Emergencia sanitaria

Olesker estima que en 120 días se eliminará retraso de 4.000 operaciones

La Ley aprobada en Diputados responde a la grave situación de emergencia sanitaria anestésico-quirúrgica. Priorizamos los derechos de los usuarios. Teníamos la obligación moral y ética de promoverla, justificó el jerarca. Los pacientes serán derivados a instituciones públicas y privadas. Economía contribuirá con una partida de 200 millones de pesos. El MSP y la UDELAR estudian acciones vinculadas al ingreso y formación profesional.

La evaluación es muy positiva. Teníamos encapsulado un problema desde el punto de vista de todos los acuerdos y avances que tiene la reforma del sistema de salud, pero muy importante por el impacto que tenía sobre los sectores de Montevideo y Área Metropolitana de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Problema que había provocado el retraso de 4.000 operaciones, 2.000 entre los hospitales Pereira Rossell y el Maciel, y las otras 2.000 distribuidas en los restantes. De ellas, 20% son de gravedad, inclusive, el caso de 39 niños con defectos congénitos que pasaron el año de vida, cuando ese es el período en que es necesario operarlos de esos defectos. Nuestra respuesta fue promover esta Ley de emergencia sanitaria anestésico-quirúrgica.

Los cirujanos, como lo demostraron en cartas que nos enviaron, por más voluntad que tuvieran de realizar las operaciones no lo podían hacer porque el equipo de cirugía, sin la presencia de los anestesistas quirúrgicos, no está completo. La Ley nos da tres herramientas: la primera, nos otorga recursos presupuestales de 200 millones de pesos que serán aportados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que nos permitirá resolver los atrasos. A través de derivaciones a otros hospitales públicos, ya sea pagando sobresueldos a trabajadores públicos, que están en hospitales del interior, en el Banco de Seguros del Estado (BSE), en la Sanidad Militar, Sanidad Policial, o mediante un plus, como se ha hecho, al sector mutual.

La segunda herramienta es el artículo dos que, amparado en el artículo 36 de la Constitución de la República, privilegia el derecho a la vida sobre todos los demás derechos y genera la obligación de trabajar en los servicios de salud del Estado hasta un 20% de las horas en el sector privado. Como dice la norma, si las personas no aducen causas de fuerza mayor para presentarse sus antecedentes se pasan a la Comisión Honoraria de Salud Pública quien trata todos los incumplimientos del personal profesional y puede tomar resolución respecto al incumplimiento de una norma legal y constitucional.

Otro aspecto a destacar fue el hecho de que el pasado martes, el Presidente Mujica lanzó la idea de emergencia sanitaria y luego, en la tarde, me referí en el mismo sentido. Instalado el tema de la emergencia sanitaria en la opinión pública generó ciertas reacciones de profesionales anestesistas que integran la base de la organización sindical. Recordemos que el problema es que estos funcionarios son miembros de una Comisión de Apoyo. Un organismo privado, creado en los años 90, muy perverso desde el punto de vista de que funcionarios que trabajan para el sector público se amparan en el derecho privado, pero no con un contrato temporal sino definitivo y, por tanto, no tienen la obligación de realizar el trabajo. Muchos de éstos trabajadores están manifestando en sus organizaciones su voluntad de tomar guardias. No con la lógica de trabajar las 60 horas a 112.000 pesos pero si tomar guardias de 12 y 24 horas y horas de retén que son las que se cumplen en la casa pero con la posibilidad de ser llamados en casos de urgencia. Son distintas modalidades que ASSE está planteando y permitirá recuperar los atrasos.

Esto es una emergencia sanitaria. El artículo 36 de la Constitución de la República permite la limitación de un derecho que es el del trabajo libre cuando el derecho a la vida está cuestionado. Creemos que un retraso de 4.000 operaciones acumuladas y acumulables, si este problema no se resuelve, es muy relevante. El argumento que es un problema de oferta y demanda para nosotros no es de recibo. Esto es un problema de ética profesional. La diferencia salarial entre el sector público y el privado es igual en anestesistas, urólogos, traumatólogos y por lo tanto otras especialidades podrían haber tenido la misma actitud y no la tuvieron. Por lo tanto, nuestra obligación es moral y de ética.

Sabemos que al problema lo tenemos que resolver en el mediano y largo plazo porque la Ley resuelve la emergencia. Le hemos pedido a la Universidad de la República (UDELAR) que cree una segunda cátedra de Anestesiología de manera de planificar la formación. Que no ponga cupos al ingreso dentro de las posibilidades que la UDELAR tiene de formación.

También estamos trabajando para que en algunos procedimientos de anestesia de baja complejidad, sobre todo los que están vinculados afuera del block quirúrgico, como tomografías, resonancias y fibroscopías, puedan ser realizados por otros profesionales médicos como los intensivistas, por ejemplo, o residentes de anestesia que hayan terminado el total de la residencia, en una especie de título intermedio. En la medida en que las soluciones de mediano y largo plazo vayan llegando queremos sacar los casos de urgencia y poner en cero esto y la Ley va hacia ese objetivo.

Los 120 días previstos constituyen un plazo adecuado para normalizar la situación usando todas las herramientas al mismo tiempo. Las derivaciones se harán al sector público y algunas al sector privado. Entre el Pereira Rosell y el Maciel se habla de unas 10.000 horas de anestesia necesarias para esto. Para llegar a niveles normales de funcionamiento los 120 días son un plazo adecuado.

Que nosotros hemos hecho enormes esfuerzos para conseguir a profesionales que trabajen bajo diferentes modalidades pagando 112.000 pesos por mes, que es un salario muy relevante para este país. Esfuerzos de contratar individualmente y no hemos tenido éxito. Hoy, frente a la gravedad de la situación nuestro mensaje es que priorizamos los derechos de los usuarios y frente a esto declaramos la emergencia sanitaria. Si tenemos que obligar a trabajar lo haremos, si preferimos no hacerlo, que se resuelva por la disponibilidad de los profesionales.

Nosotros siempre abrimos las puertas al diálogo, a tal punto que en la mayor parte de los temas hay acuerdos salariales, que no los hubo en el período pasado. La relación con los gremios médicos salió muy fortalecida respecto a la conflictividad del período anterior. Con los anestesistas lo mismo. Lo primero que necesitamos resolver es esta emergencia y, por lo tanto, apelamos a todos los anestesistas que sabemos que tienen voluntad de resolver esta emergencia sanitaria. También apelamos a que su dirección cambie los criterios y el lenguaje en la negociación. A que los 120 o 140 anestesistas que están en Comisión de Apoyo que, una vez superado el atraso, podamos lograr otra forma de relacionamiento que sea más adecuado.