Atención a la emergencia
Acceso a vivienda para 6.500 familias y procuran
duplicar la cifra
El pasado año se declaró la emergencia
habitacional para actuar en situaciones de pobreza y
precariedad habitacional extrema. Se requieren 65 mil
viviendas y actuaciones fuertes en asentamientos donde
viven unas 200 mil personas y se estima que las 3/4 partes
del stock de viviendas construidas necesitan mejoras. El
Plan dispuesto por el gobierno procura impactar
fuertemente, aún así, no se alcanzará el déficit cero al
cierre del período.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, recordó que
en 2005 cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio
el sistema de vivienda estaba en crisis, no había capacidad
de gestionar soluciones habitacionales porque el Banco
Hipotecario (BHU) estaba fundido. Existía una división: el
Ministerio construía para pobres y el BHU para los que
podían pagar un crédito.
Lo primero que dispuso esta
administración fue dejar de construir núcleos básicos,
porque una familia, aunque pobre, tiene las mismas
necesidades que otra con más recursos. De esta manera, las
líneas de producción del Ministerio se cerraron. Llevó dos
años rehacer la capacidad de gestionar programas, ya que
implicaba reestructurar el sistema.
Entre 2005 y 2010 se concretó la
capacidad de producción de vivienda con créditos sociales,
cooperativas y los PPT (aptos con crédito) y se siguió
actuando en casos de pobreza y aquellos sectores que no
tienen capacidad de responder a un crédito. Se trabajó en
la profundización de la capacidad de respuesta.
El desafío de este período es estar
cerca de la gente y apostar a sus capacidades físicas para
participar en el proceso de construcción de su vivienda. La
apuesta de 2011 es a accionar programas que den respuesta a
esos sectores, apoyarlos en su capacidad de
autoconstrucción, ya sea con el acceso a la canasta de
materiales, acompañamiento técnico o con micro-créditos
(créditos blandos). También se debe apoyar con tierras ya
que muchos optan por la tierra informal porque no tienen
acceso a la legal. Esto supone una revolución, que el
Estado se haga cargo de un proceso que hasta ahora hacen
los pobres solos y a los “ponchazos”, argumentó Muslera.
“Ese es el gran desafío. Estamos
comprometidos hasta el cuello, pero téngannos paciencia,
porque estas capacidades no se crean de la noche a la
mañana. Nosotros somos responsables de que estos dineros
públicos se usen bien”, dijo.
La jerarca recordó que en 2010 se
declaró la emergencia habitacional que no se resuelve en un
período. Si se habla de emergencia habitacional cruzado con
ingresos o capacidad socioeconómica, se puede hablar de
15.000 indigentes y 400 mil pobres para atender, pero si se
cruza ingresos y condiciones de la vivienda, se revela que
las tres cuartas partes del stock de viviendas construidas
necesita mejoras porque no están en condiciones óptimas de
habitabilidad. Otra mirada es la del déficit en cantidad.
Hoy puede haber viviendas que den reparo a algunas
familias, pero una política seria implica la reposición no
la refacción, aclaró.
Si bien no existe un censo actualizado,
se estima la necesidad de 65 mil viviendas y actuaciones
fuertes en asentamientos donde hay entre 170 y 200 mil
personas. Declarar la emergencia implica decir que en este
período se quiere actuar en las situaciones de pobreza y
precariedad habitacional extrema para revertirlas, indicó.
Se colocó sobre la mesa un Plan que
procura impactar fuerte pero que no permitirá tener cero
déficit al cierre del período. El Plan incluye 143.000
soluciones habitacionales (viviendas nuevas, acciones sobre
el stock, soluciones en alquiler, regularización notarial),
para ello se destinan 940 millones de dólares.
Asimismo, se presentó al Parlamento un
proyecto de ley de exoneración total de impuestos a los
capitales privados que intervengan en la producción de
vivienda de interés social. Existen fuertes expectativas de
que a través de estos incentivos se obtenga un número X de
viviendas donde el Ministerio facilite a las familias que
no pueden el acceso al crédito (subsidio a la cuota).
Por otra parte, el Plan Juntos pretende
atender las situaciones más críticas que por fuera de estos
montos destinados a vivienda actuarán con una mirada más
integral, recordó. En definitiva, existe un abanico de
opciones y se involucra a todos los actores posibles. Por
primera vez se ponen todos los instrumentos para que se
involucren los privados.
La Ley se vota en 2011, se realizan los
llamados en ese mismo año. Se empezará a construir
seguramente en el segundo semestre de 2012. Los frutos se
verán al final del período, pero se van a generar las
capacidades. Hay continuidad en el camino en la medida que
se generan nuevos mecanismos de respuesta que se convierten
en políticas de largo plazo.
Muslera aguarda que en 2011 se pueda
concretar una discusión social del tema, un acuerdo
político y social para ir laudando y generando consensos
para que el gobierno que venga sea cual sea continúe
utilizando estas líneas de salida.
Continuando con las cifras, la Ministra
anunció que en 2010 se entregaron 1823 viviendas nuevas: Si
se suman las garantías de alquiler, las operaciones de
mejora, los programas de rehabilitación con las
intendencias, se alcanzan unas 6500 intervenciones en el
año. Se aspira a que en 2011 esto se multiplique por dos,
contando solo lo que hace el Ministerio sin sumar
estrategias de micro-créditos que se están madurando. Para
2012 y 2013 se aspira a continuar esa tendencia. En 2013
recién se estabilizaría la capacidad de producción como
para mantenerla constante en 2014 y 2015, pero eso implica
tensar al máximo todos los programas, añadió. |
