Informe del Comité de la ONU

Destacan políticas públicas asumidas por Uruguay desde el 2005

Se presentaron las conclusiones y recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Almagro destacó estas recomendaciones en el sentido que potencian la implementación de políticas públicas que aseguran las condiciones de bienestar y de justicia social de todos los ciudadanos. Asimismo, informó que Uruguay quedó al día en la presentación de este tipo de informes.

En el Anfiteatro Artigas del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó la presentación de las conclusiones y recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, referido a la instrumentación de medidas para el respeto y cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en materia de estos derechos.

Estuvieron presentes el  ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, la ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoli y el canciller Luis Almagro.

El canciller indicó que Uruguay ratificó todos los tratados fundamentales de protección de derechos así como su protocolo facultativo. De la misma manera, expuso que actualmente se dinamizan los procedimientos para la aprobación administrativa del protocolo facultativo para el pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conjuntamente con el protocolo facultativo al convenio sobre las personas con discapacidad.

Almagro subrayó que Uruguay colabora con todos los órganos del sistema con una comunicación abierta para que los relatores expertos de Naciones Unidas visiten el país. En este sentido, indicó que Uruguay tenía un retraso considerable en la presentación del tercer y cuarto informe ante el Comité y añadió que actualmente quedó al día.

La presentación permitió exponer ante organismos internacionales el conjunto de las políticas sociales que tutelan los derechos, económicos sociales y culturales uruguayos. Muchos de estos programas fueron establecidos en el año 2005 con posterioridad a la crisis y reveló que la última presentación uruguaya ante el Comité tuvo lugar en el año 1997.

Asimismo, se expusieron con detalles las políticas sociales y las medidas concretas destinadas a garantizar la vigencia de derechos en el país, a partir del año 2005, cuando se asumen las consecuencias de la crisis como una verdadera emergencia nacional y se adopta un instrumento específico para hacerle frente a este problema.

La alternativa elegida para enfrentar la emergencia permitió intervenir de forma determinante en los grupos de población más desfavorecidos, evitando que la crisis se sumiera en la extrema pobreza  y en la marginalización.

Se destacó la especial preocupación por el fortalecimiento normativo e institucional en estas áreas, como la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el Gabinete Social con su órgano consultivo el Consejo Nacional de Políticas Sociales.

También las instancias como la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y la Coordinadora de políticas públicas de Igualdad de Género procuran un mejor diseño y coordinación de las políticas, contando con una participación multisectrorial.

Otro aspecto planteado en el informe fue que Uruguay tiene una de las tasas más bajas de desocupación de su historia.

Finalmente, se dejó en claro que la principal prioridad del Gobierno es la lucha contra la pobreza y la indigencia, reafirmando que la consigna es erradicar la indigencia al final del presente mandato y reducir los indicadores de pobreza.

Con respecto a las observaciones del Comité, Almagro dijo que se hicieron algunas puntualizaciones que tienen que ver con situaciones de debilidad social en algunos sectores como violencia doméstica, discriminación hacia las discapacidades y fundamentalmente en la necesidad de fortalecer algunas áreas legislativas y de trabajo de comisiones que están plasmadas en papel pero aún no están consolidadas en la práctica.