento en forma eficiente a la disposición constitucional y preservar a la población de los problemas sanitarios y medioambientales que sufren otros países por la insuficiencia de un sistema correcto de disposición de las aguas servidas.